Aunque quizás usted no lo sabe, el otro mercado mayorista,
el de frutas, de la avenida Nicolás Ayllón en La Victoria, también tiene su lío judicial y dos jueces
que desafían los principios para mantener como administradores a un grupo de
personas que salieron de la nada para alterar y aprovechar el proceso de
transferencia de los puestos a sus conductores y la caja diaria de los cobros
por los camiones que ingresan a la zona de venta.
Esta historia que bien merece su lugar en la antología de la
justicia fumigable de la que hablaba el presidente de la Suprema, comienza con
el llamado proceso de privatización de los mercados públicos (ley 26569, año
1996) y las controversias entre los comerciantes y el municipio de La Victoria
que culmina en julio de 2001, cuando el Tribunal Constitucional ordena la venta
de los puestos a sus conductores y reconoce a la Comisión Transitoria de
Administración formada por ellos y presidida por el señor Willy Cuadros.
Hasta ahí todo era claro. Pero en diciembre del 2010 el Juez
Carlos Vargas García resolvió de manera claramente dolosa una supuesta
diferencia entre la Municipalidad de la Victoria y una inventada Asociación de
Defensa y Modernización del Mercado de Frutas, presidida Javier Casabona y
Patricia Ñaña que no son comerciantes y que se “nombraron” en una asamblea
ficticia en cuya lista de asistencia figuran personas que juran no haber
asistido y un número elevado de fallecidos.
La resolución de este juez fue anulada en segunda instancia
y el responsable procesado en la OCMA por falta grave. Pero eso no ha evitado
que luego de la nulidad aparezca la jueza del 6º Juzgado Civil, Rocío del Pilar Romero, para mantener vivo el
problema como si la resolución del juez Vargas García siguiera vigente y la legítima
Comisión Transitoria de Administración careciera de derecho para exigirle que
resuelva el caso.
Muchos comerciantes piensan que este comportamiento sospechoso
de los jueces que reconocen dirigencias inexistentes y se niegan a acatar al
Tribunal Constitucional y a la Sala Superior, podría estar motivado por algo
más que incompetencia jurídica. La administración del mercado genera muchos
miles de soles diarios y el grupo que está entornillado ilegalmente en las
oficinas administrativas porque la jueza Romero no quiere que se vaya carece de
controles para hacer uso de estos recursos ya que su asociación no tiene bases
y mecanismos de vigilancia.
La jueza del 6º Juzgado, siguiendo el camino de su antecesor
ya está quejada ante la OCMA por retardo en la administración de justicia. Pero
la verdad de todo esto es que se ha comprobado que el caso Malzon de La Parada
no es único. Parece que hubiesen jueces dispuestos a representar una justicia
de mercado, en la que los derechos quedan a merced del mejor postor.
13.05.13
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