Escalofríos constitucionales

Esta semana me enteré leyendo un diario que anuncia usar uñas y dientes para defender el legado de Fujimori, que los escalofríos que la derecha criolla aún sufre respecto a los contenidos económicos de la constitución de 1979, se afincan en frases tan truculentas como las siguientes:

- “El régimen económico de la República se fundamenta en principios de justicia social… (artículo 110).
- El Estado formula la política económica y social mediante planes de desarrollo que regulan la actividad empresarial del Sector Público y orientan en forma concertada la actividad de los demás sectores. La planificación una vez concertada es de cumplimiento obligatorio. (artículo 111)
- El Estado ejerce su actividad empresarial con el fin de promover la economía del país (artículo 113)
- Por causa o interés social o seguridad nacional, la ley puede reservar para el Estado actividades productivas o de servicios (artículo 114)
- La propiedad obliga a usar los bienes en armonía con el interés social (artículo 130)

Vuelvo a leer y me doy cuenta que estos textos son realmente de miedo: ¿cómo no me voy a asustar con que se reclame principios de justicia social al régimen económico, si yo creo que el único objeto de la economía es el lucro particular?, ¿no les parece un mejor principio: “la iniciativa privada es libre” (artículo 58, Constitución de 1993), de modo que la “justicia social”, la “inclusión” o cualquier otro se eliminen de las responsabilidades estatales?

Otra idea: ¿no les parece bárbaro que hayan planes de desarrollo?; ¡estatismo puro!, ¡Cuba!, ¡chavismo!, ¡soviets! Claro, sin planes es mucho mejor, porque así se puede decidir que un estadio es una urgencia nacional, mientras el sur sigue sin ser reconstruido. Y eso de querer concertar los planes con los privados, ¡mi madre!, obvia intención de que el Estado les diga a los señores del dinero en lo que deben invertir. Porque a mí nadie me va a contar el cuento de la “concertación”.

Más: ¿cómo se le ocurre a alguien decir que la actividad empresarial tiene el fin de promover la economía nacional, cuando lo justo es consignar que “Sólo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, directa o indirecta” (artículo 60, Constitución de 1993), que en términos llanos debería redactarse de que el Estado sólo actúa en función al interés de los privados (subsidiariamente) y autorizado por ley?

Y otro: si no hay interés social o seguridad nacional que cautelar, ¿cómo se podría justificar una reserva estatal de actividades económicas y servicios? Pongamos un caso, que podría ser el del agua potable en una perspectiva de escasez. Si pienso que es obligación del Estado asegurar el acceso a este recurso vital a toda la población, seguramente justificaré la intervención. En cambio si creo que hay que dejar todo a que lo resuelva el mercado, y que la capacidad de pago de cada quién determine la distribución, insistiré seguramente en que no haya reserva, teniendo presente que la escasez aumentará las utilidades del servicios.

Finalmente: ¿si la libre empresa lo es todo, por qué voy a armonizar mi interés con el social? Por ejemplo: ¿por qué tendría que importarme el cuidado ambiental, la cultura comunal que rodea las inversiones, las aspiraciones y derechos de los trabajadores?, ¿no es exactamente lo que se ha hecho en los últimos veinte años, exaltando el crecimiento (que es de algunos) e ignorando los derivados negativos de las formas extractivistas y depredadoras del crecimiento?

Frustraciones

Los que no creemos que el “crecimiento de la economía” se debió, como dicen, a la Constitución de 93 (toda América Latina creció en el período con las más variadas orientaciones constitucionales), ni que la crisis de los 80 derivó a la carta del 79 (casi toda América Latina vivió la década perdida con diversos enfoques constitucionales), debemos convenir que lo que si estuvo en juego en estas dos etapas de nuestra historia fue el balance de las nacionalizaciones y reformas del gobierno militar.

Los constituyentes de 1979 no podían negar los cambios que habían ocurrido en el país y sobre todo la orientación hacia una mayor soberanía popular y desarrollo pensando en los de adentro, que había encarnado en las mayorías y que se expresaba en una fuertísima movilización callejera. Si el PPC que fue uno de los grandes inspiradores de la Constitución le hubiese dado el enfoque de la del 93, que es mucho más fiel a lo que es su pensamiento real, y si el APRA hubiera cedido totalmente a la derecha como suele hacer, es probable que las masas se les hubieran rebelado y la Asamblea que ya llevaba el mote de conciliadora con la dictadura hubiese acabado mal.

No hay que olvidar que aún para hacer la contrarreforma, Morales Bermúdez se proclamaba la segunda fase de la revolución militar. Es por todo esto que tenemos la paradoja de que los autores y suscriptores de la Constitución del 79, han desertado a ella y capitulan a la que fue impuesta con golpe de Estado y referéndum fraudulento, y curiosamente la izquierda que no firmó la Carta por considerarla insuficiente y proclive al capital, es la que encuentra mayores identidades con el espíritu general de ese período. La Constitución de 1993, fue hecha sin masas y sin presiones sociales, salvo las de los grandes empresarios que hacen conversaciones como las registradas por Montesinos en sus vladivideos.

La Constitución del 93, se estructura sobre la derrota social; la indefensión de los trabajadores que se quedaron sin empleo, sindicatos y derechos; la militarización donde cualquiera podía ser acusado de senderista; el dominio del SIN, los chuponeos y la corrupción. En esas condiciones se arma un documento que expresa la alianza de los golpistas a la parte más corrupta de la inversión (la de las privatizaciones, concesiones y renegociación de la deuda). A este esquema se subieron luego los particos que conciliaron con Fujimori y que luego lo reemplazaron en el poder.

Es a partir de la derrota social que se puede ser sincero y decir que buscar justicia o compatibilizar propiedad privada con interés social son cuestiones de escándalo. Y lo dicen aún hoy en que Ollanta Humala ha sido elegido democráticamente. Es decir esperan que todo siga igual.

06.08.11
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