Operadores castillistas

Si ustedes creían que los únicos operadores que funcionaban en el país como herencia no reconocida del fujimorismo eran los llamados delfines de Montesinos, que se hacen poner guardias desmedidas en sus viviendas para que los medios se acuerden de ellos y hacen tertulias con generales y coroneles de la Policía y del  Ejército, como si fueran amigos de toda la vida, están equivocados. Aquí les va una nota sobre la otra metástasis que sufre el Estado peruano, con consecuencias igualmente nefastas para la democracia y los derechos de los peruanos.

Si adivinaron, nos estamos refiriendo a la inmensa red de supuestos expertos que han ido invadiendo cada vez más espacios de la administración pública, una vez que la pareja presidencial se dejó deslumbrar por la habilidad económica del bachiller en economía Miguel Castilla, que en cuestión de horas les volteó el programa que habían pregonado por todo el país durante más de seis años y les aseguró crecimiento, estabilidad y buen puntaje en las encuestas si le entregaban todas las llaves de la economía. El punto es que “la economía” (en su sentido burocrático) fue creciendo imparable y a la concesión inicial de ceder la presidencia del BCR y entregar el MEF, le siguieron cada vez más ministerios “económicos”: Vivienda, Transportes, Energía y Minas, Agricultura, Comercio Exterior, donde se han entronizado los ministros más durables de este gobierno, respaldados por el del mechoncito, una de cuyas curiosidades es que tiene a sus hijas en el mismo colegio que las del presidente.

Pero el MEF castillista ha ido más lejos en sus proyecciones. En su apetito insaciable puso por un tiempo al ministro de Trabajo, Jorge Villena, que sólo se tuvo que ir, para ser reemplazado por la invisible doctora Laos, cuando no pudo resistir el embate del escándalo que él mismo armó cuando agarró a empellones a una trabajadora del aeropuerto de Arequipa a la voz de “soy el ministro y hago lo que me da la gana” (quizás debió decir soy un ministro de Castilla…, para que lo distinguieran de los más desechables del presidente Humala). Pero, como para que sepamos cómo es la cosa, el ministro Villena, dejó el fajín y volvió a sus funciones del MEF, que como ya ustedes deben haberse dado cuenta destaca a sus alfiles a cargos ministeriales cada vez más diversificados, y luego los devuelve a un coto que consideran de su absoluta propiedad.

También en la formación del ministerio de Inclusión Social, concebido originalmente para “equilibrar” el poder del MEF, se impuso la línea Castilla de modo que los viceministerios quedaron en manos de sus peones, algunos de los cuales ahora se han trasladado a Educación, mientras que la joven ministra actual que se sorprende de la vestimenta de las mujeres en Huancavelica, es otra de las engreídas del capo di tuti capi del Jr. Junín.  El avance del MEF sobre el área social debe tener mucho que ver con que las carteras de MIDIS, Educación y Salud, estén ahora en manos de economistas con carteles internacionales y aval del ministro en referencia, y que el discurso de la reforma en cada uno de estos sectores lo realice el propio Castilla aludiendo a asuntos como presupuestos por resultados, remuneraciones progresivas y sobre todo asociaciones públicas privadas donde el que pone el costo es el sector público y el que gana el sector privado.

Todopoderoso

Hace pocos días un Decreto Supremo, cuya autoría es evidente, dispone que los directorios de Petroperú, la empresa más importante del país, todavía de propiedad del Estado, podrán ser nombrados y removidos a discresión por los “accionistas principales”, es decir los ministros de Economía y Energía, más claramemte Castilla y Merino, que probablmente se consideren inamovibles en sus propios cargos. La finalidad inmediata parace ser echar a Germán Alarco que se quedó del período de Campodónico, amparado en el estatuto que señalaba que los directores duraban cinco años y solo eran removidos por falta grave. Ahora es cuándo le dé la gana a Castilla, lo que indica que ya se vienen los operadores castillistas a la empresa petrolera, junto con la entrega del 49% de acciones a los privados y la resistencia a la participación en la explotación directa de los campos petroleros.

