Aurelio Pastor firmaba nueve resoluciones de indulto o
conmutación de penas cada día en los diez meses que fue ministro de Justicia de
Alan García, entre ellas la más conocida la del empresario de televisión José
Enrique Crousillat, y la de alrededor de 400 condenados por narcotráfico en su
modalidad agravada.
En total 1,692 personas dejaron las prisiones en este corto
período, pero si se toma en cuenta que antes de llevar cada caso al presidente
se debía revisar y seleccionar las solicitudes que merecían trámite, se tendrá
que el ministerio Pastor y la comisión Chinguel estaban en esto a tiempo
completo.
Parece que esta historia empezó sin embargo en la gestión
previa de la ministra Rosario Fernández cuando se armaron las primeras normas
para facilitar las excarcelaciones masivas.
A Pastor le siguió García Toma que aparentemente se
distanció de esta feria indultadora, pero luego volvió Fernández y la cosa tomó
forma de liquidación por cierre. En marzo del 2011, luego que Chang dejara el
premierato, la Fernández fue nombrada en su reemplazo con retención de la
cartera de Justicia y continuó la salida de narcos y otros delincuentes.
A Rosario Fernández se le deben 3,259 indultos y
conmutaciones, y dentro de esos 235 casos de narcotráfico agravado. ¿Alguien
puede dudar aquí que hubo una política premeditada de violentar las decisiones
judiciales y de favorecer a muchos reos sin otra característica que el dinero
que genera el narcotráfico y otros crímenes contra la sociedad y el Estado?
Pero los mejores detalles de todo esto se encuentran en
primer lugar en el hecho que cuando revienta el escándalo del indulto
humanitario a Crousillat que obligó a retroceder en la gracia, lo que sobrevino
no fue un cambio de política sino una pausa para volver luego con más fuerza al
asunto. Una resolución del 2010 cambió el concepto de conmutación de variación
de pena a reducción de la misma. Para poder mejor negociar el valor de cada año
conmutado.
En segundo lugar, que todo esto ocurrió entre el 2009 y el
2011, cruzado con los escándalos de los Petroaudios, BTR, COFOPRI y los
decretos de urgencia. Es decir que después de condenar a las ratas de su
gobierno en octubre del 2008, García no iba camino de enmendarse sino de
acelerar la descomposición moral de su gobierno.
Claro ya sabemos que los beneficiados por las gracias de
García no van a contar cuánto pagaron para quedar libres, como si lo ha hecho
el que le faltó plata para cubrir las exigencias. Y los fiscales y jueces
alanistas dirán que no hay pruebas, mientras Mulder se recupera de su actual
desconcierto. Después de todo ahí está la prensa del expresidente remarcando
que el problema es Nadine y no el APRA de García que muestra toda su
podredumbre.
13.04.13
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