viernes, setiembre 30, 2011

Así la dictadura se tumbó a una empresa pesquera

Entre 1998 y 1999, la combinación del fenómeno del Niño y la crisis asiática, detuvo el crecimiento económico, lo que afectó directamente los planes de empresas peruanas que habían hecho inversiones importantes en vista de las aparentemente buenas perspectivas de la economía. Un sector particularmente afectado fue la pesquería que venía de un acelerado auge y se encontró con la brusca desaparición de la anchoveta de los mares peruanos por efecto del calentamiento de las aguas. La crisis de la pesquera Carolina de Salomón Manzur, con dos plantas en Huarmey y Chimbote, con equipos para producir harina, aceite, conservas y refrigerados, y diez barcos para la extracción del recurso, fue parte de un problema más o menos extendido, que consistía en un cese abrupto de producción e imposibilidad de cumplir a tiempo con el pago de las letras suscritas para el financiamiento de las inversiones.

Lo que hace diferente este caso es otra cosa. Y es que la empresa era visiblemente viable si se le modificaban los vencimientos de su deuda y se la ayudaba a pasar el período malo. La cosa es que, según todas las evidencias, la mafia de la época que atravesaba las salas del SIN, diversas instituciones públicas y judiciales, así como banqueros inescrupulosos, etc., vieron la oportunidad de quedarse con la Pesquera. Los hechos tal como se encadenaron demuestran: (a) que hubo un plan; (b) que hubo una vasta red de operadores, sobornados por la mafia o asociados a ella; (c) que las conductas dolosas no se modificaron con el cambio de régimen de dictadura a democracia, y que reductos de la corrupción se mantuvieron intocados.

Véase la secuencia y se entenderá cómo se puede robar una empresa y no ser castigado: (1) el 31 de mayo de 1999 se declaró la insolvencia de la empresa Carolina, consentida por su propia administración original que buscaba el reflotamiento; (2) el 15 de diciembre de 1999 se instaló la Junta de Acreedores, acordando iniciar un proceso de reestructuración, bajo un régimen de gestión mixto (entre acreedores y deudores); (3) el 6 de septiembre de 2000, se instala el Comité de Administración presidido por el Banco Wiese, e integrado por representantes de Rétex Peruana y el Banco Latino, que acuerda por dos votos (Banco Latino se abstiene) revocar el mandato de todos los gerentes, nombrando como gerente general al señor Luis Giulfo Zender y para aparentar cumplir el acuerdo de administración mixta, convierte al contador Mario Díaz Sevilla, en supuesto Gerente Administrativo, cargo que no existía y que tampoco desempeñó con los nuevos administradores.

(4) Al momento de revocar a los gerentes el Comité no estaba legalmente inscrito (recién lo hizo a comienzos de octubre), por tanto no podía darle efecto legal a sus acuerdos, sin embargo pretendió inscribir aceleradamente la decisión en Registros Públicos de Chimbote para asegurarse el inmediato control de la empresa. Para ello lograron falsificar una ficha de inscripción con nombre y sello de un registrador, cuya firma fue falsificada, con el que desalojaron a Manzur y otros funcionarios el 9 de septiembre (tres días después del acuerdo); (5) recién el 13 de septiembre se hace el asiento 23 en los Registros, con las revocatorias y nuevos nombramientos, lo que no podía subsanar los delitos y abusos cometidos; (6) la revocatoria de mandato de los gerentes ocurre cuando la empresa se estaba recuperando. La nueva administración sin embargo apuntó a cuestionar la gestión previa declarando que los activos estaban sobrevaluados en 40% y que la empresa no podía para sus deudas. Asimismo presento hasta tres planes de reestructuración rechazados por la Junta y por Indecopi. Todo esto condujo a que en mayo del 2002, la Junta decidiera la liquidación de Pesquera Carolina y la venta de sus activos a otros inversionistas pesqueros.

El señor Giulfo, declaró ante la Comisión que investigaba los delitos económicos de la época fujimorista que era un experto en liquidaciones empresariales.

30.09.11
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Procesos de reestructuración fraudulentos

Para salvar a las empresas en crisis, conservar los puestos de trabajo y cumplir con las obligaciones atrasadas se creó en la década de los 90 el procedimiento de reestructuración patrimonial o procesos concursales, que consistía en una declaración previa de insolvencia de la empresa a reestructurar (incapacidad de cumplir con sus pagos) y en la conformación de una junta de acreedores que a la manera de una junta de accionistas, debía aprobar el plan de salvataje y constituir una administración capaz de ejecutarlo. Antes de este sistema lo que ocurría era que los acreedores impagos se lanzaban sobre la empresa en crisis embargándoles sus bienes y precipitando una liquidación que podía evitarse, en la que todos terminaban perdiendo parte de su patrimonio.