Ah, pero no es el único caso. En el Banco de la Nación, el del mechoncito puso su ficha apenas juramentado como ministro. Y ahí está, hasta ahora, el economista Carlos Díaz Mariños, cuyo baldón hitórico siempre será haber sido el que firmó el cheque de los 15 millones de dólares para la “indemnización” de Montesinos. Algo así como un puente entre montesinismo y castillismo. A este tipo le dieron refugio en el MEF, como personal destacado, hasta este gobierno, cuando Humala le dijo a su ministro: has lo que quieras. Así que ahora tenemos un presidente del Banco de la Nación dedicado a tercerizar agencias y servicios de la entidad financiera más extendida del pais que va caminando a privatizarse.

Seguro Social

Algo similar, o peor, está ocurriendo en Essalud, donde el operador de ocasión es José Velarde Salazar, secretario general de la institución, que ya ocupó ese cargo hasta el 2007, cuando en estilo Barrios Ipenza, se declaró “despedido”, pero en realidad se estaba trasladando a la ONP con un nuevo contrato dentro del Estado, recibiendo una indemnización total de 253 mil soles, y que decidió volver del brazo de la señora Bafiglio, cuando Jorge Villena logró sacar al Dr. Vidal de la jefatura del Seguro, por encargo de Miguel Castilla.

Velarde Salazar guarda todo el perfil del operador castillista: es relativamente joven (47 años); pero ha estado un largo tiempo en cargos públicos (promedio 20 años); estuvo en el MEF en la época de Fujimori (los yupies de la privatización); ha ocupado altos cargos en varias instituciones; está muy relacionado con el sector privado y proveedores externos; etc. Por supuesto que estas joyitas se las han colocado a Humala en nombre de la “meritocracia”, que es nada más la coartada de un grupo sobrepagado que maneja las decisiones de mayor envergadura del Estado.

Gracias a Velarde, las clínicas privadas han avanzado imparables en la captación de pacientes pagados por el Seguro Social, al valor de los servicios que esas empresas cobran a cualquier particular o a las grandes compañías de seguros. Tenemos a la vista un listado de pagos realizados por la Red Almenara de Essalud, a la Cínica San Pablo, por cerca de 300 atenciones, que representaron pagos de 4 millones de soles. Sólo una clínica y de una sóla red, ¿imagínense lo que debe ser el cuadro completo? Lo mejor es que nadie sabe por qué se manda a la gente a clínicas privadas que tienen menos servicios que el Seguro Social. Nadie sabe pero la cosa va para adelante. Y el gran Velarde, en realidad un pequeño Castilla, sigue haciendo lo que quiere con la institución más grande y con mas dinero del país.

Y Miguel Castilla sigue ampliando el número de sus operadores, sin que nadie diga nada.     

16.12.13

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Hildebrandt en sus Tresce

El botonero de la calle 6 de Agosto

Antes de ser propuesto por su amigo Santiago Fujimori, ante su hermano Alberto Kenyo, que a su vez lo presentaría ante el Congreso para hacerse cargo de la Contraloría General durante siete años, Víctor Enrique Caso Lay era un pacífico vendedor de botones en una de las antiguas calles del centro de Lima. Cuando, la oposición de la época denunció que el propuesto no tenía experiencia que lo sustentara para un cargo de esta trascendencia, Martha Chávez dijo que había que darle oportunidad de aprender y de recoger su experiencia en la empresa privada.

Instalado en el edificio de la Contraloría en la avenida 6 de agosto en Jesús María, Caso Lay nombró como Subcontralor Adjunto al Ing. Juan Carlos Migone Guzmán; como secretario general al abogado José Manuel Dulanto D´Carroll; como jefe de la oficina jurídica al abogado Juan Carlos Morón Urbina; y como director de administración al contador Andrés Casildo Mariños; todos los cuales figuraron en la investigación del año 2001, cuando el excontralor de Fujimori usó en su descargo el hecho de que estos funcionarios fueran los que visaban con carácter retroactivo los gastos de las Fuerzas Armadas y el SIN, sin revisarlos y menos cuestionarlos, en lo que se suponía un mecanismo de regularización.

