El condenado

En tiempo récord, de febrero a diciembre, y en un proceso de diez días se ha condenado a cinco años de prisión al dirigente aprista y exviceministro de Justicia, Gerardo Castro Rosas. El Tercer Juzgado Unipersonal, a cargo del juez Segismundo León Velasco estrenó de esta manera el capítulo del nuevo Código Penal referido a delitos de corrupción, que dispone un tratamiento casi sumario de la causa. A Gerardo Castro y a su coencausada, la pastora evangelista y empresaria pesquera Adriana Pérez Guedes, se les acusa de intento de soborno a un asesor del viceministerio de Pesquería para conseguir la aprobación de licencias de pesca para tres embarcaciones pequeñas en la caleta de San José en Lambayeque.

El exviceministro habría actuado en condición de abogado de la pastora Pérez, en una gestión que comienza en diciembre del 2010. Según la versión del ahora condenado Castro Rojas, su primer contacto fue el ministro de la Producción, Jorge Villasante, al que le presentó el caso de las embarcaciones sin licencia, después de lo cual el ministro lo condujo ante el asesor Alejandro Ríos Delgado para que se encargara del asunto, no sin antes advertirle que estas gestiones tenían un costo. Esta versión es negada por Villasante y Ríos que indican que los visitantes fueron directamente ante el asesor a ofrecerle una coima por su participación.

Comparadas las dos versiones, lo más creíble es que la ruta empezó en el ministro y no en el asesor, ya que la decisión depende de la Dirección General de Extracción Pesquera, que responde ante el viceministro y el ministro. La intervención del asesor sólo podía tener sentido por encargo de alguno de sus jefes. Más aún, contra la declaración del ministro Villasante de que no se otorgaban licencias, la verdad verdadera es que en esa época si se aprobaron licencias para Tasa (grupo Brescia), Copeinca (grupo Dyer) y Austral, empresas de la SNP. El problema era conseguirlas para las empresas más pequeñas.

Antes del caso Castro, el diario LA PRIMERA denunció además las discretas visitas a la viceministra de Pesquería, de su sobrino Alan Simón García Nores, justo a abogados de la SNP y empresarios del sector para gestionar licencias que en estos momentos tienen un fuerte valor comercial por el asunto de las cuotas. Es por todo eso que la versión de Castro Rojas de haberse convertido en la víctima de un complot maquinado en Palacio entre el padre de Alan Simón y el ministro Villasante tiene visos de realidad.

Lo que Gerardo Castro dice en su descargo es que fueron los de Produce los que le pidieron dinero a la pastora, que Ríos la llamaba constantemente y le insistía en el pago que había que hacer. Finalmente que para cerrar la trampa la dirección de Extracción le pide a Castro por escrito precisar su pedido de cuota, dando a entender que todo estaba en camino. El 2 de febrero Ríos Delgado recibe a la pastora y al abogado y los hace intervenir y rebuscar, que es de donde salen las escenas del dinero que han sido pasadas muchas veces.

Pero el video completo, en el que deben constar las conversaciones y que figura como la prueba aportada por el denunciante Ríos, se “perdió” en pleno proceso. Ríos fue recompensado en el mismo mes de su denuncia pasando de un salario de 6 mil a 10 mil soles. Asimismo el equipo fiscal que dirigió el proceso estuvo encabezado por la esposa de Villasante, Galinka Meza, asignada directamente al caso por la doctora Echaíz. Son muchos datos que se encadenan para indicar que el único condenado por corrupción del segundo alanismo es un chivo expiatorio y un falso culpable, encausado para tapar las enormes trafas en el sector pesca en período 2006-2011.

23.12.11
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