domingo, marzo 31, 2013

Qué bonita familia


Hace tiempo que de los Fujimori se habla que tienen propiedades e inversiones en distintos puntos del país. Pero como suele suceder en estos casos, las cosas que se saben de oídas quedan en el aire esperando que alguien las pruebe.  Hasta que ocurrió que al menor y menos agraciado por la inteligencia de la familia, le encontraron un cargamento de droga en un contenedor dentro de una de las empresas de las que es accionista mayoritario.  

Al toque saltaron las preguntas elementales: si a Alexis Humala se le investiga por ser accionista de una empresa de venta de productos médicos que un tipo dice que se les cambiaba la fecha de vencimiento, ¿por qué demoran tanto los señores Lay y Rondón para pasarlo  a Kenji por la ética y la fiscalización del Congreso, tomando en cuenta que en su caso no son acusaciones de palabra sino 100 kilos de cocaína muy concretos?

Kenji ha dicho que le sembraron la blanca para perjudicarlo, pero si se mira bien lo que este caso está diciendo es que muchos otros pases han podido haber sin que se sepa hasta que un soplo llevó al descubrimiento. Un dato a considerar es que el negocio de exportar cilindros para freír pollos parece ser escasamente rentable para justificar un gran embarque. Otro más, que el hermano Hiro Fujimori tiene un negocio similar de depósito de aduana en la vecindad del de Kenji.

O sea que aquí entramos a un terreno de investigación que plantea la cuestión del origen del dinero que crea las empresas de la familia. Entonces no es sólo que no sabe lo que exporta, como ha sido su línea de defensa, sino que no explica de dónde sale el dinero en personas a las que nunca nadie vio trabajando.  Nunca olvidar que el fujimorismo aproximó al Perú a la condición de narcoestado, lo que incluye la historia de la droga en el avión presidencial y barcos de la armada, así como las aventuras del tío Vlady y sus puntos en el Huallaga. Sin contar las maletas de Hermoza Ríos y otros relatos más.

Así que Kenji y sus hermanos empresarios deberían ser candidatos fijos a una investigación por lavado de activos. Mejor aún, por elemental transparencia los hermanitos Fujimori deberían explicar su fortuna, más allá de la rifas y comilonas que aseguran les pagaron la campaña del 2011. Entretanto el mundo contempla asombrado a estos hijos quejándose de los médicos que dicen que papá Alberto Kenyo no tiene cáncer activo lo que significa que no puede valerse de esta enfermedad para evadir sus responsabilidades penales y eso lo deprime.

Debe ser un caso singular en todo el mundo el del personaje y su familia que claman una enfermedad que los médicos no hallan, para forzar la lástima pública y acorralar al presidente Ollanta.      

31.03.13

sábado, marzo 30, 2013

Insolencia perdedora


Hasta qué punto se puede ser de ridículo para reclamar por un medio público que la alcaldesa Villarán renuncie a su cargo después de la votación del 17 de marzo porque la mayoría de sus regidores resultaron revocados, como lo hace el despechado comentarista del Sí, Martín Santiváñez Vivanco, para variar en las páginas del diario “Correo” que casi ha logrado la unanimidad entre sus columnistas.

“…Espoleada por los periodistas que reciben grandes sumas del municipio y la sarta de incapaces que casi la conducen al cadalso, la alcaldesa aspira a perdurar”, escribe este genio incomprendido que no se ha dado cuenta que hubo un veredicto claro de las urnas que le dijo NO a la pretensión de forzarla a dejar el cargo.

La mayoría de Lima, cualquiera sea sus razones, ratificó a su alcaldesa y mandó a rodar a Aldo M, Marco Tulio, Castañeda, Santiváñez y otros que se metieron a empujar la revocatoria de todas las autoridades de la ciudad para poder sustituirlas. Teniendo todas las de ganar la derecha extrema desperdició una ventaja que según las encuestas llegó en algún momento a ser del 30%.