Durante sus testimonios ante la Comisión de Alto Nivel, el abogado Morón, actualmente miembro del Estudio Echecopar, contaba que las veces en que quiso negarse a visar lo que consideraba demasiado problemático, Caso Lay lo emplazó teniendo al lado a jefes militares a los que les indicaba que ese era “el señor que estaba oponiéndose”. Morón además relata que cuando se negó firmemente a firmar, ocurrió que en la mañana siguiente manejando muy temprano en dirección a la Contraloría, una bomba lacrimógena estalló sobre el parabrisas de su automóvil haciéndole perder el control. Más tarde encontró una nota sobre su escritorio que le indicaba que ojalá hubiese entendido el mensaje. Nunca más se negó a la orden superior.

El director de administración, Casildo, ya fallecido, dio otra explicación para la insólita circunstancia de que un funcionario de gestión interna de la institución, apareciera en los visados de gastos militares, indicando que su situación laboral en todos esos años fue sumamente precaria: “me renovaban el contrato cada mes y me presionaban con la amenaza de despido”.

Caso Lay no se presentó a la Comisión de Alto Nivel y mandó varios mensajes para intentar una negociación. Ante los comisionados se identificó entonces como su apoderado, el ingeniero Paco Toledo Llallico, funcionario de la Contraloría, que quiso declarar por él. La pretensión no fue aceptada. Caso Lay salió del país poco después. Paco Toledo es actualmente Gerente Central de Calidad de la Contraloría y al parecer encabeza una red de funcionarios fujimoristas que bloquean cualquier esfuerzo anticorrupción que pudiera poner en evidencia el papel que han venido jugando a través del tiempo.

Para llegar a las primeras conclusiones sobre lo que había sido la Contraloría fujimontesinista, los comisionados del gobierno transitorio de Paniagua, tuvieron que abrir las puertas del quinto piso del edificio de 6 de agosto, que permanecía cerrado con varios candados y sobre el cual, la contralora saliente, Carmen Higaona, recibió una hoja en blanco que intentó transferir a su sucesor que no lo aceptó. El encargado de las llaves de ese piso era el jefe de Control Interno de la Contraloría, que nunca había pisado el interior, y que también se negó a abrírsela a la Comisión de Alto Nivel, entregándoles las llaves, bajo su responsabilidad. Nótese que era la época de Paniagua, pero los fantasmas de Fujimori y Montesinos seguían rondando por los pasillos de la institución.

En el quinto piso había una interminable cantidad de anaqueles cubiertos de un gran número de archivadores con documentos de las Fuerzas Armadas y el SIN. Eran los documentos “justificatorios” de todo gasto, calificados con la mayor soltura como “secretos” para exceptuarlos de publicidad y control. Los visados de Contraloría eran de fecha posterior al gasto, o sea primero se usaba el dinero y luego se le autorizaba, y no había ninguna revisión sobre la calidad y cantidad de lo gastado, ya que los encargados de los visados lo hacían por orden superior sin revisar los papeles. Ese era el mundo del fujimorismo, funcionarios acobardados, archivos bajo candado, un botonero en la Contraloría.

09.12.13

El excontralor que regresó del trópico

“La Contraloría no está facultada para investigar al exasesor presidencial por tratarse de una persona particular y mientras que no se compruebe que los cuantiosos ingresos económicos que perciben provienen del Estado”

Víctor Caso Lay 18-19 de diciembre de 1999

Los diarios de Lima repitieron dos días las declaraciones del entonces Contralor General de la República, Víctor Caso Lay, en respuesta a la denuncia del periódico  Liberación, que había mostrado los documentos sobre las cuentas personales de Vladimiro Montesinos en el Banco Wiese. Mientras Blanca Nélida Colán, Martha Chávez y muchos otros decían que seguramente los cientos de miles de dólares que el asesor tenía registrados como propios se debían a asesorías bien pagadas, que vendía al exterior; el hombre que estaba mandatado por ley a seguir las cuentas del Servicio de Inteligencia que manejaba Vladimiro y a opinar sobre pagos irregulares a funcionarios del Estado, se excusaba públicamente de no investigar al personaje que estaba en el centro de la noticia por ser “un particular”, al que debía probársele que sus ingresos provenían del Estado.