Pero esta institución como muchas otras fue tergiversada bajo el gobierno de Fujimori cuando entraron a jugar articulaciones entre algunos acreedores, funcionarios públicos y diversas mafias del poder de la época. Un sector de la banca que estaba asociada a la corrupción. Banco Wiese, Banco República, Banco de Comercio entre otros, en condición de acreedores principales (reales o ficticios), encabezó numerosas juntas e impuso sus condiciones, acompañados de los delegados de entidades públicas como SUNAT, ESSALUD y otras, con orientación de apoyar a los banqueros. Otros acreedores menores, a su vez, aceptaban las propuestas del grupo más fuerte con tal que se les garantizara la recuperación de su dinero. Finalmente el Indecopi que era el ente regulador del proceso, estaba infiltrado por gente de la banca que actuaba secundando los planes de los acreedores principales.

La investigación parlamentaria realizada por la Comisión Herrera sobre las irregularidades en el funcionamiento del sistema concursal, establece entre una de sus conclusiones: “En calidad de acreedores, bajo el principio que “el acreedor se constituye como dueño”, en algunos casos, los que concentraban un alto porcentaje de acreencias en la Junta de Acreedores, dispusieron arbitrariamente del patrimonio de la insolvente y decidieron liquidarla, a pesar que la empresa presentaba signos claros de viabilidad”

miércoles, setiembre 28, 2011

Entre la administración y el cambio

En Chile 2010, pude ver de cerca adónde conduce la administración de izquierda del modelo de crecimiento, y las instituciones políticas creadas por la derecha. La derrota de la Concertación de Bachelet, Lagos y Frei, después de veinte años en el poder, fue un castigo a la izquierda anodina y cobarde para mover un escenario que según se decía era la envidia del mundo y por supuesto de sus vecinos del sur del continente. Hasta que llegó la rebelión de los estudiantes y la derecha pinochetista que había recuperado el poder luego de colocarse un recargado maquillaje democrático, quedó desbordada por adolescentes secundarios que hacían evidente que el famoso modelo había sembrado una profunda frustración en las nuevas generaciones y de ahí se extendía al resto de la sociedad.

Hoy, Chile es el país más convulso socialmente de América Latina, el único que ha tenido que soportar una huelga de varios meses de la escuela, a la que se han sumado luego la universidad, los padres de familia y los sindicatos de trabajadores. Piñera ha sido acorralado y lo más probable es que en la siguiente elección se produzca un nuevo giro en las preferencias políticas, pero en ese momento las viejas coartadas de la Concertación sobre la estabilidad y el crecimiento estarán agotadas. Esta es una lección para todos los demás latinoamericanos. Tanta lección como las que se cogieron anteriormente de las aperturas chilenas y las privatizaciones copiadas en tantos países que soñaban con sus índices de crecimiento del PBI y los miles de millones de dólares de sus grupos empresariales.

En el Perú hemos tenido también una transición equívoca en la primera década de los 2000, en la que tres gobiernos se encargaron de convencernos que la democracia puede existir sin alterar en lo esencial la Constitución y las instituciones de la dictadura, y sin afectar el sistema de relaciones tendidas con los grupos económicos nacionales y extranjeros, que incluye los más lesivos contratos de explotación. A nuestra manera forjamos un tipo de democracia que se pareciera profundamente al autoritarismo que acabábamos de dejar atrás. Y lo que ocurrió fue que en once años la economía creció, los inversionistas se la llevaron fácil y la gente sintió que todo lo importante: el empleo, los salarios, la educación, la salud, el acceso a los servicios, la seguridad, la moral pública, etc., permanecían igual.

Toledo, García, PPK, Castañeda, fueron los mayores derrotados de las últimas elecciones porque el país no se identificó con la administración posfujimorista. Por eso el dilema que quedó planteado tenía que ver con romper esa inercia, ya sea retrocediendo hacia el neoliberalismo fuerte o dando paso a una nueva vía de cambios. Seguramente no los cambios que Ollanta ofreció en el 2006, pero sí que se sintieran como que en el país hay una nueva escala de prioridades y que el gobierno está decidido a desamarrar las manos con las que lo ataron para que nada pudiera alterarse. Los primeros días de Ollanta presidente dejan una sensación ambigua: como que hay una voluntad de cambio expresada en medidas y en movilización del ánimo social, pero que al mismo tiempo nos estamos chocando con viejos y nuevos compromisos con los poderosos que frenan el avance general.

