Jueces tributarios a la carta

Para renovar el contrato de Telefónica se retomó la teoría de las cuerdas separadas que trataba de establecer que la deuda tributaria de la empresa española, calculada en 3 mil millones de soles, debía resolverse en una vía distinta a la de la renegociación, es decir que la continuidad de la concesión del servicio se debía resolver sin que se planteara la exigencia de cumplir con las obligaciones que estaban pendientes.

Dentro de este criterio Telefónica se fue al poder judicial, cuestionando el reclamo de la SUNAT y el gobierno le siguió pidiendo tarifas para pobres y otros servicios menores, para un montón de años adicionales de dominio monopólico de las comunicaciones electrónicas en el Perú. Pero de lo que no nos habíamos percatado era de una pequeña trampita diseñada a finales del año anterior.

Así dentro del paquete de disposiciones complementarias que en la modalidad de ómnibus (cabe cualquier cosa), se le adiciona a la Ley General de Presupuesto del 2013, se metió una al final que lleva el número 64º, y que autoriza a la SUNAT a transferir 13 millones de soles para crear juzgados y salas en la Corte de Lima en la especialidad Tributaria y en materias del Indecopi.

O sea que Telefónica y otros, pasarán, de acuerdo a la inspirada formulación del señor Castilla por una ruta jurisdiccional ad-hoc, para lo cual la propia SUNAT proveerá los fondos. ¿Alguien piensa que esto hará más independiente a la justicia y más capaz de poner en vereda a los grupos económicos más poderosos?

La experiencia de los años 90 con la Sala Penal Especializada en Delitos Tributarios y Aduaneros, y en general todas las experiencias de justicia ad-hoc, no generan la menor confianza en estos procedimientos. Para decirlo de otra manera, este tipo de juzgados son como una invitación a salir del circuito de los jueces naturales para derivar a manos de falsos “especialistas”.

Tan evidente es el asunto que el nuevo presidente de la Corte de Lima, Iván Sequeiros ha encargado dirigir una Comisión para implementar los nuevos despachos tributarios al juez Martín Wong Abad, que no acredita formación en temas contencioso administrativos o tributarios. En realidad parece más un encargo de confianza por lo que se espera de esta novísima variante de la justicia económica. El punto es que al poner a un juez determinado en el encargo de formar la comisión organizadora, se le coloca en la línea de carrera hacia la presidencia de la sala donde se resolverán las apelaciones sobre las deudas en reclamo.

Si se aprecia que esta sala se conformará aparte del presidente, por dos vocales provisionales lo que conduce a una composición débil y manipulable, entonces hay fundada razón para preocuparse de que se esté armando un tinglado para arreglar la deuda de Telefónica y otras, de una forma distanciada de la decencia y los derechos del Estado.

¿Qué necesidad hay de construir una justicia tributaria separada del resto de la justicia?, ¿y qué es lo que evidencia que el magistrado que habrá de organizarla no sea un especialista sino una persona de “confianza”, justo cuando hay que tener la mayor de las desconfianzas sobre cómo se resuelven este tipo de problemas?


31.01.13
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