Es verdad que Susana ha perdido a gran parte de sus regidores, pero aún no los ha ganado ninguna otra corriente, lo que significa que la lucha continúa para asegurar una alcaldía viable. Lo que está totalmente aplastado es el intento de tomar el municipio por la ventana, y expresión de la rabia que esto produce son el artículo de Santívañez, las pataletas de Mulder, el pedido de vacancia de un orate que litiga a pedido, y las malacrianzas de un juez con nombre de Malzón.

No existe tal triunfo”, grita Santívañez, y para mostrar su sabiduría añade “una cosa es una campaña electoral financiada de manera exorbitante y otra, muy distinta, el gobierno…” Claro que es muy distinta la campaña del gobierno, como lo es comprar un pasaje y hacer un viaje, pero qué tiene que ver eso con que no haya habido triunfo. Que la campaña haya costado tal o cual dinero, ¿anula el triunfo?, si financiarse también es parte de la lucha política y normalmente a los partidos del Sí, nunca les ha faltado dinero. ¿O será que el señor Benavides que salió a apoyarlos no les quiso dar de la suya y tampoco Alan García sacó dinero de alguna de sus conferencias, y que todo salió del  bolsillo de Comunicore?

En fin, se puede discutir sobre los problemas de gestión del municipio que pusieron en riesgo la continuidad del mandato de Susana Villarán, su relación con el pueblo y los problemas de Fuerza Social como partido, lo que no cabe es que los revocadores derrotados en las urnas nos quieran atarantar. El estilo Marco Turbio que descanse en paz.

30.03.13

viernes, marzo 29, 2013

Respuesta a Arévalo y Petroperú


Cuando llegó a nuestras manos la información sobre el extraño poder que el gerente de recursos humanos de Petroperú ostenta dentro de la empresa estatal y que parece haberse reforzado con el cambio en la presidencia ejecutiva, lo que hicimos de  inmediato y durante varios días fue intentar comunicarnos con el aludido para que hiciera  los descargos correspondientes. Pero en vez de él, nos atendió el Jefe de la Unidad de Medios de Comunicación de Petroperú, subordinado del señor Arévalo quién hizo una explicación por escrito del caso que aparece resumida en el texto que publicamos el 24 de marzo. No es que nosotros pusimos al Sr. Beteta como su representante, sino que el fue el que tomó su lugar.

El día de la publicación el mismo Sr. Beteta se comunicó telefónicamente conmigo y pidió hacer nuevas aclaraciones a lo que contesté que tenía abiertas las vías para una carta de rectificación en el diario. Al día siguiente me llamó una persona que se presentó como abogado del Sr. Arévalo proponiéndome un encuentro al día siguiente para conversar sobre mi artículo en la Tiendecita Blanca de Miraflores, cita a la que asistí y en la que permanecí media hora en espera, suponiendo que los que habían hecho la invitación podían identificarme y que si no podían hacerlo usarían mi número telefónico que ellos consiguieron por su propia cuenta. Luego llegaron dos cartas una de Petroperú firmada por el gerente administración (e) y otra directamente por el señor Arévalo que han sido publicadas en la edición del jueves 28 de marzo.

Ahora, si alguien tenía alguna duda sobre lo poderoso que puede ser un gerente de recursos humanos en una empresa pública, la secuencia anterior puede darle una idea de lo que se trata. No es usual que ante una discusión sobre responsabilidades personales se produzca un movimiento corporativo tan fuerte como el que hemos visto en este caso. Más aún que la empresa como tal insinúe que se podría llegar a la denuncia fiscal, como le habría ocurrido a otras personas, por haber calumniado al señor Arévalo, o que se nos ponga un ultimátum de publicación de una carta a la que no estábamos obligados porque nuestro tema no fue Petroperú ni su gerente administrativo, sino el actual doble gerente  de recursos humanos y relaciones corporativas que es una persona diferente.

