Así se organiza un fraude

Algunos recuerdos del período fujimorista para apreciar como los reflejos autoritarios y tramposos de esa época se han impregnado en la vida política peruana.

En materia política, la Constitución de 1993, aquella que Lourdes Flores prometió no tocar en el CADE del 2005 en medio de los aplausos de pie de los empresarios, y que Toledo y García han mantenido entera por diez años, contiene una contundente extensión del poder presidencial a costa de un achicamiento de las facultades del Congreso y de otras instituciones, configurando un hiperpresidencialismo, y en otro famoso artículo autorizaba la reelección inmediata del presidente por una sola vez. Como lo explicó alguna vez Martha Chávez, la intención había sido establecer la reelección sin límite, pero retrocedieron cuando vieron difícil imponer su propósito.

Sin duda, en cada uno de estos temas, la Carta fujimorista estaba hecha a la medida del mandón. Era un conjunto de normas para ser gobernados el mayor tiempo posible por Fujimori y su banda, sin prever lo que podría venir más adelante. Algo así como constitucionalizar el golpe de Estado del 5 de abril e imaginar ese acto brutal como la fundación de un nuevo orden. Es cierto que tras el primer vladivideo y el anuncio del dictador de que “acortaría su tercer mandato”, se forzaron cambios en la Constitución sin respetar sus procedimientos, para que se pudiera validar la situación creada y de paso sacar fuera el artículo de la reelección que era el centro de agudas controversias. El espíritu del documento, sin embargo, quedó enterito. Y fue sobre este armatoste legal que debieron funcionar los siguientes gobiernos, cuyos presidentes debieron ponerse de alguna forma el terno de Fujimori aunque no coincidieran las tallas, con todas las consecuencias que se perciben hasta estos días.

Otra reforma constitucional fundamental fue la segmentación del sistema electoral en tres entes formalmente autónomos: el jurídico (Jurado Nacional de Elecciones, JNE); el técnico (Oficina Nacional de Procesos Electorales, ONPE); y registral (Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC) Este nuevo diseño recién entró en funcionamiento para las elecciones del año 2000, precisamente cuando se produjo la crisis del conteo de votos y de las arbitrariedades electorales, que llevó a la cárcel a altos funcionarios de la ONPE y a magistrados del JNE, y que en ese momento sirvió de marco para un enfrentamiento entre el gobierno y los votantes que terminaría acelerando la conclusión del régimen autoritario.

La re-reelección

Fujimori no estaba interesado en la “continuidad”, que es el actual tema de García, Castañeda y Flores, sino en la “invariabilidad”, que las cosas permanezcan iguales y sin cambios, que en términos políticos significaba que la articulación de poder Fujimori-Montesinos-cúpula militar, no fuera alterado, y siguiera aparentando ser invencible e indestructible. Cuando se descubrió su debilidad (su personal de servicios entregó parte de los secretos del régimen), efectivamente el orgulloso fujimorismo se vino abajo como un castillo de naipes.

La primera reelección fue, por eso, un hecho intrascendente. Todos sabían que iba a pasar y pasó sin sorpresas. La idea de Javier Pérez de Cuéllar, el principal candidato de “oposición” de aquella oportunidad, cargado de títulos internacionales, de que había que mantener las políticas económicas y varias de las líneas políticas del gobierno “pero en democracia”, no caló en la mayoría que entendió que lo que se le ofrecía era lo mismo, y que para ello mejor seguir con el conocido que por el conocer. Algunos estaban incluso convencidos que justamente lo que se requería para completar el proyecto de los 90 era la mano dura de Fujimori y no los modales diplomáticos y vacilantes del embajador. El chino arrasó en primera vuelta.

Todo indica, ciertamente, que antes de reelegirse el 95, ya Fujimori estaba pensando en el 2000 y el límite que le establecía su propia Constitución. Es por eso que en fecha tan temprana como octubre del 1996 (un año y un mes del inicio de su segundo mandato) se hizo público que existía un proyecto de ley de Vladimiro Montesinos para realizar una “interpretación auténtica” del artículo reeleccionista. Según la sabiduría montesinista se debía “interpretar” que los comicios de 1995 eran los primeros bajo la nueva Constitución, y el presidente electo en ellos, todavía tenía la opción de repetir su victoria, sin contabilizarse el hecho que al presentarse a las elecciones de ese año ya viniera en la condición de presidente. Ciertamente, había una larga cantidad de resoluciones y documentos públicos, para salvar el obstáculo de que el presidente 1990-1995, había sido prohibido de reelegirse por la anterior Constitución (1979) y que afirmaban que lo que estaba haciendo era acogerse a los alcances de la del 93. O sea para justificar la participación el 95 se le consideraba “primera reelección”, y para abrir paso a la del 2000 se le redefinía como “primera elección dentro de la nueva Constitución”.

