La
ley orgánica de Petroperú que regía durante el proceso de la privatización,
señalaba de manera explícita que la empresa era “íntegramente de propiedad del
Estado” y que sólo podía ser disuelta mediante ley expresa. Sin embargo, la
venta sucia de la más grande empresa peruana se hizo amparándose en la norma
general de privatizaciones (DL 674), sin ley que autorizara de manera directa
afectar su patrimonio disgregándolo en unidades para su venta por partes.
Se
sacó así el tema de la discusión del Congreso y se saltó la ley. Para efectos de
forma la refinería La Pampilla se vendió como si fuera una empresa aparte (se
le fabricó un estatuto y se emitieron acciones a su nombre), pero el vendedor
siguió siendo la CEPRI de Petroperú, encargada de matarla por etapas. Hoy,
cuando Repsol ofrece la misma refinería, envejecida y debilitada, los enemigos
de Petroperú recuerdan que no se puede formar nuevas empresas públicas sino por
ley.
Pero
resulta que no se trata sino de un debate sobre si conviene recomponer el
patrimonio productivo de una empresa existente, es decir más allá del aspecto
político de la cuestión, esta es de una operación que debe ser vista desde el
ángulo de la política de hidrocarburos que tiene como uno de sus brazos
fundamentales a la empresa estatal del petróleo. Está a la vista que lo que no
se quiere es que Petroperú se fortalezca y sea una empresa competitiva nacional
e internacionalmente.
Este
espíritu destructivo estaba presente en los 90, cuando los funcionarios del
Banco Mundial que monitorearon la privatización, insistieron en que había que
desaparecer hasta el nombre, asociado a las políticas de nacionalización y
desarrollo energético autónomo que estuvieron en auge en países como el nuestro
antes de que se iniciara la ola neoliberal y las grandes privatizaciones.
En
pocas palabras: Petroperú evoca a Velasco. Y como está registrado en la
historia hubo quienes se prestaron a apuñarla, no sólo desde las esferas del
poder político y las consultorías bien pagadas, que sirvieron para liquidar los
ingresos de la privatización. Hoy leemos a varios de esos actores regresar a
sus viejas posiciones e insistir en lo retrógrado que es una empresa estatal
con refinerías y grifos, cuando a cada paso vemos empresas también estatales ganando
espacios en el país.
Lo
que resulta más curioso, por decir algo, es la posición del APRA, que en los 90
era parte del Comité de Defensa del Petróleo en el que participaban Gustavo
Mohme Llona, Javier Diez Canseco, Manuel Dammert, el general Rodolfo Robles,
entre otros, y que trató de impedir la venta de las dos joyas de Petroperú: La
Pampilla y el lote 8X de la selva. Hoy el APRA de García y Del Castillo se
escandaliza de que se esté estudiando la posibilidad de recuperar la refinería.
28.04.13
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