Dictadura por impunidad

1.

En 1991, Fujimori negoció los votos del APRA para lograr unas vastísimas facultades para dictar leyes sobre diversas materias que según se afirmaba en el documento de solicitud, eran "extrema urgencia" para la estabilizació n y pacificación del país, a cambio del apoyo de sus senadores y diputados para rechazar las acusaciones constitucionales que se venían en contra de Alan García, por violación de derechos humanos y enriquecimiento ilícito, que podían terminar conduciéndolo ante los tribunales.

Obviamente, Fujimori y Montesinos se burlaron del Congreso que les otorgó las facultades pedidas, rebasó la constitución, las leyes y el propio mandato que había recibido, y dictó casi 200 decretos, que tenían impacto en los más diversos campos, y que en varios casos eran verdaderas provocaciones para ver como reaccionaba el parlamento. La disyuntiva trágica de la representació n de la época se resumía en que tenía que escoger entre hacer el ridículo aguantándole el salto al gobierno, con lo que profundizaba su propia desvalorizació n, o se molestaba por lo ocurrido, recurriendo a algún freno, con lo que quedaba también mal parado porque la gente terminaría preguntándose, entonces ¿para qué le dieron facultades?, ¿o no sabían lo que pasaría?

Los parlamentarios decidieron entonces ir por una vía intermedia: revocar unas cuantas de las normas más excedidas -como la del Servicio de Inteligencia- , para mostrar simbólicamente que podían hacerlo, y dejar el grueso del nuevo sistema legal sin ningún cambio. En mi concepto, el gobierno había calculado esta respuesta que le sirvió excelentemente para acusar al Congreso de obstruir la reforma y actuar como cómplice de la subversión y como factor de crisis económica; y al mismo tiempo airear a los cuatro vientos que casi todas sus medidas no habían sido objetadas ni modificadas, lo que quería decir que eran demasiado buenas.

En abril de 1992, a poco más de cuatro meses de la avalancah de decretos del Ejecutivo y a dos meses de la osadía congresal de devolver la ley del SIN, en una noche de domingo, el presidente Fujimori anunció que había disuelto el Congreso, intervenido el poder judicial, destituido a los presidentes regionales y eliminado el Tribunal de Garantías Constitucionales. Los tanques estaban en las calles para desalentar toda resistencia. Fujimori acusaba al Congreso de ser un obstáculo para alcanzar sus objetivos.

2.

Alan García ha enviado a la Comisión de Economía del Congreso un pedido de concesión de facultades extraordinarias de manera amplia, para que el Ejecutivo pueda legislar sobre política tributaria. Se dirá que el contexto es bastante diferente de hace 14 años, pero no se pase por alto de todos modos que hay una serie de elementos coincidentes que deberían preocuparnos:

a. Nuevamente estamos ante un Ejecutivo que es minoritario en el Congreso y que le pide a los otros partidos que renuncien de su poder de decisión y fiscalización, y se crean que el presidente y sus ministros saben lo que es bueno para todos.

b. Entre los votos que se requieren para las facultades están los de los fujimoristas, que curiosamente están ubicados en idéntica posición a la que estaban los apristas en 1991. La necesidad de que el gobierno respalde a Fujimori para que no vaya a juicio, es cada día más evidente. Y esta es una oportunidad para un canje en ese sentido.

c. El gobierno va a entregar sus decretos en bloque, pretendiendo que sean votados como vienen, y con seguridad recurrirá a la denuncia por "obstruccionismo" de quién se oponga a una ratificación sin debate. Este probablemente será un momento de fuertes tensiones.

d. Se está visualizando que el sector de Unidad Nacional y tal vez otros grupos, van a querer ir por la vía "intermedia" , tibiona, tal como ha sido expresado por el presidente de la Comisión de Economía, que afirma que hay que dar las facultades, pero poniéndole algunos límites.

No hay duda que la pretensión gubernamental es un absurdo ya que el Congreso se encuentra en plena discusión del Presupuesto en el que deben ser contemplados los aspectos de tributación. El régimen que hace unos días dijo que no modificará por ningún motivo (ni siquiera por una promesa presidencial) el sistema tributario que viene de los 90 y que fue construido en beneficio de las grandes empresas y que ahora es un escándalo con los altos precios internacionales de las materias primas, no puede estar buscando manos libres para poner impuestos sino pensando en echárselos sobre las empresas nacionales, la microempresa, los trabajadores y consumidores, y en eliminar las exoneraciones de las regiones.

A simple vista es un plan reaccionario que busca el secreto para poder golpear al pueblo. Pero es también una probable maniobra contra la democracia. Hay un olor a fujimorismo que se percibe a la distancia. Contraponer poderes y colocar al país en el centro de disyuntivas, contando con que el Ejecutivo es suficientemente fuerte como para desequilibrar las cosas. Un juego peligroso que hay que matar en sus primeros pasos.

27.11.06