Montesinos elaboró esta “solución política” a un impasse jurídico, en las circunstancias en que tenía que responder en otro frente a la explosiva denuncia de Demetrio Peñaherrera “Vaticano”, por cobro de cupos y protección al narcotráfico, durante el período 91-94, que informaba con pelos y señales las circunstancias de la extorsión y los oficiales del ejército que estuvieron a cargo de cobrarle una mensualidad de 50 mil dólares para el doctor. O sea tenía la raza para armar un tinglado contra la precaria legalidad en la que se movían las cosas en esa época, bajo el fuego de una acusación devastadora, que por supuesto logró salvar con sus métodos favoritos: destruyeron mentalmente al denunciante y lo declararon inapto para sostener su acusación. De esto parece que también han aprendido muchos de nuestros políticos que pueden atender la cita internacional de la APEC, en pleno escándalo de petroaudios, y poco después anunciar que el presidente no puede decidir quién gana las elecciones, pero sí quién no puede ganarlas; y no hace mucho soportar la difusión de los potoaudios, donde entre otras linduras se descubren lazos presumiblemente corruptos de la candidata autoproclamada de la “decencia” con empresas proveedoras de servicios en plena campaña municipal, sin que hasta ahora haya una explicación de lo que se trataba, y al poco tiempo aparecer en el debate electoral en el plan de censora moral de su contendora por asuntos mucho más pequeños de registro de información o por directas mentiras.

Si la constitución con golpe era un tremendo fraude contra la democracia ya que sustituía por la fuerza de las armas y en un contexto de emergencias y miedo, la base legal del Estado que en el 79 respondía a un consenso post dictadura y movilizaciones sociales; la “interpretación auténtica” era otro fraude que falsificaba lo establecido con la propia mayoría fujimorista y lo adecuaba a sus necesidades políticas. Pero lo mismo se podía decir de las modificaciones a la ley del referéndum para guillotinar la iniciativa ciudadana para declarar la ilegalidad de la pretendida “interpretación auténtica”. Toda la etapa 1996-2000, fue la de un manipuleo de la legalidad construida por el mismo fujimorismo, para irla ajustando como le convenía. Eso, desde el punto de vista electoral, se llama cocina del fraude.

Fraude mediático

Si la palabra maldita de fraude alude a la falsificación de la voluntad democrática de la gente que acude a pronunciarse en las urnas, ¿cómo se puede definir la serie de hechos que han quedado registrados en los videos de finales de los 80, donde se muestran los propietarios de canales de televisión, radio y prensa escrita, recibiendo dinero e instrucciones del asesor? Nunca nadie había concebido tan certeramente la intervención de la prensa como un factor de articulación entre el juego de maniobras jurídicas y la acción de los órganos electorales. ¿Qué posibilidad hubieran tenido de imponer sus planes sin una prensa capaz de tergiversar la realidad de manera sistemática logrando afectar la conducta y las decisiones de las personas.

No se trataba de la casi normal parcialización de los medios y de la ventaja de prensa de la que siempre han gozado los que tienen dinero. Era mucho más que eso. Un plan sistemático por el cual cada órgano cumplía un papel, sin saber necesariamente los que se le había asignado a los otros. Había que desinformar (tergiversar la información), alarmar (sembrar miedos y dudas), silenciar (no dejar ver a ciertas personas o hechos), desviar (crear cortinas para que no se vean los problemas principales), desprestigiar y destruir (caerle al adversario principal con todo lo que se puede hasta que se empiece a hacerle daño) y otros tantos efectos de campaña. Uno puede apreciar hoy cuánto se ha aprendido y no olvidado de estos oscuros tiempos.

