Lo que se está jugando en el caso Soberón

"Las políticas prohibicionistas basadas en la erradicación, la prohibición y la criminalización del consumo no han funcionado”
Declaración de los expresidentes Brasil Fernando Henrique Cardoso; México, Vicente Fox; y Colombia, Ernesto Samper.

Lo increíble del caso Soberón es que todo el mundo sabe que la llamada “política antidrogas” promovida por los Estados Unidos y adaptada por los gobiernos de América Latina y que se basa en la erradicación forzosa, destrucción de cocales e ilegalización del consumo es un completo fracaso. Cada año aumentan las hectáreas sembradas de coca con destino al narcotráfico., la producción y exportación de cocaína, el poder de las mafias y la violencia generada a partir de este vil negocio. Pero nuestros gobiernos siguen buscando afanosamente cumplir metas anuales de erradicación para no recibir una nota desaprobatoria de Washington mientras la clase política tradicional y los medios de comunicación se encargan de demonizar cualquier intento de modificar esta orientación claramente suicida (nos encamina a una situación tipo México) y profundamente servil a los intereses de la gran potencia.

Estados Unidos no está dispuesto a aceptar que los gobiernos dispongan soberanamente de su política hacia la producción de narcóticos, porque se consideran como “afectados” por el ilegal negocio y con “derecho” a decidir y participar en lo que sería un “interés propio”. En los hechos, lo que están haciendo es sostener la idea ilusa de que el alto consumo de drogas entre su población y el inmenso movimiento de dinero que corre tras ello sólo podría detenerse si en Perú, Bolivia, Colombia y cualquier otro país se pudiera eliminar hasta el último árbol de la coca. Como eso no puede ocurrir se contentan con una cuenta anual de hectáreas erradicadas, ignorando el dato de que otras zonas se incorporan paralelamente a la producción haciendo inútil el esfuerzo.

Hace mucho tiempo que las áreas de erradicación son las mismas (Huallaga), y los distritos, caseríos y familias escogidas para las operaciones del CORAH (policía militarizada encargada de la erradicación) responden a un mismo patrón: cocaleros pobres, de baja productividad y con fuertes deudas con los acopiadores. A esta gente se le ataca como si se tratara de los verdaderos narcos y se les destruye todo lo que tienen de valor, sometiéndolos a condiciones de violencia. Cada chacra representa alrededor de una hectárea erradicada que va al registro. Anualmente la meta está en 12 mil hectáreas erradicadas, lo que más o menos que se cumple al costo social que estamos señalando, mientras que en otros lugares: VRAE, Puno, Cusco, etc., ingresan alrededor de 20 mil nuevas hectáreas llamadas ilegales.

Obviamente se trata de un círculo vicioso que sólo sirve para ocultar que Estados Unidos no hace nada para controlar la droga y las mafias en su territorio, y que los gobiernos de esta parte del mundo pagan su cuota de campesinos zarandeados y despojados para aparentar un combate al narcotráfico que no existe. La captura de dirigentes cocaleros como los de la operación “Eclipse” y el afán de relacionarlos con el terrorismo y el narcotráfico, apunta a desorganizar a los productores en sus intentos de negociar con el Estado y evitar políticas concertadas, y a generar una imagen de “enemigo de varias cabezas” al que hay que tratarlos con una lógica de guerra.

Ricardo Soberón ha venido denunciando esta realidad de la política antidrogras durante muchos años y entendiendo que los cocaleros son personas con las que hay que conversar y entenderse. Precisamente por esta trayectoria profesional y política es que el presidente Ollanta lo escogió para DEVIDA. Pero ahora lo quieren destruir agitando lo que él dijo una y mil veces, que la erradicación no funciona (que es lo que afirman también varios ex presidentes), que los cocaleros son personas de trabajo con los que hay que contar para el desarrollo alternativo y que la coca (léase bien, la coca) no es una planta maligna, ni un estupefaciente, sino un producto vegetal al que se le extraen componentes para fabricar una de las drogas más famosas.

Los que quieren tumbar al actual jefe de DEVIDA, pretenden además que nos traguemos el sapo de que la política de persecución a los cocaleros, alentada por Estados Unidos, es una “política de Estado”, algo así como inmodificable. De ahí el escándalo que ahora se ve en el Congreso en el que varias bancadas quieren linchar a Soberón. Y todos vuelven a decir: cierto que ha fracasado, pero n o podemos dejar de erradicar; cierto que Soberón recién empieza su gestión y no ha hecho nada que merezca la ametralladora de ataques que recibe todos los días, pero así es la erradicación, incluye erradicar a los funcionarios que no gustan a Estados Unidos, como le sucedió al ministro aprista chiquitín Salazar al comenzar el segundo gobierno de Alan García.


Las actas de Tocache y Quillabamba

Cuando el ministro Juan José Salazar, renunció en mayo del año 2007 no tenía ni de lejos una trayectoria que pudiera aproximarlo al trabajo profesional de Ricardo Soberón o alguna claridad de ideas sobre lo que debería hacerse con la producción de coca ilegal y el narcotráfico. Su pecado fue firmar un acta llamada de Tocache con la que suspendía la erradicación forzosa para iniciar conversaciones con los dirigentes cocaleros que desató una escándalo de los demonios y obligó al gobierno de Alan García a declarar que era una medida “temporal” y restituir en pocos días la destrucción de sembríos en el Huallaga. En plan de explicarse el ministro dijo que había cometido un “error”.

Poco después cometió un segundo “error” que esta vez le costó la cabeza. Fue cuando firmó otra acta denominada de Quillabamba, con los cocaleros legales, que venden su hoja a Enaco, con los que se comprometía a denunciar la Convención de Viena que incluye a la hija de coca en la lista de drogas junto con la cocaína, la heroína y otras. Por supuesto que esto fue inaceptable para el establishment y Salazar fue enviado de vuelta a su chacra en Lambayeque. Se probó que no se puede tocar las reglas internacionales impuestas por Estados Unidos y que la guerra es contra la coca y no contra la cocaína, es decir contra los cocaleros y no contra las mafias de la droga.

Hay paralelos entre lo que pasó al comienzo del segundo gobierno de García y lo que está empezando a pasar con el recién inaugurado gobierno de Ollanta Humala. Sólo que en el APRA nunca hubo ideas claras sobre el problema de la coca, mientras que nacionalismo hizo una alianza sólida con este sector de la población. Por eso ahora la puntería no está sólo dirigida contra Soberón y los conceptos que ha defendido desde hace muchos años, sino contra la posibilidad de incluir a los cocaleros en la política de cambios y en la nueva economía del Perú. En última instancia es evidente que hay quienes quieren mantener una guerra perpetúa en la ceja de selva, que es una guerra contra los pobres y un germen de violencia e injusticia que se puede volver mucho más grave si sigue como está.

11.09.11
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