El Congreso suspende debate y abandona en Lima autoridades y dirigentes
campesinos del VRAEM
El 23 de agosto debía realizarse en el Congreso un foro que
llevaba como sugerente título: “La problemática de la seguridad en el VRAEM.
Lucha antidrogas y relaciones en materia de defensa con los Estados Unidos”,
que llevaría al centro del sistema político la discusión sobre la situación
actual del narcotráfico en el país, con énfasis en el problema del VRAEM y las
posiciones de los distintos sectores políticos.
Pero, de pronto, alguien advirtió que la coyuntura sobre el
tema estaba demasiado caliente con asuntos como los narcoindultos y
narcoconmutaciones de Alan García, la detención de Nancy Obregón, la muerte de
dos importantes dirigentes senderistas en el VRAEM y, más recientemente, las
audaces y no probadas declaraciones de Jaime Antezana sobre una docena de
narcocongresistas en las principales bancadas, y decidió que no era el momento
para abrir el debate.
Para al evento habían llegado dirigentes y autoridades de la
zona cocalera que venían a explicar lo que realmente ocurre en esta parte del
país, la inmensa riqueza agropecuaria de la zona y la ausencia de planes de
desarrollo para la ceja de selva. Los viajeros se quedaron en ficha con la
abrupta suspensión y tuvieron que deambular por algunas emisoras de radio y
otros medios para y transmitir su mensaje.
En sustancia, el Congreso se asustó de su propia osadía de
provocar una discusión sobre tres temas capitales: (a) la violencia remanente
de la guerra senderista de los 80 y 90; (b) los cultivos de coca y la economía
del narcotráfico; (c) las alternativas de desarrollo en el VRAEM. Por lo visto,
estas cosas no se pueden tratar con el suelo removido. La actual mesa directiva
no ha querido fijar una posición dentro de un debate, y ha preferido cancelar
el debate, tal vez porque sus miembros no tienen nada que decir.
Gobierno de Humala
Al comenzar el actual gobierno, Humala tomo muy pocas
decisiones audaces, pero en un campo donde aparentemente decidió arriesgar fue
en el de la política hacia los sembríos de coca y en el de la necesidad de
ensayar una propuesta alternativa a la promovida y financiada por los Estados
Unidos (erradicación de cocales), que llevaba décadas de fracaso, mientras
aumentaban las hectáreas sembradas, la producción de cocaína y su exportación
al exterior.
El ingreso de Ricardo Soberón a la jefatura de DEVIDA,
organismo de dirección de la lucha antidrogas de carácter integral (todos los
sectores y todos los aspectos del tema del narcotráfico), era un desafío a la
orientación impuesta desde Washington, debido a la claridad de sus propuestas
(diálogo con los cocaleros; despriorización de la erradicación; persecución a
las mafias de los insumos, el transporte y el financiamiento de la cocaína y
otras drogas), que se contraponían en puntos medulares a lo sostenido siempre
por los norteamericanos.
Soberón fue combatido implacablemente por los medios de
derecha que decían que se iban a perder las metas de erradicación y que Estados
Unidos nos iba a castigar con menor financiamiento. Poco después de la renuncia
de Lerner, el jefe de DEVIDA, Ricardo Soberón, fue obligado a dejar su puesto,
y reemplazado por una señora cuyas cartas de presentación eran sus vínculos con
la Embajada de Estados Unidos y su convicción de que la política antidrogas no
debía modificarse. El miedo a mover los conceptos tradicionales (y fracasados)
sobre el tráfico de drogas, no empezó con la reciente corrida del Congreso.
Viene de mucho antes y no sólo bajo este gobierno. Alan García tuvo la osadía en octubre del año
2006 de viajar a Washington anunciando que le plantearía a Bush un cambio de la
política con una mesa de corresponsabilidad entre Estados Unidos, Europa y los
productores latinoamericanos, y regresó después de algunas horas en la Casa
Blanca convencido que había que seguir erradicando como antes y presentándole
cada año a los jefes del Norte una cantidad de hectáreas erradicadas, aun
cuando se hubiesen sembrado en paralelo más hectáreas que las erradicadas.
La principal característica de la política antidrogas en el
Perú, es su carácter subordinado a las necesidades de los grandes consumidores,
en particular de los Estados Unidos, que no es que la droga desaparezca, sino
que en su país crean que realmente se la está combatiendo como muestran ciertas
cifras y que la lucha siempre es fuera de sus fronteras. Esto viene siendo así
por varias décadas y Ollanta Humala no está haciendo sino reforzar un viejo
patrón de actuación del Estado.
Lo más grave es sin embargo que el actual presidente levantó
la esperanza de los cocaleros del Huallaga, el VRAEM y otras partes del país de
que se convertirían en interlocutores con el Estado para generar políticas de
desarrollo en la selva y la sustitución progresiva de la coca que va al
narcotráfico por cultivo alternativos y formas de vida dignas para los campesinos.
Por eso hubieron dirigentes cocaleros en sus listas parlamentarias del 2006 y
2011. Ahora que el presidente y su partido reculan bajo presión de la derecha
cavernaria, se lanzan preguntas al aire sobre quién llevó a Obregón, Malpartida
y Acha a ocupar posiciones parlamentarias y por qué lo hizo. Y ningún miembro
del gobierno contesta, como si el asunto hubiera venido del aire.
Por eso a muchos no les conviene discutir abiertamente sobre
el tema. Por un lado porque la vieja clase política, principalmente el APRA y
el fujimorismo, tienen muchos lazos con el financiamiento ilícito, y por otro
porque el partido de gobierno ha cambiado también en este punto su línea y sus
aliados, al punto de dejar a su suerte al movimiento cocalero. Y no quieren que
nadie se los recuerde.
25.08.13