Deuda

Sobre el fondo de la cuestión, sin embargo, ninguna de las comunicaciones niega lo que dice el titular de La Primera de que un gerente de Petroperú debe millones a la SUNAT, y por lo que sabemos que el procedimiento de cobranza ya estaría notificado al demandado. Asimismo es enteramente cierto que Petroperú es quién lo exculpa, como se ve en la manera como la empresa ha respondido a nuestra investigación. Lo que se dice, sin embargo, es que el origen de la deuda tributaria  no se correspondería con  la singular modalidad de pago que se aplica al señor Arévalo (fuera de planilla), sino a asuntos personales del aludido que se ventilan en el poder judicial.

Anotemos que en este punto nos basamos en cartas de una exfuncionaria de Petroperú que nos fueron entregadas por terceros, y que nos pareció significativa porque forma parte de un pedido de investigación ante la Contraloría,. No habiendo tratado con la autora del texto que lo que hace es pedir un examen de los hechos, le dimos un tratamiento condicional al  contenido como se puede apreciar en el artículo. El señor Arévalo y Petroperú bien podrían mostrar la información sobre las retenciones realizadas y aclarar definitivamente el asunto. Porque de que hay una deuda, la hay, y que en esos casos los deudores buscan forma de protegerse de embargos con modalidades especiales de remuneración también es cierto.

Contrataciones

En la nota del 24 de marzo se mencionan los casos de las esposas de dos altos funcionarios ascendidas recientemente tras los cambios en el directorio y las gerencias, que reflejan situaciones de posible favoritismo. Pero el señor Arévalo se defiende argumentando la supuesta rigurosidad de los procesos de contratación. Lo que no se termina de explicar es porque personas relacionadas salen continuamente ganadoras a pesar de tanto “rigor”.

Finalmente, cabe decir que el suscrito y el diario en el que escribo han defendido y defienden la actividad de Petroperú como empresa estatal y apostamos a que pueda lograr recuperar el liderazgo que le fue robado en la época corrupta del fujimorismo. Pero para que este sueño se cumpla se requiere de mucha trasparencia entre los directivos y altos funcionarios de esta gran empresa.

29.03.13

jueves, marzo 28, 2013

Pescados y pecadores


Durante la crisis que afectó a la pesca desde finales de la década del 60 y que llevó a la estatización  en 1972, lo que se comprobaba era que la flota y la capacidad de producción de harina habían crecido a tal velocidad y desorden que se había alterado el ciclo de reproducción de las especies. La tasa anual de crecimiento en los años 50 y 60 alcanzó un promedio de 30% y el tema  era si podía haber un mar que resista tamaña presión. Más aún, grandes empresas se habían consolidado y alcanzado enormes utilidades, pero igualmente se habían expandido los medianos y pequeños pesqueros que querían participar de la torta. Como ahora, lo que se discutía era quién era el que depredaba y contaminaba, mientras que la biomasa de anchoveta iba disminuyendo hasta que colapsó.

Es bien fácil decir en un país que ha sido inoculado durante mucho tiempo con el mito que las  empresas públicas son malas per se y crean las crisis, que lo que pasó en la pesca es que Velasco la expropió y la arruinó como dice Althaus en su último comentario en El Comercio. Pero no es verdad, porque la estatización se hizo sobre una actividad en tremenda crisis para poder sacar de circulación los barcos que estaban de más y cerrar plantas y modernizar otras. Que la crisis tardó en remontarse y que luego vinieron los fenómenos climáticos que aumentaron el daño, es otra cosa. Pero que había que hacer algo con la sobreproducción estaba dentro de lo inevitable. A partir de 1976 empieza, sin embargo, un proceso de privatización parcial de la actividad pesquera con la reventa de los barcos para que esa parte del negocio vuelva al sector privado. Teóricamente significaba que los trabajadores pudieran comprar las naves y difundir la propiedad entre pequeños y medianos propietarios.

