Alan García está próximo a salirse, otra vez, con la
suya. En la Primera Sala Civil se ha hecho una reestructuración que le favorece
para que en cualquier momento escuchemos decir que se ratifica la enésima
resolución del juez Velásquez, pretendiendo anular lo hecho por la
megacomisión, mucho más que lo que le permiten sus facultades, incluidos los
informes sobre los actos delictivos ocurridos durante segundo gobierno.
Entretanto, en el Congreso se ha aclarado el panorama
y ahora se luce orgullosa la alianza del APRA y el fujimorismo, después de
cuatro años (o nueve), en que existió en
forma vergonzante. Todas las dudas que podía haber de que los anaranjados
votaran por la inhabilitación aunque fuera para eliminarse a un rival significativo,
se han despejado. Así los informes del incansable Sergio Tejada tienen por
delante al Poder Judicial, la Comisión de Acusaciones Constitucionales
(presidida por el brazo derecho de Castañeda) y el Pleno, donde solo un milagro
podría enviar a García al Ministerio Público, lleno de operadores de
expresidente, con un Fiscal de la Nación débil, que debe estar pensando en lo
que pasará cuando se acabe su provisionalidad.
En este escenario, Mulder y Velásquez pueden decir
tonterías como que no se le ha probado nada a García, como si no existieran más
de cinco mil resoluciones de indulto o conmutación de pena firmadas entre el
2006 al 2011, en su abrumadora mayoría favoreciendo a condenados por
narcotráfico, entre ellos 400 por narcotráfico agravado; como si no hubiera
habido interferencia dolosa en el caso BTR y destrucción de pruebas, con
intervención de altísimas autoridades del Estado bajo la dirección del
presidente; como si no hubieran existido los decretos de urgencia sin urgencia
real, que permitieron a García manejar dinero sin límites y decidir a dedo los
ejecutores de las obras; como si alguien hubiera inventado los documentos que
acreditan como hechas obras nunca realizadas de Agua para Todos, que aparecían
apadrinadas por el presidente cuando no había nada; etc.
Pero igual que pasó con la matanza de los penales, y
otros crímenes masivos o selectivos (caso Rodrigo Franco) de su primer
gobierno; las reservas consignadas en el banco mafioso BCCI y la documentación
que indica que García manejó al presidente y al gerente del BCR para estas
operaciones por las que fueron encarcelados; la triangulación para trasladar
parte de los Mirages comprados por el Perú a países árabes, a través de traficantes
de armas; la coima del tren eléctrico; el crecimiento exponencial del
patrimonio personal de un tipo que dedicó su vida a la política; y tantas cosas
más; el hombre del ego colosal sigue moviéndose desfachatado como si las
denuncias sobre sus crímenes y corruptelas fueran a rebotar eternamente contra
las instituciones del estado condenadas a la impotencia.
Con un tremendo pasivo en contra, García vive
obsesionado de su tercera reelección. Y se burla abiertamente de la debilidad
del sistema siquiera para investigarlo seriamente, no decimos para acusarlo y
enjuiciarlo por delitos evidentes. Pero no es el único que se vacila con la
condición de no-investigable, no acusable, no enjuiciable, que han forjado
instituciones como la Contraloría, el Ministerio Público, el Poder Judicial y
el propio Congreso, donde la fragmentación política termina siempre en el
autobloqueo, con distintas maniobras. Es lo que hizo Castañeda con el caso
Comunicore, con el simple expediente de “no sabía”, “estaba de vacaciones”, en
un asunto que se preparó en mucho tiempo y que ejecutó en varias etapas. Tengo
claramente el recuerdo de haber conversado con proveedores del Municipio de
Lima, en tiempos de revocatoria, y oírlos decir que irían por “cualquier otro
que no fuera Castañeda”, porque este no cobraba diezmos o porcentajes razonables,
sino arriba de los 200 mil dólares y le gustaban las obras grandes donde hay
más dinero y se puede exigir más.
En todo caso, lo estamos viendo ahora con el super bypass
anunciado para el cruce de las avenidas 28 de Julio, Arequipa, República de Chile
y Garcilaso de la Vega, propagandeada y empezada a ejecutar con un desprecio
increíble a las leyes y normas que regulan este tipo de megaobras, que no
pueden hacerse con fondos de otro proyecto, saltarse los estudios técnicos y la
aprobación de entidades especializadas, ni decidir traerse al contratista de la
obra desmantelada, ni iniciar una campaña masiva de propaganda que parece un
intento de ganarse a los medios, negarse a comparecer ante el Congreso y decir
que se está en España cuando estaba en Lima, y todo en un acto de prepotencia
para recuperar la imagen de “gran constructor”, que parecía que se le había
extraviado en medio de la modorra con la que empezó su tercer gobierno.
La Contraloría no está viendo las gruesas
trasgresiones del bypass de Castañeda, como
antes no se interesó por controlar la feria de decretos de urgencia o de
investigar las obras nunca hechas, el caso Collique y tantos otros. Cuando
están ocurriendo los hechos, el señor Fuad Khoury no ve nada, ni en Ancash, ni
en Tumbes, ni en el Callao, o como ahora en Lima. Pero cuando había que
bombardear a Susana Villarán con un informe sobre la Caja Metropolitana, no
concluido ni discutido con los titulares de pliego, escogió el día de su
lanzamiento como candidata para empapelarla ante el público y luego olvidar el
caso. A Gregorio Santos lo expurgó tres años y le cayó encima en vísperas de
las elecciones. Pero a otros que podía investigar como Moreno en el Callao, lo
dejó invicto mandando al archivo las denuncias. Ahora Moreno, que no es García,
ni Castañeda, ni siquiera Kouri, tiene una cadena de acusaciones fiscales que
podría terminar condenándolo.
El sistema anticorrupción peruano es paradójicamente
una de las causas del aumento de la corrupción. La Contraloría no controla
nada, y se asocia a posteriori a las denuncias de la prensa, presentando a
destiempo sus propios “descubrimientos”, que llevan siempre la pregunta por qué
no hizo algo antes. La procuraduría anticorrupción se deja llevar fácilmente
por el figuretismo y ahora por la insignificancia de su principal exponente. El
Ministerio Público tiene desde hace tiempo la consigna de archivar luego de una
vista somera, los casos de los grandes ininvestigables, como ocurre
reiteradamente con García, Castañeda y otros. El Poder Judicial, salvo el caso
Fujimori, no se ha visto aún en el trance de juzgar a los grandes corruptos. Y
si Álvarez fue intervenido, fue porque un cargamontón de la gran prensa que
parece mover a las instituciones.
El saldo de todo esto es que García se ríe en nuestra
cara y se considera el rey de los políticos. Y Castañeda carga con el malhumor
que le causa no haber llegado a presidente cuando se lo propuso y usa a la
Municipalidad como si le hubieran dado un premio consuelo, que no lo
entusiasma, y que pretende dirigir en sus tiempos libres. Mientras la impunidad
subsista para algunos que se consideran por encima de los demás, no existirá
confianza sobre la justicia peruana y el principio de igualdad ante la ley.
02.03.15
Publicado en Hildebrandt en sus Trece
