Cerrando talleres de trabajo

Mientras el gobierno no sabe qué hacer con el VRAE, y sus propios soldados ahora mueren porque pisan campos minados que el ministerio de Defensa ordenó sembrar en la zona, violando los compromisos internacionales que se habían suscrito hace poco para eliminar este tipo de artefactos de alto riesgo para la población que no sabe dónde se encuentran, y el ministro lanza discursos sobre la “defensa de la vida”, en relación al aborto de las violadas o de las embarazadas que cargan un feto gravemente enfermo, digo, mientras todo eso ocurre, se promulga la ley que elimina los beneficios penitenciarios de los procesados por el llamado delito por terrorismo y de un papazo empiezan movimientos de estas personas de una cárcel a otra y se cierran los talleres de trabajo en los que se elaboraban diversos productos artesanales, porque ahora ya no tendrían motivos para intentar reasimilarse por su propio esfuerzo.

Ni un solo caso de “terrorista” liberado por cumplimiento de sus condenas o aplicación de los beneficios recortados que les correspondían, ha sido reportado como refuerzo a los grupos que continúan desarrollando acciones armadas en la selva. Sin embargo, cada vez que alguno se aproxima a la fecha de su libertad se levanta una gritadera impresionante, como si en los próximos días algún nuevo Tarata fuera a reventar. Igual ocurre cuando algunos de ellos intentan reingresar a la política, cuando escriben un libro o brindan por la vida de sus dirigentes. Hace unos días nomás, le han negado el trámite de libertad condicional a Alberto Gálvez Olaechea, ex dirigente del MRTA, con 20 años de prisión, sin haber matado a nadie, ganador del premio de literatura del INPE en el 2008 (otro escándalo), autor de las más interesantes reflexiones autocríticas sobre el período de la violencia producida por algunos de sus actores. Pero, a pesar de que acredita buena conducta, capacidad intelectual, voluntar de reintegración social, se le mantiene preso, porque se tiene miedo a la bulla mediática, que a su vez no hace sino encubrir la ausencia de una política real de pacificación y reconciliación.

El ensañamiento con los presos es cobardía. Y poco importa a estas alturas que se diga que a los secuestrados del MRTA los tenían en reclusiones infames, o que Sendero era implacable con sus prisioneros. Eso fue. Y por eso ya se establecieron las sanciones judiciales, que es el precio que se tiene que pagar por violar la ley. Lo que es increíble es que la respuesta al reto del VRAE, que cada vez se le escapa más de las manos a Alan García, Rey y otros políticos y militares ineptos, pasé por rituales de brutalidad hacia los encarcelados. Finalmente fue eso lo que llevó, en un extremo, a las matanzas de los penales en 1985 (Lurigancho), 1986 (Lurigancho y el Frontón), 1992 (Castro-Castro), es decir operaciones primitivas de venganza del Estado desorientado que busca el blanco en los que menos pueden defenderse. Por cierto que lo más grave aquí es que nos quieran acostumbrar a la idea de una sociedad con garantías permanentemente limitadas. En las que el poder inventa “delitos especiales”, sobre los cuales se aplican regímenes de excepción, incluso retroactivos, que se endurecen como respuesta no a lo que pasa en las prisiones, sino a los fracasos del Estado para imponer su autoridad.

21.10.09
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