Paramilitarismo en Colombia y el Perú

Vengo de un corto viaje a Colombia donde se discute cuánta impunidad puede haber en la decisión de hacerle pagar una multa a la empresa estadounidense Chiquita Brand (bananera) por haber contribuido a financiar un ejército particular en la zona de Antioquia (capital Medellín), constituido sobre la base de las llamadas autodefensas armadas, que se encargaban de eliminar elementos que se consideraban ligados a las guerrillas. También se está produciendo el desentierro de algunas de las víctimas de estas organizaciones, y eso ocurre cuando todavía están los ecos de las autopsias practicadas a los 11 diputados regionales muertos cuando estaban en poder de las FARC, en un incidente en el que la guerrilla, el gobierno y los paramilitares se soplan las responsabilidades. Extraño país, Colombia, por lo menos para un peruano.

Casi todo el mundo opina asqueado de la violencia de todos los lados, pero luego sigue su camino como si se tuviera que seguir viviendo con esa sombra al costado. Nadie justifica el paramilitarismo y a muy pocos les sorprende las versiones que vinculan al presidente Uribe con este fenómeno. Precisamente cuando la Chiquita de marras daba cobijo dentro de los límites de sus plantaciones a las fuerzas armadas colombianas y les permitían tomar contacto con los irregulares de Carlos Castaño y planificar acciones conjuntas, el actual presidente, era gobernador de esa región, de donde es originario, hijo de hacendados que eran parte de la bolsa de la guerra sucia. Pero Uribe, como se sabe, se mantiene sobre 60% de aprobación. Algunos de sus amigos más cercanos están en la cárcel, pero el gobierno parece ser visto aún como el que tiene la llave para que el país llegue a alguna parte.

Me pongo a pensar y concluyo que hay algunas cosas que el Perú y Colombia tienen en común y que no me había percatado a primera vista. Por ejemplo, en los dos países hay problemas de derechos humanos que resaltan en la prensa, pero los presidentes son en ambos casos pasibles de ser procesados por delitos de esta naturaleza si no se diera la circunstancia de que están protegidos por la coraza del poder y por las manipulaciones que desde ahí pueden hacerse de la justicia. Es así que Lima puede estar en pleno procedimiento para solicitar la extradición de Fujimori desde Chile, por causas que fácilmente podrían ser las de García (penales, paramilitares y otras), al igual que pasa entre parlamentarios y políticos encausados en Colombia, por asuntos que involucran directamente a Álvaro Uribe.

Igual podría armar un paralelo entre Chiquita Brand y Favre y su granja de Atahuampa. Sólo que en Colombia los empresarios protectores del paramilitarismo y las ejecuciones extrajuiciales pagan multa. Aquí los nombran: zar de la reconstrucción y los periodistas que dicen que Fujimori debe ser extraditado, son los mismos que presentan al gavilán pollero como una víctima de la violencia, que supo defenderse.

16.09.07

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