Entre la Conga y los trabajadores

El mismo día en que Ollanta Humala hablaba para la derecha garantizándoles que habrá Conga aunque tenga que construir (¡) nuevas lagunas (ya no reservorios, sino huecos en la tierra) y que no aceptaba ningún ultimátum de las organizaciones, después de haber recibido el de los mineros, ese mismo día, repito, con el encargo del señor presidente el ministro de Trabajo, Rudecindo Vega, se lucía con un discurso amistoso hacia los sindicatos y de clara adhesión a los derechos laborales durante la inauguración del Congreso de la CGTP. Era el mismo gobierno, que no quepa duda.

En minería, Ollanta ha sido llevado en la turbulencia de las huelgas regionales, los titulares de prensa y las presiones directas de los empresarios, a rendir no sólo sus viejos programas sino sus más recientes promesas de garantizar los derechos de las comunidades frente a los proyectos ya aprobados, aunque eso representara una reformulación. Con eso ha demostrado que quiere arbitrar, pero al final se inclina hacia el lado más fuerte.

El esquema de Conga, ciertamente puede no ser sólo minero. De ahí la pregunta que sigue es si los trabajadores que recibieron entusiastas al ministro y a las pocas horas se enfriaron al conocer las declaraciones presidenciales, pueden creer que este gobierno los acompañará seriamente en el esfuerzo por ser tratados de manera diferente por el poder y si el nombramiento de un exsindicalista como viceministro, será una señal de cambio o un mero gesto sin trascendencia.

Son veinte años desde que Fujimori asignó un tratamiento de enemigo al movimiento sindical y lo desapareció en la mayoría de las empresas o lo redujo a su mínima expresión. Con eso, por cierto, cayó la capacidad de negociación colectiva, que se convirtió en una caricatura ya que las organizaciones quedaron mermadas en su capacidad de presión y tenían que someterse a la oferta de sus empleadoras.

El nivel de salarios del país y el sistema de derechos laborales, se deterioraron subsecuentemente. En una etapa de crecimiento imparable de la economía, la parte salarial del ingreso nacional fue decreciendo aceleradamente. Y, en el extremo más trágico, sólo una minoría mantuvo una relación laboral relativamente estable, mientras la enorme mayoría rotaba de una trabajo a otro, o tenía que recorrer la vida en la precariedad laboral, sin derechos, sin seguridad social, sin pensiones, que es como están hoy la mayor parte de los asalariados peruanos.

Las centrales y Ollanta

El 12 de octubre, en una impresionante marcha por las calles de Lima convocada por la CGTP, miles de trabajadores dieron un respaldo a Ollanta Humala y su gobierno para que cumpla sus compromisos con los dirigentes nacionales para sacar adelante una agenda laboral y desbloquear el proceso hacia la aprobación de una nueva ley del trabajo.

La agenda de Ollanta y las centrales contenía puntos como: la negociación colectiva y el derecho de sindicalización; los services; los CAS y los contratos de la administración pública; los regímenes laborales especiales (como el de las exportaciones); el salario mínimo; etc. Todo esto podía resolverse en el marco de la Constitución y de las normas legales vigentes, sin cambiar las reglas que es como le gusta al gobierno.
Pero hasta hoy, a pesar del ministro Vega y la presencia del viceministro Checa, no ha habido ningún cambio real. Y es que frente a los esfuerzos del gobierno por hacer un compromiso con los trabajadores, al otro lado está la CONFIEP que hace tiempo descubrió que su negocio es no permitir que haya cambio en el régimen laboral heredado de Fujimori. Once años del Consejo Nacional del Trabajo demuestran que los empresarios no quieren ninguna ley general de trabajo porque con lo que tiene están ganando y no quieren ceder un milímetro.

Efectivamente, en tiempo de Toledo se consagró el Consejo como una mecedora y ni él, ni su sucesor, tuvieron la menor vergüenza de pasar cada uno cinco años por el poder sin resolver la cuestión laboral pendiente. Los señores de la CONFIEP no querían reconocer que era a ellos a los que les tocaba ceder y no cedieron. Y la cosa se quedó ahí. Por eso, como le pasa a los campesinos en su relación con las minas, los trabajadores también pensaron que Ollanta y el nacionalismo podían ser un camino para diseñar una relación diferente. No una en la que se elimina al otro o se le doblega como siempre se hizo con el mundo rural y el mundo laboral en el país, sino en la que el Estado ayuda al más débil a alcanzar un trato más justo a cuenta de la paz social.

Pero, eso, aunque parezca una tarea elemental, exige un Estado fuerte capaz de imponerse al poderoso. Recuérdese que Alan García anunció que se respetaría escrupulosamente el horario de las ocho horas. Pero no pasó nada. Lo mismo con los contratos tercerizados. E igual con el sistema de Contratos Administrativos de Servicios (CAS) en el Estado, que en varios aspectos resultaron más abusivos que sus predecesores, los llamados servicios no personales. Es decir, si el gobierno ha inclinado toda la balanza para el lado de los que tienen el billete, ¿cómo querer luego ponerlos ante la obligación del buen trato con sus trabajadores y con el pueblo.

Como han dicho varios analistas, el caso Conga va más allá del dato minero y de la capitulación del gobierno ante Yanacocha. Es una opción política que tolediza y alaniza el gobierno y desata justificada preocupación del resto de la base social que decidió la victoria en las elecciones. Los acuerdos del Congreso de la CGTP que se desarrolló en plena crisis y viraje del oficialismo, reflejan las desconfianzas que se han abierto.

20.11.11
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