domingo, agosto 28, 2011

La mentira libia

No creo en bombardeos aéreos humanitarios que acontecen en el Kosovo o en Trípoli, supuestamente para salvar vidas civiles, matando civiles y militares desde el aire.

No creo en la OTAN defendiendo los derechos de las mujeres en Afganistán oprimidas por los talibanes, y apoyando a talibanes libios respaldado por las monarquías hipermachistas del Golfo Pérsico.

No creo en la democracia que Estados Unidos va a construir en Irak, Afganistán y Libia, a punta de bombardeos y soldados, que hasta hora lo único que han construido es el caos y la violencia perpetua.

Menos creo en que los rebeldes libios apoyados por Arabia Saudita, Emiratos árabes y otras monarquías petroleras, tengan el menor interés en la democracia en su país.

No creo en que estemos ante una rebelión a favor de los derechos humanos de los libios, si todos sus jefes son ex funcionarios del régimen que ahora acusan de tiránico y genocida y está
No creo en la ONU y sus resoluciones tramposas que justificaron un bloqueo aéreo “para proteger a los civiles de la actuación de los aviones del gobierno de Kadafi, y que permitieron que ese mandato se interpretara como autorización para que Francia y Estados Unidos lanzaran sus aviones sobre el país africano y para que Occidente y sus aliados contrabandeara n armas para la rebelión.

No creo que Estados Unidos y Europa puedan limpiarse de los crímenes y excesos del régimen libio, al que hicieron su amigo y protegido después de la caída del muro de Berlín, pero que al igual que Hussein, Noriega y otros, en el momento debido fue expulsado del purgatorio cuando eso convino a los intereses imperiales.

No creo que las rebeliones populares como las de Egipto, Túnez y otras, se conviertan espontáneamente en ejércitos.

No creo que Estados Unidos y sus aliados garanticen la paz en ninguna parte del mundo.

No creo que lo de Libia sea parte de la primavera democrática de los países árabes, es más bien un torcimiento para convertirlo en contraofensiva occidental. La caída de los gobiernos de Egipto y Túnez, y la crisis en varias otras naciones se desarrolló contra el control de estos gobiernos por Occidente y el ajuste económico del FMI. Con Libia se ha volteado la tendencia y apunto a Siria y a otros miembros del “eje del mal”. La perspectiva es una gran desestabilización internacional en un contexto de crisis mundial. La tormenta perfecta que se insinúa en el horizonte.

No creo que occidente, especialmente Francia, Italia y Estados Unidos, vayan a irse de Libia por muchos años. Después de tumbar a Kadafi alguien tendrá que regular la explotación del petróleo, las reservas de oro y otras maravillas de un país tan grande, tan rico y tan despoblado.

No creo en los periodistas occidentales que mostraron en cadena, como hijo de Kadafi a quién no lo era. ¿Cuántas mentiras más nos habrán estado contando sobre lo que ocurre en esa sufrida nación del norte de África?

28.08.11
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Asalto en el Fundo Pando

En resumen, tantos titulares, editoriales, columnas, noticias sesgadas y chismes maliciosos, para llegar a establecer los siguientes dogmas:

- Las universidades no deben traicionar el “espíritu de los fundadores” (por ejemplo el de los virreyes que crearon San Marcos, o de los curas conservadores que fundaron La Católica);
- Los donantes testamentarios determinan para siempre la línea política y educativa de las universidades que reciben su legado y fijan la forma en que deben administrarse sus bienes;
- Todos los bienes que se incorporen al patrimonio con posterioridad a la herencia, se consideraran como parte de ella, por lo que si judicialmente se considera que se ha la gestión se ha desviado de la intención testamentaria, se pierde todo, sin lugar a reclamo;
- En una Universidad de la Iglesia sólo valen la palabra del arzobispo y el dictado del Vaticano;
- Las leyes nacionales se subordinan o no tienen que ser cumplidas, frente a una carta del Vaticano;
- La opinión de los estudiantes y profesores no tiene ningún valor frente a las decisiones de Cipriani y Benedicto, si no están de acuerdo que vayan a buscarse otra universidad como les gusta;
- Las autoridades elegidas por la Asamblea Universitaria, de acuerdo a ley, son “usurpadoras” frente a la intención de Cipriani de tomar el control de La Católica;
- Quién controla el arzobispado pone al rector de La Católica;
- No se puede ser rector de La Católica si se ha sido velasquista o si se es “caviar”;
- El Vaticano no hace recomendaciones, ordena;
- Roma locuta, causa finita. Causa veduta, Catolica perduta… si no me entienden en castellano, me entenderán en latín, por la gran p…

Seguramente la lista puede incrementarse de otras definiciones que han sido formuladas en estos días y que dan la idea de que el problema de la religiosidad peruana ha pasado de la píldora del día siguiente y los abortos terapéuticos y de mujeres violadas, al control de una de la universidades de mayor prestigio del país y la extirpación de herejías en los claustros pontificales.

Pero, ¿es serio aquello de recuperar el espíritu de Dintilhac, Riva-Agüero y Víctor Andrés Belaunde?, ¿y por qué no el de Primo de Rivera que inspiró a Riva Agüero; o el de Pio XII que colaboró con los nazis y al que Cipriani invoca en su discurso retro sobre sus derechos universitarios? Claramente lo que el monseñor quiere que entendamos no es que La Católica debe ser dirigida por católicos (de hecho sus principales autoridades tienen esa confesión), sino que debe serlo en la línea de su sector más reaccionario y fascistizante.

La misma fundación del Opus Dei de Cipriani, es posterior al nacimiento de la Universidad Católica en el Perú, y responde a una reacción de derecha ante el avance de ideas progresistas y la liberalización de las costumbres. El Opus Dei, surge contra otras corrientes de la iglesia influidas por su compromiso social, apuntando a consolidar un vínculo directo con las elites económicas y políticas. Por lo tanto se puede aseverar que tampoco representan el “espíritu fundacional”, sino una intensa lucha de poderes por el control de los mayores espacios vinculados directa o indirectamente a la iglesia, especialmente con los que tienen que ver con la educación y el dinero.

Entre la fundación de La Católica y el presente median la reforma universitaria y el reconocimiento del cogobierno y de la elección de las autoridades a través de los estatutos internos de los centros de estudio, así como la autonomía académica y administrativa. Pero he aquí que la voluntad de un solo individuo que llegó a la cabeza de la iglesia peruana como aliado de Fujimori, vale más que toda la historia.

Aquí nomás, en el Chile neoliberal, del crecimiento y las inversiones, tenemos una rebelión del sistema educativo que se impuso verticalmente a los estudiantes. ¿Cree alguien por ventura que la ciprianización del fundo Pando con el sello de el Vaticano y el Tribunal Constitucional no va a desatar una protesta sostenida y una crisis en la universidad peruana?

Es casi cantado porque lo que está ocurriendo y los argumentos que se están usando para arrinconar a la universidad, prescinden de la comunidad universitaria en concreto, que no es el rector Rubio, ni su Consejo de gobierno, sino más 22 mil estudiantes y cientos de profesores y trabajadores que han constituido una de las instituciones respetables en un país en crisis institucional.

28.08.11
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sábado, agosto 27, 2011

La revolución tranquila

Un análisis de la coyuntura a partir del discurso del presidente del Consejo de Ministros ante el Congreso y la aprobación de la ley de consulta.

Estábamos a punto de un enfrentamiento brutal en el Congreso después que todos los sectores chocaron con el nacionalismo para impedir que el pleno viera la ratificación de la ley de consulta, que García observó como uno de sus últimos actos de gobierno, tratando de hacer retroceder los consensos logrados. Los mismos partidos a los que el baguazo les llevó a aceptar que había que sacar la ley de consulta que habían postergado tantas otras veces, dijeron que el nacionalismo les quería imponer un caballazo al no enviar a comisiones y nuevo estudio el texto que había pasado por todas las comisiones, estudios y negociaciones que era posible recorrer.

De pronto, sin embargo, el toledismo inclinó los votos para que el pleno aceptara incorporar el punto a su agenda y ocurrió lo inesperado: los partidos que querían regresar el tema a comisiones no se atrevieron a votar por esa posición en el pleno y, por supuesto, mucho menos a hacerlo contra el texto de la ley. El balance: una minicrisis resuelta con la unanimidad.



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Por si no lo saben, la negociación con las mineras duró hasta más allá de la medianoche previa a la presentación del primer ministro y por lo que se sabe a través de algunos trascendidos se desarrolló durante varias semanas con momentos de alta tensión, muy próximos a la ruptura. Los hombres de las minas llegaron a estas reuniones con la información que les elaboró el IPE por encargo y que había sido el fundamento de los desafortunados spots de Oblitas y Nano Guerra, que en buena cuenta querían decir que los mineros no sólo no debían pagar más, sino que debían rebajárseles los impuestos para que fueran competitivos con Chile y otros países del mundo en la atracción de nueva inversión.