Pero el caso es que la flota privada empezó a crecer con nuevas adquisiciones mientras los grupos privados invadían la producción de harina bajo el falso cartel de ser conserveras. Esto duró hasta que Fujimori terminó de privatizar el sector y de liberalizarlo. Para ese momento sin embargo ya estaba fijada la cuota global de pesca que no debía ser sobrepasada y que obligaba a vedas periódicas. El ministro de la época dijo que ya no se darían autorizaciones para nuevos barcos, pero desde ahí en adelante se cuadriplicó el número de embarcaciones. Los grandes privados se hicieron primero de las mejores plantas y luego empezaron a competir por las capturas. Hace unos años se estableció la ley de cuotas que favoreció ampliamente a los grandes que ahora son totalmente hegemónicos en el sector.  Nuevamente se trataba de disminuir los barcos y las plantas pero esta vez a favor de sólo siete empresas privadas.

28.03.13

miércoles, marzo 27, 2013

Autoridad moral

¿Hasta cuándo vamos a seguir permitiendo que un sector de la población se arrogue una autoridad moral superior a la del resto de peruanos? ¿Hasta cuándo los que no estamos de acuerdo con ellos tendremos que aguantar calificativos e insultos? Así no se construyen instituciones ni se fortalece la democracia, ambas necesarias para lograr cruzar el umbral del desarrollo.
El ciudadano nunca tiene la razón
María Cecilia Villegas
Correo 25.03.13

La señora que suscribe el párrafo anterior como es obvio votó por el Sí. Pero más que eso parece estar convencida que cuando se plantean temas de eficiencia o, digamos, capacidad o incapacidad, no vale hablar de asuntos morales. En este país distinguir las conductas de los dirigentes en función a la honestidad y la corrupción es inaceptable e insultante, cuando los que así piensan a la vez aseguran que lo de vaga, ociosa y pituca no lo es.

Pero por qué se afectan tanto la señora Villegas, Aldo M y Marco Tulio cuando les recuerdan que en su campo había temas morales por los cuales responder. Cabe una sola respuesta: porque saben que cargar con el fujimorismo, el alanismo y el castañedismo, es una alforja bien pesada como se vio en las elecciones del 2010 y 2011 y durante la revocatoria. ¿Hasta cuándo vamos a aguantar?, se pregunta Villegas, que es casi como decir por qué no dejamos atrás los vladivideos, los petroaudios y Comunicore, nos olvidamos de eso y volvemos a lo de que Fujimori derrotó el terrorismo, García atrajo inversiones y Castañeda construyó más escaleras.

El problema por supuesto no es que se mencione la corrupción cada vez que asoman ciertos actores, sino que el Perú no ha cerrado cuentas con los peores desbandes de sus últimos gobiernos. Y hay todavía personas como la tal Villegas que creen que para construir instituciones y fortalecer la democracia hay que sacar la moralidad de las disputas electorales. Quiérase o no, el campo del Sí, ha llevado en su seno la famosa filosofía del “obra pero hace obra”, con sus complementos “¿y quién no roba?”, o “si van a robar que dejen algo para el pueblo”.

En la batalla entre el Sí y el No, todos terminaron acusándose de corruptos, mentirosos y groseros. Pero la mayoría entendió a quién le correspondían esos calificativos. Eso es lo que le molesta a Villegas, no que la hayan ofendido personalmente porque nadie se ocupó de ella, sino porque en el reconocimiento de los adversarios las imágenes que quedaron plantadas fueron de una gestión insatisfactoria que debía corregir, versus una movida oportunista y corrupta para volver al Municipio y recuperar el control de la Caja Pública. No fue un invento mediático, sino una mirada que ya está consolidada entre la gente.

