En plena campaña electoral apareció una oferta inesperada del candidato del APRA. Entrando a la segunda vuelta Alan García ofreció dotar de servicios de agua y desagüe a domicilio a 500 mil limeños y desarrollar un programa durante su gobierno para que todos los peruanos pudiésemos gozar de agua potable, cumpliendo con el derecho humano garantizado por los más importantes convenios internacionales.
Hasta ese momento la evidencia de que más de cuatro millones de personas están fuera de las redes de abastecimiento regular y que sólo en Lima la cifra puede estar cerca del millón, había sido respondida regularmente con el irrebatible argumento que resolver este problema representaba un infinito chorro de dinero que el Estado no tiene y que necesariamente llevaba a alguna modalidad de privatización del servicio, que permitiera atraer inversiones.
A los sin agua se les planteaba asumir que su problema no era quién gestionaba el agua, ni como lo hacía, sino contar con ella para la casa. Y qué problema podía haber por un mayor costo si lo que se le paga a una cisterna por agua contaminada era mucho más oneroso. Para todos los demás el pedido era soportar estoicamente algún nivel de alza de las tarifas para que los más pobres pudieran beneficiarse.
Pero este esquema que estaba en la propuesta Lourdes Flores, como antes en el gobierno de Toledo, presuponía un largo rodeo. Insistir en la falta de dinero para invertir; mantener la empresa pública maniatada frente a sus objetivos de desarrollo y modernización; experimentar la privatización en las regiones, con empresas mucho más pequeñas que las de Lima; y poner a los más pobres como fundamento social de la concesión; requería de bastante tiempo.
García, por el contrario, ha querido saltarse todas etapas. Apenas se encontró con el tema se lanzó de lleno a mostrara que para que más que dinero, empresa, provisión de agua en las fuentes y capacidad ejecutora, se necesitaba un buen discurso. Este la primera y segunda vuelta, “agua para todos” se transformó en la promesa dentro de muchas promesas.
¿Qué tan seria era la oferta? El entonces inminente ministro de Vivienda tenía la respuesta: un legajo de proyectos de Sedapal, no ejecutados, para cubrir necesidades de diversas poblaciones y que el presidente de la empresa puso en manos de uno de los dos candidatos. Hoy el señor León permanece en el cargo de presidente a pesar del cambio de gobierno. Pero la suma de proyectos no es un plan.
De ahí la gran promesa de los seis meses que aparece afectada de enorme voluntarismo por falta de estudio sobre fuentes nuevas o efectos de la ampliación sobre las existentes, régimen legal de las conexiones (ya que la mayoría de los beneficiarios carece de títulos de propiedad), formas de participación de la población, fondos para iniciar los trabajos, estructura de tarifas, etc.
Lo único que sabemos es que Alan García ya ha puesto la primera piedra en varios asentamientos humanos que han aplaudido la llegada del agua.
El Estado ciertamente puede sostener varios de estos proyectos y no es verdad lo que decían Kuczynski, Vega Llona y Vidalón, de que no se podía avanzar por partes. El problema es que este programa se ha lanzado con una meta elevada y sin una estrategia para alcanzarla, pero con abundancia de presentaciones públicas.
Lo que da la impresión es que García ha decidido lanzarse de una vez a esto del agua para que su gobierno no quede reducido a la discusión de la pena de muerte y la austeridad de las autoridades, que esconde el no querer hacer pagar impuestos a las grandes empresas. Pero en esencia el presidente no ha renunciado a la privatización como tal. Esta animando el ambiente con los primeros proyectos y después se verá.
También corre la apuesta que el ministro Garrido Lecca sí sabe lo que se está jugando y que para eso se ha hecho rodear de aquellos que nunca han creído en programas como “agua para todos”, pero que ahora aplauden los discursos desde el palco de los invitados: el viceministro Vidalón, que fue cabeza de los privatizadores del sector saneamiento dentro de Proinversión; Pasco Font, que ha reemplazado al anterior en su cargo; Vega Llona, que presidió Proinversión y quiso privatizar las eléctricas de Arequipa, mientras preparaba terreno para entrarle al agua, pero fue derrotado por los arequipeños.
¿Qué hacen todos estos en lo que hasta hoy podría llamarse un programa estatista? Sólo puede ser una sola cosa: esperar. Tener la certeza que los discursos presidenciales están motorizando el mercado del agua y que llegará la hora en que para seguir avanzando se reanimen las concesiones. Aquí el riesgo es que el entusiasmo de García esté abriendo las puertas para los que esperan la hora del negocio.
¿Será esto agua para todos y ganancias para algunos? El riesgo está planteado. Y la manera de conjurarlo depende que haya una política y un plan general para el problema del agua; que se considere prioridad nacional la dotación del servicio, las 24 horas del días, sin contaminación; que se concierten los créditos necesarios para un gran programa nacional; que se mejore la gestión de las empresas y no se repitan las administraciones corruptas; que se alejen a los privatizadores de las decisiones; que se proteja la tarifa de agua para las mayorías, con niveles de consumo bajo subsidio, y tarifas elevadas para el alto consumo.
01.10.06
Editorial Boletín Informativo Mensual de la PIDHDD
Edición de septiembre
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