Pues bien, al final firmaron un “acta de entendimiento” aceptando abonar en los siguientes años un “gravamen adicional”, que incluye a la empresas con y sin estabilidad jurídica (legalmente no afectas a nuevas tributaciones), por un monto que se calcula sobre los 1,200 millones de dólares anuales. Muchos defensores parlamentarios y periodísticos de los mineros, se han desconcertado por el compromiso, después de haberse desgañitado afirmando de que cualquier otro tributo implicaba una fuga de capital y la frustración de los nuevos proyectos. Como consuelo han dicho que se alegran porque ha habido un acuerdo y no una imposición del gobierno.


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Durante todo el bendito año, las palabras más repetidas de la derecha económica, política y periodística han sido desconfianza, incertidumbre y falta de credibilidad. Ollanta Humala provocaba estos efectos con su sola presencia, con los votos que le entregaba el pueblo y obviamente con el hecho de convertirse en presidente del Perú. El plan de gobierno de la “Gran Transformación” era de susto. Pero los documentos de compromiso posteriores, eran tanto “pasos adelante” como nuevas incertidumbres., porque ¿a quién había finalmente que creer?

El mismo mensaje de 28 de julio era “moderado”, según los medios del día siguiente, pero de ahí hasta el discurso del primer ministro lo único que se oyó es que lo que había que despejar era la incertidumbre y la falta de confianza. Hasta que el 25 de agosto, Salomón Lerner presentó los principales objetivos y metas del gobierno y recibió un voto increíble: 90 congresistas por la confianza y 32 fujimoristas en abstención y autoaislamiento.

¿Cómo es esto? Todo el ambiente era de desconfianza, pero al final nadie votó contra la confianza. Los diarios más hostiles al presidente hablan de mensaje tranquilo y todos afirman que se salvó el modelo de crecimiento y que todo está bacán. Pero en el otro lado de la sociedad, donde están los votos duros de Gana Perú: ¿qué está pasando? Lo que s e ve es que la población siente que el gobierno quiere cumplir con ellos: aumento del salario mínimo, en dos partes, pero aumento en fin; ley de consulta, no exactamente vinculante, pero obligatoria y con reconocimiento que los pueblos indígenas tienen derechos sobre las riquezas en su territorio; gas del lote 88 para el país y rebaja del GLP, probablemente no a lo ofrecido, pero con voluntad de enfrentar los sobreprecios; impuesto a las mineras, no todo lo que se quería, pero algo importante y bajo control estatal; inicio de pensión 65, todavía como política de pobre, pero como derecho social que empieza reconocerse, etc.

Por un momento de la historia pobre y ricos parecen participar de un consenso. Pero hay algo de ilusión en eso. Los grupos tradicionales de poder que se han aterrado con Ollanta y han construido sus propias desconfianzas e incertidumbre a parir de comentaristas exacerbados por las derrotas, deben admitir cada cierto tiempo que la cosa no es tan grave y que lo que está ocurriendo está en los márgenes de lo que pueden conceder, aunque no concedían en todo estos años de neoliberalismo extremista y exclusión social. Y para las mayorías que han sentido que no eran tomados en cuenta durante veinte largo años, cómo no va a ser importante que el Estado ahora tenga un número importante de políticas diseñadas pensando en ellos. Aunque no sea una revolución que cambia el sistema, para lo que todos sienten que no hay fuerzas suficientes, lo que se está viviendo es otra época, distinta a la anterior.

¿Cuándo se romperá la ilusión del país tranquilo? No lo sabemos. Pero por ahora el gobierno de Ollanta y el gabinete Lerner han ganado una batalla.

27.08.11
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miércoles, agosto 24, 2011

Abajo el liberalismo progresista

“La Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) tiene como génesis la coyuntura social de inicios del siglo XX, tiempo en el cual imperaba el pensamiento positivista, el liberalismo progresista y el racionalismo, desdeñándose las enseñanzas de la fe católica y el pensamiento de los hombres de la Iglesia, lo que primaba en la enseñanza superior. Esto implicaba que los alumnos, luego de dejar las aulas escolares, se declaraban agnósticos o indiferentes con la religión.

Por ello, la Arquidiócesis de Lima, tomando en cuenta el Concilio Plenario Latinoamericano de 1899 (Roma, Papa León XIII), decidió que este problema podía ser resuelto fortaleciendo la educación católica de manera que,… "en cada país de nuestro hemisferio hubiese un centro de enseñanza superior regido por autoridades clericales". Así nace la PUCP, con un vínculo no escindible, desde su inicio, con la Iglesia peruana
”.
Juan Luis Cipriani
Con la verdad ante todo: La fidelidad a la Iglesia une, no divide
“Correo” 20.08.11

El texto que reproducimos es el mejor manifiesto conservador y reaccionario que se ha leído en los últimos años. La Universidad Católica nació para enfrentar el desarrollo del positivismo, el liberalismo progresista y el racionalismo, en nombre de la fe de la iglesia. Y no importa cuánta historia ha habido desde entonces, cuántos cambios haya habido en el mundo, el pensamiento, el sistema educativo y la iglesia misma, lo que importa es que en el Vaticano y en una esquina de la Plaza de Armas de Lima, ha regresado la Santa Inquisición y está a la caza de herejes.

Y si alguien quiere una educación más plural y abierta a todas las ideas, que se vaya a buscar otras opciones de tantas que existen en el medio, que es como cuando el mismo periodista al que nos referimos recomienda usar el control remoto para encontrar en la televisión todas las corrientes políticas, por ejemplo la del actual presidente de la república, elegido por la mayoría de los peruanos al que todos los canales siguen tratando como si todavía fuera el “candidato antisistema” al que tanto temían.

El supuesto liberal que cede su espacio a Cipriani para que agite contra el liberalismo, sabe que el problema es que en muchos años La Universidad Católica se ha hecho un lugar en el país y que ese ya no es el de expresar el anti San Marcos, y que esto no fue una consecuencia de la ideología de tal o cual autoridad sino de un movimiento profundo y sostenido de estudiantes, profesores, graduados, trabajadores y de la sociedad que valoró cada vez más su contribución a la educación y la democracia.

Para el director de “Correo” y para el monseñor del Opus Dei, la universidad del Fundo Pando es uno de los símbolos de la fuerza que el pensamiento progresista adquirió en el país, en la educación universitaria y en la propia iglesia. De ahí que en estos días hayan personajes preguntándose cómo es posible que una casa de estudios que se denomina “Pontificia” reciba alumnos de diversas confesiones religiosas o ateos, socialistas o nacionalistas, y que haya pluralidad en la enseñanza.

Pues bien, ese fue un logro de la comunidad universitaria que hizo que muchos que no hemos pertenecido a sus aulas la respetemos como un sólido centro de investigación y pensamiento. Otro, por supuesto, es el tema de los bienes, que demuestra que en nombre de la santa iglesia siempre se puede hablar de millones.

24.08.11
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lunes, agosto 22, 2011

Ramón Mujica afirma no conocer a destructores de patrimonio arqueológico

En una carta notarial a LA PRIMERA el ahora ratificado director de la Biblioteca Nacional, Ramón Mujica Pinilla, reclama a este diario publicar la siguiente rectificación:

“Por medio de la presente quiero manifestarle mi rechazo al artículo publicado por Raúl Wiener el 18 de julio pasado. Es lamentable la falta de objetividad de su colaborador quién se permite adjudicarme acciones de las cuales soy ajeno. Mi padre es Manuel Mujica Gallo y no Miguel Mujica Gallo, como Wiener asevera. Desde el 2007 soy accionista minoritario de la empresa Promotora Oquendo S.A. y esta no tiene ningún juicio iniciado por el Instituto Nacional de Cultura, ni por el actual Ministerio de Cultura. En lo personal no conozco ni jamás he trabajado con Carlos Condorcahuana Roca, acusado por la destrucción de de nuestro patrimonio arqueológico en el ex Fundo Oquendo. Es inverosímil que se sugiera que mi presencia en la BNP, pueda influir en el Ministerio de Cultura a favor de este sujeto. Si este fuera el caso se me debería atribuir lo contrario, pues el proceso judicial mencionado en el artículo viene siendo ganado por el Estado en el 9º juzgado penal del Callao, habiéndose condenado a Condorcahuana a 4 años de prisión. Incluso el Ministerio de Cultura, a través de su procurador, ha apelado la reparación civil imputada contra Condorcahuana por considerarla irrisoria. Entonces, ¿en dónde está la supuesta presión por parte del Director de la Biblioteca Nacional al Ministerio de Cultura? La insinuación es falsa y tendenciosa. En lo que a mi respecta, toda pena es poca contra aquellos que destruyen nuestra memoria histórica”.


