No hay duda que los nacionalistas han quedado desgarrados en la oposición entre trabajadores mineros que reclaman que no hayan topes en el reparto de utilidades anuales de las empresas y las regiones que están en pie de lucha para que no les arrebaten el “remanente” que resulta de la aplicación de dichos topes y que se transfiere para obras de construcción civil. Es un conflicto en el seno del pueblo, como se solía decir antes, creado por el gobierno y las empresas, que no enfrenta sólo dirigentes sindicales con algunos presidentes regionales, sino a trabajadores que dejan la vida en la mina y obreros de construcción civil, a más que toca el orgullo de las provincias.
¿Y quién alimentó esta pelea? El Estado a través de varios gobiernos, que siguieron el principio de ningún tope a las utilidades, o sea ninguna contribución adicional por sobreganancias; los trabajadores mineros no pueden ganar demasiado dinero y para ellos sí vale un límite; y los contratados de la tercerización no existen, aunque hagan las mismas tareas de los otros, no tiene derecho a la participación de utilidades. Así se disfrazó de premio a las regiones, lo que era sacarle de la parte laboral lo que debía haber salido de la bárbara ganancia empresarial. Y todos pisaron el palito.
Por 300 privilegiados no vamos a dejar sin obras a la región, ha apuntado el presidente de Ancash. Los mineros no tenemos porque pagar las obras regionales con nuestro dinero han contestado los de la Federación Minera. Y ahí las posiciones se han polarizado en razones de las que nadie puede bajarse. Ahora si se aprueba la ley de no tope, vamos a asistir con seguridad a una escalada de lucha regional, y si sigue la maniobra y no se aprueba vamos a tener huelga minera. Pero lo curioso es que el gobierno está cómodo entre los dos abismos.
Son los nacionalistas que en teoría eran los mejor posicionados para entrar al tema de las ganancias excedidas de la minería de los últimos años, los que más se han dividido en torno al tema. Unos con la Federación y otros con la región. Es decir nadie ha podido levantar una salida a través de un grupo de diálogo de los sectores implicados que fuerce al gobierno y a las empresas a aceptar tres compromisos concretos: (1) reparto de utilidades sin topes para los mineros; (2) incorporación a este reparto a los trabajadores de empresas de tercerización y services que participan del trabajo minero; (3) restitución a las regiones del porcentaje sobre las utilidades recibido durante el año 2007, como contribución especial de las empresas para la infraestructura regional.
08.06.08
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