Estado corrupto

A Omar Chehade lo han enviado 120 días a su casa sin goce de haber y está en agenda su desafuero e inhabilitación para ocupar cargos políticos por cinco años, y el cargo más importante que se le hace es haber patrocinado al grupo Wong ante generales de la Policía que tenían que ver con una eventual operación de desalojo de los trabajadores de la azucarera Andahuasi, o si se quiere haber avalado a su hermano ante los mismos generales para este objetivo. El Congreso ha votado 103 contra uno para sancionar al segundo vicepresidente, pero hasta ahora no hay un voto en contra de los Wong, como bien anota Javier Diez Canseco, que recuerda que no hay lobista sin empresa que paga el lobby.

Estos días ha estado circulando en la internet un video con un informe del New York Times que LA PRIMERA trascribió casi en su totalidad (IDL también hizo un resumen), que cuenta la manera como la empresa Newmont de los Estados Unidos recurrió a Vladimiro Montesinos para asegurarse el voto en la Suprema que debía dirimir la controversia por un paquete de acciones de Minera Yanacocha, que mantenía junto a sus socios peruanos de Buenaventura contra la francesa BRGM, y de la intervención del gobierno de Washington a través del subsecretario de Estado, Peter Romero, para convencer a Montesinos de la posición de Newmont, después de los cual el asesor termina convenciendo al vocal dirimente que el asunto de la mina de oro era vital para que Estados Unidos apoye al Perú en el acuerdo de paz con Ecuador.

Montesinos, efectivamente está preso, entre otras cosas por haber manejado el poder judicial para favorecer intereses particulares. Pero nunca se ha sancionado al señor Kurlander, vicepresidente de Newmont, que prometió amistad eterna al asesor de Fujimori si le arreglaba su “problema”, y por el contrario los dueños de Yanacocha siguen tan poderosos que luego de haber financiado la campaña contra Humala, mantienen importantes contactos en el nuevo gobierno, se enfrentan con Cajamarca y logran un estado de emergencia para proteger a sus intereses. Peter Romero, por su parte se convirtió en empleado de la Newmont en los Estados Unidos. Claro, tampoco han sido procesados el chileno Andrónico Lusvic de Luchetti, aunque sí los jueces y abogados que intervinieron para arreglarle el juicio con la Municipalidad de Lima; ni Dionisio Romero que consiguió rebajas de aranceles para el trigo importado en la salita del SIN y una comisión interventora de su confianza para el caso Hayduck cuando el dueño estaba detenido por narcotráfico, caso del que Olluquito Martínez también se liberó con una ley especial.

Al asesor Almeyda de Toledo lo enviaron a la cárcel por varios hechos de corrupción y fue denunciado por El Comercio de ser el intermediario de una soborno de la empresa cervecera colombiana Bavaria para varios miembros del gobierno de la época, entre ellos el propio presidente, para que se hiciera una excepción al reglamento de inversiones en la venta de la participación de la venezolana Polar a favor de los colombianos en la compra de Backus, como efectivamente se hizo con intervención directa del mencionado asesor que ocupó un cargo clave en la CONASEV los días en que se decidió sobre este asunto. Pero ni los medios, ni los jueces investigaron a los de Bavaria o sus sucesores de Sab Miller por su visible influencia en varias decisiones políticas. Podríamos seguir más con los casos de Camisea, Aeroperú, LAP, pero lo dejamos para otra vez. Quede claro nomás que aquí pueden caer los corruptos, pero jamás los corruptores.

09.12.11
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