Una respuesta al director de la biblioteca

Respetando el derecho al buen nombre del señor Mujica y dado que lo que me reclama es objetividad, debo puntualizar lo siguiente:

(a) En la ficha del registro de la propiedad mercantil Nº 123947, del 5 de marzo de 1997, se da cuenta de la constitución de la empresa Promotora Oquendo, indicando como fecha de inicio de operaciones el 27 de noviembre de 1995, con seis socios: María Isabel Pinilla Sánchez (1,499 acciones); Manuel Antonio Mujica Pinilla (700 acciones); Marisa Mujica Pinilla (700 acciones); Ramón Elías Mujica Pinilla (700 acciones); Maribel Mujica Pinilla (700 acciones); Miguel Mujica Gallo (4,200 acciones). En el mismo documento se designa un directorio presidido por Miguel Mujica, y se nombra como gerente a Ramón Mujica, con amplias atribuciones: organizar el régimen interno de la sociedad; contratar, remover y despedir al personal; representar a la sociedad; etc.

Por tanto, no es verdad la afirmación de Mujica que dice: “desde el 2007 soy accionista minoritario de la empresa Promotora Oquendo”, que parece destinada a minimizar el sentido de su participación en la mencionada empresa, obviando que se trata de una sociedad totalmente familiar, actualmente presidida por uno de sus hermanos, de la que ha sido gerente y de la que es miembro del directorio precisamente desde el año 2007 (ficha de SUNARP Nº 02008947.

(b) En el documento de la Notaria Carcausto, Kárdex Nº 12477, instrumento público 3071, está contenido el “Otorgamiento de Poder”, conferido por Maribel Mujica Pinilla, en calidad de gerente general de la Sociedad Promotora Oquendo S.A., a favor de don Carlos Condorcahuana Roca, para actuar con amplios poderes en representación de la empresa en asuntos judiciales y administrativos. Si esto es absolutamente comprobable, ¿cómo puede ser que el miembro del directorio y ex gerente de la empresa no sepa que Condorcahuana ha actuado en todo instante en su nombre, incluido cuando reclamando todo el espacio del ex Fundo Oquendo como propio se despachó contra las ruinas bajo administración del INC y les pasó las moto-niveladoras por encima. ¿O es que el director de la Biblioteca no sabe a nombre de quién actuaron los depredadores?

(c) En el Atestado No. 001-2011-XX-DIRTEPOL-C/DIVTER-2-CSC-DEINPOL, se hace referencia a los presuntos autores de “delito contra el patrimonio-usurpación-turbación a la posesión” entre los que figura el señor Ramón Elías Mujica Pinilla, con la indicación de “no habido”, ya que no se presentó a los interrogatorios. El caso se refiere a un despojo de tierras, con violencia, contra el agricultor Gerardo Peña Napan, ejecutado por elementos vinculados a las empresas Promotora Oquendo y Las Lomas de Oquendo, de propiedad de Ramón Mujica. Posteriormente Mujica logró ser excluido del proceso, pero la tierra usurpada sigue bajo su control. Esto ocurre mientras el señor Ramón Mujica permanece al frente de la Biblioteca Nacional y se molesta por verse aludido en relación a hechos delictivos que ocurren en terrenos en disputa en el Callao.

(d) No hemos sugerido que el señor Mujica influya en el Ministerio de Cultura en el caso de la destrucción de bienes arqueológicos. Al contrario hemos anotado la contradicción en el hecho que una grave denuncia del INC involucre indirectamente a una autoridad pública en el campo de la cultura. Pero en su curiosa rectificación el señor Mujica afirma que la condena inicial de Condorcahuana a cuatro años de prisión podría indicar más bien que él influyó para la sanción del sujeto. Un razonamiento que parece expresar una extraña opinión sobre el rol de los jueces. Pero ahora qué podrá decir Mujica Pinilla, si la Tercera Sala Penal del Callao (vocales Molina, Fernández y Pastor), acaba de anular la sentencia y ordenar una ampliación del plazo de investigación dilatando el proceso para que se venzan los plazos de prescripción. ¿Volverá a mencionar su capacidad de influencia?

(e) Finalmente todo lo que está en debate es que diversos actores tienen su centro de operaciones en el ex Fundo Oquendo (antigua propiedad de la familia Mujica), dando origen a una alta violencia, que incluye asesinatos, heridos y daños a la propiedad privada, y todos estos hechos revierten en la “recuperación” de terrenos” para las empresas del grupo familiar. Esto se agrava cuando no se ha respetado ni siquiera la zona arqueológica. Y todo ello a pesar de que uno de los miembros más destacados de la familia es alto funcionario del sector cultura.

20.08.11
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Erradicadores

Todos están de acuerdo en que la política antidrogas que se ha venido ejecutando en el país durante largos años y que consiste en declarar la ilegalidad del cultivo de la coca y su persecución a través unidades policiales militarizadas, financiando el 100% de estas operaciones con la cooperación de Estados Unidos, es un fracaso.

Cada año se suma la cantidad de hectáreas erradicadas y la suma final es que a pesar de ello aumentan el número de hectáreas sembradas y sobre todo de cocaína producida y exportada. El supuesto de que destruyendo o quemando cocales, al final habrá menos droga en el mercado no funciona.

Pero cuando se habla de diseñar una política alternativa y de cambiar el trato con los productores para incorporarlos en un esquema de solución del problema que seguramente pasa por ampliar los usos de la coca legal, el aumento de las compras del Estado del producto y la progresiva sustitución de cultivos con desarrollo de mercados para los productos de la selva, para aislar a la mafia y reprimirla, lo que se dice es que nada de eso justifica suspender la erradicación.

Es decir quieren mantener la guerra contra los productores, lo que responde a varios conceptos (a) que el narcotráfico es un asunto puramente policial-militar que se combate con represión ; (b) que el único “enemigo” visible en este conflicto son los cocaleros que están fijado en el campo y que son la parte débil de la cadena del negocio, la que sin embargo recibe el casi todo el peso de la acción represiva; (c) que los demás actores de la droga caen cuando hay suerte o cuando se les quiere capturar, pero esos son los que mueven dinero y corrompen al resto; (d) que el esquema fallido de esta “guerra”, incluye una dimensión mediática, de construcción de opinión pública, en contra de los cocaleros y de otros objetivos, pero nunca logran identificar a las bandas y sus respectivos capos; (e) que hay periodistas, analistas, policías, procuradores, fiscales, jueces, que funcionan dentro de la lógica de los Estados Unidos y afirman que no se puede variar la política de erradicación.

Mucho se especula sobre las razones de todo esto, pero más o menos que hay consenso en que los Estados Unidos tienen motivos para mantener una intervención permanente en nuestros países con el asunto de la droga y una resistencia muy fuerte a encarar el problema del consumo, el tráfico, las mafias y el blanqueo de dinero, en su propio territorio. A su vez, también parece fuera de discusión el hecho que el financiamiento exterior de la política de erradicación ha creado una serie de lealtades e incondicionalidades, que luego se traducen en corrientes de opinión en el sentido de que lo único que se puede hacer contra la droga es perseguir cocaleros.

Los efectos de este tratamiento se reflejan en la llamada operación “Eclipse” de noviembre del 2010, que condujo a la detención arbitraria de 147 campesinos del Huallaga, 79 de los cuales permanecen presos hasta ahora. Los mismos que defendieron esa arbitrariedad protestan ahora por la suspensión temporal de la erradicación. Y es que la idea subyacente no puede ser otra que sugerir el apresamiento de todo sembrador de coca, lo que podría hacer durar las erradicaciones hasta el fin de los días. Lo que sería chamba asegurada y dinero para algunos.

21.08.11
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La urgencia de un estadio para Alan García

El peculiar sentido de la política de Alan García le hizo convertir la refacción de colegios existentes en una urgencia económica del país, cuando había una cantidad de centros educativos aún destruidos en la zona del sismo del año 2007 y muchas otras obras por hacer en ese lugar y en muchos otros lugares del país. Pero como la verdadera urgencia era gastar y la intención era hacerlo sin ningún control, el DU 004-2009 del 10 de enero del 2010, cambio el nombre de los llamados Colegios Nacionales (muchos de ellos las antiguas Grandes Unidades Escolares) por el de Instituciones Públicas Educativas Emblemáticas y Centenarias, a las que se les asignó un presupuesto de urgencia para reforzarlos y modernizarlos a un alto costo y a cargo de empresas constructoras amigas del gobierno.

