Una respuesta general a las observaciones a mi artículo "El Juicio a Ollanta"

Sabía cuando escribí mi artículo “El Juicio a Ollanta”, que me traería polémica. Pero, dadas las circunstancias, consideré que no podía eludir una posición sobre el tema. Es público que llamé a votar por el nacionalismo desde la primera vuelta, convencido que traducía, sobre el terreno electoral, el giro a la izquierda que se estaba produciendo en el pueblo peruano. En el artículo explico, sin embargo, abiertamente las dudas que tuve cuando aparecieron las denuncias sobre “Madre Mía”, que fueron las de mis compañeros del Comité Malpica, el esfuerzo que hicimos para tener una opinión con base, y los motivos que nos llevaron a reafirmar nuestra opción, asumiendo las consecuencias.

Comprendo que aquellos que, entre otras razones, arguyeron que no podían votar por alguien sobre el que hubieran sospechas de violaciones de derechos humanos, y que incluso en segunda vuelta se mantuvieron fuera de la contradicción evidente que había entre la propuesta nacionalista y popular y la gran coalición del establishment y el continuismo político-económico, que encabezaba Alan García, se sientan ahora obligados a responderme para decir que la decisión del fiscal de procesar a Ollanta, prueba que tenían razón y que nadie, por más candidato o votos que haya recibido tiene corona para eludir la responsabilidad por sus actos.

Un amigo asociado a las organizaciones de derechos humanos me advierte que el fiscal ha acumulado tal cantidad de pruebas que no pudo evitar denunciar ante el juez. Pero, mi amigo, a quién aprecio profundamente, que me entregó información valiosa sobre el caso, fue también el que me dijo que la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos tenía muchos más datos que lo que había aparecido en la televisión y los diarios, que hacían muy fuerte la acusación. Luego revisé el informe que emitieron al respecto y, como lo señalo en el artículo, no encontré nada nuevo. Anoto, no es que le crea a la Coordinadora cuando acusa al grupo Colina y no le crea sobre “Madre Mía”. Yo no hago actos de fe. Lo del Colina tiene decenas de testigos, confesiones y hechos probados. Y sus autores son sicópatas a la vista. No ha sido lo mismo con el llamado “capitán Carlos”. Tengo muchas discrepancias con la Comisión de la Verdad no sólo en el tema de las cifras sino en el tratamiento de algunos casos emblemáticos. Pero eso no me hace dudar de la honestidad de sus miembros, ni acompañar las brutales campañas de demolición contra ellos. Por tanto admito que puede haber verdad o error detrás de cualquier informe, pero lo que si es un monumento a la inequidad política es no haber sacado un informe de derechos humanos paralelo sobre García y Giampietri, durante las elecciones.

El punto es que lo que se conoce de las investigaciones sobre “Madre Mía” es que el fiscal encontró una zona que los denunciantes sostenían que era de ejecuciones y entierros clandestinos, sin que hubiera indicios de que eso hubiera ocurrido. Nadie –salvo quizás los más enterados-, sabe de testigos diferentes a los que hacen la denuncia directa. No han aparecido otros casos en el Huallaga y otras regiones donde sirvió Humala que den cuenta de conductas reprobables que la gente esté dispuesta a denunciar. ¿O es que le salió el violador sólo dos meses? El pueblo que sufrió la supuesta tiranía de “Carlos”, vota masivamente por su opresor. Los testigos dicen estar amenazados o que quieren sobornarlos. ¿Pero se puede hacer algo así con todo un pueblo? Yo sólo digo, que no veo un caso judicial claro, que avanza y se convierte en proceso porque los elementos que se acumulan son abrumadores. Hasta donde entiendo estamos en la misma situación de las elecciones. Un grupo de familiares dice que Humala es el “Carlos”, que desapareció a sus familiares. Y Humala lo niega.

¿Porque lo niega, hay que creerle?, ¿no hacen eso los mayores criminales? Por ejemplo, Alan García. Obviamente no hay que creerle. Pero es su derecho. Nadie discute que los señores que denuncian sus pérdidas cuenten la verdad de lo que han sufrido. Lo que no se puede hacer es asumir que es cierta su otra acusación: de que tal persona es el culpable, por el sólo hecho de que son víctimas, con todo respeto para las víctimas. Toda investigación seria no sólo requiere algo más que la versión de acusador y acusado, sino que exige distinguir móviles, contexto, antecedentes y conducta posterior de los acusados. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos por su función, o lo que sea, se ha dado el papel de representar las denuncias de parte. Por tanto no se puede esperar de ella una investigación que integre todos los factores y las perspectivas.