28.09.11
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lunes, setiembre 26, 2011

Cuando se pregunta al presidente

Dice Jorge Ramos, de Univisión, que la falta de una respuesta categórica y el enojo del presidente Humala cuando le insistió sobre el tema de la reelección ha sembrado “la duda entre muchos peruanos de que, eventualmente, él buscaría cambiar la Constitución para reelegirse o que promovería, desde el gobierno la candidatura de su esposa, Nadine Heredia, para el 2016” (“Cuando no responde un presidente”, Perú 21, 23.09.11).

Pero en la misma nota Ramos recuerda que en 1998, entrevistó a Chávez y le preguntó sobre el asunto de la reelección, a lo que el venezolano le contestó que entregaría el poder en cinco años o menos. O sea, según sus propias palabras, lo engañó (aunque lo que hizo fue una reforma constitucional y convocó a nuevas elecciones en dos años). Pero, en fin, si lo podían volver a engañar, ¿por qué estaba tan obsesionado en sacar una respuesta similar de Humala?

Siendo evidente que estaba haciendo un paralelo sobre los dos presidentes a partir de la matriz de que todos los gobiernos de izquierda en América Latina son el fondo chavistas y reeleccionistas, que es lo que explica el tono áspero y confrontacional de las preguntas, es claro que tampoco una negación del tipo de las que Ollanta hizo tantas veces durante la campaña y después de elegido, o la que reiteró en las redes sociales, hubiera acabado con las “dudas”.

El punto es, por lo tanto, que Ramos ha conseguido el papel de héroe porque hizo tambalear a un futuro tirano, y por ser aplaudido por la prensa que se produce en Miami y otras locaciones en Estados Unidos, y que por supuesto jamás lo censura en tanto cumpla con su misión de apuntalar las políticas de Washington hacia el sur del continente. Y el eco del aplauso se ha sentido en la prensa local no menos miamense que sus amigos en Norteamérica.

A Ramos habría que preguntarle si alguna vez puso en problemas a algún presidente o alta autoridad de Estados Unidos frente a sus interminables intervenciones en diversas partes del mundo. Más modestamente un peruano podría interrogarlo si alguna vez acorraló a Fujimori en el tiempo que era presidente y visitaba Estados Unidos con sus hijos (que los llevaba a Disneylandia en avión oficial, sin mucho escándalo) y le preguntó sobre sus dos reelecciones y sus cambios en la Constitución. O a Menen de Argentina o a Cardoso de Brasil, dos ilustres reeleccionistas.

Porque parece que para cierta prensa el tema de la reelección es una temática de “izquierda”. Y para modelo ahí está el caso de Honduras, con un presidente de centroderecha que decide su ingreso al bloque liderado por Venezuela y consultar sobre la opinión de los hondureños acerca de un eventual cambio de Constitución, que se leyó de inmediato como reelección y dio pie a un golpe de Estado. Es decir la materia con la que juega Ramos no es cualquiera. Y es por eso además, que le mete el aderezo de Nadine que no esta en sus preguntas, pero le sirve para insistir que si Humala quiere que lo traten bien que abdique claramente a todas las opciones que impliquen continuidad por la vía electoral.

En realidad cuando Ramos menciona las “dudas” que quedan después de su entrevista, se refiere a las desconfianzas que siempre van a existir de parte de los que sienten que los cambios que ocurren en el subcontinente son accidentes temporales en la tendencia natural de las derechas de ejercer el poder. Entonces preguntar y repreguntar sobre la reelección es como decir: ¿ya te vas a ir?

25.09.11
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sábado, setiembre 24, 2011

Dos discursos

Para los que todavía no alcanzaban a entender lo que podía significar colocarse en el espíritu de la Constitución de 1979, mientras se mantienen aún vigentes las normas de la de 1993, ahí está la secuencia de mensajes del presidente Humala y el premier Lerner para intentar una respuesta. Estamos ciertamente en los marcos de la reinstitucionalización que siguió al golpe de Estado del 5 de abril de hace 19 años, que es lo mismo que decir que consolidaron el sistema económico neoliberal y las formas políticas autoritarias y formalmente democráticas que rigen hasta el presente.

