Eran los días siguientes a la segunda vuelta del 2011 y
Daniel Abugattás que ya estaba lanzado para la presidencia del Congreso, le
confirmó a Javier Diez Canseco que él presidiría la Megacomisión para
investigar los delitos económicos del segundo gobierno de Alan García y le
pidió que fuera formando su equipo.
Javier me convocó para ofrecerme participar en ese esfuerzo
que parecía fundamental para hacer el corte entre un gobierno y otro. Ya lo
había hecho cuando encabezó la Comisión sobre el período de Fujimori y realizó
el más serio trabajo de recopilación de información para acusar a un régimen
profundamente corrupto con pruebas de sus atrocidades.
Empezamos una serie de conversaciones sobre lo que debería
ser este nuevo proceso. Y lo primero que dijo Javier fue que lo que pudiésemos
decir lo haríamos siempre y cuando tuviéramos los elementos suficientes para
sustentar cualquier denuncia. Eran, sin embargo, recién los finales de junio
cuando empezó a circular el rumor de que se negociaba la organización del nuevo
Congreso, y apristas y fujimoristas exigían que Diez Canseco fuese alejado de
toda actividad de investigación y fiscalización.
No había llegado todavía el momento en que Ollanta Humala
dijera que Julio Velarde se quedaba en el BCR y que Miguel Castilla sería el
nuevo ministro de Economía sobrepasando
las expectativas empresariales, y que su hermano era un recluta despistado que
terminó en Rusia, pero ya para esos días iniciales se estaba perdiendo el impulso
moralizador con el que se había llevado la campaña y con el que el nacionalismo
parecía identificado desde sus orígenes.
La gran cuestión era si entregando el puesto que
correspondía a Javier Diez Canseco a alguien menos fuerte para enfrentar la respuesta
de los corruptos se podía tranquilizar las aguas de un Congreso fragmentado en
el que el gobierno desconfiaba profundamente.
¿Cuán importante era la lucha anticorrupción en el nuevo
gobierno? La respuesta la tuvimos a comienzos de julio, cuando Javier nos dijo
que ya lo habían notificado: no sólo no presidiría la Megacomisión sobre Alan
García sino que no sería parte de ella. En algún lugar del centro de Lima
estaban celebrando la victoria. El trabajo que habíamos iniciado en fijar la
agenda de la investigación, las fuentes y el equipo a ser contratado quedaron
en nada.
Pero mucho más importante que eso, el nuevo régimen se nos
empezó a aparecer en su verdadero rostro. No había voluntad política de ruptura
con el pasado y había politiquería de la peor para negociar posiciones con los
más peligrosos adversarios. Todavía no sabíamos hasta donde iría el giro del
gobierno que no había empezado, pero no fue casual que el desembarco de Javier
fuera su primer acto.
El nacionalismo con Javier tenía un aire de haberse tomado
en serio el discurso de la lucha contra la corrupción estructural del Estado
peruano. Era una alianza entre los que llegaban limpios por no haber estado en
el poder y el líder que había probado cuarenta años que no se doblegaba ante nadie.
Humala tumbó ese acuerdo de la manera más desaprensiva, sin conversarlo con
Diez Canseco ni con nadie, sólo porque le convenía.
Y después tuvieron el coraje de decir que fue Diez Canseco
el que actuó como tránsfuga cuando se negó a apoyar la represión contra los
movimientos sociales que chocaron con el gobierno cuando se sintieron
traicionados por el nuevo pacto del gobierno con los grandes inversionistas
mineros.
En realidad la línea política y la conducta ética de Diez
Canseco fueron siempre un modelo de rectitud y trasparencia. Eso lo tenía que
saber cualquiera en la política peruana. No en vano, en estos días de
enfermedad, Javier ha recibido reconocimientos de los más diversos sectores del
país, muchos de ellos marcando sus distancias ideológicas pero respetando al
hombre que mejor ha encarnado el espíritu de la izquierda en nuestro país.
La investigación
inolvidable
No vamos a tratar aquí de los aspectos meritorios de la
Megacomisión, especialmente del esfuerzo de su presidente por no ser arrastrado
por las presiones que se ejercen sobre él. Pero todavía falta bastante para
poner sobre la mesa conclusiones redondas sobre las redes de corrupción que se
armaron entre los años 2006 y 2011, y si hay un modelo a seguir este debería
ser el que quedó plasmado en el Informe Final de la Comisión Investigadora de
los Delitos Económicos y Financieros cometidos entre 1990-2001, que es la mejor
síntesis de la lucha de Javier Diez Canseco por limpiar al Estado peruano de la
corrupción que le toca hasta los huesos.
Cuatro grandes temas fueron abordados a lo largo de la
investigación: (a) las privatizaciones; (b) los salvatajes bancarios; (c) las
licitaciones y adquisiciones; (d) la actuación de las instituciones y órganos
de control. Y nadie podrá discutir esta selección porque de un lado fue de las
privatizaciones que el régimen de Fujimori hizo una considerable caja que luego
se malbarateó con los salvatajes de bancos privados y las compras fraudulentas
de armas y las licitaciones que favorecían a los amigos del poder. Y fueron los
órganos de control como la Contraloría, SUNAT, INDECOPI y otros los que
permitieron que la gran corrupción prosperara.
