Cuando en el mes de enero, Panamericana Televisión y luego Frecuencia Latina, seguidas por los demás medios de prensa: televisión, radio y diarios, presentaron testigos que denunciaban que el candidato Ollanta Humala había sido un jefe antisubversivo del Huallaga, que bajo el seudónimo de “Carlos” habría cometido abusos contra los derechos humanos, sentí un estremecimiento. Durante 25 años estuve en el campo de los que denunciamos la estrategia de represión que impulsó el Estado, a través de varios gobiernos, por medio de las fuerzas armadas y la policía, con el apoyo de los partidos del sistema y de los grandes medios de comunicación.
No podía haber nada más incómodo que ver a todos esos apañadores de abusos y crímenes imperdonables, señalando con el dedo a un ex oficial que había levantado banderas nacionalistas y progresistas, convirtiéndose en esperanza para muchos sectores populares, muchos de los cuales antes habían creído en una izquierda que se descartó a sí misma como opción de poder. ¿Y si después de todo yo también estaba dispuesto a conciliar en mis más caros principios por una consideración política?
En el Comité Malpica me encargaron realizar una investigación y producir un informe sobre el caso del “Capitán Carlos” y la denuncia sobre violaciones de derechos humanos en la localidad de “Madre Mía”. Mis conclusiones están en un documento que entregué a mi organización. La conclusión básica era que estábamos ante un número delimitado de casos (dos o tres), en los que los familiares señalan a Humala como si se tratara de “Carlos”. Son las personas que fueron a la televisión y parte de ellas son las mismas que declararon ante los organismos de Derechos Humanos.
Ollanta Humala ha negado las acusaciones, pero la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y algunas personas (entre ellas candidatos rivales), dijeron que por experiencia sabían cuando los denunciantes dicen la verdad. En los registros de víctimas de los años 90, figura solo uno de los casos señalados, que sin embargo es extrañamente el que no se encuentra en proceso de judicialización. El padre del joven desaparecido no pasó de la televisión a la formalización del caso, por alguna razón que esta fuera de mi alcance.
El informe que finalmente emitió la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, no aporta nada nuevo a los datos periodísticos iniciales. No hay nuevos testigos, pruebas adicionales, entrevistas a los involucrados, recojo de información en la zona. Pero el texto ha sido aludido varias veces en el marco de la campaña electoral, como si realmente se tratara de un documento categórico por el sólo hecho de la institución que lo suscribe.
Sin duda, y más allá de ser consciente que las denuncias estaban encajadas en el propósito político de liquidar la candidatura, lo que se buscaba además por muchas otras vías, no importa si contradictorias (por ejemplo, acusándolo de subversivo en Andahuaylas, borrachín en Locumba, aliado de los radicales, chavista, fascista, etc.), lo que pude concluir es que estábamos ante dos versiones ante las que había que optar. Obviamente era imposible para mí reunir la información completa para definir lo que era verdad. Y era evidente que Humala no podía dedicarse a defenderse, que era lo querían sus enemigos, que incluso le reclamaron retirar la candidatura para hacerlo.
Entonces me pregunté cosas como ¿qué hubiera hecho si el brigadier Pumacahua me pedía sumarme a su levantamiento contra España? ¿Lo hubiera puesto ante al pregunta de cuántos patriotas fusiló cuando era realista? ¿Ese habría sido el parámetro para decidir abrazarme a su causa? Podría poner muchos otros ejemplos de militares que estuvieron en la represión y pasaron al campo del pueblo. ¿Los recibimos con un abrazo?, ¿o nos proponemos enjuiciarlos con el beneplácito de la derecha cavernaria que protege a sus cachorros, pero mata a aquellos que se le descarrían?
Cuando Humala toma las banderas de la nacionalización de los recursos naturales y de la participación del país en la explotación de su propias riquezas; de la defensa del patrimonio público contra las privatizaciones; de la auditoría y revisión de la deuda externa; del fin de los privilegios trasnacionales; de la Asamblea Constituyente; del poder para los pobres y postergados; de las protección a los agricultores, campesinos y microempresarios; de los derechos laborales; etc.; está rompiendo con una tradición militar de usar la fuerza para sostener a los gobiernos y las políticas de turno, por más antipopulares que sean. Parafraseando a la Coordinadora podría decir que por experiencia sé cuando el que dice estas cosas está sosteniendo una verdad. Por eso, dicho sea de paso, me parecieron tan vacías las paltas de algunos que se preguntaban si no será en verdad otro Fujimori, o un Toledo camuflado, con los que la izquierda nos equivocamos sucesivamente buscando el mal menor.
Visto desde su actual opción Humala no es, ni puede ser, un criminal de guerra tratando de blanquearse, como si lo son García, Fujimori, Giampietri, Mantilla, Montesinos, Martin Rivas, etc., que pretenden darse el lujo de castigar al oficial nacionalista como si se tratara del “violador” emblemático de los últimos 25 años, donde nadie con uniforme ha respondido por sus actos. Permítanme evitar aquí la referencia a aquello de que en toda guerra hay excesos, y de que el conflicto interno peruano fue especialmente excedido. Lo que es un elemento esperanzador es que militares que estuvieron metidos en esa ciénaga hayan reaccionado para asumir banderas de cambio y compromiso con el pueblo. Esto significa que la corriente nacionalista de Velasco no ha muerto.
Ahora quieren enjuiciarla.
20.08.06
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