Pero, mientras ese orden apuntaba a que el poder se encargue de buscar inversiones para que se encarguen de la economía y de atenuar los sufrimientos de los pobres con las llamadas “políticas sociales”, reprimiendo al mismo tiempo a los sectores más conflictivos, lo que hoy tenemos es un poder que quiere renegociar con los que han sido ganadores en los últimos veinte años y obligarlos a una mayor contribución reduciendo su abultada renta, y que intenta seriamente que los excluidos y postergados del modelo de desarrollo sientan que se quiere reducir las brechas, mejorar su calidad de vida y reconocer sus derechos.

Es decir, puede que sigamos por un buen tiempo siendo una sociedad en la que el régimen económico consiste únicamente en que “la iniciativa privada es libre” (artículo 58 de la Constitución del 93), pero en la que el gobierno electo por el pueblo entiende algo así como que la economía debe fundamentarse en principios de justicia social, como apuntaba el artículo 110 de la del 79. Si la carta fujimorista es una bandera para que el Estado se desatienda del desarrollo, la equidad y la justicia social, el sentimiento de los electores en primera y segunda vuelta del 2011, en las municipales y regionales del 2010, y en anteriores consultas ciudadanas se ha expresado porque el Estado cambie su rol y deje de ser un espectador del excedido triunfo de algunos y la desgracia de las mayorías.

Este espíritu ha estado en múltiples discursos de Ollanta Humala, incluido el de 28 de julio, y ha sido confirmado con la presentación del primer ministro que ha empezado a convertir la retórica del cambio en medidas concretas. Es verdad que muchos opinan que se va muy lento, con concesiones y contradicciones, y que estamos lejos de lo que podría tener como nombre “gran transformación del Perú”. Pero, hay que advertir que los políticos no actúan en el vacío o siguiendo manuales o aplicando su voluntad. La cosa es más compleja. En este momento el gobierno nacionalista no parece decidido a apurar un enfrentamiento radical con la derecha que trató de cerrarle el paso durante más de cinco años y que todavía mantiene el grueso de sus recursos de poder.

Es por eso que calcula. El primer concepto es que la derecha está por ahora dividida, confundida y frenada, por la idea de que lo que ocurre podría ser peor y que lo que les están ofreciendo es que se mojen con el proceso, no que entreguen su propiedad y su control económico y social. El segundo, que los trabajadores y sectores populares que acompañan al gobierno están optimistas con las primeras medidas y no van a enfrentarse al gobierno por sus insuficiencias. En otras palabras que los sindicatos y organizaciones de masas recién están en condiciones de salir de su reflujo, para aumentar su presión sobre los sectores dominantes. Este es un momento intermedio en el que los enfrentamientos se postergan y nadie quiere tomar la responsabilidad de radicalizar al adversario.

Humala y Lerner han fijado el cuadro con dos discursos que unos ven como el comienzo del cambio y otros como el cambio que no era tanto como temían. Esa aparente coincidencia es la que explica el clima de relativa paz social en la que se ha inaugurado el régimen nacionalista. No es erróneo decir que la mayoría del país quisiera que este estado ideal de no confrontación dure lo más posible. Hagamos votos por ello y porque, aún así, el cambio iniciado, no se detenga.



El primer mes del gobierno

Entre las decisiones iniciales del gobierno de Ollanta Humala, adoptadas en el primer mes, incluidas las anunciadas por Salomón Lerner, podemos destacar las siguientes:

- Aumento del sueldo mínimo a 750 soles, en dos tramos.
- Aprobación de la ley de consulta, para los pueblos originarios.
- Priorización de la reconstrucción de Pisco y la zona afectada por el sismo.
- Gravamen minero por 3 mil millones de soles anuales, adicionales a otros impuestos y aplicables a empresas con y sin contratos de estabilidad.
- Recuperación del Lote 88 de Camisea para el consumo nacional.
- Inicio de la construcción del gasoducto del sur andino.
- Anuncio de abaratamiento progresivo del GLP.
- Aumento de los presupuestos de Salud, Educación y Seguridad, sobre el resto de sectores.
- Inicio del programa Pensión 65 en algunos departamentos.
- Inicio de otros programas sociales: Cunamás, Samu, Beca 18.
- Eliminación del programa piloto de municipalización de la educación.
- Replanteamiento de la política de combate al narcotráfico, cambiando la prioridad de las erradicaciones a otros ejes de acción.
- Cambio del sistema de trabajo de los policías, para aumentar su disposición al servicio, y creación del servicio voluntario de jóvenes en la policía.

