Nunca hay que olvidar que para romper con el período previo e imponer su voluntad, Alberto Fujimori dictó el Decreto Ley Nº 25418 que instituía un nuevo gobierno denominado de “emergencia reconstrucción nacional”, y que en su artículo 8, dejaba en suspenso la Constitución Política de 1979, en todo lo que se opusiera al mismo decreto ley, que debía entenderse en sentido general que se refería a todo lo que se opusiera a la voluntad de los golpistas de ahí en adelante.
Irónicamente Fujimori firmaba el decreto del golpe en su condición “presidente constitucional”, mientras avasallaba la Constitución. Una contradicción de concepto que no sería sino el comienzo de una larguísima lista de reinterpretaciones de la legalidad que duran hasta nuestros días. El decreto apuntaba como objetivo del nuevo gobierno y del presidente constitucional sin constitución: “la reforma institucional del país orientada a lograr la auténtica democracia que eleve sustancialmente los niveles de vida de la población…”
O sea, en el Perú no había habido democracia auténtica, lo que aludía por cierto al sistema de partidos al que se enfrentó Fujimori en su camino a dictador, y al que le introdujo no sólo la reelección y el hiperpresidencialismo, sino que le construyó un Congreso disminuido, un sistema de control de las instituciones y los líderes políticos, seudopartidos y seudorepresentantes, etc.
El período dictatorial
Tras el 5 de abril se sucedieron alrededor de 750 decretos leyes en las más diversas materias, siendo algunos de los más importantes:
• Modificación del conjunto de leyes existentes sobre Libertad Sindical, Negociación Colectiva, Derecho de Huelga, (DL 25593), que debilitó las organizaciones de los trabajadores.
• Topes a las pensiones de los jubilados de la ley 19990, impidiendo que los que trabajadores que habían entregado su vida y su esfuerzo para un fondo de retiro pudieran sobrepasar los 650 soles mensuales (DL 25967).
• Creación de la causal de excedencia para el despido de trabajadores públicos, que tuvo un saldo de un millón de personas de la administración pública y las empresas del Estado colocadas en la calle (DL 26093).
A eso se sumaron normas para la privatización de empresas y para las concesiones extractivas; otras de reorganización del Poder Judicial, el Ministerio Público, La Contraloría y otras instituciones, para someterlas al mando dictatorial; otras sobre Servicio de Inteligencia que generaron la “inteligencia operativa” que fue el marco legal para la actuación de los grupos especiales como el Grupo Colina, encargado de asesinatos extrajudiciales.
Lo que los defensores de la Constitución de 1993 nunca dicen es que la Carta de Fujimori, Yoshiyama y Torres Caro no creó el sistema político-económico que hoy tenemos sino que eso ocurrió en la etapa dictatorial, sin Congreso y sin marco constitucional. Lo que se hizo en el CCD de 1993 fue legalizar a medias lo que ya existía. Esta anomalía básica no es puramente formal, sino intensamente política. Está detrás de la relativización del tema constitucional que mucha gente cree de segunda importancia.
06.11.11
www.rwiener.blogspot.com
Raúl Wiener Periodista, Analista Político y Económico peruano. Trabajó en el diario El Observador (1981-1984). Dirigió la revista Amauta (1988-1992), participó del programa Radicales Libres por RBC Televisión en el 2012 y fue director de la revista Miercoles de Política en el 2013. Actualmente es Jefe de la Unidad de Investigación del diario Uno (ex La Primera) desde 2007 y colaborador semanal de la revista Hildebrandt en sus trece.
2 comentarios:
Es una pena como nuestro (todavía) Vicepresidente Chehade confunda PODER y AUTORIDAD. La palabra autoridad según Pannikar proviene de auctus, augeo que significa lo que hace crecer: “la autoridad me es dada, conferida a mí, reconocida.” Es Autoridad que la mayoría de los peruanos quisiéramos sean nuestros gobernantes, y no que sean poderosos.
El concepto de poder que nos transmite Chehade, es aquel poder que proviene del dinero, el de Tener y no de Ser. Lamentablemente este tipo de poder, ejercido con intensidad desde la década del 90 está avalado o sustentado por la constitución digamos vigente. La preocupación de nuestros gobernantes, está pues la inversión privada por encima de todo. Es un poder poderoso, enceguecido, ensordecido o secuestrado por el dinero de grupos corruptores...
No hay duda que el error horroroso cometido por Chehade es imperdonable, y que están utilizando al máximo para lo que ya sabemos: no se investigue la corrupción. Creo, que van a lograrlo con lo declarado por el Presidente Ollanta.
¿Qué aprendizaje se puede sacar de esta situación? Que mantener y atraer la inversión privada para agradar a los opositores, es una bonísima oportunidad para los grupos corruptores como Wong y muchos otros inversionistas privados que tienen gente especializada para eso, los que hacen lobby, que buscan utilizar alguna influencia del gobierno para ampliar sus negocios. Que, el poder que proviene del dinero está avalado por la constitución de 1993. Esto es el tema de fondo que debe levantarse vigoroso junto con Chehade, quien debe salir al frente, no importa que tan lejos haya llegado por ese camino equivocado que no lo hizo él, y enfocarse en cómo empezar a cambiar esta situación que el Presidente Ollanta, él y la Vicepresidenta Espinoza nos la recordaron el 28 de julio de 2011. Eso es el tema de fondo.
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