Pero ahí no acabó todo. El 12 de enero. 48 horas después del DU 004, apareció en el diario “El Peruano” una “Fe de Erratas”, que indicaba que en la norma de los colegios emblemáticos se había olvidado un artículo que sumaba a las refacciones la del Estado Nacional, bajo la fórmula de Rehabilitación, Remodelación y Equipamiento de la Infraestructura del Estadio Nacional, a cargo del IPD. ¿Cómo se logra que rehabilitar un estadio sea parte de una supuesta urgencia de remodelar colegios que están en funcionamiento, y que una “Fe de Erratas” haya terminado costándole al país más de 200 millones de soles y como se mezclan en una misma disposición organismos diferentes como la presidencia del Consejo de Ministros, el ministerio de Educación y el Instituto Peruano del Deporte? Sólo Alan García sabe como se hace.

El hecho es que el 30 de enero hubo otro decreto de urgencia 010-2009, en el que se formula una lista de 52 proyectos priorizados, dentro de los que figura el Estadio Nacional, con la finalidad de “mantener el dinamismo de la economía nacional en el contexto de la crisis externa”. Es decir la prioridad no estaba establecida por la necesidad social de la obra sino por la ayuda que se quería dar a la economía para que mantenga su crecimiento y eso daba carta libre al presidente para decidir en qué cosa colocaba el dinero del Estado. El DU 011-2009, del mismo día autorizaba a utilizar 390 millones de soles para el sector educativo (colegios) y deporte (estadio), fijándose para este último caso un monto de 20 millones de soles.

Claro que Alan García es un mago en asunto de dineros, urgencias y excepciones a los reglamentos. Por lo mismo cuando apareció el presupuesto específico del IPD ya estábamos en 25 millones y de ahí para adelante todo fue para arriba. Así, el 23 de noviembre del año 2010, el IPD presenta una información al Congreso con el nombre de “Estudio de Costos y Presupuestos” en el que se elevaba la inversión hasta 140 millones 691 mil soles, con tres áreas de trabajo:

- Zona 1: Arquitectura, instalaciones eléctricas y sanitarias, instalaciones mecánicas, a un monto de 60 millones 515 mil soles
- Zona 2: Arquitectura, instalaciones eléctricas y sanitarias, instalaciones mecánicas, a un monto de 61 millones 148 mil soles
- Playa de estacionamiento: 19 millones

Las empresas constructoras que fueron escogidas para realizar las obras y las que se beneficiaron de las ampliaciones presupuestal Demol SAC, Pargas, COSAPI, DH Mont, Técnicas Metálicas, CESEL Ingenieros. El principal receptor de dinero y por tanto la que logra los mayores beneficios es COSAPI, vinculada al ex premier Kuczynski, pero no hay detalle en ninguno de los informes sobre su contribución específica.

Más sorpresas

Al comienzo del año 2011, el costo de ejecución del estadio nacional ya había sobrepasado los 205 millones de soles, de acuerdo a la siguiente secuencia:

- 2009: 23 millones 542 mil soles
- 2010: 83 millones 634 mil soles
- 2011 (previsión): 98 millones 582 mil soles

O sea que un capricho de Alan García que parecía de bajo costo, llegó como quién no quiere la cosa a representar unos 74 millones de dólares al cambio actual. Y puede resultar más. Como que en este año se dictó un enésimos Decreto de Urgencia relacionado al tema, el DU 014-2011, del 10 de abril del 2011 (día de la primera vuelta), que autoriza una partida adicional de 20 millones de soles al IPD para acelerar las obras del coloso deportivo con la obvia intención de llegar a julio en condiciones de poder inaugurarla. Una curiosidad de esta norma se ubica en el segundo considerando que explica los continuos incrementos presupuestales de la obra y en que se habla de los “adicionales de obra”, que sería consecuencia “de que la citada infraestructura deportiva tiene una antigüedad mayor a los 50 años”, lo que parece ya casi una burla porque la antigüedad del edificio era la premisa de origen de todo el proyecto. No podían demorar dos años en darse cuenta de que las instalaciones estaban deterioradas y convertir eso en una nueva “urgencia”.

Bueno, como se ha podido ver Alan García es casi un mago que nos ha colocado ante un gigantesco y rechoncho edificio donde antes existía un estadio emblemático que hacía honor a la infraestructura de los años 50. Pero este armatoste que cambia la fisonomía de la zona para aproximarla a la modernidad deportiva, pudo ser menos aparatoso y mantener el viejo diseño con refuerzos de seguridad y comodidad para el público, mientras se usaba el dinero para otras obras de infraestructura deportiva que el país necesita, si esa era la decisión del gobierno. Pero aún para los que les gusta el tamaño extra-large, habría que considerar que otras construcciones similares hechas en América latina, pero enteramente nuevas, costaron bastante menos que el rehabilitado José Díaz.

¿Clasismo?

Para justificar la faraónica concepción del estadio, el gobierno de Alan García ha argumentado que esta infraestructura “se paga sola”, es decir que al haber construido 385 palcos para ser subastados a particulares a precios que en promedio superan los 100 mil dólares se logrará recuperar el dinero invertido. Se traslada de esta forma un criterio privado de rentabilización a la obra pública que por extensión podría aplicarse a otros ámbitos como las carreteras, los colegios o los hospitales, en los que el Estado podría hacer ofertas para ricos y para pobres. La sola mirada de un estadio público coronado por instalaciones para gente con dinero rompe con el criterio democrático de igualar a los ciudadanos frente a una actividad de masas como es el deporte.

Por lo demás los expertos opinan que esta venta que aparentemente empezó muy bien, cuando los primero palcos fueron comprados por empresas amigas del gobierno aprista, va a hacerse cada vez más difícil cuando ya no se trate de una decena de compradores, sino de varios cientos. Lo que hace pensar que se hizo esto para justificar una recuperación teórica del capital, pero que igual el Estado habrá gastado al final más de la cuenta en una obra cuyo mayor utilidad ha sido dejar inmortalizada la figura del ex presidente García en una zona relevante de la gran ciudad.


21.08.11
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miércoles, agosto 17, 2011

Encuestas y opinión pública

Encuestas y opinión pública

¿Qué prefiere usted: comer o que le cambien la constitución?, ¿si le dieran a elegir entre hospitales y escuelas, o empresas públicas y líneas de bandera qué decidiría?, ¿desearía que le cambien violenta y radicalmente la política económica o más bien se inclinaría por una modificación lenta y sin sobresaltos?

Les aseguro que una encuesta con estas preguntas nos daría una perspectiva muy ilustrativa: (a) que la gente tiene otras prioridades antes que el debate constitucional, sobre todo si hay subalimentación y la población estima que sus ingresos les alcanzan apenas para comprar un limitado paquete de alimentos. Además nadie ha explicado la relación que puede tener la Constitución con los derechos, entre ellos el de una debida alimentación o el acceso al agua. Y muchos piensan que a las constituciones nadie les hace caso, les dan golpe de Estado, y los que están llamados a defenderlas no se acuerdan de ellas, como ocurrió con la de 1979.

A pesar de ello, un 20%, según IPSOS Apoyo, es decir uno de cada cinco peruanos y peruanas cree que es necesaria una nueva Constitución; un 12% piensa que hay que volver a la de 1979; un 39% se pronuncia por la reforma parcial; y sólo el 22% comparte la posición de la CONFIEP, el fujimorismo y la prensa de la derecha de que hay que dejar el documento del 93, tal como está. Un 71% quiere una reforma constitucional más o menos profunda, pero el titular de “El Comercio” afirma que “sólo el 21% lo considera un asunto urgente (la reforma) y el 54% opina que hay temas más importantes”. Por ejemplo, comer.

(b) que si nos dan a escoger entre más escuelas, hospitales o comisarías para perseguir a la delincuencia, o invertir esos mismos recursos en empresas públicas, que es cómo plantea la pregunta la encuesta de IPSOS Apoyo, el resultado obvio va a ser de 13% por las empresas estatales y 88% por las inversiones sociales. Pero nadie le dice a los encuestados que las empresas públicas tienen sentido si es para desarrollar actividades económicas y de servicios con consecuencias de desarrollo y bienestar. ¿Qué tal si la pregunta fuera si la población está de acuerdo en crear una empresa estatal del gas que garantice el acceso de los consumidores peruanos en todo el país y al precio más bajo, en lo que han fracasado los privados? ¿O que escoja entre la gestión privada del agua o la pública?, ¿o si está de acuerdo con el monopolio aéreo de LAN y la extraterritorialidad de LAP?