Sabiendo eso, Villegas escogió su campo. Que no se queje

27.03.13
www.rwiener.blogspot.com

De chamulleros y constituciones

Hace muy poco Alan García criticó al actual gobierno porque no pone empeño en atraer inversiones y que si estuviera en el lugar de Ollanta Humala ya habría convencido a muchas empresas y estaríamos seguro creciendo a más del 8%. Por su parte, el día de ayer, la abogada y calificada lobista Cecilia Blume volvió a aquello de que el crecimiento de los últimos veinte años se debe a la Constitución fujimorista de 1993 y especialmente a su capítulo económico que crea los llamados contratos ley.

Para ninguno de los dos, por cierto, las inversiones han estado llegando porque el Perú tiene ingentes recursos, principalmente mineros, y porque se privatizaron servicios públicos a precio de huevo, obligando a los usuarios a someterse a las reglas de las empresas extranjeras. Si se quiere el presidente parlanchín, si hizo algo, fue convencer al gran capital de que contaban con el Estado para cualquier resistencia social o ambiental que afectara sus intereses, y desarrolló un intimidad y complicidad que ahora se ve reflejado en que esas mismas empresas lo invitan a palabrear en conferencias pagadas por ellas, que permiten comprar casas en zonas residenciales una por año.

También es verdad que la Constitución del 93, permite a los abogados de las trasnacionales elaborar contratos sumamente onerosos para el país y la sociedad, que luego son inmodificables, aún cuando sobrepasen la ley y contengan elementos de corrupción. Esos contratos luego son defendidos en los medios por “especialistas” y refrendados por la tecnocracia del Estado. La señora Blume es en ese sentido un símbolo de la época, con capacidad de moverse entre las tres posiciones, sin sentirse incomoda en ninguna.

¿Cómo entonces pedirle que no exalte la Constitución que el fujimorismo impuso con un golpe de Estado y que aprobó de manera sectaria con sus votos propios, rompiendo la posibilidad de un consenso en el país, si ella lo primero que le dice a sus clientes es que aquí se puede hacer lo que se quiere si se tiene un buen contrato, porque la Constitución lo convierte en una pieza de acero? Claro que en el crecimiento reciente hubo un auge de precios de las materias primas y una intensificación del comercio internacional, pero que la situación global ya no es la misma y demorará para recuperarse.

Pero el presidente del BCR ha dicho que se espera sostener el crecimiento de los siguientes años en masivas inversiones mineras, lo que a más de ser un anuncio de que se viene una alta conflictividad social en el país, significa también que a pesar de tener ahora un presidente poco floro seguirá el interés por el oro y el cobre. La hipótesis es que en un mundo que pierde impulso, el Perú vende cada vez más minerales. ¿Es esta una estrategia seria?

26.03.13
www.rwiener.blogspot.com

lunes, marzo 25, 2013

El congresista que robaba tierras y agua

La historia jamá contada
En la elección parlamentaria de 2011 ocurrió un hecho insólito en el norte chico: un candidato del más alto copete de la dinastía Fujimori, el querido tío Santiago, engreidor de Kenji y Keiko y leal lugarteniente del hermano de la DIROES, fue derrotado humillantemente por un señor de la tierra de la provincia de Huaura que nadie conocía fuera del ámbito local en que se mueve, nada menos que por cuatro mil votos dejándolo sin la curul en la que se sentía casi seguro. Este ganador inesperado se llamaba Elard Melgar Valdés, propietario de la empresa Agropecuaria San Ramón EIRL, que había venido creciendo a lo largo de la década de los 2,000 a una velocidad sorprendente lo que le permitió contar con amplios recursos de campaña que fueron determinantes de su triunfo.

Claro, Don Elard no siempre había sido tan afortunado. Allá por los años 80 no pasaba de ser un modesto suboficial de la Policía Forestal que no sabía que se sacaría la suerte con el advenimiento de la dictadura de Alberto Fujimori en la que varios de sus hoy congresistas y dirigentes hicieron rápidas fortunas en nuevos negocios con el Estado. En el caso de Melgar, el botón que lo llevó a hacer dinero fue la venta de papillas para los programas sociales del gobierno. En 1995, el policía retirado fundó la empresa Inmelva SAC y poco después el Consorcio Interandino de Alimentos S.A., para venderle papilla al PRONAA, Foncodes y otros. Más tarde forma Betty Rivera Suarez S.A., Corporación Melgar S.A., y finalmente Industrias Santa Ángela EIRl. Una verdadera estrella de la papilla que según se cuenta llegó a facturar más de 70 millones de soles por el mismo concepto.

