El país reclama investigación a Alan García

Encuesta de Imasen que indica que el 71.9% de los peruanos (71% en Lima) exigen investigar los delitos económicos del período de Alan García

El 72% de los peruanos están de acuerdo en que se investigue la gestión del ex presidente Alan García. Este dato es crucial, dado el extraordinario esfuerzo realizado en las últimas semanas del anterior gobierno para llenar los ojos de la población con un gran número de obras inauguradas a ritmo galopante los que se tradujo en una mejora de los índices de aprobación del presidente que llegaron según algunas encuestas encima del 40%.

Aparentemente esta estadística habría envalentonado al saliente para fanfarronear con la idea de que si finalmente se investigaba el manejo económico de su gobierno, respondería volviendo a postularse para la presidencia el 2016. Así que si queríamos deshacernos de su presencia debía dejarse las cosas como están y meter las diversas pruebas e indicios de delitos e irregularidades cometidas en el congelador.

Pues bien, la población –incluida la que aplaudió las obras físicas-, no está de acuerdo con el borrón y cuenta nueva, y ha decidido apoyar la iniciativa que empieza a discutirse en el nuevo Congreso para revisar en profundidad las decisiones más discutibles del período 2006-2011, y la responsabilidad presidencial. El congresista Javier Diez Canseco está actualmente voceado para presidir una comisión de investigación, lo que reeditaría el esfuerzo que se hizo entre 2001-2006, con los diez años del régimen de Fujimori, de lo que ha quedado el testimonio de valiosos informes que son citados continuamente.

¿Cuáles son los temas que exigen la mayor atención del Congreso para evaluar la gestión de Alan García? A primera vista se pueden anotar cuatro grandes casos:

Terremoto del sur

En relación a la actuación del gobierno de Alan García respecto a la respuesta inmediata y el proceso de reconstrucción de la zona afectada por el sismo del 15 de agosto de 2007, lo que va desde el caso del SIS, que compró raciones alimentarias con sobreprecio para su reparto a las víctimas, y el posterior indulto irregular del presidente de ese organismo y principal responsable de esa adquisición dolosa, hasta el esclarecimiento de los destinos aplicados a las donaciones del exterior, llegando finalmente al balance de los fondos aplicados durante cuatro años que no han permitido una avance significativo en las obras de reconstrucción.

El FORSUR fracasó totalmente en la tarea de la reconstrucción, desperdiciando tiempo y recursos, en una situación crítica en la que ambos elementos eran fundamentales. Esta instancia fue creada por capricho de Alan García que constituyó un directorio en base a empresarios privados que no eran funcionarios del Estado, pero tenían una responsabilidad pública. Este grupo se fue cuando arreciaron las críticas y sin explicar lo que habían hecho y los errores cometidos. Hasta hoy subsiste una necesidad de responder por lo que se prometió como una reconstrucción en tiempo récord, y resultó en un récord de demora y frustración.

Petroaudios

Este caso referido a la actividad lobista de funcionarios del Estado y personas ligadas al gobierno aprista, para asegurar la asignación de obras públicas y la obtención de concesiones petroleras del Estado, en complicidad con ministros y otras altas autoridades, se ha producido una intensa manipulación de pruebas y un comportamiento doloso de la policía, los fiscales y la justicia, para impedir el esclarecimiento del caso. El objetivo de esta intervención ha sido evidentemente oscurecer la responsabilidad e los miembros del gobierno: ex premier Jorge del Castillo, ex ministro Hernán Garrido Lecca, ex secretario general de Palacio, Luis Nava, ex presidente de Perupetro, Daniel Saba, entre otros; pero sobre todo dejar fuera de la investigación al ex presidente Alan García.

Nuevas revelaciones recientes en el caso paralelo de las intercepciones telefónicas, han puesto como un tema a investigar el caso Petrotech, que sería el de la presión del gobierno y los lobistas para lograr la venta “por fuera” de los activos de esta empresa petrolera, implicada en una fuerte deuda tributaria y diversas irregularidades, a sectores vinculados al gobierno, lo que implicaba una transferencia de gran escala. Para esto se habría utilizado a la empresa petrolera Discovery, casi como una punta de lanza del grupo corrupto del gobierno.

BTR

Lo que está por investigarse es el papel del chuponeo telefónico en el surgimiento y la configuración del régimen aprista. La hipótesis es que durante el período 2006-2011, funcionó la red de intercepciones más grande de la historia, superior a la existente en la época de Fujimori, teniendo como centro a elementos de la marina en retiro y actividad, combinando operadores privados (empresas de seguridad) y militares (inteligencia naval). El vicepresidente Luis Giampietri habría sido un elemento articulador y Alan García no sólo toleró sino alentó la actividad que le permitía tener información completa de lo que hacían los distintos sectores políticos (incluidos miembros del propio gobierno), empresariales y mediáticos.

El destape de los petroaudios y la detención de los integrantes de BTR; rompió uno de los eslabones claves del sistema, y generó una crisis en las relaciones entre el gobierno y la Marina de Guerra, pero no acabó con el chuponeo. Sin embargo el control gubernamental sobre este proceso se debilitó. Actualmente estamos a la espera de los destapes prometidos por Ponce Feijoó y Tomasio para el mes de agosto, que prometen ser explosivos.

Decretos de urgencia

Todos recuerdan que Alan García logró controlar los daños de la crisis de los Petroaudios mediante el acto teatral de la condena a las “ratas” de su gobierno (león y Químper) y la posterior captura de BTR. Lo interesante es sin embargo que esto ocurre entre octubre y enero de 2008, período en el que también se hacía evidente la crisis financiera internacional. En ese momento García encuentra otro mecanismo para manipular el gasto público: los decretos de urgencia autorizándose a sí mismo para gastar. Entre finales del 2008 y el año 2011 se aprobaron una verdadera hemorragia de decretos, amparados de manera forzada en el dispositivo constitucional que da rango de ley a los decretos económicos de urgencia.

Está en discusión la validez de declarar una supuesta “emergencia nacional” a partir de la retracción del sector privado, para justificarla ejecución de proyectos decididos arbitrariamente: tren eléctrico, colegios emblemáticos, estadio nacional, teatro nacional, nuevo hospital del niño y otros, que se asignaron saltando procedimientos de análisis técnico y de control previo, y que recayeron regularmente en empresas ligadas al régimen. Estas obras presentan fuertes indicios de colusión entre gobernantes y ejecutores; sobrevaluación (las obras cuestan más de lo que deberían costar); manipulación de los contratos originales (mediante decretos posteriores se permitió variaciones en las obras y aumento en el costo final); etc.

Asimismo representaron un trastrocamiento de las prioridades nacionales favoreciendo el centralismo, los caprichos presidenciales y la idea elitista del deporte, entre otras deformaciones. El país espera que se evalúe la base legal de los decretos y el empleo de los dineros públicos.

02.08.11
www.rwiener.blogspot.com