El odio y la ignorancia

Debe ser que poder colgarle el cartel de “también es corrupto” a Javier Diez Canseco está en el programa de varios sectores, porque no se explica la manera apresurada en la que toda una bancada, aunque sea la fujimorista, se colgó de la denuncia de un diario que levantó contra el congresista el cargo de gestionar una ley que supuestamente favorecería a su hija, propietaria de un paquete de las llamadas “acciones de inversión” de una empresa nacional, al plantear un mecanismo para el canje de estos documento por acciones comunes o regulares.

Insólitamente ni el periodista ni la bancada leyeron el proyecto que indica que tal intercambio se realizará de manera proporcional a “los valores vigentes al momento de efectuar dicho canje”. Ergo: nadie iba a ganar con el canje y mucho menos se iba a cambiar acciones de valor uno por otras de valor diez, como escribió el director del medio denunciante, con obvio apresuramiento y superficialidad. Y es que, por supuesto, no podía haber un cambio de valores sencillamente porque no habría nadie para pagar la diferencia tratándose de operaciones entre privados. Lo grave es que la bancada convirtió el “error” de lectura del denunciante, en una acusación ética contra su colega, demostrando que más puede el odio que la inteligencia.

La propuesta de Diez Canseco y otros congresistas no mejorará los rendimientos de las “acciones de inversión” y el que tenga diez acciones la cambiará por una. El asunto es eliminar lo que ha quedado como un rezago del pasado: acciones que originalmente fueron asignadas a los trabajadores, y que gobiernos posteriores convirtieron en títulos especiales que daban renta, pero no eran considerados en el ejercicio de los derechos de propiedad: participación en asambleas, nombramiento de directorio, decisiones de venta parcial o total de la empresa, fusiones, etc.

Y no sólo eso, sino que en circunstancias en las que se negocian la compra de grandes paquetes de acciones que normalmente se pagan encima de la cotización en bolsa, las “acciones de inversión” quedan fuera de las normas de protección del minoritario, que indican que a todo accionista se le debe pagar el mismo precio, menos al de inversión al que usualmente se le paga menos. El problema social es que esas acciones disminuidas están parcialmente en manos de trabajadores y extrabajadores, pero en forma masiva (casi 2 mil millones de soles) se encuentran en poder de las AFP que las compraron con el dinero de sus afiliados, como una manera de generar renta para la jubilación.

El proyecto del que estamos hablando es totalmente capitalista, en el sentido que reduce las distorsiones del mercado y trasparenta el régimen de propiedad. No afecta por supuesto el control de las empresas, porque los paquetes mayoritarios están totalmente consolidados. Pero evita que exista una especie de segundo mercado en el que se compran las acciones de inversión a precios generalmente arbitrarios.

Estando en juego el interés de muchísimas personas que representan una enorme cantidad de dinero, y por el cual debe responder el Congreso que hace tiempo discute este tema, es ridículo quererlo levar al punto de que la norma responde a los intereses de Lucía Diez Canseco. Es como si se creyera que todo congresista afiliado a AFP, cuyo fondo incluye “acciones de inversión” entra en “conflicto de interés” con esta norma de naturaleza genérica. O, llevado al extremo, que si alguien pide aumento general de sueldos está pensando en su propio aumento y es como el “comeoro”.

15.12.11
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