Para los que recuerdan la época del “chino”, la papilla fue una fuente de escándalos por las licitaciones amañadas y por los descuidos sanitarios en que incurrieron varios proveedores. En varias publicaciones Melgar es mencionado como el segundo gran proveedor de papillas, al lado de la firma ALPROSA vinculada al actual ministro de Transporte, Carlos Paredes. En los archivos del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones (SEACE) y el antiguo CONSUCODE, las empresas de Melgar son mencionadas como proveedoras principales del producto a pesar de varios cuestionamientos a la calidad del alimento entregado. El hecho es que la papilla había sacado de pobre a la familia y en el año 2000 pasó a otros rubros igualmente rentables, al formar la empresa Agropecuaria San Ramón EIRL, de la que es dueño de la totalidad de las acciones.

Era el final del gobierno del que se había beneficiado, pero a Melgar eso parecía no afectarlo demasiado. En agosto del 2000, en la Urbanización La Campiña en Corrillos se abría el primer local de producción de embutidos del empresario Melgar Valdés, que tres meses después se trasladaba a un fundo en Lurín donde empezó la crianza de chanchos y vacas para abastecer a su fábrica. En diciembre de 2003 incursionó por fin en el norte chico al comprarle las 507 has del fundo Pampa Grande a la empresa H. Koenig, ubicado en el centro poblado menor de Nuevo Mundo, en el distrito de Végueta en la provincia de Huaura. El año 2004 adquiere 9.91 has a Jean Michael Vela Mendoza y 21.92 has a Miller Worldwide Corporation, y el año 2007 compra 63.50 has a Lucio Lázaro Huanca Aguirre. A Diciembre 2007 tenía acumulado una propiedad en la provincia de Huaura equivalente a 602.33 Has.

Esta expansión indicaba que Melgar Valdez estaba cambiando el centro de sus actividades y su sede de operaciones. De origen arequipeño, había recorrido varios departamentos como policía hasta asentarse en la ciudad de Lima y proyectarse sobre las campiñas de Lurín, al sur de la ciudad. Pero desde 2004, descubrió las ventajas del norte chico. Justamente, en agosto de 2008 Melgar inicia un proceso judicial al ministerio de Agricultura, arguyendo prescripción adquisitiva de dominio ante el Juez Civil de Huaura, reclamando se le adjudiquen 471 has del fundo El Ángel, en supuesto abandono, que él habría venido trabajando de buena fe desde la década de los 90. Este proceso se encuentra consignado en los expedientes No.1560-2008 (415 has) y No. 0060-209 (56.39 has.), y es una muestra de cómo se pueden conseguir ventajas de la indolencia del Poder Judicial y el Estado.

Sólo unos apuntes sobre este curioso caso: (1) a fines de octubre de 2012, el Juez de Paz del Centro Poblado de Nuevo Mundo recorrió terrenos del Fundo El Ángel, de propiedad de Agropecuaria san Ramón constatando por acto que: “se encuentran abandonados, es decir que nadie se encuentra en posesión, ni existen vestigios que lo hayan estado, es decir que la tierra que Melgar arrebató al Estado supuestamente porque el sí la trabajaba, no había sido nunca trabajada y era más bien una reserva para la expansión de los negocios del congresista; (2) Sin embargo, en un proceso de cuatro años, un Juez de Huaura vio otra cosa (o se la hicieron ver, llevándolo por otros espacios de la empresa) y confirmó que había una próspera actividad agropecuaria en lo que antes eran terrenos en los que el ministerio de Agricultura no había invertido; (3) el procurador del ministerio que debía defender el interés del Estado, increíblemente se pasó del plazo para apelar, quedando consentido el fallo de primera instancia y Melgar se quedó con 471 has, superior a la superficie del fundo asignado, basados en planos mal hechos que invadían la propiedad de terceros.