Para 1999 ya se había discutido hasta el cansancio el tema de la condición laboral de Montesinos y después de haberlo cubierto por mucho tiempo con la ambigüedad, finalmente el gobierno hizo públicas dos resoluciones: una de 1992, que lo designaba como Asesor II, en condición Ad Honorem (dependiente de la presidencia), y otra en el cargo de confianza de Asesor II-F5, en la alta dirección del SIN del año 1996, ambas firmadas por Fujimori. O sea que, mal que bien, el Doc., no era un particular ni había nada que tuviera que probarse al respecto.

Fuera de los vergonzoso que puede ser que el jefe de control del Estado reconozca no saber el estatus administrativo de quién hablaba a nombre del poder y de los sistemas de Inteligencia, mucho más grave era que en el período en que Víctor Enrique Caso Lay estuvo en la Contraloría, entre el 27 de junio  de 1993 y el 28 de junio del 2000 (siete años), no se realizase ni una sola acción de control sobre los enormes recursos que el Ejecutivo transfirió al Servicio de Inteligencia Nacional SIN, bajo el rubro de “Régimen de Ejecución Especial”, y que la propia Contraloría en el año 2001 calculó en 351 millones 72 mil 40 nuevos soles (Informe Especial Nº 010-2001-CG y Resolución de Contraloría Nº 163 2001-CG), siendo que la Contraloría es el único órgano del Estado con acceso a la revisión de documentos, registros e información de todas las entidades del Estado, incluidas las que funcionan bajo las condiciones de reservado o secreto, como garantía ante la sociedad de su buen uso.

La ausencia de toda fiscalización le permitió a Montesinos disponer libremente de los fondos señalados (más o menos 50 millones por año) y probablemente más, y derivar de allí desembolsos como los que se hacían para financiar las actividades del Grupo Colina y sus similares; la infiltración de partidos y organizaciones sociales; las campañas electorales oficialistas (casos Hurtado Miller y Raffo); la manipulación de medios de prensa (diarios chicha, canales de televisión, radio y periódicos “independientes”); compra de magistrados y congresistas; vida de lujo de Montesinos; gastos presidenciales (educación de sus hijos en el exterior); entre otros.

En otras palabras, al no controlar los fondos del SIN, Caso Lay era cómplice de todos estos hechos. Tal vez pensaba, en esos años, que el fujimorismo iba a durar para siempre y que nunca tendría que pagar por sus gravísimas omisiones. Eso se ve a las claras en la respuesta que le da al oficio del congresista Javier Alva Orlandini de octubre de 1996, en el que se le pide que remita información sobre la ejecución presupuestal del SIN 1990-1996, indicando que “la entidad encargada de evaluar la ejecución presupuestal es la dirección general de Presupuesto Público”, obviando su propia función como entidad de control presupuestal.

Si el Contralor se negaba a brindar información sobre los ingresos y gastos del SIN, ¿a quién podrían solicitárselo? Es obvio, que aquí tenemos el caso concreto de un operador político y administrativo de la dupla del poder de los 90.  Una historia como para sonreír con los gestos de indignación de la bancada naranja cuando Daniel Abugattás les recordó en público su condición de “montesinistas”, es decir defensores del régimen que trasvasaba recursos del presupuesto formal hacia fondos secretos supuestamente de las Fuerzas Armadas, que a su vez iban al SIN, para su empleo por el asesor Montesinos. Ahí, Palacio, el MEF, el ministerio de Defensa, el Comando Conjunto, la jefatura nominal del SIN, eran eslabones de la cadena que unía por un inmenso fajo  de billetes al presidente y a su operador multipropósito. Decir que Keiko luchó contra algo como esto es de una ridiculez apabullante.

