Para los que todavía no alcanzaban a entender lo que podía significar colocarse en el espíritu de la Constitución de 1979, mientras se mantienen aún vigentes las normas de la de 1993, ahí está la secuencia de mensajes del presidente Humala y el premier Lerner para intentar una respuesta. Estamos ciertamente en los marcos de la reinstitucionalización que siguió al golpe de Estado del 5 de abril de hace 19 años, que es lo mismo que decir que consolidaron el sistema económico neoliberal y las formas políticas autoritarias y formalmente democráticas que rigen hasta el presente.
Pero, mientras ese orden apuntaba a que el poder se encargue de buscar inversiones para que se encarguen de la economía y de atenuar los sufrimientos de los pobres con las llamadas “políticas sociales”, reprimiendo al mismo tiempo a los sectores más conflictivos, lo que hoy tenemos es un poder que quiere renegociar con los que han sido ganadores en los últimos veinte años y obligarlos a una mayor contribución reduciendo su abultada renta, y que intenta seriamente que los excluidos y postergados del modelo de desarrollo sientan que se quiere reducir las brechas, mejorar su calidad de vida y reconocer sus derechos.
Es decir, puede que sigamos por un buen tiempo siendo una sociedad en la que el régimen económico consiste únicamente en que “la iniciativa privada es libre” (artículo 58 de la Constitución del 93), pero en la que el gobierno electo por el pueblo entiende algo así como que la economía debe fundamentarse en principios de justicia social, como apuntaba el artículo 110 de la del 79. Si la carta fujimorista es una bandera para que el Estado se desatienda del desarrollo, la equidad y la justicia social, el sentimiento de los electores en primera y segunda vuelta del 2011, en las municipales y regionales del 2010, y en anteriores consultas ciudadanas se ha expresado porque el Estado cambie su rol y deje de ser un espectador del excedido triunfo de algunos y la desgracia de las mayorías.
Este espíritu ha estado en múltiples discursos de Ollanta Humala, incluido el de 28 de julio, y ha sido confirmado con la presentación del primer ministro que ha empezado a convertir la retórica del cambio en medidas concretas. Es verdad que muchos opinan que se va muy lento, con concesiones y contradicciones, y que estamos lejos de lo que podría tener como nombre “gran transformación del Perú”. Pero, hay que advertir que los políticos no actúan en el vacío o siguiendo manuales o aplicando su voluntad. La cosa es más compleja. En este momento el gobierno nacionalista no parece decidido a apurar un enfrentamiento radical con la derecha que trató de cerrarle el paso durante más de cinco años y que todavía mantiene el grueso de sus recursos de poder.
Es por eso que calcula. El primer concepto es que la derecha está por ahora dividida, confundida y frenada, por la idea de que lo que ocurre podría ser peor y que lo que les están ofreciendo es que se mojen con el proceso, no que entreguen su propiedad y su control económico y social. El segundo, que los trabajadores y sectores populares que acompañan al gobierno están optimistas con las primeras medidas y no van a enfrentarse al gobierno por sus insuficiencias. En otras palabras que los sindicatos y organizaciones de masas recién están en condiciones de salir de su reflujo, para aumentar su presión sobre los sectores dominantes. Este es un momento intermedio en el que los enfrentamientos se postergan y nadie quiere tomar la responsabilidad de radicalizar al adversario.
Humala y Lerner han fijado el cuadro con dos discursos que unos ven como el comienzo del cambio y otros como el cambio que no era tanto como temían. Esa aparente coincidencia es la que explica el clima de relativa paz social en la que se ha inaugurado el régimen nacionalista. No es erróneo decir que la mayoría del país quisiera que este estado ideal de no confrontación dure lo más posible. Hagamos votos por ello y porque, aún así, el cambio iniciado, no se detenga.
El primer mes del gobierno
Entre las decisiones iniciales del gobierno de Ollanta Humala, adoptadas en el primer mes, incluidas las anunciadas por Salomón Lerner, podemos destacar las siguientes:
- Aumento del sueldo mínimo a 750 soles, en dos tramos.
- Aprobación de la ley de consulta, para los pueblos originarios.
- Priorización de la reconstrucción de Pisco y la zona afectada por el sismo.
- Gravamen minero por 3 mil millones de soles anuales, adicionales a otros impuestos y aplicables a empresas con y sin contratos de estabilidad.
- Recuperación del Lote 88 de Camisea para el consumo nacional.
- Inicio de la construcción del gasoducto del sur andino.
- Anuncio de abaratamiento progresivo del GLP.
- Aumento de los presupuestos de Salud, Educación y Seguridad, sobre el resto de sectores.
- Inicio del programa Pensión 65 en algunos departamentos.
- Inicio de otros programas sociales: Cunamás, Samu, Beca 18.
- Eliminación del programa piloto de municipalización de la educación.
- Replanteamiento de la política de combate al narcotráfico, cambiando la prioridad de las erradicaciones a otros ejes de acción.
- Cambio del sistema de trabajo de los policías, para aumentar su disposición al servicio, y creación del servicio voluntario de jóvenes en la policía.
Publicado en el Boletín “Derechos y Desarrollo”, Publicación de CEDAL, Número 6, septiembre del 2011.
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