La nueva modalidad de conflictos sociales en el Perú

En el Perú existe una percepción contradictoria que hace pensar al mismo tiempo que somos un país abúlico y conformista, que permite abusos que otros pueblos no aceptan, y a la vez que somos gente violenta capaz de enfrentarse de la forma más dura y desesperada con las fuerzas de la represión. Y es verdad que hay de una y otra cosa. La aplicación del programa neoliberal ha sido ciertamente impuesto con una débil resistencia, por lo que se han perdido multitud de puestos de trabajo, los salarios se estancaron mientras la economía hacía crecer las utilidades y se recortaban los derechos laborales.

Pero año a año los conflictos han aumentado en número e intensidad, según ha ido dando cuenta puntualmente la Defensoría del Pueblo, con la peculiaridad de que más o menos un 50% de los casos registrados se refieren a demandas socioambientales y comunales, y sólo un 10% a conflictos de naturaleza sindical. El mapa muestra una amplia dispersión y la secuencia es intermitente, aunque en un espiral creciente a través del tiempo.

Todo eso indica indudablemente un cambio significativo en las tradiciones de lucha de los principales movimientos organizados del Perú, pero de ninguna manera indica alguna forma de pasividad o conformismo. Y la razón por la que ha variado la matriz de conflictos tiene que ver justamente con lo que ocurrió en los años 90 con los sindicatos y organizaciones representativas de diversos sectores sociales que fueron mermadas por disposiciones legales, despidos de dirigentes y activistas, y por la falta de atención a sus demandas. La idea de la época era que la “paz social” dependía de fragmentar los movimientos e individualizar los reclamos.

El mundo empresarial no sólo aplaudió sino que se inclinó ante la determinación con la que el gobierno Fujimori demolió las estructuras de defensa legal de los sectores populares. En el récord de huelgas del país, los años 90 marcaron efectivamente un descenso sustancial respecto a años anteriores. Pero ahí nomás se estaban engendrando las nuevas formas de conflicto que hoy hacen temblar a los que creían haber logrado el completo control de las demandas sociales.

El tipo de conflicto actual: disperso e intermitente, explosivo e impredecible, refleja la falta de una dirección nacional y de estrategias políticas. En realidad se trata de explosiones de impaciencia que brotan como erupciones volcánicas en diversos puntos del país y que reflejan que la gente llega a un límite y desde ese punto se lanza a una lucha de todo o nada. Lo que puede parecer un escalamiento demasiado rápido de los enfrentamientos y una tendencia a radicalizar cada vez más la pelea, no viene de que haya sido planificado así, sino por el contrario es consecuencia de la necesidad de ser escuchados por un Estado que tiende a ningunearlos y a tratarlos como si no existieran.

¿Por qué se toma una carretera, se ocupa lo cales se cerca los aeropuertos? Para crear una presión suficientemente fuerte que obligue a las autoridades a sentarse a negociar. Quiere decir que no hay una vía de negociación natural y ordenada, ni dirigencias reconocidas, porque esas fueron las reglas con las que el poder ha querido gobernar el país. Y no es cierto que esto sólo sea una manifestación de la acción de las comunidades campesinas que cuestionan a la minería y de las organizaciones indígenas que se enfrentan con las petroleras apoyadas por el Estado. Véase el caso de los sindicatos de Doe Run (La Oroya), Casapalca y otros, para comprender que también en este tipo de conflictos las formas de actuación no se distancian de las de otros sectores.

Así como alguna vez los campesinos y organizaciones populares, aprendieron del sindicalismo el concepto del paro y la huelga, hoy en día los movimientos masivos espontáneos dictan la línea y por eso casi todos los conflictos tienden a bloquear y confrontar para obligar a la intervención gubernamental. Los que creyeron que descabezando y desorganizando a los de abajo, podrían asegurar el reinado de los de arriba, se equivocaron redondamente, porque en el conflicto actual hay siempre que responder ante una masa enardecida y no solamente negociar y pactar con la dirigencia, como era antes.

Todo lo que se ha visto en Arequipa (2002), Moquegua (2008-1009), Bagua (2009), Chala, Madre Dios e Islay (2010), La Convención (2010), es un tipo de conflicto muy difícil de doblegar, ante el cual han fracasado las opciones de dejarlos durar “hasta que se cansen”, de “reprimirlos al toque para asustarlos” y otras variantes que infructuosamente han ensayado los gobiernos de turno. En la experiencia de la población está además la conciencia de que en casi todos estos casos, las salidas que se han impuesto han representado retrocesos del gobierno ante la presión social.

Esto, por cierto, ha reforzado la noción de que no hay manera de conseguir algo sino con una dura pelea. Lo que todo el mundo sabe es que sin luchas no hay victorias. Es decir si se sientan a esperar que el Estado atienda a sus demandas y dialogue con los que no se levantan, sólo conseguirán agotar inútilmente el tiempo.




Lo que hace el gobierno

A cada lucha social el gobierno aprista ha respondido con la misma lógica de dilatar, provocar, condicionar el diálogo, reprimir y retroceder. Es casi una plantilla que se repite desde el primer enfrentamiento con los cocaleros a comienzos del 2007, hasta la actual lucha contra la exportación del gas que compromete las provincias del Cusco:

1) Primero, deja correr el tiempo como si la lucha no existiera, con la colaboración de la prensa adicta que vela la noticia de cada conflicto;
2) Segundo, el presidente, agrava la situación y tensa las fuerzas, con declaraciones sobre los temas en debate que cierran la posibilidad del diálogo, y con puyas ofensivas contra los reclamantes;
3) Tercero, el gobierno y los medios se alarman de pronto de lo que antes no veían, empiezan a exagerar los riesgos, anuncian medidas de militarización y ponen como condición para “dialogar” que se levante la medida de lucha, cuando lo único que quieren “dialogar” es precisamente que se acabe la medida de lucha.
4) Cuarto, se desata la represión, que sólo exacerba los ánimos y se producen heridos (a veces muertos), detenidos y mayor violencia, mientras miembros del gobierno intentan dialogar con la dirigencia y las autoridades locales, aunque oficialmente la posición sea el no diálogo.
5) Quinto, se instala una mesa de negociación, se produce algún retroceso parcial, se ofrece investigar los actos represivos, se liberan los presos, etc. Aunque todas las heridas han quedado abiertas.


08.08.10
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