La extradición

A Caso Lay lo detuvieron en el 2008 en El Salvador, pero hasta hoy no está claro porqué no fue extraditado habiendo graves denuncias en su contra. El procurador Arbizu ha señalado que el gobierno aprista no renovó las tarjetas de los acusados de corrupción que se encontraban prófugos a lo largo del mundo, lo que habría permitido que Caso Lay, Malca, Blacker y otros, fueran puestos en libertad por la Interpol , tras ser intervenidos en varias capitales del mundo, y continuar sus actividades económicas y personales como si no se tratara de delincuentes internacionales.

La captura de Caso Lay debe poner muy nerviosos a los fujimoristas. Más o menos como en la historia de Al Capone, las mafias recién hacen conciencia de que pueden ser desenmascaradas cuando el contador que les arreglaba las cuentas pasa a manos de la policía. A Caso Lay lo van a juzgar por los fondos del SIN, las compras militares fraudulentas a las que prestó visado, su asociación ilícita para dar forma a una red en el estado al más alto nivel para desviar fondos públicos.

Pero en verdad sobre el tipo deberían caer muchas más preguntas. Por ejemplo: ¿qué se hizo con el dinero de las privatizaciones: más diez mil millones de dólares que se convirtieron en nada y que la Contraloría tenía que fiscalizar?; ¿de qué manera se le pasaron al Contralor las comisiones por venta de armas, que Hermoza reconoció abiertamente por un monto de 20 millones de dólares, sólo para su caso?; ¿por qué no hay ninguna acción de control registrada sobre la “silla giratoria” (funcionarios de los bancos y grandes empresas que ocuparon posiciones públicas que incidían en normas que eran de interés para sus antiguos empleadores, y que regresaban a sus cargos originales después de cumplidos los encargos)?; ¿cómo explica Caso Lay que su inasistencia al  Congreso para informar sobre el caso Mantaro-Pachitea (barcos que se hundieron apenas entregados a la Corporación de Vapores), lo que costó al país 74 millones de dólares?

Y todo eso sin olvidar sus extrañas conexiones con el contador de la banda de narcotraficantes conocida como “los camellos”, que nunca ha sido aclarada.

En realidad la Contraloría del fujimorismo, puede ser una verdadera caja de sorpresas sobre cómo era la moña con los recursos públicos en la época del dictador, hoy preso en la DIROES por violación de derechos humanos y corrupción.

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Hildebrandt en sus Trece

09.12.13

La Policía busca impunidad

Empecemos por los “ya nadie habla de…”

En efecto, ya nadie habla de los equipos de chuponeo colocados en la casa de López Meneses, que era desde dónde supuestamente se interceptaba a Rospigliosi, que para ser más enfático dijo el día del escándalo que él “ya lo había advertido”, todo esto desde las siguiente premisas: (a) si la vigilancia es grande, debe ser porque adentro hay algo proporcional; (b) si López Meneses  es “operador montesinista” y el chuponeo es una práctica montesinista, debe haber chuponeo desde la casa.

Pero ya nadie habla de esto. Quizás sea porque el registro de la vivienda no ha dado ningún indicio; o porque muchos ya se han puesto a pensar que no tiene sentido instalar una guarida secreta en la casa de un montesinista conocido y ponerle una guardia excepciona como para que todos se enteren que allí se escondía algo grande.  

Aún si el gobierno estuviese chuponenando a sus opositores porque les teme por alguna razón que no es fácil de establecer, y tiene sus motivos para precaverse frente a la DINANDRO o la Marina, donde hay gente que sabe de estas cosas, pero que no está suficientemente controlada, difícilmente haría algo tan tonto como asociar la persona con el local y a este último con un batallón policial en su zona externa. Pero también se ha dejado a un lado, junto con lo del chuponeo, la hipótesis, mucho más audaz, que Montesinos era trasladado a escondidas para tener encuentros secretos con gente del régimen, por ejemplo Villafuerte, y poder darles orientaciones para la conducción política.

