Jueces fallan contra la prensa independiente

En los juicios por difamación agravada, lo que se busca es acallar la investigación periodística y la lucha contra la corrupción. Los jueces que fallan a favor de los poderosos que se consideran “insultados” por los medios independientes, actúan no sólo como enemigos de la libertad sino como guardianes de la impunidad.


La condena del bloguero José Alejandro Godoy por delito de difamación agravada, con una pena de 3 años de prisión suspendida, 300 mil soles de multa (más de 100 mil dólares) y 120 días de trabajo comunitario, ha traído una ola de solidaridad en distintos sectores: (a) los habitantes regulares del ciberespacio, que se han considerado directamente vulnerados en sus derechos, en tanto Godoy ha respetado las reglas de expresión de estos medios, vinculando (linkeando) sus opiniones con otras, que prueban que lo que dice no es un invento para dañar al denunciante; (b) la comunidad de querellados por Mufarech, que por lo visto es amplia, e incluye algunos personajes significativos, y que tiene que ver con las peculiaridades del personaje y con el dinero que debe sobrarle para impulsar este tipo de demandas; (c) la prensa en general, que con mayor o menor convicción estima que el aumento de condenas por difamación es una amenaza contra todo el gremio periodístico.

Tal vez por todo esto, el caso Godoy está sonando más fuerte que otros, como el del periodista Efraín Rúa de LA PRIMERA condenado por recoger la denuncia de campesinos de la comunidad de San Pedro de Lloc, en La Libertad, sobre la intervención directa del hijo del presidente de la república en la venta ilegal de terrenos comunales a una empresa privada, bajo el insólito argumento de que la denuncia buscaba “afectar” la imagen del presidente, o sea hacía intocables a los miembros de su familia. Otro paquete de demandas poco difundido es el que la empresa Lima Airport Partners LAP, ha lanzado en contra del periodista independiente Herbert Mujica (5 denuncias), por la publicación de un libro sobre el proceso de privatización y por otras opiniones expresadas a través de la Internet. De estos procesos, dos se encuentran con “suspensión de fallo condenatorio”, y en uno acaba de ser declarado absuelto. También, el estudioso Manuel Dammert ha sido perseguido por Pedro Pablo Kuczynski, por haber puesto al descubierto su papel de lobista en la revisión de los contratos del gas.

En mi caso particular, tengo una acción de amparo orientada a decomisar un libro de investigación sobre LAP del año 2005, que los jueces en dos instancias diferentes rechazaron por improcedente, pero que el Tribunal Constitucional increíblemente ordenó darle curso a fines del año anterior; tres demandas más de LAP, por publicación de información fiscal y judicial referida a un caso de tráfico de drogas detectado en el Aeropuerto Jorge Chávez y que comprometía a funcionarios de seguridad de varias empresas, entre ellas de LAP; una demanda del presidente de la Autoridad Portuaria Nacional, por informar de las relaciones entre el consorcio ganador de la concesión del puerto de Paita, e intereses de empresas portuarias chilenas. Dos de estos procesos han estado próximos a sentencia. En LA PRIMERA hay otros compañeros denunciados y hasta donde sé también existen en otros medios. Los denunciantes, además, recurren a incluir en su demanda a los directores de los medios, a pesar que las notas se encuentren firmadas, y a las empresas periodísticas (como terceros civilmente responsables). Evidentemente la intención es poner contra la pared al medio y a los periodistas, con el objeto de que las investigaciones no sigan adelante

Algunas conclusiones se desprenden de lo que está sucediendo: (a) los poderes políticos y económicos se están valiendo de las normas que se refieren a delitos contra el honor (de las personas y las empresas), difamación agravada y otros relacionados con el ejercicio de la libertad de prensa, para presionar a los escasos espacios de prensa independiente y de investigación que existen en el país, incluidos los que se ejercen a través de la Internet, y para judicializar a los medios que les son molestos; (b) las que se suponen son garantías para que los ciudadanos puedan defenderse de eventuales abusos de la prensa, donde el polo más fuerte es el medio de comunicación y el débil las personas comunes y corrientes, se están distorsionando gravemente al convertirse en un recurso de los que tienen dinero y poder político, contra medios pequeños y periodistas e investigadores libres (como los de Internet o los que publican libros). Todos los casos recientes de condenas, dentro de ellos el del bloguero Godoy, muestra este patrón; (c) los jueces que reciben las demandas, no toman en cuenta el fondo y la verdad de los temas bajo investigación y denuncia, sino el supuesto “daño” que se causa al demandante, es decir los jueces presumen que hay intención de afectar el honor y reputación del demandante, y no que hay un trabajo periodístico que precisamente consiste en limpiar al país de actos corruptos, lo que supone investigar y denunciar, con sustento, posibles hechos dolosos; (d) en el momento de sopesar dos derechos: honor y buena imagen; frente a libertad de expresión y prensa; los jueces que reciben denuncias por difamación suelen actuar como si sólo existiera uno de ellos. No hacen el equilibrio debido, y se reducen a preguntarse si hubo o no intención difamatoria, poniendo en la balanza adjetivos y expresiones que se pudieran calificar de ofensivas.

En un país donde hay un cada vez más claro oligopolio de prensa (pocos propietarios; muchos medios en muy escasas mano; dominio concentrado de la cuota publicitaria y de los más altos índices de circulación y de audiencia), la proliferación de los juicios por difamación y el sometimiento de los jueces a los grupos de poder, ponen un claro interrogante sobre la afirmación de que en el Perú reina una prístina libertad de prensa. Eres libre, pero puedes terminar preso o quebrado por denunciar la corrupción.

01.11.10
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