(c) que a la población le asusta lo radical está fuera de duda, tanto es así que el gobierno de Ollanta Humala está postulando un cambio gradual de la política económica, luego de los diversos ajustes de programa que hubo que hacer en segunda vuelta. Pero aún así hay un 31% de encuestados que opinan por la radicalidad (el mismo porcentaje que Ollanta obtuvo en primera vuelta). Un 48% pide cambios pero en una progresión moderada. Cualquiera titularía que hay 79% a favor del cambio de la política económica, mientras que sólo un 17% (los votos de PPK) no quieren ningún cambio, en la línea de los grandes medios, el ministro Castilla y Julio Velarde.

Pero “EL Comercio” lee que sólo un tercio del país, quiere otra política económica, y que el resto (dos tercios) no quieren cambios o los prefieren muy moderados. ¿Se dan cuenta como es el negocio de la manipulación de la información entre encuestadoras y empresas que pagan la cuenta?

17.08.11
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domingo, agosto 14, 2011

Adiós al FORSUR

Alguna vez García dijo que los que criticaban la ineficiencia del FORSUR en la reconstrucción de la zona afectada por el terremoto del 2007, eran perros y que su amigo Favre hacía muy bien en renunciar al cargo de presidente del organismo donde los había colocado en un alarde de modernidad y privatismo, debido a que no se tenía porqué aceptar las críticas despiadadas de la prensa. Ocurría sin embargo que la prensa no se metía con el FORSUR hasta después de un año de reconstrucción paralizada y aceptaron explicaciones como:

- Se están haciendo los estudios para el diseño de una nueva ciudad, antes de empezar a reconstruir.
- Hay un problema con los títulos de propiedad de la gente.
- Los primero es privatizar el puerto y el aeropuerto, así como el agua potable y la energía eléctrica.
- Hay gente interesada en el plan de reconstrucción de los hospitales (Canaán)
- Favre puede atender los asuntos de FORSUR desde Punta Sal, no es necesario que se instale en Pisco.
- Garrido Lecca se trasladó a Pisco y no se moverá de ahí hasta que la ciudad esté reconstruida.
- Chlimper y PPK se pelearon con Favre.

La única crítica que hubo desde el primer día en que se evidenció la proyección que García le pretendía dar a la reconstrucción, basándola en la inversión privada, la concesión de servicios y la generación de oportunidades para las ganancias capitalistas, lo que derivaba en la composición del directorio del FORSUR encabezado por un empresario pollero con inclinaciones al paramilitarismo, fue la de LA PRIMERA y en particular la que hicimos desde la Unidad de Investigación. Y el presidente sabía a quién se refería con su referencia canina.

Efectivamente el modelo García-Favre fracasó brutalmente y en los mismos años en los que el país vio crecer su PBI como nunca en su historia, los pueblos del sur chico sintieron todo el peso del olvido y ola postergación. El interés de la inversión privada siguió apuntando a los proyectos mineros y los lotes petroleros y gasíferos, mientras la reconstrucción de Pisco se detenía en el centro de la ciudad y algunos hoteles principales. Al final de su gobierno el APRA y la derecha habían perdido el apoyo electoral de Ica y sus principales ciudades que votaron hacia la izquierda.

El viernes Ollanta llegó a la zona del desastre y decretó el fin del FORSUR. Lo sentimos, en lo más íntimo, como una reivindicación. Hubo una lucha de muchos meses para demostrar que el gobierno anterior estaba engañando a la gente que más sufría en el país. Hoy la decisión es otra: usar todos los recursos del Estado existentes para ayudar a la gente a volver a tener una casa digna de ese nombre, terminar el hospital inaugurado después de cuatro años pero que aún no funciona, concluir las comisarías y escuelas, y fortalecer la provisión de servicios básicos. Si para eso es necesario la intervención de las Fuerzas Armadas, bienvenidas.

Lo que no puede aceptarse es la pasividad del poder que prefiere hacer un gran Estadio lleno de palcos para vender a los grupos económicos, y que posterga a las víctimas del terremoto. Y a los responsables de la desidia y el mal uso de los recursos dispuestos para la reconstrucción queriendo aún dar lecciones de cómo deben hacerse las cosas.

14.08.11
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miércoles, agosto 10, 2011

Señales de violencia

Tres son las malévolas señales que descubro detrás del atentado contra la familia Reggiardo y que me hacen dudar de que se trate de un simple intento de robo agravado por el uso de armas de fuego, como indica la policía, tan dada a armar historias truculentas en otros casos.

Primera señal: la agenda del Perú resulta directamente afectada por el hecho y se impone la idea de que el tema número uno, como dice algún columnista “el único” que realmente importa, por encima de los cambios económicos y las reformas sociales, es detener la mano de la delincuencia que si se atreve a disparar contra la hija de un Congresista qué más no podrá hacer contra el resto de la población. Esto está variando la lógica en la que se van definiendo las nuevas leyes y sesgando el debate a saber quién hace la propuesta más efectista, para acabar el día de mañana, con tan mortal flagelo. Así reaparecen nuevamente los propulsores de la pena de muerte, cadena perpetúa para todo, reapertura del Frontón, etc., que por supuesto no resolverán ningún problema pero conseguirán adhesiones; fracasarán a un cierto plazo y se volverá a pedir endurecimiento.

Segunda señal: la sensación de inseguridad se acrecienta lo que eleva los reflejos autoritarios de la sociedad que están a flor de piel después de la experiencia de la guerra interna de los 80-90, que han sido mantenidos y apuntalados desde el Estado y los medios de comunicación, con la finalidad de manipular la opinión pública. No se trata sólo de las repuestas primarias a la delincuencia agresiva: matar al agresor, aumentar las penas, sacar al Ejército; sino de la extensión de esta metodología de “solución” hacia otros campos como los conflictos sociales, las disputas políticas, etc. En esencia lo que se bloquea es la posibilidad que el país se pacifique realmente y deje de estar regido por escalas de odio. Disparar contra la hija de un congresista equivale a restituir la palabra “guerra” en el lenguaje cotidiano, ya no la “guerra contra la pobreza” u otras batallas sociales de las que hablan los políticos, sino de otra con armas contra un enemigo invisible que puede golpear en cualquier parte.

Tercera señal: se despliega lo que podría parecer fácilmente casi un ensayo de desestabilización generado a partir de un acto de violencia contra algún político visible. Cabe imaginar el impacto de lo que podría significar el acribillamiento de un congresista u otro dirigente de primer nivel, cualquier tienda política, o de un familiar directo que se lea como una evidencia de vulnerabilidad del poder, que se convertiría de inmediato en un cuestionamiento a la eficacia del gobierno, por más nuevo que este sea. Mucha gente que ha visto el caso de la familia Reggiardo ya está pensando eso y sintiendo que las declaraciones del ministro del Interior asegurando que se trata de delincuentes comunes tienen un sabor a evasiva a plantearse la hipótesis de una implicancia política en este atentado. Y no es que no se trate de criminales avezados, pero aún en este supuesto, no se excluye que hayan actuado direccionados, como sicarios pagados. Las nueve balas contra la camioneta, en la que no se encontraba el guardaespaldas que estaba repeliéndolos, indican una voluntad criminal hacia los ocupantes que carecían de armas.

Son demasiados mensajes en un solo acto como para no sentir que aquí hay muchos de extraños en este ataque que ha tomado el primer plano de la vida nacional.

10.08.11
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domingo, agosto 07, 2011

El Estado menor de edad

Esta discusión sobre el Estado empresario, subsidiariedad de las empresas públicas, línea de bandera, aparenta versar sobre teoría económica y conveniencias de desarrollo. Pero no es así. Lo que está escrito en el artículo 60 de la Constitución de 1993: “Sólo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, directa o indirecta, por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional”, no es un mandato sino un anti-mandato.

El Estado se auto-limita, colocando el requisito de una ley autorizativa y una condición de subsidiariedad para la realización de alguna actividad económica, directa o indirecta. Sin duda lo que se buscaba aquí es que en una eventual discusión de la ley se entrampase siempre cualquier iniciativa de autorización. Y que los argumentos para negar la propuesta siempre fueran: si hay algún privado participando o interesado en la actividad, el Estado debe abstenerse.

Y, por fin, quién podrá demostrar que alguna cosa tiene un “alto interés público” o “manifiesta conveniencia nacional”, en un país donde la energía, los servicios públicos, la infraestructura de transporte y otros ya perdieron esa condición. Obviamente la mejor redacción del artículo 60 podía haber sido “en ninguna circunstancia el Estado iniciará o realizará actividad empresarial alguna”, que es lo que ha venido ocurriendo en los últimos veinte años durante los cuales no se dictó ninguna ley autorizando actividades.

Simplemente no ha habido más que actividad empresarial estatal remanente, con viejas empresas parcialmente privatizadas: Petroperú, Electroperú, Sedapal y otras. Es decir una participación agónica que ha frenado su crecimiento, porque siendo entes públicos también están prohibidos de ampliar sus operaciones y competir. Lo que no se puede dejar de decir es sin embargo que el sentido de la Constitución y la política neoliberal no es decir lo que debe hacer el Estado sino lo que no debe hacer, como si se tratara del enemigo.

