No hay base legal para los cambios

Dicen que las palabras favoritas del ministro Castilla son: “para eso no hay base legal”, y con ellas ha frenado iniciativas del presidente y sus ministros, poniendo al MEF como el centro del Estado que dice lo que se puede o se puede hacer de acuerdo a las bases legales existentes y vigentes los últimos veinte años.

Esta versión, confirmada con varias fuentes, sirve además para volver a afirmar que el neoliberalismo no es un asunto de economía, sino de contratos y normas que los sostienen, lo que explica porque hay tantos abogados en posiciones claves del ministerio del Jr. Junín, y tantos otros en las gerencias de grandes empresas y en las entidades que hacen lobby entre inversionistas, medios de comunicación y Estado.

Efectivamente durante dos décadas, el MEF asesorado por el FMI, Banco Mundial y otros, han promovido una base legal para que no haya base legal para los cambios. La Constitución de 1993 y las leyes post-golpe que la precedieron y fueron convalidadas por el CCD, fueron las piedras angulares del edificio inmovilista, luego vinieron los TLC y otros compromisos que decían textualmente lo que no podía modificarse.

Como alardearon varios ministros de anteriores gobiernos, de lo que se trataba era de impedir que apareciera un radical antisistema, cuestionando todo y queriendo volver a épocas de grandes reformas y nacionalizaciones. Para eso definitivamente se crearon mil cerrojos que ahora se definen con la fórmula “no hay base legal”; y para garantizar que el nuevo presidente lo tenga siempre bien presente es que hubo la batahola que todos vimos para que el ministerio de Economía quedara en manos confiables.

Claro que aquí es donde uno empieza entender las cosas y a darse cuenta que Castilla no es un ministro de Humala. Tal vez Humala sea un presidente de Castilla. Pero lo fundamental es que el hombre del MEF, era desde el primer día la cabecera de playa de los que piensan que toda la legalidad se ha hecho para sus negocios e intereses. Por cierto, desde el 28 de julio de 2011 para acá, la cabecera inicial ha multiplicado su influencia.

Y una de las maneras de apreciar esto es seguir al presidente en sus entrevistas, cuando quiere dar como explicación para lo que hace al Estado de derecho, a los acuerdos de anteriores de gobierno y a los riesgos de que el Perú termine enjuiciado por el CIADI.

Ese cumplidor eficaz de las bases legales existentes ni se pregunta al servicio de quién han sido construidas las normas y sobre la posibilidad de cambiarlas. No se acuerda tampoco cuando se refería a la Constitución fujimorista tildándola de delincuencial por su origen golpista y sus contenido pro-corrupción, y cuando ordenaba a los congresistas y militantes nacionalistas resistir el TLC.

Cierto que haberse levantado en Locumba, haber recorrido el país decenas de veces, haber puesto en movimiento a millares de nacionalistas en todo el Perú, haber conquistado los votos de millones de personas, haber firmado numerosos documentos programáticos para alcanzar el poder, haber soportado la guerra sucia de la derecha, suena como a demasiado para que después aparezca un tecnócrata atildado con aval de la CAF, para decirle que no hay base legal para todo lo que tenía pensado.

Y el presidente no atine a otra cosa que contestar: “así es el Estado de derecho”.

28.01.12
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