El sistema pro privatización

Según relato de “El Comercio” de hace una semana, que no ha sido desmentido por Palacio, mientras el ministro Castilla realiza horas extras como instructor económico de la pareja presidencial, ha ido convenciéndolos de la necesidad de retomar las concesiones para alcanzar el gran objetivo de atraer más inversiones para enfrentar la crisis internacional, a lo que Ollanta habría otorgado su consentimiento.

Imagino que en medio de estos intercambios es que debe haber salido la Resolución Suprema N° 010-2012-EF, del 8 de febreros de 2012, según la cual se acaba de producir una reformulación de los Comités Especiales de Proinversión (antiguas CEPRIS). La norma que como muchas otras ha pasado desapercibida, invoca el Decreto Legislativo 674, que fue la madre de todo el proceso de privatización, y que estableció que los Comités Especiales son los responsables de determinar modalidades de traspaso de empresas, servicios, infraestructura y otros del sector público al privado.

Esas entidades han seguido funcionando como si nada en el período post dictadura, armando asuntos como la entrega a inversionistas privados de los puertos (Paita y el Callao), aeropuertos, aeródromo de Collique, cuarteles, locales de ministerios, etc. Y siguen adelante en el gobierno nacionalista que prometió revisar las privatizaciones. Pues bien, para la nueva fase de relanzamiento de las concesiones se ha dispuesto que habrán sólo tres Comités Especiales: Pro Integración (infraestructura transporte), Pro Conectividad (telecomunicaciones, energía e hidrocarburos, turismo, mercado de capitales y otros proyectos y activos estatales); Pro Desarrollo (infraestructura y servicios sociales, saneamiento, infraestructura de riego y minería).

¿Cómo se llega a este reparto del Estado? No tengo una respuesta y me gustaría oír una clase de Castilla que me aclare cómo se juntan los hidrocarburos con las telecomunicaciones y las finanzas; o el agua con la minería y la infraestructura social). Pero quizás la cosa vaya por el lado de algunos operadores claves para estas tareas, en otras palabras se trataría de una distribución de acuerdo a las personas disponibles, salidas por supuesto de esa cantera inagotable que es la misma Proinversión.

Veamos dos casos que figuran en la Resolución N° 10: como presidente de Pro Conectividad ha sido designado el señor Luis Enrique Ortigas Cúneo, al que dedicamos una anterior columna referida a su nombramiento como viceministro de Energía y encargado simultáneo del viceministerio de Minas (por renuncia del titular), funcionario de Proinversión, miembro del directorio de Perupetro, entre otras cosas, y cabeza de la negociación con Pluspetrol sobre el lote 88, luego de haber sido el que encabezó el Comité Especial (CECAM) que elaboró el Contrato de Camisea y posterior promotor de la exportación de gas a México.

El otro es Jesús Vidalón Orellana, exviceministro de Vivienda de Garrido Lecca, destituido por irregularidades en el proceso de reconstrucción del sur, luego jefe de asesores del ministerio de Salud (también con Garrido Lecca), director del Banco de Materiales y del Fondo Mivivienda, encargado de la privatización de las empresas de agua potable en Proinversión, promotor de la venta de cuarteles, del aeródromo de Collique y otras propiedades de las Fuerzas Armadas. Dos joyitas de Castilla, como hay varias decenas más. Regístrese, comuníquese y publíquese.

26.02.12
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