Publicado en el Boletín “Derechos y Desarrollo”, Publicación de CEDAL, Número 6, septiembre del 2011.

martes, setiembre 20, 2011

Bombas bambas

Alguien calculó que a falta de bombas reales y de subversión verdadera, bien valía mezclar aniversario de la captura de Guzmán con una fiebre de falsas alarmas (pasan de 10 en una semana), a lo que se le incorporó la captura de pintores callejeros que reclamaban la liberación de Abimael Guzmán y un nuevo atentado en el VRAE contra una patrulla del Ejército con el saldo de dos oficiales muertos. Un mix de alto octanaje como para poner los pelos de punta al país en las primeras semanas del gobierno de Ollanta Humala y que Perú 21 titula audazmente: “Vuelve Sendero”.

Lo curioso es que la gente de la calle da la impresión de no estar demasiado asustada ni de creer que hemos vuelto a los 80 o 90. A diferencia de otras veces se percibe más bien una cierta tranquilidad reflejada en los estudiantes universitarios que recordaban haber hecho prácticas de evacuación. Por fin el país está empezando a entender que el Sendero derrotado militarmente y tratando de reinsertarse en la política legal y sacar a sus presos de las cárceles, no puede ser igual al grupo armado que se mantiene en el VRAE buscando el enfrentamiento con el Estado y cubriendo las vías del narcotráfico. Y todo esto, además, es diferente a los que desde un teléfono clandestino o un titular de prensa intentan desestabilizar a Ollanta para después decir que no puede controlar la violencia.

Felizmente el Perú empieza entender que la memoria de la violencia ha venido siendo manipulada muchas veces en su contra. La pregunta es ¿a quién le conviene el miedo e imponer el cambio de la agenda social por un esquema autoritario? En ese punto tal vez esté la respuesta para saber quién está marcando el teléfono esta vez.

18.09.11
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lunes, setiembre 19, 2011

El revés del drama del 11 S

Respeto a las casi tres mil víctimas de los atentados del 11 de septiembre, cuya muerte no sólo fue injusta sino que , contra su voluntad, se convirtieron en el pretexto para una ofensiva imperial que ha llenado al mundo de guerras interminables y ha alimentado la crisis general del sistema capitalista.

Lo peor de la reacción de la elites de Washington ante la destrucción de las torres gemelas, los muertos del Pentágono y los aviones lanzados a tierra, es que entendieron estos ataques como un producto de la maldad de sus enemigos y como un desafío a su capacidad de reaccionar. No vieron ni por un instante la acumulación de odio que condujo a 19 personas a inmolarse voluntariamente con tal de poder herir el orgullo del gigante y a una vasta red internacional a cooperar para generar el mayor daño posible a la primera potencia del mundo. Sin el sufrimiento palestino, el militarismo israelí, las derrotas árabes, la primera guerra de Irak, sin contar el intervencionismo yanqui en otras partes del mundo, no hubiera podido ocurrir un terror de tan grandes proporciones.

Cuando de todas partes llegaron las muestras de condolencias y solidaridad, y se esperaba que Estados Unidos encabezara una investigación en profundidad de los hechos y un implacable juicio sobre los responsables, lo que hizo Bush fue montarse en la tragedia para remover el ánimo de venganza, echar al tacho los gestos del resto y convertir sus acusaciones sobre otros pueblos en verdades demostradas. Así, la mayoría, nos enteramos recién de la existencia de Bin Laden y al mismo tiempo de que era el único que podía ser culpable delo que había pasado, sin que sepamos hasta ahora como lo adivinaron, sobre todo por los muchos lazos de la familia Bush con el saudita y los suyos.

También que Bin Laden estaba en Afganistán y que para capturarlo era necesario invadir el país, derrocar al gobierno y desarrollar una guerra que ya va a cumplir diez años. Es decir, Estados Unidos inauguró de pronto la guerra total contra un solo hombre que ha acabado cuando se le declaró muerto a comienzos de este año en un ataque en Pakistán, no en Afganistán donde siguen las tropas antiterroristas matando afganos. Otro caso, aún más grave, fue la declaración de Irak como el enemigo a futuro, es decir el que según el presidente de Estados Unidos estaba preparando armas de destrucción masiva para los próximos atentados en alguna ciudad de Norteamérica. Claro que ninguna arma de este tipo se usó el 11 de septiembre ni en los atentados posteriores en Madrid y Londres.

