Estado de Derecha

Alan García y Javier Velásquez se burlaron de La Convención cuando anunciaron la derogatoria del DS 050-2005-EM, dictado por Alejandro Toledo y PPK, para abrir el camino a la renegociación del contrato del gas, afectando las reservas del Lote 88, originalmente destinado de manera exclusiva al mercado interno. La derogatoria era el resultado de una huelga entre julio y agosto del 2010, a la que el gobierno aprista trató de derrotar con maniobras y represión, para terminar sentado en una mesa de negociación, muy parecido a lo ocurrido con el caso Conga.

La derogatoria sorprendió a todos porque García había lanzado mensajes totalmente contradictorios respecto a Camisea: que no se exportaría gas si faltaba para el consumo interno; que no se podía esperar inversiones si no se daba garantías a la exportación; con el resultado de que el gas natural empezó a escasear, se redujo el impulso del cambio de matriz energética y las ganancias de las exportadoras escalaron espectacularmente. El país parecía haber alcanzado una victoria en defensa de sus recursos naturales. Pero, era un engaño.

Como el contrato ya estaba firmado y protegido por el artículo 62 de la Constitución (los contratos no pueden modificarse por las leyes), el DS 050 no servía para nada y todo siguió igual. García se debe haber reído mucho de la paradoja de un contrato sin norma que lo respalde, que violaba leyes explícitas, pero que tenía detrás el poderoso argumento que inventó el fujimorismo: si ya se firmó, nada se puede hacer si la otra parte no está dispuesta a pactar cualquier modificación. Es por eso que ya llevamos casi dos años para tratar de convencer a los exportadores de hacer modificaciones a un contrato que los beneficia ampliamente, y que no quieren modificar.

El punto es que Ollanta Humala llegó al poder con la bandera de la recuperación del gas, no sólo del Lote 88, sino del 56, denunciando a García y Toledo de negociación corrupta con las empresas del gas, y advirtiendo que no habría transacción en el objetivo de garantizar el mercado interno, no importaba el tiempo que se tomara la negociación. Pero, ¿y si la negociación no llegaba a ningún acuerdo, estaríamos acaso discutiendo durante cinco años, hasta que llegue el siguiente gobierno? La sensación de que en nombre del “Estado de Derecho”, se estaba preparando un nuevo engaño empezó a crecer en el país.

Nos van a tener en una negociación perpetúa y cuando nos cansemos van a sacar un acuerdo mediatizado, es lo que empezamos a pensar muchos que siempre pensamos mal. Pero he aquí que la Cuarta Sala Civil, entregó otra inesperada sorpresa al país al declarar “nulos, insubsistentes y sin efecto legal, los decretos supremos 050-2005-EM y 006-2006-EM”, es decir se cerraba el debate; ya no había cómo defender a los amigos de PPK y García, que estaban agarrados a un contrato sin efecto legal, porque se suscribió sin respetar la jerarquía de las normas y violando la constitución. El principio era claro: un contrato corrupto, basado en nomas dictadas para la corrupción, no puede ser válido.

Pero ahí no iban a acabar las sorpresas. Lo que tenemos desde antier, es al gobierno nacionalista de Ollanta Humala y a lo que queda de los autores de la campaña por el gas, asociados ahora a la mancha neoliberal del ministro Castilla, en el bizarro papel de apelar la determinación de los jueces, sacando la cara por los decretos del entreguismo y por los piratas del gas. Cuando el propio Estado de Derecho armado a la manera fujimorista, abre una ventana para salvar las trampas de la corrupción, surge el Estado de Derecha que es el que manda, y todo vuelve a la normalidad.

24.12.11
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