Este supuesto implicaría un compromiso institucional de la Marina con la conformación de lo que vendría a ser un segundo gobierno montesinista, lo cuál no sólo es difícil de creer sino de sostener. Apenas los hombres de mar emitieron un comunicado conminatorio sobre el  tema, se acabaron las especulaciones en esta dirección. Sin embargo, otras líneas de investigación siguen abiertas: (a) que López Meneses hiciera lobby para empresas mineras en coordinación con elementos  del Estado, y que para eso le dieron una protección discreta que se volvió aparatosa cuando un sector con poder en la Policía descubrió que podía hacer daño con la denuncia; (b) que López Meneses asesorara a miembros del gobierno sobre asuntos que son de su manejo, por ejemplo, con quiénes tratar en el fujimorismo y el APRA, y que ahora nadie sea capaz de reconocer que lo hacía.

Tal vez nunca se sepa el secreto de la casa de Surco, pero lo que es indiscutible es que Humala ha salido de esta crisis con sospechas de vínculos con operadores clandestinos, a la manera de los gobiernos anteriores, de la misma forma que quedó manchado de narcotráfico cuando aparentemente el mismo sector de la Policía que ahora lo ha echado a los leones de la política, denunció a la excongresista Nancy Obregón de dirigir una banda en el Huallaga, lo que ha abierto una investigación fiscal que incluye establecer si hubo financiamiento de la droga para la campaña del actual presidente.

O sea, en el balance de la “crisis del operador montesinista”, se aprecia a un Ollanta Humala aún más debilitado y carente de rumbo; un premier que no ha podido sacar provecho de la situación para afirmar un liderazgo y ofrecer una nueva etapa de gobierno; a una oposición aprofujimorista cada vez más exaltada y dispuesta a usar cualquier proyectil a la mano para lanzarlo al gobierno; y unos medios de comunicación que apuntan sistemáticamente a crear climas de inseguridad que hagan a la gente imaginar soluciones autoritarias; total si todos son corruptos, por qué no un corrupto con mano dura que ponga orden.

Lo que sí se sabe

La crisis que todavía está en desarrollo, ha dejado en claro que no sólo hay corrupción sino descomposición policial. Con singular desvergüenza, el APRA, el fujimorismo, y sus medios afines, han dicho que la declaración de Humala sobre las prácticas corruptas, son una agresión a la institución y todos sus miembros, y que expresiones como esas sólo pueden hacerse si se tiene los nombres de los culpables. Pero todos saben que la Policía está infestada de corrupción. El exviceministro del Interior, Basombrío, ha calculado en 30% el sector irrecuperable de esa institución. No sé si será muy preciso, pero da una idea de lo grave que es el problema.

No hablar de la corrupción en la Policía es cómo no querer discutir sobre las violaciones de derechos humanos de las fuerzas Armadas en la guerra interna. Es decirle a los uniformados que lo que atenta contra su futuro es que se haga público lo que todos saben que pasa. La idea es el cierra filas, que se ha estado insinuando en estos días, y que se cargó de rumores sobre renuncias en masa de jefes policiales, que ha dado lugar a que Humala retroceda una vez más, dejando entrever que finalmente no habrá una razzia radical como había asegurado el exministro Pedraza.

En fin, lo que se ha confirmado en estos días es que existen diversos centros de poder en la Policía que responden a distintos “amos”. Se podría mencionar los que están ligados a funcionarios del actual gobierno, y brindan información directa a sus contactos y llevan mensajes del poder; los que responden al APRA; lo que lo hacen a la DEA y a la Embajada de Estados Unidos; los que están asociados a camarillas nacionales y regionales que brindan servicios especiales a particulares. Este es el primer dolor de cabeza, que destruye la unidad de mando.