Y tampoco hubo nada de este armamento en el Irak destruido por la ira vengadora de Washington. Peor aún, poco a poco fueron surgiendo las evidencias de que las justificaciones de la invasión fueron construidas a través de la mentira, manipulando la documentación de la propia CIA. Bush quería hacer la guerra a Irak, derribar a Hussein y quedarse con su petróleo. Todo indica que esta decisión fue anterior a septiembre del 2001 y algunos van mucho más allá anotando que el republicano estaba buscando un pretexto para actuar, lo que alimenta la teoría del autoatentado o de que el gobierno sabía del ataque y dejó hacer.

El 11 de septiembre inició una fase de mayor imperialismo, en la que el gran poder global se ha declarado bajo amenaza permanente y esto le permite clasificar a los pueblos de acuerdo a su grado de peligrosidad para sus intereses. A las guerras de Afganistán e Irak, le ha seguido la de Libia y de ahí puede fácilmente llegarse a un choque con Irán, Siria o Corea del Norte. Una locura guerrerista que no ha impedido que el décimo aniversario del 11-S haya estado marcado por una paranoia frenética, en la que los estadounidenses esperaban un ataque inesperado desde cualquier flanco. Sin Bin Laden, Hussein, Gadafi y con guerras abiertas o latentes en muchas partes los yanquis siguen cada vez con mayor miedo la posibilidad de un nuevo mazazo de la violencia en alguna de sus principales ciudades, y las acciones de sus gobiernos no parecen ofrecerles una verdadera tranquilidad.

Es lo más parecido a un círculo vicioso. Estados Unidos imagina un mundo manejado por el temor a sus reacciones y a su poder armado, pero esto trae inevitablemente el riesgo de que sus enemigos le pasen la cuenta por las vías más bárbaras. Si en diez años de guerras interminables las administraciones de Bush y Obama han cobrado casi 500 veces el número de víctimas del 11 de septiembre, ¿de qué tamaño puede resultar el siguiente ataque?, ¿y cómo van a evitarlo? La transformación del Estado formalmente democrático en otro represivo y antiterrorista, no es una gracia ni era inevitable tras el 11 de septiembre. Como no lo era el enorme déficit fiscal y el endeudamiento causado por las aventuras guerreras que ahora está destruyendo todo el sistema de bienestar, ni la posibilidad de una victoria del “tea party” (republicanos de ultraderecha) en las próximas elecciones. Pero todo esto está ocurriendo como un conjuro, frente a lo cual dl mundo debe ponerse en alerta, antes que la suma de todas las venganzas haga invivible este planeta que bastante ha tenido que sufrir.

18.09.11
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Megacomisión

Leo que para Fritz Dubois de Perú 21 lo que se ha confirmado con la conformación de la megacomisión investigadora de la corrupción de Alan García, es que no existe oposición en el actual Congreso. Es como decir que debieron votar en contra de la ley de consulta, la confianza a Lerner y el viaje a Ica entre otras, pero a la hora de la verdad apoyaron con el gobierno o a lo sumo se abstuvieron como los fujimoristas.

Oyendo a Lourdes Alcorta expresar sus discrepancias con la invetigación, casi que le doy la razón a Fritz, ya que según la pepecista la historia peruana está llena de investigaciones de anteriores gobiernos con fines de venganza. La conclusión es, por cierto, que Alcorta y muchos otros están votando distinto de lo que piensan, por la sola razón de que les es difícil aparecer ante el país oponiéndose a iniciativas que tienen respaldo popular.

Bueno, no hay oposición. ¿Y Dubois por qué no quiere investigar hechos de corrupción que están bastante a la vista?, ¿sólo porque hay que oponerse?, ¿por qué ese titular que apunta que “las bancadas” (la no oposición) rechazan a Diez Canseco como presidente de la comisión? Muy simple. Para el director del tabloide de la gran familia de la prensa hay un pésimo recuerdo sobre lo que fueron las comisiones investigadoras de la primera mitad de los 2000, presididas por los congresistas Diez Canseco y Herrera y que lo comprendieron entre los investigados y denunciados por su condición de asesor principal del exministro de Economía, Jorge Camet y su participación en temas tan delicados como la renegociación de la deuda externa, las panillas secretas del Estado (entre ellas su propio sueldo) y las privatizaciones.

