La revolución tranquila

Un análisis de la coyuntura a partir del discurso del presidente del Consejo de Ministros ante el Congreso y la aprobación de la ley de consulta.

Estábamos a punto de un enfrentamiento brutal en el Congreso después que todos los sectores chocaron con el nacionalismo para impedir que el pleno viera la ratificación de la ley de consulta, que García observó como uno de sus últimos actos de gobierno, tratando de hacer retroceder los consensos logrados. Los mismos partidos a los que el baguazo les llevó a aceptar que había que sacar la ley de consulta que habían postergado tantas otras veces, dijeron que el nacionalismo les quería imponer un caballazo al no enviar a comisiones y nuevo estudio el texto que había pasado por todas las comisiones, estudios y negociaciones que era posible recorrer.

De pronto, sin embargo, el toledismo inclinó los votos para que el pleno aceptara incorporar el punto a su agenda y ocurrió lo inesperado: los partidos que querían regresar el tema a comisiones no se atrevieron a votar por esa posición en el pleno y, por supuesto, mucho menos a hacerlo contra el texto de la ley. El balance: una minicrisis resuelta con la unanimidad.

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Por si no lo saben, la negociación con las mineras duró hasta más allá de la medianoche previa a la presentación del primer ministro y por lo que se sabe a través de algunos trascendidos se desarrolló durante varias semanas con momentos de alta tensión, muy próximos a la ruptura. Los hombres de las minas llegaron a estas reuniones con la información que les elaboró el IPE por encargo y que había sido el fundamento de los desafortunados spots de Oblitas y Nano Guerra, que en buena cuenta querían decir que los mineros no sólo no debían pagar más, sino que debían rebajárseles los impuestos para que fueran competitivos con Chile y otros países del mundo en la atracción de nueva inversión.

Pues bien, al final firmaron un “acta de entendimiento” aceptando abonar en los siguientes años un “gravamen adicional”, que incluye a la empresas con y sin estabilidad jurídica (legalmente no afectas a nuevas tributaciones), por un monto que se calcula sobre los 1,200 millones de dólares anuales. Muchos defensores parlamentarios y periodísticos de los mineros, se han desconcertado por el compromiso, después de haberse desgañitado afirmando de que cualquier otro tributo implicaba una fuga de capital y la frustración de los nuevos proyectos. Como consuelo han dicho que se alegran porque ha habido un acuerdo y no una imposición del gobierno.

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Durante todo el bendito año, las palabras más repetidas de la derecha económica, política y periodística han sido desconfianza, incertidumbre y falta de credibilidad. Ollanta Humala provocaba estos efectos con su sola presencia, con los votos que le entregaba el pueblo y obviamente con el hecho de convertirse en presidente del Perú. El plan de gobierno de la “Gran Transformación” era de susto. Pero los documentos de compromiso posteriores, eran tanto “pasos adelante” como nuevas incertidumbres., porque ¿a quién había finalmente que creer?

El mismo mensaje de 28 de julio era “moderado”, según los medios del día siguiente, pero de ahí hasta el discurso del primer ministro lo único que se oyó es que lo que había que despejar era la incertidumbre y la falta de confianza. Hasta que el 25 de agosto, Salomón Lerner presentó los principales objetivos y metas del gobierno y recibió un voto increíble: 90 congresistas por la confianza y 32 fujimoristas en abstención y autoaislamiento.

¿Cómo es esto? Todo el ambiente era de desconfianza, pero al final nadie votó contra la confianza. Los diarios más hostiles al presidente hablan de mensaje tranquilo y todos afirman que se salvó el modelo de crecimiento y que todo está bacán. Pero en el otro lado de la sociedad, donde están los votos duros de Gana Perú: ¿qué está pasando? Lo que s e ve es que la población siente que el gobierno quiere cumplir con ellos: aumento del salario mínimo, en dos partes, pero aumento en fin; ley de consulta, no exactamente vinculante, pero obligatoria y con reconocimiento que los pueblos indígenas tienen derechos sobre las riquezas en su territorio; gas del lote 88 para el país y rebaja del GLP, probablemente no a lo ofrecido, pero con voluntad de enfrentar los sobreprecios; impuesto a las mineras, no todo lo que se quería, pero algo importante y bajo control estatal; inicio de pensión 65, todavía como política de pobre, pero como derecho social que empieza reconocerse, etc.

Por un momento de la historia pobre y ricos parecen participar de un consenso. Pero hay algo de ilusión en eso. Los grupos tradicionales de poder que se han aterrado con Ollanta y han construido sus propias desconfianzas e incertidumbre a parir de comentaristas exacerbados por las derrotas, deben admitir cada cierto tiempo que la cosa no es tan grave y que lo que está ocurriendo está en los márgenes de lo que pueden conceder, aunque no concedían en todo estos años de neoliberalismo extremista y exclusión social. Y para las mayorías que han sentido que no eran tomados en cuenta durante veinte largo años, cómo no va a ser importante que el Estado ahora tenga un número importante de políticas diseñadas pensando en ellos. Aunque no sea una revolución que cambia el sistema, para lo que todos sienten que no hay fuerzas suficientes, lo que se está viviendo es otra época, distinta a la anterior.

¿Cuándo se romperá la ilusión del país tranquilo? No lo sabemos. Pero por ahora el gobierno de Ollanta y el gabinete Lerner han ganado una batalla.

27.08.11
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