Así, el Estado recibió de la Shell, los campos de Camisea con depósitos de gas ya descubiertos e instalaciones para la explotación, lo que le permitía involucrarse en el proyecto a través de Petroperú, como operador exclusivo o asociado, y potenciar la enorme riqueza existente para impulsar conscientemente el cambio de la matriz energética y el abaratamiento de los combustibles. Pero no se quiso hacer y se prefirió la intervención de un consorcio que estaba bajo el liderazgo de una empresa sin capital, con socios interesados en la exportación y otros con voluntad de estafadores en el tendido del gasoducto.

De igual modo, llevamos años cediendo nuestros derechos aéreos (los mismos que todos los países explotan en su beneficio) a diversas empresas extranjeras: LAN, Aeroméxico, TACA, con la consecuencia de cada vez menor desarrollo aerocomercial, consumidores sometidos a prácticas monopólicas, amplias zonas del país desatendidas de servicio aéreo, etc. Y el Estado se ha seguido replegando, presionado por la truculenta historia de Aeroperú, que es pintada como una especie de mal absoluto, cuando su destrucción se produjo en manos privadas.

Cosa fuera que cada gobierno pudiese establecer la dosis de participación del sector público en asuntos económicos de acuerdo a su comprensión de las necesidades nacionales, y no que la supuesta ley de leyes le prohíba intervenir como si se tratara de un menor de edad.

06.08.11
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Con la del 93 se legalizó un golpe y se institucionalizó la corrupción

Algunas historias para comprender como lo de la Constitución no es mero debate teórico y que lo que ocurrió entre 1992 y 1993 ha tenido tremendas consecuencias.

En la segunda mitad de los años 90, las grandes empresas eléctricas de Lima, Edelnor, Luz del Sur y Edegel, desarrollaron curiosos y paralelos procesos de fusión con empresas más pequeñas (caso Edelnor con Edechancay) o de desmembramiento (Luz del Sur S.A., en Luz del Sur Servicios y Tecsur; y Edegel en Talleres Moyopampa y Edegel SAA).

Esta fiebre transformista estaba motivada ciertamente por un objetivo: hacer posible la revaluación de los activos de las “nueva empresas” (fusionadas y escindidas), que habían sido compradas a partir de muy bajas valorizaciones realizadas por firmas especializadas que las habían considerado casi como “huesos”, y que mediante la ficción de los “cambios” en el estatuto empresarial podían valorizarse nuevamente a precios muy superiores a los de la preventa y los pagados en la privatización.

Gracias a la revaluación, las eléctricas privatizadas subieron su valor de mercado y pudieron revenderse o asociarse con nuevos inversionistas (originalmente fueron adquiridas por chilenos y recompradas por españoles) con fuertes ganancias para los intervinientes en estas transacciones. Edelnor y Edechancay, eran ciertamente del mismo dueño, y la fusión no significaba nada en términos de desarrollo de la oferta eléctrica. Pero si multiplicó por tres el valor de la empresa distribuidora respecto a la privatización.

El punto crítico se planteó sin embargo poco después. Debido a que esta operación representaba una ganancia puramente financiera, no prevista en el esquema operativo regular de las empresas, la SUNAT, en tanto ente recaudador, exigió el pago de los impuestos correspondientes a la revaluación, a lo que las tres empresas retrucaron que se encontraban amparadas en convenios de estabilidad jurídica, lo que quería decir que no se verían afectadas durante la vigencia del convenio, por cualquier variación en la legislación tributaria del país. Para defenderse del cobro las empresas invocaron los Decretos Legislativos 662 y 757, dictados durante el período que media entre el golpe de Estado de abril del 92 y la instalación del Congreso Constituyente Democrático (enero de 1993) y la aprobación de la nueva Constitución.

En esencia las tres empresas (y otras en el resto del país), consideraron que los alcances de la estabilidad jurídica y tributaria que les había otorgado un paquete de decretos del período extra-constitucional y golpista, debía llegar hasta las ganancias extraordinarias obtenidas de la revaluación. Es decir que el Perú no tenía que recibir ninguna participación en este ajuste tramposo que les permitía obtener dinero por fuera del objeto de su inversión original. Estos casos fueron trasladados al arbitraje, otra innovación procesal de la etapa golpista, donde intervinieron personajes como Jorge Avendaño, Jorge Santisteban, Baldo Kresalja, Mario Paso, entre otros, que fallaron en los tres casos que no se aplicaba la ley del impuesto a la renta por los convenios de estabilidad.

El asunto llegó finalmente al Tribunal Fiscal (que debe resolver las disputas entre el órgano recaudador SUNAT y los contribuyentes), en el año 2002, que en sala plena y con 16 votos de sus miembros (2 estaban ausentes) definió que no podía ir contra el fallo arbitral así los considerara equivocado. Para tomar esta decisión los magistrados hicieron mención a dos artículos de la Constitución de 1993:

Artículo 62: “…mediante contratos-ley, el Estado puede establecer garantías y otorgar seguridades. No pueden ser modificados legislativamente…”

Artículo 63: “El Estado y las demás personas de derecho público pueden someter las controversias derivadas de la relación contractual a tribunales constituidos en virtud de tratados en vigor. Pueden también someterlas a arbitraje nacional e internacional, en la forma que disponga la ley”.

Esto quería sustentar la idea de que siendo el ente rector en materia tributaria, el Tribunal Fiscal no podía objetar que el gobierno al frente del Estado hubiese concedido beneficios indebidos a las empresas eléctricas privatizadas, y tampoco podía pronunciarse por el fallo de los árbitros que las empresas y el gobierno habían establecido. La consecuencia de todo esto fue una pérdida tributaria de más de 300 millones de dólares a favor de las empresas extranjeras, a más del increíble beneficio de la revaluación.

Gas para el exterior

En febrero de 2006, el consorcio Perú LNG, formado por Hunt Oil de los Estados Unidos y SK de Corea del Sur, suscribieron un contrato de exportación del gas peruano, que consideraba el 100% de las reservas del lote 56 y un adicional correspondiente a poco más de la cuarta parte del lote 88, que estaba originalmente consignado exclusivamente al abastecimiento interno. Este contrato al que después se sumarían Repsol de España y Marubeni de Japón, garantiza abastecimiento de gas natural peruano durante quince años, a las plantas mexicanas por un valor que se calcula sobre los 15 mil millones de dólares, existiendo otros potenciales mercados, entre ellos Canadá y Chile.

Para llegar a este acuerdo, el gobierno de Alejandro Toledo y su primer ministro Pedro Pablo Kuczynski, siguió una ruta tortuosa: modificó el horizonte de abastecimiento interno que era de veinte años que debía asegurarse de manera permanente (verificarse cada año) por “garantías de abastecimiento”, sin precisión en el tiempo; dictó luego una ley autorizando la exportación de gas natural; finalmente dictó el DS 050-2005-EM, que destinaba el contenido total del pozo 56 a la exportación y parcialmente (alrededor del 25%) del lote 88 originalmente exclusivo para el uso interno, a la exportación.

Varias veces se mintió al país sobre la cantidad de gas existente, para justificar la exportación, mientras el proceso de expansión de las conexiones domiciliarias, la instalación de grifos de gas vehicular y los contratos con empresas para el uso de energía en base a gas iban a paso de tortuga, se aceleraban los trabajos de construcción de la plana de Melchorita (la más grande inversión industrial del país) encargada de licuar el gas y exportarlo en estado líquido. Más de 3 mil millones fueron metidos en esta planta y en sus instalaciones complementarias, mientras el gasoducto fue pagado con impuestos especiales a las facturas de electricidad de todos los peruanos. Evidentemente había un interés claro puesto en el plan de exportación que lideraba el consorcio LNG, encabezado por Hunt Oil de Estados Unidos, ligada a PPK. La otra mentira ligada a lo anterior era la que decía que sin exportación no hubiera habido inversión en Camisea, cuando el proyecto de sacar el gas al exterior se inicia en el 2003, tres años después de firmado el contrato.

En julio del 2010, los pobladores de la provincia de La Convención, en Cusco, y de la zona gasífera del Camisea, se declararon en huelga en contra de la exportación del gas natural Por la fuerza de la protesta el gobierno finalmente cedió y abrió una negociación en la que en medio de las tensiones, el ministro Velásquez sacó de un sombrero el DS 053-2010-MEN, que derogaba el decreto 050-2005- MEM, que había autorizado el contrato de exportación y el uso de las reservas de los lotes 56 y 88. Pero, para maravilla del mundo, una vez derogado el decreto que engendró el contrato, no se acabó el compromiso, ya que en mérito del artículo 62 de la Constitución del 93, que da categoría de “ley entre las partes” al documento firmado para ejecutar la exportación, se mantiene vigente aunque ya no tenga respaldo legal.