Fritz habla de “mucho ruido y pocos resultados”, pero las referidas comisiones tuvieron mucho más resultados sobre lo que fue el gobierno más corrupto de la nuestra historia, que el “ruido” que le procuraron los medios a sus denuncias. Claro, si por resultados se refiere al tratamiento fiscal y judicial de cada uno de los casos, ahí sí hay que reconocer que no se hizo nada, pero no por el valor de las conclusiones del Congreso sino por el juego de presiones políticas que impidió judicializar muchos casos emblemáticos.

Dubois acusa a las investigaciones sobre la corrupción fujimorista de “sesgo antiempresarial” y de haber frenado las inversiones, cómo si en nombre de asegurarse que ciertos grupos económicos sigan invirtiendo habría que mirar a otra parte en relación a su intervención en actos contra la moral pública. Pero la verdad es que si en algo realmente ha fracasado el esfuerzo anticorrupción que existió en los primeros años del posfujimorismo es en identificar y sancionar a los beneficiarios privados de la corrupción. El principio de que no hay corruptos sin corruptores, no se cumplió para nada en el Perú, por eso las más turbias privatizaciones y concesiones siguen intocadas, a pesar de que la manipulación de las normas, la trampa en las licitaciones y contratos, los arreglos posteriores a la concesión, etc., no pudieron ocurrir sin una colusión entre el poder y el beneficiado.

Pero este es el punto crítico de la nueva comisión sobre Alan García. ¿Se tocarán las responsabilidades de las empresas amigas del presidente y de su gobierno? Ahí se juega todo. Fritz tiene razón.

18.09.11
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jueves, setiembre 15, 2011

¿Y dónde está la DEA?

Los Estados Unidos en la política antidrogas

Hace unos días medios locales informaron que la embajadora de Estados Unidos les regaló un paseo en helicóptero de bandera de los Estados Unidos por la selva peruana, al ministro del Interior y al general de la DINANDRO, junto con el jefe del CORAH y de la DEA, y se encargó ella misma y sus asistentes de mostrar los cocales desde el aire y algunas pozas de maceración. El jefe de DEVIDA no estuvo invitado.

Las historias que la selva cuenta sobre el CORAH (policía militarizada encargada de la erradicación de cocales) y la DEA, son bien distintas a las que nos relatan los periodistas que muy de vez en cuando llegan a las abruptas selvas del Huallaga a realizar “informes” y moverse en los helicópteros de la erradicación. Las cámaras que llegan a los caseríos y las pozas generalmente no muestran personas, ni capturas y requisas. Pero en las comisarías obran numerosas denuncias de robos de bienes de las viviendas de los erradicados, maltratos físicos y otros abusos. Los del CORAH llegan dirigidos por miembros de la DEA que certifican la erradicación y contemplan sin intervenir la violencia con la que se trata a los cocaleros.

En Lima se dice que se trata de contener el flujo de droga que sale de la selva. Pero en las zonas de erradicación las fuerzas se mueven como en un escenario de guerra. En Pucallpa hay una central de la DEA al lado de un cuartel del CORAH. Ambos operan sin ninguna relación con las autoridades regionales y locales, toman la dirección de la torre de control del aeropuerto cuando movilizan sus aviones y helicópteros, mueven personal hacia el exterior y desde otros países sin regulaciones de la FAP, migraciones o cualquier otro organismo estatal. En Tocache la DEA ha metido millones en renovar el aeropuerto que está al servicio de la actividad que llevan adelante con el CORAH.

Para muchos habitantes de la selva lo que es evidente es la impunidad con la que pueden actuar los agentes estadounidenses. Pueden entrar y salir del Perú sin ser registrados, dirigir las labores de erradicación, la captura de dirigentes cocaleros, y podrían sin ningún problema llevarse prisioneros y la droga a otro lugar. Personas que han trabajado en la zona señalan que Montesinos hacía tratos directos con la DEA, para mantener una presión sobre los cocaleros y sacarse de encima a algunos narcos que actuaban por su cuenta, logrando articular un cartel de los grupos más poderosos que trabajaban para él. Para los agentes extranjeros esta era una manera de reducir la oferta de droga y concentrar los ingresos. Curiosamente el zar antidrogas de Washington, tomaba la política del régimen de Fujimori casi como un modelo de tratamiento del problema, hasta que empezaron a descubrirse los casos de Vaticano, el narco avión presidencial y otros que mostraron la penetración de las mafias en el Estado. ¿Y dónde estaba la DEA?

