Después del desalojo

En medio de las conmovedoras escenas de policías cargando niños en sus brazos, supongo que rescatándolos de sus padres que querían hacer escudos con ellos, escuché a una reportera decir que los ocupantes de los terrenos de Santa Anita no eran tan violentos y agresivos como la imagen que se tenía de ellos. Y me pregunté: ¿quién construyó esa imagen? ¿Es consciente, la señorita, del papel que ha jugado la prensa frente a los comerciantes hoy desalojados?

Evidentemente los hombres y mujeres de Santa Anita, no tenían la menor preparación para defenderse y mucho menos responder a una acción policial masiva, y lo que estaban tratando de decir, en todo este tiempo de resistencia a salir, era que se trataba de un bolsón de gente sin alternativas de trabajo, vivienda y supervivencia, y no de rebeldes dispuestos a inmolarse por los hechos de Herminio Porras, que nadie sabe donde andará. Pero la bulla de los medios no dejaba escucharlos: usurpadores, invasores, delincuentes, cobardes, son algunas de las expresiones que se han escuchado en estos días, repetidas por reporteros de calle, que dan la impresión de no saber en qué país están viviendo.

Y ahora ellos mismos están impresionados por el “problema social” que se les presenta ante los ojos. Más de dos mil familias, con sus niños, pernoctando en los parques de Ate-Vitarte, a la intemperie, porque no tienen casas, abrigo, ingresos, alimentos para defenderse del frío y la inseguridad que existe en la ciudad. Mientras tanto el alcalde metropolitano sigue en su postura de atrincherarse con sus maquetas en el Palacio Municipal y de declarar que esa gente vaya a cobrarle a Porras por los pagos que le hicieron y que con él no es el asunto. Y el presidente, que ha sufrido viendo a los niños correr despavoridos de las bombas, apunta que a su gobierno no le correspondía sino lanzar a los ocupantes y que ojalá que Castañeda haga algo por ellos.

Sin duda, todos nos creímos, en algún momento, que estábamos ante la inminencia de una feroz batalla, en la que habría armas, explosivos, trincheras, niños escudos, y que todo esto traería un costo político para el gobierno, que sigue pisando huevos ante las crecientes protestas sociales. En un lado, unos nos preocupamos, válidamente, del daño humano que podía representar una avalancha de policías atacando a diez mil desesperados, dispuestos a no salir. Otros, empeñados en que no se cediera y no se reconociera a los comerciantes como interlocutores de cualquier diálogo; con lo que querían lanzar el mensaje que cuando se dicta una orden judicial contra gente del tipo de Santa Anita, ésta se cumple sin chistar.

Lo que no vale igual para todos, como se puede ver en los conflictos de propiedad (azucareras, medios de comunicación, mineros, terrenos de grandes almacenes, etc.), que se eternizan en querellas judiciales y ocupaciones por la fuerza; o cuando autoridades como el mismísimo alcalde limeño, al que ayer nomás Aldo M. lo emplazaba si creía que estaba sobre las leyes al desacatar mandatos judiciales y normas legislativas, y lo remataba con la siguiente pregunta “¿Con qué cara entonces reclama que expulsen a los invasores de Santa Anita si se comporta como Herminio Porras, zurrándose en el Derecho?”, lo que no ha impedido que “Correo” aplauda con las manos y los pies el desalojo, mientras Castañeda sigue en sus incumplimientos.

No hubo el enfrentamiento temido o deseado. Pero lo que ha quedado evidente es que la cosa no acaba en la expulsión a la mala de los vilipendiados ocupantes. Ahora aquellos que estaban resolviendo como podían la subsistencia de ellos y sus hijos, están bruscamente sin medios para hacerlo. ¿Quién responde? ¿El gobierno, la municipalidad, los jueces? ¿Es este un Estado de derecho, o un Estado donde sólo algunos tienen derechos?

29.05.07

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