No me sorprende nada la actitud altanera de Rafael Rey ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, en defensa de lo indefendible, es decir del contrato entre el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la empresa israelí CST, por 40 millones, para la prestación de servicios de capacitación de combate y asesoría para el VRAE, elaborado como secreto militar y selección a dedo, con los nulos resultados que están a la vista.
La esencia de su argumentación es que la Contraloría que emitió el informe de evaluación del contrato, estuvo al tanto del proceso de contratación por lo que si hubo colusión para el delito, significaría que el propio contralor debería estar entre los acusados. A eso, por cierto, le acompaña afirmaciones de que nadie se mete con “su gente” y que la intención de la investigación sería dañar a las Fuerzas Armadas.
Bueno, digo que esto no es sorprendente porque es el mismo estilo que usó Rey para enfrentar al Congreso en el tema de las cuotas pesqueras y la contratación de Ipsos-Apoyo, para la sustentación de esta propuesta que ha concluido en la monopolización de la pesca por las siete hermanas de la Sociedad de Pesquería. Entonces, el que era en esa época ministro de la Producción dijo que el estudio de la consultora había sido pagado por alguien que no conocía y no quería conocer. Y ocultó que su gerente era también director de una de las grandes pesqueras que venían proponiendo las cuotas desde varios años atrás.
Lo mismo fue con el asunto de los tanques chinos que marcharon por el Campo de Marte en un alarde de que se venía una modernización del equipamiento militar. Nuevamente como ministro, esta vez de Defensa, Rey dijo que esos eran los tanques que convenían al país y mando a callar a los criticones. Pues bien, nunca se compraron tales aparatos y hubo que cancelar una suma por el uso de los dos tanques que participaron de la marcha antes de ser devueltos a su país de origen.
Puedo seguir y citar los argumentos de Rey en “defensa de las Fuerzas Armadas”, cuando votó por amnistía al Grupo Colina en 1995. Y, peor aún, su moción en minoría, junto con Velásquez Quesquén, en la investigación sobre el Comando Rodrigo Franco en el 2003. Ahí niega la responsabilidad de Agustín Mantilla y “Chito” Ríos, usando como argumentos las investigaciones del ministerio del Interior de la época aprista sobre sus propias autoridades, y pretende que el nombre del comando se usó para acciones dispersas de diversos grupos.
Actualmente el Poder Judicial tiene un proceso abierto a los miembros del Rodrigo Franco, desmintiendo lo dicho por Rey y Velásquez. O sea que la prima dona del último miércoles tiene cantidad de mentiras dichas en el mismo tono. Un rey de la impunidad.
01.03.13
www.rwiener.blogspot.com
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