En resumen se puede decir que es un contrato que contradice la ley (está vigente la que prohíbe usar el lote 88), pero es válido porque ya fue firmado por violadores de la ley que ya fueron desenmascarados. Pero como la otra parte aparentemente (sólo aparentemente) es ajena al enjuague puede apelar a la buena fe y decir que lo firmado, firmado está. Para eso se hizo la Constitución del 93. Hasta ahora, en pleno gobierno de Ollanta Humala, el lote 88 sigue teniendo destino en la exportación.

El aeropuerto concedido

El ministro Luis Enrique Ortega Navarrete formó parte del equipo llamado de transición que gobernó al Perú desde el 25 de noviembre del 2000 hasta el 28 de julio del 2001, con el propósito de garantizar la realización de nuevas elecciones tras la fuga de Alberto Fujimori. Se suponía que había jurado el cargo para restablecer la confianza en la posibilidad de un gobierno honesto y de que los delitos cometidos por sus predecesores no quedaran impunes.

Uno de los actos finales de la dictadura había sido precisamente forzar la entrega del aeropuerto Jorge Chávez, cuya adjudicación fue finalmente realizada, contra viento y marea, el 15 de noviembre, por ministros que ya no tenían presidente, y que carecían de poderes reales, ya que uno de los vicepresidentes había renunciado y el otro no se atrevía a asumir el cargo, que implicaba vacar al fugitivo. Pero igual, no se sabe qué compromisos llevaron a los ministros Boloña (Economía), Bedoya Camere (Transportes) y al ex primer ministro Pandolfi, a impulsar hasta el final la entrega de nuestro primer terminal aéreo.

Todo por supuesto se hizo en un extraordinario desorden. El día 21, los ministros dejaron sus cargos, con el premier Federico Salas a la cabeza, y en el despacho del titular de Transportes, Augusto Bedoya se quedó sin firmar la resolución por la cual se aprobaban una serie de modificaciones de las bases de la licitación, cambiando la obligación del operador de adquirir los terrenos para la ampliación de la pista y transfiriéndola al Estado, entre otros cambios. Este documento estaba fechado 23 de agosto, que fue cuando los postores fueron invitados a presentar su propuesta definitiva. En las siguientes semanas, sin embargo, caerían la mayoría de los postulantes y se entregaría la concesión al consorcio LAP que ya no tenía competencia.

El 26 de octubre del 2000, se abrió el sobre y se supo lo que todos sabían, que el consorcio armado entre el Aeropuerto Frankfurt, la constructora Bechtel de Estados Unidos y la peruana COSAPI, eran los ganadores de una concesión por 30 años, ajustada a las bases del 23 de agosto. Días después del final del gabinete Salas, se nombró el gobierno Provisional de Valentín Paniagua. Revisando papeles el nuevo ministro Ortega, se encontró con resoluciones no firmadas, entre ellas las de las bases de la licitación del aeropuerto, y cómo no se le ocurrió otra salida decidió poner su firma y su sello, como si hubiera estado en el ejercicio del cargo el 23 de agosto, es decir tres meses antes de juramentar ante el presidente.

De hecho había invalidado el acto jurídico y colocado a la concesión en una situación insostenible ya que no hubo realmente representante del Estado que pudiera ser responsable por la decisión. Si se aplicaba estrictamente el famoso artículo 62 de la Constitución se diría que no hubo acuerdo real entre las partes porque los representantes del Estado que aparecen firmando diversos documentos no tenía mandato para hacerlo (también los encargados de LAP tenían mandato imperfecto). Pero, cuantas veces se ha recurrido a los jueces y tribunales para resolver eta precariedad jurídica que agravia al país, lo que han contestado los administradores de Justicia es que los que han hecho la demanda no han sido contratantes y por tanto no son parte del caso y no tienen nada que decir. Quiere decir que el Estado no es de los peruanos, sino de los ministros y otros funcionarios que hacen lo que les dq la gana.

Pero al negar que cualquier persona tiene derecho a salir en defensa del patrimonio público y el cumplimiento de la ley, los jueces dicen algo muy cierto, que la Constitución de 1993 ha convertido el contrato público en equivalente al privado, es decir los únicos conectados en el acuerdo son los que firman y si el reclamo no es de uno de los dos no cabe revisión del caso. O sea tendría que reclamar LAP que se ha beneficiado 11 años de una concesión irregular o los ex ministros Bedoya, Ortega o PPK, que quién sabe qué lazos ocultos los ligan a la concesión.

06.08.11
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Escalofríos constitucionales

Esta semana me enteré leyendo un diario que anuncia usar uñas y dientes para defender el legado de Fujimori, que los escalofríos que la derecha criolla aún sufre respecto a los contenidos económicos de la constitución de 1979, se afincan en frases tan truculentas como las siguientes:

- “El régimen económico de la República se fundamenta en principios de justicia social… (artículo 110).
- El Estado formula la política económica y social mediante planes de desarrollo que regulan la actividad empresarial del Sector Público y orientan en forma concertada la actividad de los demás sectores. La planificación una vez concertada es de cumplimiento obligatorio. (artículo 111)
- El Estado ejerce su actividad empresarial con el fin de promover la economía del país (artículo 113)
- Por causa o interés social o seguridad nacional, la ley puede reservar para el Estado actividades productivas o de servicios (artículo 114)
- La propiedad obliga a usar los bienes en armonía con el interés social (artículo 130)

Vuelvo a leer y me doy cuenta que estos textos son realmente de miedo: ¿cómo no me voy a asustar con que se reclame principios de justicia social al régimen económico, si yo creo que el único objeto de la economía es el lucro particular?, ¿no les parece un mejor principio: “la iniciativa privada es libre” (artículo 58, Constitución de 1993), de modo que la “justicia social”, la “inclusión” o cualquier otro se eliminen de las responsabilidades estatales?

Otra idea: ¿no les parece bárbaro que hayan planes de desarrollo?; ¡estatismo puro!, ¡Cuba!, ¡chavismo!, ¡soviets! Claro, sin planes es mucho mejor, porque así se puede decidir que un estadio es una urgencia nacional, mientras el sur sigue sin ser reconstruido. Y eso de querer concertar los planes con los privados, ¡mi madre!, obvia intención de que el Estado les diga a los señores del dinero en lo que deben invertir. Porque a mí nadie me va a contar el cuento de la “concertación”.

Más: ¿cómo se le ocurre a alguien decir que la actividad empresarial tiene el fin de promover la economía nacional, cuando lo justo es consignar que “Sólo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, directa o indirecta” (artículo 60, Constitución de 1993), que en términos llanos debería redactarse de que el Estado sólo actúa en función al interés de los privados (subsidiariamente) y autorizado por ley?

Y otro: si no hay interés social o seguridad nacional que cautelar, ¿cómo se podría justificar una reserva estatal de actividades económicas y servicios? Pongamos un caso, que podría ser el del agua potable en una perspectiva de escasez. Si pienso que es obligación del Estado asegurar el acceso a este recurso vital a toda la población, seguramente justificaré la intervención. En cambio si creo que hay que dejar todo a que lo resuelva el mercado, y que la capacidad de pago de cada quién determine la distribución, insistiré seguramente en que no haya reserva, teniendo presente que la escasez aumentará las utilidades del servicios.

Finalmente: ¿si la libre empresa lo es todo, por qué voy a armonizar mi interés con el social? Por ejemplo: ¿por qué tendría que importarme el cuidado ambiental, la cultura comunal que rodea las inversiones, las aspiraciones y derechos de los trabajadores?, ¿no es exactamente lo que se ha hecho en los últimos veinte años, exaltando el crecimiento (que es de algunos) e ignorando los derivados negativos de las formas extractivistas y depredadoras del crecimiento?

Frustraciones

Los que no creemos que el “crecimiento de la economía” se debió, como dicen, a la Constitución de 93 (toda América Latina creció en el período con las más variadas orientaciones constitucionales), ni que la crisis de los 80 derivó a la carta del 79 (casi toda América Latina vivió la década perdida con diversos enfoques constitucionales), debemos convenir que lo que si estuvo en juego en estas dos etapas de nuestra historia fue el balance de las nacionalizaciones y reformas del gobierno militar.

