Abuso de derecho

En el año 2003, Osmán Morote Barrionuevo, el primer dirigente del Comité Central de Sendero Luminoso en ser tomado preso, cumplió los quince años de carcelería a los que había sido condenado de acuerdo a la legislación que regía en los años 80, pero no salió en libertad porque el gobierno de Fujimori lo denunció como cabecilla de la revuelta de prisioneros senderistas en el penal de Castro Castro del año 1992, que concluyó en la muerte de más de 50 reclusos, hombres y mujeres, la mayoría de ellos fusilados por órdenes del más alto nivel, asunto que dio origen a un proceso ante la Corte Interamericana en la que el Estado peruano como en otros casos salió por la pata de los caballos.

Precisamente en aquella ocasión a Morote no lo ejecutaron por decisión de Fujimori para que quedara por lo menos vivo uno de los dirigentes en prisión, pero lo marcaron con un tiro en la nalga que era como una sangrienta burla sobre el vencido. El nuevo juicio, superpuesto al original le extendió la pena al considerado como el 2do hombre de Sendero hasta los 25 años, que se cumplieron hace algunos días. Pero Morote tampoco ha salido en libertad, a pesar de que no se trata de extenderle ningún beneficio carcelario, sino de un caso casi excepcional de cumplimiento de todo el plazo de dos penas sucesivas.

Para explicar esta arbitrariedad se arguye que hay otro juicio pendiente que acaba de iniciarse sobre un caso anterior a su detención, cuando era integrante del Comité Central y participaba de sus decisiones principales. El tema es que los promotores de este procedimiento son perfectamente conscientes de que lo que están haciendo es una maniobra jurídica que busca satisfacer a un sector de la opinión pública y los medios que consideran que el dirigente senderista sigue siendo un peligro público con sus 68 años a cuestas y sus 25 acumulados en la cárcel. La congresista Marisol Pérez Tello lo explicó varias veces como la “gran solución” a este caso, que se había elaborado en la Comisión de Justicia y que se le había entregado a los jueces.

La “solución” por cierto que viola las mínimas garantías procesales y finalmente va a ser indefendible en cualquier escenario internacional de derechos humanos, pero lo más grave es que revive el concepto fujimorista de que la ley puede ser aplicada de manera diferenciada según las personas y las ideas políticas que profesen, y no por la naturaleza de los delitos claramente establecidos en las leyes. Alguien dirá: pero se trata de senderistas, o sea de un peligro para la convivencia democrática del resto. Pero el abuso de derecho sobre cualquiera, es siempre una amenaza para la sociedad en su conjunto Mientras más tiempo nos demoremos en entenderlo, mayor será el costo.  

 17.06.13

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