Así la dictadura se tumbó a una empresa pesquera

Entre 1998 y 1999, la combinación del fenómeno del Niño y la crisis asiática, detuvo el crecimiento económico, lo que afectó directamente los planes de empresas peruanas que habían hecho inversiones importantes en vista de las aparentemente buenas perspectivas de la economía. Un sector particularmente afectado fue la pesquería que venía de un acelerado auge y se encontró con la brusca desaparición de la anchoveta de los mares peruanos por efecto del calentamiento de las aguas. La crisis de la pesquera Carolina de Salomón Manzur, con dos plantas en Huarmey y Chimbote, con equipos para producir harina, aceite, conservas y refrigerados, y diez barcos para la extracción del recurso, fue parte de un problema más o menos extendido, que consistía en un cese abrupto de producción e imposibilidad de cumplir a tiempo con el pago de las letras suscritas para el financiamiento de las inversiones.

Lo que hace diferente este caso es otra cosa. Y es que la empresa era visiblemente viable si se le modificaban los vencimientos de su deuda y se la ayudaba a pasar el período malo. La cosa es que, según todas las evidencias, la mafia de la época que atravesaba las salas del SIN, diversas instituciones públicas y judiciales, así como banqueros inescrupulosos, etc., vieron la oportunidad de quedarse con la Pesquera. Los hechos tal como se encadenaron demuestran: (a) que hubo un plan; (b) que hubo una vasta red de operadores, sobornados por la mafia o asociados a ella; (c) que las conductas dolosas no se modificaron con el cambio de régimen de dictadura a democracia, y que reductos de la corrupción se mantuvieron intocados.

Véase la secuencia y se entenderá cómo se puede robar una empresa y no ser castigado: (1) el 31 de mayo de 1999 se declaró la insolvencia de la empresa Carolina, consentida por su propia administración original que buscaba el reflotamiento; (2) el 15 de diciembre de 1999 se instaló la Junta de Acreedores, acordando iniciar un proceso de reestructuración, bajo un régimen de gestión mixto (entre acreedores y deudores); (3) el 6 de septiembre de 2000, se instala el Comité de Administración presidido por el Banco Wiese, e integrado por representantes de Rétex Peruana y el Banco Latino, que acuerda por dos votos (Banco Latino se abstiene) revocar el mandato de todos los gerentes, nombrando como gerente general al señor Luis Giulfo Zender y para aparentar cumplir el acuerdo de administración mixta, convierte al contador Mario Díaz Sevilla, en supuesto Gerente Administrativo, cargo que no existía y que tampoco desempeñó con los nuevos administradores.

(4) Al momento de revocar a los gerentes el Comité no estaba legalmente inscrito (recién lo hizo a comienzos de octubre), por tanto no podía darle efecto legal a sus acuerdos, sin embargo pretendió inscribir aceleradamente la decisión en Registros Públicos de Chimbote para asegurarse el inmediato control de la empresa. Para ello lograron falsificar una ficha de inscripción con nombre y sello de un registrador, cuya firma fue falsificada, con el que desalojaron a Manzur y otros funcionarios el 9 de septiembre (tres días después del acuerdo); (5) recién el 13 de septiembre se hace el asiento 23 en los Registros, con las revocatorias y nuevos nombramientos, lo que no podía subsanar los delitos y abusos cometidos; (6) la revocatoria de mandato de los gerentes ocurre cuando la empresa se estaba recuperando. La nueva administración sin embargo apuntó a cuestionar la gestión previa declarando que los activos estaban sobrevaluados en 40% y que la empresa no podía para sus deudas. Asimismo presento hasta tres planes de reestructuración rechazados por la Junta y por Indecopi. Todo esto condujo a que en mayo del 2002, la Junta decidiera la liquidación de Pesquera Carolina y la venta de sus activos a otros inversionistas pesqueros.

El señor Giulfo, declaró ante la Comisión que investigaba los delitos económicos de la época fujimorista que era un experto en liquidaciones empresariales.

30.09.11
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Procesos de reestructuración fraudulentos

Para salvar a las empresas en crisis, conservar los puestos de trabajo y cumplir con las obligaciones atrasadas se creó en la década de los 90 el procedimiento de reestructuración patrimonial o procesos concursales, que consistía en una declaración previa de insolvencia de la empresa a reestructurar (incapacidad de cumplir con sus pagos) y en la conformación de una junta de acreedores que a la manera de una junta de accionistas, debía aprobar el plan de salvataje y constituir una administración capaz de ejecutarlo. Antes de este sistema lo que ocurría era que los acreedores impagos se lanzaban sobre la empresa en crisis embargándoles sus bienes y precipitando una liquidación que podía evitarse, en la que todos terminaban perdiendo parte de su patrimonio.

Pero esta institución como muchas otras fue tergiversada bajo el gobierno de Fujimori cuando entraron a jugar articulaciones entre algunos acreedores, funcionarios públicos y diversas mafias del poder de la época. Un sector de la banca que estaba asociada a la corrupción. Banco Wiese, Banco República, Banco de Comercio entre otros, en condición de acreedores principales (reales o ficticios), encabezó numerosas juntas e impuso sus condiciones, acompañados de los delegados de entidades públicas como SUNAT, ESSALUD y otras, con orientación de apoyar a los banqueros. Otros acreedores menores, a su vez, aceptaban las propuestas del grupo más fuerte con tal que se les garantizara la recuperación de su dinero. Finalmente el Indecopi que era el ente regulador del proceso, estaba infiltrado por gente de la banca que actuaba secundando los planes de los acreedores principales.

La investigación parlamentaria realizada por la Comisión Herrera sobre las irregularidades en el funcionamiento del sistema concursal, establece entre una de sus conclusiones: “En calidad de acreedores, bajo el principio que “el acreedor se constituye como dueño”, en algunos casos, los que concentraban un alto porcentaje de acreencias en la Junta de Acreedores, dispusieron arbitrariamente del patrimonio de la insolvente y decidieron liquidarla, a pesar que la empresa presentaba signos claros de viabilidad”