La minería en el gobierno de Alan García

Entre la década de los 90 y los 2000, la actividad minera pasó de ocupar el 4% del territorio nacional al 13%, es decir triplicó el tamaño de su presencia .

Como, por definición, la minería ocupa las zonas rurales, esto ha venido a significar que en amplísimas extensiones del campo peruano haya ahora un habitante inesperado, con mucho poder económico y político, que se considera con derechos sobre las zonas asignadas debido a los contratos de concesión firmados por el Estado.

El número de comunidades cuyos territorios han sido involucrados total o parcialmente en actividades mineras es de 1,719, lo que equivale al 55% de estas organizaciones a nivel nacional. En número de familias debemos estar hablando encima del millón.

De 16 departamentos que se consideran mineros, por el peso de esta actividad en el PBI departamental y nacional, diez de ellos están en la lista de los más pobres del país. Igual ocurre con 45 de las provincias mineras más importantes y los 500 distritos señalados en esta condición.

En los discursos que los empresarios mineros lanzaron con motivo de la Convención Minera Nacional en octubre del 2005, se enfatizaba mucho la siguiente idea: todavía nos queda por explotar el 87% del territorio peruano, o sea que hay una formidable futuro minero por delante.

Algo parecido ha repetido el presidente García en su discurso inaugural: “toa esta inversión todavía es muy poca, necesitamos mucho más y tenemos decenas de proyectos mineros que con los precios actuales se vuelven atractivos para la inversión. Es ahora o nunca. Porque si en unos años el crecimiento mundial cae y caen los precios de los minerales, estos se quedarán en la cordillera y no tendremos los miles de millones necesarios para extraerlos y crear empleo”.

Es decir, la concepción dominante es que al Perú hay que sacarle los minerales que están guardados en las entrañas de la tierra, a la mayor velocidad posible, considerando solamente los factores de inversión, precios y expectativas de ganancia. No ven que somos un territorio básicamente vacío. Este criterio, por cierto, tiene mucho que ver con lo que ha pasado hace pocos días en la localidad de Combayo, en Cajamarca, donde los reclamos campesinos fueron repelidos por la policía particular de la empresa con el costo de un campesino muerto y varios heridos.

El gobierno, por supuesto, ha guardado ominoso silencio, mientras sigue haciendo girar las preocupaciones de la gente en asuntos tan importantes como los sueldos cada vez más bajos de los funcionarios públicos y las ganas que hay de instalar un paredón donde se fusilen a los peores criminales en medio del fervor popular. Pero un campesino muerto, una empresa particular con armas de guerra, varios dirigentes apristas de gerentes y asesores de la mina, ese sigue siendo un problema invisible en el Perú oficial.

Hace menos de diez años que Yanacocha está en Cajamarca, como Antamina y Barrick en Ancash, Las Bambas en Andahuaylas, Cerro Verde en Arequipa. ¿Pero quién podía negar la enorme gravitación de estas empresas en el manejos de los suelos, el agua, el aire, que tenían un orden para su utilización y protección, antes que llegara la mina.

Si por los empresarios mineros fuera invadirían todos los espacios posibles donde hay minerales para ser explotados. Uno hubiera esperado que el nuevo presidente hubiese puesto la mano firme para decir tanto en el punto de la distribución de las ganancias (García está pidiendo un óbolo voluntario), como en la regulación de las relaciones entre comunidades y empresas extractivas. Si el Estado se abstiene y cree que su misión es aumentar las concesiones “ahora o nunca”, no hará sino evocarnos a Toledo y su “sí o sí”. Presidentes de paja, que no entienden la sociedad peruana.

12.08.06