Ahora que el presidente de la Corte Suprema ha hablado de la
fumigación del Poder Judicial, me saltan a la memoria inmediatamente varios
casos en los que se requeriría una desinfección a fondo para recuperar la
confianza en la justicia.
Pongo sólo un ejemplo, en julio del 2012, el entonces
presidente de la OCMA (Oficina de Control de la Magistratura), Enrique Mendoza
Ramírez, resolvió la queja del ciudadano Jaime Ramiro Mimbela Montenegro contra
varios miembros de la Corte del Callao incluida la jefe de la ODECMA (Oficina
de Control provincial), que habrían incurrido en diversas faltas para impedir
que se resuelva el trámite de cobranza contra la pesquera Hayduck, alargando
indefinidamente el proceso en su beneficio, ordenando abrir investigación
preliminar contra siete jueces superiores y encargando a un magistrado
controlador para que en el plazo no mayor de 30 días, con recomendación de
celeridad, emita un informe sobre este grave caso.
El magistrado contralor encargado resultó siendo el juez
superior anticorrupción Juan Carlos Santillán Tuesta, que no se demoró 30 días
como le habían exigido, sino 10 meses y que al final no resolvió nada sino que
se limitó a ampararse en una Resolución de la instancia inferior que había
mandado al archivo del expediente de queja. Insólitamente. Esta acción de
Control del Callao no tenía ninguna base de legalidad porque se produce después
que el Dr. Mendoza emitiera su Resolución y también porque una de las
denunciadas era su jefa la Dra. Irma Estrella Cama, o sea era juez y parte en
el proceso.
El magistrado contralor sabía desde septiembre que Estrella
Cama había fallado contra la máxima autoridad de control y que desde enero,
esta jueza había sido elevada a provisional en la Corte Suprema. De ahí que
dejó correr el tiempo y sin realizar la más elemental diligencia que era
visitar la Corte del Callao (llegó a decir que si iba para allá “lo mataban”),
resolvió imponiendo una vez más la impunidad y el espíritu de otorongo en la
relación entre los jueces. O sea que ahora los propios quejados mandan al
archivo los expedientes de queja, y si el más alto jefe de la OCMA ordena investigar,
el juez encargado no hace nada y se lava las manos convalidando los actos del
propio investigado para protegerse.
Todo esto porque de por medio la poderosa empresa Hayduck ha
perdido en el caso Mimbela y ha tenido que resarcir a su oponente. Como ahora
no quiere cumplir con el resto del mandato de la ley, tiene un ramillete de
jueces dispuestos a empantanar la cobranza hasta las calendas griegas. Y uno de
ellos llegó a preguntar que si Mimbela ya había cobrado el principal ¿de qué se
quejaba?. Lo que prueba de que hay que seguir fumigando el Poder Judicial.
22.04.13
No hay comentarios.:
Publicar un comentario