Es evidente que en estos procesos están contenidas una elevada dosis de subjetividad. Se ve cuando la Coordinadora afirma que confía en sus testigos y que sabe reconocer cuando dicen la verdad. También cuando hay personas que me escriben y dicen que Ollanta es un mentiroso sin remedio, que se inventó un discurso antiimperialista para tapar sus verdaderos propósitos, entre los que podría estar ganarse una absolución política por culpas militares. Por supuesto no voy a discutir estas declaraciones que cada quién sabe porque las hace. Pero con el mismo principio es que llego a decir en mi artículo que tengo la experiencia suficiente como para distinguir a una persona que abraza sinceramente las causas populares de un farsante; a un tipo que desprecia la vida ajena de otro que la ama. Y se puede ir más lejos. Si Humala tuviera realmente unas deudas de sangre de las que avergonzarse y por la cuales eludir la ley, habría estado loco en asumir el protagonismo de Locumba, de los hechos posteriores hasta las elecciones del 2006 y de la actual etapa en que se forja una oposición política. Como ex militar hubiera estado cubierto sin riesgos para el y sus familiares. Sólo un tonto puede no ver que el hombre se ha enfrentado a un enorme poder, dando la cara y manteniendo sus posiciones más allá de la etapa electoral. ¿Cómo abstraer estos asuntos de la voluntad de someterlo a un juicio que melle su figura política?

Hay otra cosa más. Jamás diría, como alguien me ha interpretado forzadamente por ahí, que por levantar las banderas nacionalistas, o las que fuera, se puede conciliar y pasar por alto las violaciones de derechos humanos. Así dicho estaríamos hablando más bien de las coartadas a las que alude otro de mis críticos. Pero para los que no me entendieron, o no me quieren entender, lo que he escrito es totalmente otra cosa. Planteo en un principio el dilema moral: “¿Y si después de todo yo también estaba dispuesto a conciliar en mis más caros principios por una consideración política?”, que me llevó –junto con el Comité Malpica-, a iniciar una investigación, que no sé si otros que hablan sobre el asunto, habrán intentado hacerla. Pero establecidos los límites de la acusación, sobre los cuales he vuelto en esta respuesta, y sabiendo que había que optar, nos preguntamos si el compromiso político de Ollanta, los riesgos que suponía, no tenía también un significado moral a tomar en cuenta. Si cuando uno ve a un militar contra-subversivo pasar al campo popular y distinguirse frente a una institución que la mayor parte de su historia ha estado sosteniendo los poderes dominantes, está solamente contemplando su presente o apreciando la coherencia de una vida. Mucho más si he conocido de cerca de su hermano Antauro y conversado en extenso con Isaac Humala y Elena Tasso, que son muchísimo más que la caricatura que se quiere hacer de ellos.

Estamos hablando de una guerra irregular que desangró al Perú, en la que hubieron horrores de todos los tamaños. Algunos de los responsables de los más grandes de todos esos, están actualmente gobernando el país, sin un gramo de arrepentimiento, y como dijo García en su discurso inaugural, aquí los únicos que se sacrificaron fueron las instituciones armadas, la policía y los militares. Ese es su balance. Y es evidente que se proponen echar a un lado las conclusiones de la Comisión de la Verdad, aunque algunos de sus miembros votaron abiertamente para que el gran violador sea presidente. De hecho, el Perú que se perfila es el de una impunidad consolidada, en la que los vencedores se perdonan a ellos mismos y subrayan que aquí no ha pasado nada, y los vencidos van varias veces a la cadena perpetua, y empezamos a pensar que si mueren en la cárcel no habremos librado de la violencia. En ese escenario el militar enjuiciado por crímenes de guerra, mientras gobiernan García y Giampietri, será Ollanta Humala. Y para algunos progresistas esto será solamente un detalle de la norma según la cual “cualquier persona” debe responder ante la justicia por sus responsabilidades.