Pero lo mejor de la historia es lo siguiente: (4) entre los documentos que obran en el expediente de prescripción adquisitiva de dominio figura la Declaración Jurada de Ángel José Carrasco Yola, de agosto de 2009, que dice que “con fecha 14 de octubre de 1994 transferí al Sr. Elard Galo Melgar Valdez la posesión de un terreno de cuatrocientos quince hectáreas (415 aproximadamente) denominado Fundo El Ángel… colindante con el fundo Pampa Grande… Transferencia que efectué por razones económicas, habiendo entregado un plano y documentos para continuar el trámite de titulación”. (5) Pero según COFOPRI, existe una Memoria Descriptiva sobre el Fundo El Ángel, de marzo de 1992 (¡), también presentada como prueba judicial, que indica que el terreno de 415 has tiene como propietario en ese año a Agropecuaria San Ramón EIRL, e indica que se encuentra en producción de productos de exportación, siendo irrigado con aguas del río Huaura, a través del canal San Felipe; (6) pero, según los registros públicos, la solicitud de inscripción de Agropecuaria San Ramón EIRL, data del 2 de agosto del 2000, o sea no existía cuando COFOPRI la consideró “propietaria”, ni había ninguna producción en el fundo porque entonces no habría habido prescripción de dominio; (7) finalmente lo que es cierto es que en los años 90, el señor Melgar estaba en el negocio de la papilla, que es su primer capital, que empezó en 1995 . En consecuencia todo el proceso para hacerse de tierras colindantes a su principal propiedad (Pampa Grande) ha estado basado sobre falsedades.

Pero este tipo es congresista de la república, miembro de la comisión desde donde cuida sus intereses y ha pasado por la Comisión de Ética del Congreso, a la que le parece de lo más bien lo que ha hecho.

El robo de agua

A Melgar Valdés lo rodean historia truculentas: el caso más grave el ahogamiento en uno de sus reservorios de tres trabajadores que intentaban espantar parillos que se devoraban los peces tilapias que estaban siendo criados en ese lugar, lo que por lo menos dejó sombras de duda sobre la seguridad en el trabajo que reina en la propiedad del congresista. Otro caso se refiere al proceso que llevó en su contra el gerente de una de sus empresas de la papilla, por incumplimiento de contrato (originalmente eran competidores pero luego le propuso una asociación y no cumplió con sus obligaciones) Este asunto derivó en un proceso penal por denuncia calumniosa, debido a que lanzó falsas acusaciones en contra de la parte. Finalmente arregló el caso de manera directa con el afectado y movió influencias judiciales para que la acción penal le resultara favorable y no hubiera apelación del estado por el uso de documentos falsificados.

Convertido en congresista, a don Elard no le quedaba más que dejar la función de propietario, accionista del 100 % de los títulos de Agropecuaria San Ramón y gerente general con todos los poderes. Pero ingenioso el hombre toma un acuerdo de asociados (es decir de él) para traspasar la gerencia a su hijo del mismo nombre, Elard Melgar Rivera, y mantuvo el “acuerdo” sin inscribir hasta la fecha en que se auto-nombra, contra la ley, en el cargo de apoderado, con funciones propias de la gerencia. Obviamente en Huacho y todo Huaura, especialmente entre los dirigentes de la Junta de Regantes de la provincia y la Comisión del Canal de San Felipe, el Elard papá es el que hace y deshace en su empresa y en decisiones que comprometen toda la zona: a quiénes se da agua y a quiénes no, autoridades administrativas y judiciales y últimamente ha pretendido amedrentar el ejercicio libre del periodismo.

