El Estado menor de edad

Esta discusión sobre el Estado empresario, subsidiariedad de las empresas públicas, línea de bandera, aparenta versar sobre teoría económica y conveniencias de desarrollo. Pero no es así. Lo que está escrito en el artículo 60 de la Constitución de 1993: “Sólo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, directa o indirecta, por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional”, no es un mandato sino un anti-mandato.

El Estado se auto-limita, colocando el requisito de una ley autorizativa y una condición de subsidiariedad para la realización de alguna actividad económica, directa o indirecta. Sin duda lo que se buscaba aquí es que en una eventual discusión de la ley se entrampase siempre cualquier iniciativa de autorización. Y que los argumentos para negar la propuesta siempre fueran: si hay algún privado participando o interesado en la actividad, el Estado debe abstenerse.

Y, por fin, quién podrá demostrar que alguna cosa tiene un “alto interés público” o “manifiesta conveniencia nacional”, en un país donde la energía, los servicios públicos, la infraestructura de transporte y otros ya perdieron esa condición. Obviamente la mejor redacción del artículo 60 podía haber sido “en ninguna circunstancia el Estado iniciará o realizará actividad empresarial alguna”, que es lo que ha venido ocurriendo en los últimos veinte años durante los cuales no se dictó ninguna ley autorizando actividades.

Simplemente no ha habido más que actividad empresarial estatal remanente, con viejas empresas parcialmente privatizadas: Petroperú, Electroperú, Sedapal y otras. Es decir una participación agónica que ha frenado su crecimiento, porque siendo entes públicos también están prohibidos de ampliar sus operaciones y competir. Lo que no se puede dejar de decir es sin embargo que el sentido de la Constitución y la política neoliberal no es decir lo que debe hacer el Estado sino lo que no debe hacer, como si se tratara del enemigo.

Así, el Estado recibió de la Shell, los campos de Camisea con depósitos de gas ya descubiertos e instalaciones para la explotación, lo que le permitía involucrarse en el proyecto a través de Petroperú, como operador exclusivo o asociado, y potenciar la enorme riqueza existente para impulsar conscientemente el cambio de la matriz energética y el abaratamiento de los combustibles. Pero no se quiso hacer y se prefirió la intervención de un consorcio que estaba bajo el liderazgo de una empresa sin capital, con socios interesados en la exportación y otros con voluntad de estafadores en el tendido del gasoducto.

De igual modo, llevamos años cediendo nuestros derechos aéreos (los mismos que todos los países explotan en su beneficio) a diversas empresas extranjeras: LAN, Aeroméxico, TACA, con la consecuencia de cada vez menor desarrollo aerocomercial, consumidores sometidos a prácticas monopólicas, amplias zonas del país desatendidas de servicio aéreo, etc. Y el Estado se ha seguido replegando, presionado por la truculenta historia de Aeroperú, que es pintada como una especie de mal absoluto, cuando su destrucción se produjo en manos privadas.

Cosa fuera que cada gobierno pudiese establecer la dosis de participación del sector público en asuntos económicos de acuerdo a su comprensión de las necesidades nacionales, y no que la supuesta ley de leyes le prohíba intervenir como si se tratara de un menor de edad.

06.08.11
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