También se ve que hay jefes policiales que actúan en pared con sus contactos en la prensa y que son capaces de “investigar” por encargo, para armar un caso que luego rebota en un medio, aunque sea marginal, pero de ahí salta a la gran prensa; o que pueden hacer la ruta inversa de entregar datos claves al periodista para que lance el “destape” y se arme la que está buscando. ¿Cómo independizar a la prensa (y algunos supuestos periodistas de investigación) de la Policía y evitar la manipulación mediática. Esto es algo de lo que no quiere hablar, pero que está presente en esta crisis.

Finalmente, estamos ante una privatización penosa de la Policía, que hace depender al suboficial de su uniforme para venderse como procurador de servicios a diversas empresas. Esto no sólo afecta su moral como funcionario del Estado para la persecución del delito, sino que termina por hacerlo dependiente de otros jefes y de reglas diferentes a las de su institución. Esta Policía no va a devolver tranquilidad a la población afectada por una inseguridad creciente. Y el gobierno tiene muy pocas ideas y fortaleza para esta tarea.

Que descubramos a tantos policías especializados cuidando la casa de un maleante, a corta distancia del domicilio del presidente, es más que una ironía.

02.12.13

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Hildebrandt en sus trece

Congreso atragantado con López Meneses

Después del viernes, ya no me queda duda que el oficialismo parlamentario está igual que el resto del país: no sabe qué se protegía en la casa de López Meneses, ni quién dio la orden, ni cuáles son los vínculos del llamado “operador montesinista” con instancias del Estado.

Lo que saben, es que deben defender al gobierno es una crisis que ya tenido un alto costo (han caído un ministro; un asesor de Palacio; generales, coroneles y comandantes de la Policía; y se ha golpeado al presidente del Comando Conjunto que no se ha ido porque lo sustenta la Marina de Guerra) y porque han recibido una confusa orden de la señora Nadine que dijo que había que investigar la influencia del montesinismo en el Estado desde 1990.

Como la idea está mal formulada, pero nadie corrige a la doña, tenemos un espectáculo tonto en el que los nacionalistas acusan al APRA y el fujimorismo de querer ocultar sus vínculos de origen con López Meneses y el asesor de los 90, y los otros responden que lo que quiere ocultar el gobierno son los contactos actuales expresados en la protección indebida.

Por supuesto que nadie podría imaginar que se puedan entender los motivos que hacen que políticos y altos jefes militares y policiales, se culpen entre sí de “vínculos” con el operador de marras, y se deba investigar al más alto nivel del Estado sobre una vigilancia misteriosa, sin determinar quién es en verdad este tipo que desata pasiones, qué rol cumplió anteriormente, si en realidad era tan importante como se dice: delfín de Montesinos, brazo derecho del Doc., etc. O sea, para que sean graves sus lazos de hoy, hay que evaluar cuáles fueron los de ayer.

Pero también es cierto que no estamos ante un ejercicio de historia y que el investigado en este caso es el gobierno que deberá demostrar, lo que debió haber demostrado hace tiempo, que las órdenes para establecer la vigilancia no fueron adoptadas regularmente y deslindar si ha existido una corrupción vulgar como pretendió en algún momento el presidente, o un complot para engancharle el mote de “montesinista” al régimen

Hay una diferencia notable entre la forma como el APRA, el fujimorismo o el toledismo, defienden a sus jefes, conscientes que están tapando culpas reales, para lo cual valen desde recursos leguleyos, falsos debates, cortinas de humo, calculadas para dilatar y enredar, y la triste performance nacionalista del viernes, que ni siquiera era capaz de acompañar a Abugattás enfrentado sólo a los lobos de la derecha y de llevar el debate a algún sitio. Todo indica que la suspensión de la sesión salió a las patadas en el mismo momento. Y que el humalismo desconcertado le regaló a la oposición la conclusión que necesitaba: que el gobierno quiere sabotear la investigación, porque en verdad es más montesinista que los montesinistas.

01.12.13

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