Me faltó contar entre los perdedores del 17-M, a los
magistrados del Jurado de Elecciones. A estas personas hay que preguntarles
ahora si creen que alentaron el ejercicio democrático cuando mantuvieron sin
sanción a los falsificadores de firmas que con este recurso se ganaron el
“derecho” a presentar nuevos lotes, incluido el último llegado a destiempo que
se validó con el expediente de que un funcionario de RENIEC erró la fecha
límite que era pública y conocida.
Luego vino el asunto de convocar a la votación en un plazo
de poco más de cuatro meses que incluían las fiestas de fin de año y el cambio
de la jefatura de la ONPE. No importaba. Lo que contaba era que el tiempo corto
favorecía la revocatoria, por lo menos eso decían las encuestas que traducían
un estado de ánimo inicial claramente inclinado al Sí. El propio trato otorgado
por los jurados a la alcaldesa y su equipo, daba una idea de contraste con el
que se dispensaba a sus adversarios: a unos casi les desconocía su condición de
autoridad y a los otros, aparte de falsificaciones y malacrianzas, se les
permitía mantener un falso promotor, tras el cual había un abogado advenedizo
que hablaba por él y otros que se fueron juntando, mientras todo el mundo
hablaba de políticos en la sombra que empujaban el proceso.
Pero lo que sin duda es el peor pecado de los señores que
deben cuidar la legalidad electoral es haber violado la ley de revocatoria que
señala, como lo recuerda el doctor Olivera Díaz, que este tipo de proceso es
individual, fundamentado y sin pruebas, lo que quería decir que se debía
individualizar los casos de la alcaldesa con los de cada regidor, y fundamentar
cada uno de ellos con las razones que fueren, sin presentar prueba. Pero no se
hizo eso, sino que se achacó “incapacidad” en la alcaldesa y se le imputó
faltas increíbles como el retraso del tren eléctrico o las fallas en la
seguridad ciudadana, pero no se dijo porque tenían que irse los regidores,
incluidos los de oposición y el hijo de Castañeda, cuando no tenían capacidad
individual de decisión en los puntos consignados.
El JNE se zurró en la ley y aceptó un pedido revocador que
planteaba traerse abajo a la alcaldesa y
todo su Concejo, lo que estando fuera de la ley, tampoco está siendo
cumplido, porque tal como anota Vitocho García Belaúnde, la opción era todo el
Concejo o nadie del Concejo, lo que no es lo que ha estado ocurriendo ya que los electores han discriminado en la
lista de acuerdo a su criterio y sin ninguna fundamentación individual. Por
tanto todo esto ha estado mal hecho y alguien deberá responder por estos
absurdos legales que afectan a la ciudad y a credibilidad electoral.
20.03.13
www.rwiener.blogspot.com
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