Doce casos de privatizaciones con elementos de corrupción
fueron tratados por la Comisión Diez Canseco, entre ellos algunas de las más
conocidas: Aeroperú, Hierroperú, Siderperú, Electrolima, Popular y Porvenir,
Telefónica, Puerto de Matarani, Azucareras y Pesca Perú. Asimismo se investigó
el salvataje y posterior liquidación del Banco Latino que costó más de 500 millones
de dólares, el caso del Banco Wiese, la
liquidación de la banca de fomento y el caso de la intervención del Banco Nuevo
Mundo – NVK, sobre el que todavía hay un juicio de reclamación en el CIADI .
Para el asunto de las licitaciones y adquisiciones, la
Comisión se refirió al caso de las compras a la República de China y la
participación del ministro Joy Way, la compra de armas y la relación entre el
gobierno fujimorista y las empresas constructoras que ganaron las principales
licitaciones, entre ellas la del ministro de Economía Camet. Finalmente en la
parte de estudio sobre el papel de los órganos de control, se hace un análisis
del rol de la Contraloría bajo la gestión de Caso Lay como encubridora directa
de los manejos económicos del poder:
“…durante el régimen de los
noventa, la CGR fue una pantalla que permitió ocultar la corrupción en curso
cometida por los integrantes de la cúpula gobernante. Asimismo, en forma
paralela, la CGR fue un instrumento de lucha contra la oposición democrática. Su
núcleo dirigente estuvo comandado por Víctor Caso Lay, que en virtud a su
nombramiento por un período largo, tuvo estabilidad y fue un poder sin
contrapeso interno. Incluso, durante los años del fujimorismo, el contralor
mantuvo extrañas conexiones con el contador de la banda de Los Camellos, Edwin
Antón, quien además de ser socio de Víctor Caso Lay en la empresa Ivad Services
S.A, fue colocado en puestos claves de la Contraloría”.
Hasta hoy Caso Lay permanece en condición de prófugo de la
justicia como varios otros de los denunciados por la Comisión Diez Canseco.
Ocho denuncias concretas para los casos: Decretos de Urgencia para compra
secreta de armamentos; caso Popular y Porvenir; caso Pucalá; caso
Aeroperú; caso Banco Latino; caso Fondo
Económico Especial; caso Medicinas Chinas; caso Contribuciones Reembolsables;
fueron elevadas ante el Ministerio Público y si bien en algunos casos se abrió
proceso, en la mayoría, los fiscales prefirieron ignorar el trabajo del
Congreso.
Hace poco y gracias a una más de las maniobras de Alan
García, se ajustó las penas para delitos de corrupción favoreciendo su
prescripción (justo cuando se discutía públicamente que estos delitos no deben
prescribir) y eso salvó de la condena a los que armaron la estafa de Aeroperú. Actualmente
hasta donde sé sigue abierto el caso del
Banco Latino en el que están implicados entre otros, la pareja “mil oficios” Du
Bois-Aljovín.
Los odios de la
corrupción
A Javier lo odian porque le temen, los corruptos de
distintos colores. Es natural. Saben que es implacable e incorruptible. Saben que no negocia con principios y no deja
de perseguir el delito. En sus sueños, por eso, muchos de sus acusados han
imaginado siempre poder encontrarle un punto donde atacarlo y convertirlo en parte de una clase política
gangrenada por la facilidad con la que se deja corromper.
El exdirector de un diario lo expresó con toda franqueza:
hay que demostrar que JDC no tiene superioridad moral sobre sus contrincantes,
con lo cual quería decir que los políticos que han dirigido el país no deberían
sentirse tan mal de haber sido señalados como aprovechados de la cosa pública
si hasta el mayor moralizador podía ser hallado en falta. De allí la canallada
de la acusación que se armó sobre el tema de las acciones de inversión, según
la cual cuando Javier decía estar sacando la cara por una multitud de pequeños
accionistas que carecen de derechos cuando se producen procesos de fusión y
compra de empresas en las que tienen participación en lo que estaba pensando
era en porcentajes de ganancia de familiares con este tipo de acciones
disminuidas.
Esta acusación será estudiada en el futuro como uno de los
mecanismos más forzados, perversos y estúpidos que se podía idear para
sancionar a un congresista sin manchas. Y por ello mismo hay ahora tantos que
cierran filas en el Congreso para negarle a la Justicia revisar el caso y los
procedimientos seguidos que para el resto del mundo son un puro abuso y una
venganza por sus investigaciones anteriores. Ahora que un juez le ha dado la
razón a Diez Canseco y que previsiblemente la Justicia anule definitivamente la
canallada se ha resaltado mucho más el valor de este hombre que desde la
enfermedad gana batallas políticas y se muestra imposible de doblegar.
Javier sigue siendo el símbolo de la lucha anticorrupción,
aunque eso irrite a los corruptos y sus encubridores.
14.04.13
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