Un caso especial fue el de la llamada “prensa chicha” cuya misión era enlodar directamente y sembrar anticuerpos contra los que el gobierno quería ver caer. Este era el trabajo de baja policía y el mayor perfil mafioso. Hoy lo que queda de esos diarios es totalmente marginal, pero en las conductas de medios más grandes y supuestamente serios se aprecia de qué forma ha penetrado la cultura montesinista. Carátulas sobre el puño senderista de Susana Villarán, encajarían perfectamente en “El Chino” del año 2000, dirigido por José Olaya. Lo mismo los reportes sobre relaciones con las FARC, acusaciones de chavismo y otras sandeces. Es el “achicamiento” de la prensa grande y mediana.

Fujimori y Montesinos no creían en los medios como comunicadores y formadores de opinión, sino como promotores de emociones: adhesiones, odios, miedos, etc. Estas emociones dificultan pensar, hacer elecciones racionales, en un sólo concepto actuar libremente. Alguien celebró el 2006 haber “vacunado” a Lima contra Ollanta Humala lo que habría sido decisivo para la elección de Alan García en segunda vuelta. En resumen una estrategia para dominarnos el corazón y desde ahí el cerebro. Un fraude mediático.

La ONPE en acción

El siguiente eslabón del fraude del 2000, fue la falsificación masiva de firmas para la inscripción del partido de ocasión que Fujimori armó para esas elecciones: Perú al 2000. No es que el gobierno no pudiera reunir las adhesiones que fueran y que el dictador no se mantuviera, a pesar del desgaste, en un alto nivel de aprobación. El punto es que con la falsificación se probaba que todo este asunto de las elecciones era una farsa, en la que se ponían vallas altísimas a los competidores y el oficialismo hacía cómodamente la trampa. Más aún que algunos “partidos” y candidatos que al gobierno le interesaba tener como su contraparte, también eran ayudados a inscribirse con el mismo método de las firmas falsificadas. Es lo que pasó con Rafael Rey y Alejandro Toledo, en este último caso una verdadera paradoja, porque terminó convirtiéndose en el único rival de fuste para Fujimori.

Cuando salió lo de la falsificación de firmas (denuncia de “EL Comercio”), pareció que el andamiaje del poder dictatorial se caía, pero no cayó; como no se derribó Toledo cuando se supo que le debía su inscripción a su peor enemigo y que había tenido arreglos que no se conocía; ni se precipitó García al abismo con los petroaudios, el baguazo o el caso del DL 1097. En realidad la corrupción y la manipulación política han demostrado ser imbatibles. ¿Por qué la ONPE, que usaba una cortadora de pasto para tumbar las firmas de la mayoría de partidos o de las demandas de referéndum, dejó pasar a los falsificadores? Es obvio que fue porque no era tan “técnico” como se decía, y tenía muy claros sus directivas políticas.

Pero el punto culminante del proceso del 2000, fue el recuento de votos a partir de la noche del 9 de abril, el día de la primera vuelta. Aquella vez hubo que enfrentar un sentimiento de victoria que había nacido de los primeros informes a boca de urna que daban en todos los casos como ganador a Alejandro Toledo y anticipando lo que podía ser una derrota final de Fujimori en segunda vuelta. Ahí vimos por primera vez una película que hemos vuelto a ver en estos días. Una ONPE ofreciendo información con cuentagotas, creando un suspenso en las decisiones (¿quién ganó?, ¿habrá segunda vuelta?), jugando a las fracciones de décimas y centésimas cuando se trataba de elegir un presidente.

Nadie que haya vivido esa experiencia podrá olvidar que lo que resolvió la crisis, en la que parecía que se iban a robar la elección y proclamar a Fujimori con una fracción decimal por encima del 50%, fue que Toledo se atrevió a marchar a Palacio con una multitud indignada y que en los días siguientes los jóvenes y la población en general se mantuvieron movilizadas, marchando por la ciudad, haciendo plantones en los locales de la ONPE y concentraciones en la Plaza San Martín con su candidato. ¿Qué no dice eso? Que no se vence la voluntad de fraude con pasividad y debilidad política. Si el concepto es que el poder es corrupto y abusivo, ¿cómo se puede confiar en él? Eso es elemental para cualquiera que haya vivido los avatares de la política en el Perú.

10.10.10
www.rwiener.blogspot.com