Hay otras objeciones a mi artículo. Por ejemplo aquellas del tipo de que Humala tiene la culpa de que hoy existan en política los Torres Caro, Aldo Estrada, Meckler y Álvaro Gutiérrez, que es como decir que no merece que lo defiendan. Varias veces he señalado el carácter anárquico, tumultuoso y podría agregar impuro, de la corriente nacionalista nacida entre el 2005 y el 2006. Pienso que es difícil de imaginarla con mejor organización y cuadros más seguros de los que finalmente tuvo. Esta a la vista que hubieron mucho que agarraron viaje por pura conveniencia. Pero lo que soslayan los que opinan desde el lado de la pureza es que este movimiento desordenado despertó a la política a millones de personas, logrando lo que parecía un imposible: que voten directamente contra el modelo neoliberal y por una Asamblea Constituyente que redistribuya el poder político en el Perú. Esa conquista gigantesca que cambia el escenario nacional, no hubiera llegado a ninguna parte sin el liderazgo de Humala y su capacidad para enfrentar a la derecha de su propio partido.

Hay otra tesis que sostiene algo así como que Humala y su movimiento ha sido una ilusión más, entre tantas, que ya pasó, que hace agua por todos lados y que terminará despanzurrado en las elecciones municipales y regionales, donde empezaremos nuevamente a sentirnos en la normalidad, con las caras más o menos conocidas de la política criolla. Por supuesto que esta es la fórmula que puede traer la mayor tranquilidad al abstencionismo que quiso representar algo en segunda vuelta y que fue reducido prácticamente a la nada, porque aún los partidos que llamaron a votar viciado no pudieron controlar a sus propios militantes. ¡Qué fácil sería, de veras, la política, si lo que no encaja y rompe nuestros esquemas, se auto-elimina por su cuenta! Pero mientras más tardemos en comprender la profundidad del cambio que se está produciendo, más lenta, enredada, contradictoria, va a ser la relación izquierda-nacionalismo. Como está ocurriendo para las elecciones de noviembre, donde no somos capaces de entender que se requiere candidaturas únicas en cada región, provincia y distrito, de nacionalistas, izquierdistas y regionalistas, contra el APRA y la derecha. Que unos y otros se ahoguen en el intento es una prueba de incomprensión total de la situación política. Pero que en la izquierda hayamos retrocedido hasta el año 93, cuando había que ir a las municipales como fuera, sin proyecto de poder, en multiplicidad de fórmulas de alianzas y membretes, es más que penoso, porque ya se sabe adonde eso lleva.

Respecto al juicio a Ollanta quizás lo mínimo que podría reclamarse es que haya un trato equiparado con otros casos de violaciones de derechos humanos que están pendientes en el país. Que no ocurra que García vuelve a la presidencia; Giampietri se convierte en vicepresidente y congresista; Noel muere en su casa; Camión, Lince, nunca son habidos, los del Grupo Colina van a irse a sus casas, por demora en la sentencia; Pérez Documet sigue tan campante, etc., pero Ollanta Humala va a ser enjuiciado para que nunca más a otro focial se le ocurra hacer lo que ha hecho. Otras condiciones elementales son las de un tribunal con garantías para tratar estos casos; que la jueza de instrucción de Ollanta no sea la misma que exculpó a García en el caso Cayara; que las pruebas que dice tener el fiscal se conozcan, para que no haya suspicacia de intención política; que en los medios se abra un debate sobre la estrategia anti-subversiva de los -80 y 90, y el balance que el Estado debe hacer de sus responsabilidades frente al sufrimiento al que fueron condenadas muchas familias sin ser parte del conflicto en desarrollo. ¿Ha sugerido la izquierda algo como esto? ¿Tenemos claro para qué quieren judicializar y encarcelar a Ollanta Humala?

Me temo que todavía hay mucha confusión entre nosotros y que hablar como lo estoy haciendo no políticamente correcto para mucha gente. ¡Qué le voy a hacer! Estoy diciendo lo que creo y pienso. Y eso, por ahora, me es suficiente.

Barcelona

22.08.06

(1) El artículo “El Juicio a Ollanta” ha suscitado una serie de reacciones que han llegado a mí en la forma de cartas y críticas directas. Un porcentaje de estos escritos tienen carácter privado y provienen de personas muy amigas. Tomando en cuenta esto último es que en esta respuesta general no menciono nombres y me limito a revisar los argumentos.