Claro que sí.
No hay en el
otoronguismo garantes éticos que puedan tener la superioridad para juzgar a sus
colegas.
Por supuesto es
fácil castigar congresistas del montón como el “comeoro”, la “robacable”, y ocultar
pecados graves como los del “robaagua” Melgar Valdés y otros individuos
influyentes.
La Comisión Lay,
por cierto, llevará para la historia la vergonzosa suspensión impuesta a Javier
Diez Canseco, que un juez acaba de anular por haberse cometido todas las faltas
de procedimiento lo que va de la mano de la arbitrariedad de la acusación.
Uno de los pocos
parlamentarios con trayectoria limpia, al que quisieron ensuciar como si se
tratara de un corrupto que propone leyes para favorecer a alguien de su familia,
cuando se trataba del interés de muchísimas personas –incluidos los aportantes
de las AFP-, que están encadenados a la titularidad de acciones de inversión
que no tienen capacidad de decisión en los procesos de fusión y traspaso de
empresas.
Esta sanción
producto de la venganza política desarrollarse de manera irregular, pisoteando
los principios legales. Y eso ha sido confirmado judicialmente.
Pero entonces
salta la Comisión de Ética, especialmente esos tres que simbolizan el nuevo
pacto apro-fujimorista-castañedista, y que fueron los que llevaron el caso ante
el Pleno, a decir que al Congreso (o sea a ellos), nadie les puede enmendar la
plana.
¿Y no se la
enmendaron en el caso del desafuero de Martha Chávez que fue repuesta con todos
sus haberes devengados, y que no tiene vergüenza de decir ahora que aquí podría
haber corrido plata?
¿Y no se la
enmendaron también en el caso Luna Gálvez, que después de circular alrededor de
Montesinos volvió al Congreso como asociado de Castañeda?
La pregunta es si
una circunstancial mayoría en una comisión y un pleno en el que Gana Perú
decidió inclinar la balanza, pueden hacer lo que quieran con un congresista de
minoría y no ser objeto de control de otros órganos del Estado.
Por eso la
Comisión de Ética está doble o triplemente descalificada: porque ante la
evidencia de que obraron mal, como lo sabía todo el mundo, se ha refugiado en
su condición de intocable, como si sus errores fueran materia definitiva.
Así que Lay y
compañía deberían renunciar y decir caballero nomás, la hicimos mal y nos vamos
a casa. Pero el tema es más grave: ¿con quién se les reemplaza? Y miramos el
Congreso y no hay composición multipartidaria que pueda recibir una misión de
vigilar la ética.
Que deben haber
sanciones por actos que congresistas cometen en su función o en su vida
privada, no cabe duda. Pero si a los jueces les hicieron un Consejo de la
Magistratura ¿Por qué no puede existir un nivel del Estado que vigile a la
representación elegida? Digo nomás.
11.04.13
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