Los constituyentes de 1979 no podían negar los cambios que habían ocurrido en el país y sobre todo la orientación hacia una mayor soberanía popular y desarrollo pensando en los de adentro, que había encarnado en las mayorías y que se expresaba en una fuertísima movilización callejera. Si el PPC que fue uno de los grandes inspiradores de la Constitución le hubiese dado el enfoque de la del 93, que es mucho más fiel a lo que es su pensamiento real, y si el APRA hubiera cedido totalmente a la derecha como suele hacer, es probable que las masas se les hubieran rebelado y la Asamblea que ya llevaba el mote de conciliadora con la dictadura hubiese acabado mal.

No hay que olvidar que aún para hacer la contrarreforma, Morales Bermúdez se proclamaba la segunda fase de la revolución militar. Es por todo esto que tenemos la paradoja de que los autores y suscriptores de la Constitución del 79, han desertado a ella y capitulan a la que fue impuesta con golpe de Estado y referéndum fraudulento, y curiosamente la izquierda que no firmó la Carta por considerarla insuficiente y proclive al capital, es la que encuentra mayores identidades con el espíritu general de ese período. La Constitución de 1993, fue hecha sin masas y sin presiones sociales, salvo las de los grandes empresarios que hacen conversaciones como las registradas por Montesinos en sus vladivideos.

La Constitución del 93, se estructura sobre la derrota social; la indefensión de los trabajadores que se quedaron sin empleo, sindicatos y derechos; la militarización donde cualquiera podía ser acusado de senderista; el dominio del SIN, los chuponeos y la corrupción. En esas condiciones se arma un documento que expresa la alianza de los golpistas a la parte más corrupta de la inversión (la de las privatizaciones, concesiones y renegociación de la deuda). A este esquema se subieron luego los particos que conciliaron con Fujimori y que luego lo reemplazaron en el poder.

Es a partir de la derrota social que se puede ser sincero y decir que buscar justicia o compatibilizar propiedad privada con interés social son cuestiones de escándalo. Y lo dicen aún hoy en que Ollanta Humala ha sido elegido democráticamente. Es decir esperan que todo siga igual.

06.08.11
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martes, agosto 02, 2011

El país reclama investigación a Alan García

Encuesta de Imasen que indica que el 71.9% de los peruanos (71% en Lima) exigen investigar los delitos económicos del período de Alan García

El 72% de los peruanos están de acuerdo en que se investigue la gestión del ex presidente Alan García. Este dato es crucial, dado el extraordinario esfuerzo realizado en las últimas semanas del anterior gobierno para llenar los ojos de la población con un gran número de obras inauguradas a ritmo galopante los que se tradujo en una mejora de los índices de aprobación del presidente que llegaron según algunas encuestas encima del 40%.

Aparentemente esta estadística habría envalentonado al saliente para fanfarronear con la idea de que si finalmente se investigaba el manejo económico de su gobierno, respondería volviendo a postularse para la presidencia el 2016. Así que si queríamos deshacernos de su presencia debía dejarse las cosas como están y meter las diversas pruebas e indicios de delitos e irregularidades cometidas en el congelador.

Pues bien, la población –incluida la que aplaudió las obras físicas-, no está de acuerdo con el borrón y cuenta nueva, y ha decidido apoyar la iniciativa que empieza a discutirse en el nuevo Congreso para revisar en profundidad las decisiones más discutibles del período 2006-2011, y la responsabilidad presidencial. El congresista Javier Diez Canseco está actualmente voceado para presidir una comisión de investigación, lo que reeditaría el esfuerzo que se hizo entre 2001-2006, con los diez años del régimen de Fujimori, de lo que ha quedado el testimonio de valiosos informes que son citados continuamente.

¿Cuáles son los temas que exigen la mayor atención del Congreso para evaluar la gestión de Alan García? A primera vista se pueden anotar cuatro grandes casos:

Terremoto del sur

En relación a la actuación del gobierno de Alan García respecto a la respuesta inmediata y el proceso de reconstrucción de la zona afectada por el sismo del 15 de agosto de 2007, lo que va desde el caso del SIS, que compró raciones alimentarias con sobreprecio para su reparto a las víctimas, y el posterior indulto irregular del presidente de ese organismo y principal responsable de esa adquisición dolosa, hasta el esclarecimiento de los destinos aplicados a las donaciones del exterior, llegando finalmente al balance de los fondos aplicados durante cuatro años que no han permitido una avance significativo en las obras de reconstrucción.

El FORSUR fracasó totalmente en la tarea de la reconstrucción, desperdiciando tiempo y recursos, en una situación crítica en la que ambos elementos eran fundamentales. Esta instancia fue creada por capricho de Alan García que constituyó un directorio en base a empresarios privados que no eran funcionarios del Estado, pero tenían una responsabilidad pública. Este grupo se fue cuando arreciaron las críticas y sin explicar lo que habían hecho y los errores cometidos. Hasta hoy subsiste una necesidad de responder por lo que se prometió como una reconstrucción en tiempo récord, y resultó en un récord de demora y frustración.

Petroaudios

Este caso referido a la actividad lobista de funcionarios del Estado y personas ligadas al gobierno aprista, para asegurar la asignación de obras públicas y la obtención de concesiones petroleras del Estado, en complicidad con ministros y otras altas autoridades, se ha producido una intensa manipulación de pruebas y un comportamiento doloso de la policía, los fiscales y la justicia, para impedir el esclarecimiento del caso. El objetivo de esta intervención ha sido evidentemente oscurecer la responsabilidad e los miembros del gobierno: ex premier Jorge del Castillo, ex ministro Hernán Garrido Lecca, ex secretario general de Palacio, Luis Nava, ex presidente de Perupetro, Daniel Saba, entre otros; pero sobre todo dejar fuera de la investigación al ex presidente Alan García.

Nuevas revelaciones recientes en el caso paralelo de las intercepciones telefónicas, han puesto como un tema a investigar el caso Petrotech, que sería el de la presión del gobierno y los lobistas para lograr la venta “por fuera” de los activos de esta empresa petrolera, implicada en una fuerte deuda tributaria y diversas irregularidades, a sectores vinculados al gobierno, lo que implicaba una transferencia de gran escala. Para esto se habría utilizado a la empresa petrolera Discovery, casi como una punta de lanza del grupo corrupto del gobierno.

BTR

Lo que está por investigarse es el papel del chuponeo telefónico en el surgimiento y la configuración del régimen aprista. La hipótesis es que durante el período 2006-2011, funcionó la red de intercepciones más grande de la historia, superior a la existente en la época de Fujimori, teniendo como centro a elementos de la marina en retiro y actividad, combinando operadores privados (empresas de seguridad) y militares (inteligencia naval). El vicepresidente Luis Giampietri habría sido un elemento articulador y Alan García no sólo toleró sino alentó la actividad que le permitía tener información completa de lo que hacían los distintos sectores políticos (incluidos miembros del propio gobierno), empresariales y mediáticos.

El destape de los petroaudios y la detención de los integrantes de BTR; rompió uno de los eslabones claves del sistema, y generó una crisis en las relaciones entre el gobierno y la Marina de Guerra, pero no acabó con el chuponeo. Sin embargo el control gubernamental sobre este proceso se debilitó. Actualmente estamos a la espera de los destapes prometidos por Ponce Feijoó y Tomasio para el mes de agosto, que prometen ser explosivos.

Decretos de urgencia

Todos recuerdan que Alan García logró controlar los daños de la crisis de los Petroaudios mediante el acto teatral de la condena a las “ratas” de su gobierno (león y Químper) y la posterior captura de BTR. Lo interesante es sin embargo que esto ocurre entre octubre y enero de 2008, período en el que también se hacía evidente la crisis financiera internacional. En ese momento García encuentra otro mecanismo para manipular el gasto público: los decretos de urgencia autorizándose a sí mismo para gastar. Entre finales del 2008 y el año 2011 se aprobaron una verdadera hemorragia de decretos, amparados de manera forzada en el dispositivo constitucional que da rango de ley a los decretos económicos de urgencia.

Está en discusión la validez de declarar una supuesta “emergencia nacional” a partir de la retracción del sector privado, para justificarla ejecución de proyectos decididos arbitrariamente: tren eléctrico, colegios emblemáticos, estadio nacional, teatro nacional, nuevo hospital del niño y otros, que se asignaron saltando procedimientos de análisis técnico y de control previo, y que recayeron regularmente en empresas ligadas al régimen. Estas obras presentan fuertes indicios de colusión entre gobernantes y ejecutores; sobrevaluación (las obras cuestan más de lo que deberían costar); manipulación de los contratos originales (mediante decretos posteriores se permitió variaciones en las obras y aumento en el costo final); etc.

Asimismo representaron un trastrocamiento de las prioridades nacionales favoreciendo el centralismo, los caprichos presidenciales y la idea elitista del deporte, entre otras deformaciones. El país espera que se evalúe la base legal de los decretos y el empleo de los dineros públicos.

02.08.11
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