No hay duda que la combinación más perniciosa que puede haber es la del poder económico, con el político y el gremial. Y eso que lo cuenten los campesinos, agricultores y vecinos de Huaura. Hace muy poco nomás, cuando está en plena apelación la más reciente sanción que la Autoridad Local del Agua de Huaura (ALA Huaura), de la que el congresista de la empresa San Ramón se defiende diciendo que ellos no controlan el abastecimiento de agua, el personaje en cuestión no tiene empacho en lucirse públicamente en una mesa del restaurante El Rosal, con los miembros de la Comisión de Regantes de San Felipe, responsables de “controlarlo”, en la que revisan papeles probablemente referidos a la disputa con las autoridad administrativa, y de posar a la salida de la amena reunión antes que el congresista aborde su camioneta 4x4. Obviamente está diciendo que no teme ser fiscalizado.

Y, claro, con inspectores del ALA que tienen en sus manos la picante denuncia de que con una autorización de agua correspondiente a 71.82 has, el congresista Melgar hace el milagro de trabajar 1,073 has, de terrenos acumulados mediante compras a otros propietarios y prescripción adquisitiva, y que en una primera visita en el año 2011 lo señalan en falta grave por estar irrigando 477.11 has, es decir seis veces más, dejando por cierto en el aire lo que pasa con el resto de las tierras (¿no era que se tenía produciendo al Fundo El Ángel, antes del Estado?). Esa falta ciertamente le debía costar 30 UIT, según Resolución 167-2012-ANA-ALA Huaura, al tramposo que decía en su defensa haber descubierto métodos de irrigación supertecnificados que le permitía la maravilla de de multiplicar la eficiencia de cada gota de agua. Este caso denunciado por la prensa lo llevó hasta la Comisión de Ética del Congreso que hizo dormir el expediente largo tiempo hasta que Melgar pudo mostrar la Resolución Jefatural Nº 437-2012-ANA, de la Autoridad Nacional, que declaraba fundada la apelación de Agropecuaria San Ramón, de propiedad del congresista y anulaba los efectos del fallo de la instancia inferior.

Esto bastó para que los éticos congresistas colegas de Melgar lo exculparan de las razones por las cuales estaba siendo investigado y para mayor seguridad añadieron que el que sigue siendo dueño y apoderado de la empresa no es necesariamente responsable de los errores que ésta cometa. Bien, pero la ANA en solemne contradicción aseguraba en su misma resolución 437, que la empresa de Melgar sí había cometido infracción grave y que debía haber nueva inspección y sanción por los excesos en el uso del agua autorizada. Se armó, por cierto una disputa legal, porque Melgar arguye ahora que está siendo doblemente investigado por lo mismo. Y la ALA-Huaura afirma en su nueva Resolución 0236-2012-ANA-ALA del 21 de diciembre de 2012, que Agropecuaria San Ramón “ha trasgredido normas…no existiendo sustento ni justificación alguna, dado que la empresa viene utilizando agua para irrigar 280 has…”, “no ha podido desvirtuar lo imputado debido a que viene utilizando un mayor volumen de agua al otorgado…”, y concluye “recomendando se aplique sanción administrativa a la empresa Agropecuaria San Ramón SAC”, por “falta grave” e imponiendo una muta de 4.99 UIT por incurrir en infracción en materia de recursos hídricos.

La historia parece ser la de funcionarios que quieren estar bien con Dios y con el Diablo, lo que se observa en el enredado camino de las resoluciones que aprecian cada vez menor tierra irrigada ilegalmente, pero afirman que siempre hay infracción, mientras le rebajan la pena, y el empresario congresista vuelve a apelar. El tema es que Melgar Valdés da toda la impresión de haber pasado el límite donde las personas deben ser cuidadosas de las normas y ajustarse a lo que se les está permitido. Todo hace ver a un personaje que se siente seguro como un gran señor de tiempos feudales. Y encima es congresista por un sector de la política que lleva una fea marca de corrupción.

25.03.13
www.rwiener.blogspot.com