Once años después del fin de la dictadura, con Fujimori y Montesinos presos, la política contra las drogas no ha sufrido ningún cambio: el CORAH sigue persiguiendo campesinos, supervisado por la DEA; los norteamericanos controlan las rutas aéreas de la selva y se dan el lujo de escoger a qué funcionarios del Perú pasean por los aires para mostrarles su propio país; los insumos de la droga llegan regularmente a las pozas y la droga sale pasando todos los controles. Pero al país le quieren vender la idea de que el problema es Soberón por lo que dijo en sus reuniones con las organizaciones cocaleras, o por los mails que remitió desde su despacho en DEVIDA. Pero lo que arde no es que haya dicho que las erradicaciones son ilegales e injustas, sino que esté en un puesto que siempre estuvo ocupado por operadores de la Embajada de Estados Unidos. La señora Likins ha traducido su molestia en una visita a Palacio sin trascendidos y en un paseo de funcionarios peruanos en el que no se invitó al jefe de DEVIDA.

15.09.11
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Prohibido pensar

A Soberón lo quieren crucificar por lo que piensa.

Y es que nadie pude haber dicho alguna vez que la erradicación es ilegal e injusta, y luego aparecer al frente de DEVIDA. ¿Cómo va a ser? Si esa institución se armó con o por los Estados Unidos que es el que le ponía los fondos y lo supervisaba, y ahora se quiere que ni más ni menos que su jefe esté en desacuerdo con lo que se ha hecho.

Si Soberón cuestiona las erradicaciones como se han venido haciendo, como una operación de guerra contra pequeños productores, porque agudizan el problema social y no detienen el negocio ilícito, debe ser porque este abogado e investigador social quiere que crezca el narcotráfico.

Y si dice a los dirigentes en carta, interceptada con el viejo método del chuponeo (que ahora ya no escandaliza), que no se puede detener todas erradicaciones y que lo que está trabajando es en construir una nueva visión del problema de la coca y las drogas, tiene que ser porque usa un doble discurso: uno ante los cocaleros invitándolos a negociar, y otro diciendo que la reducción de cocales no debe hacerse sin negociación.

No hay nada que no se entienda en los reclamos del premier Lerner para que le den tiempo a Soberón para mostrar sus resultados. Pero precisamente es tiempo lo que no quieren darle. Y esto es así porque la opinión que hoy confunde coca con cocaína, cocalero con narcotraficante, puede terminar despejándose.

El país que normalmente ha vivido de espaldas a la pobreza rural, a la Amazonía y a los escenarios de violencia, tiene obvias dificultades para entender lo que está pasando: claro que se da cuenta que las erradicaciones no resuelven nada y que a las mafias nadie las toca. Pero, ¿no será cierto eso que dicen que parar la erradicación empeorará el problema ya que siquiera es algo, mientras no se pueda detener el flujo de insumos y los movimientos financieros de los grandes narcos?

Es que a la distancia nadie siente el problema social del cocalero, sus bajísimos ingresos, su endeudamiento hacia los acopiadores, sus enfrentamientos con los miembros del CORAH y con las organizaciones armadas. Una bomba de tiempo que se ha creado en muchos años de error sistemático. Una realidad trágica que los dirigentes la han visto hace mucho por lo que han buscado interlocutores de distintos tipo político, institucional y estatal, para hallarle una salida.

Pero cada vez que han encontrado alguien del Estado que hable con ellos y escuche sus propuestas –incluidas las referidas al desarrollo alternativo-, se ha armado tal batahola que los puentes se han roto y se han agudizado los conflictos. Durante el gobierno del APRA hubo la crisis de las actas de Tocache y Quillabamba que derribaron al ministro Salazar, y la operación Eclipse por la cual se descabezó varias dirigencias cocaleras del Huallaga acusándolas falsamente de narcoterrorismo.

Es decir nos movemos de mentira en mentira para mantener la ficción de un combate antidrogas que es un equivalente a los combates mentirosos que Estados Unidos despliega a lo largo del mundo (Afganistán, Irak, Libia, y otros). Aquí también tenemos que tragarnos la mentira. Es el precio de la soberanía sacrificada por unos dólares más.

14.09.11
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domingo, setiembre 11, 2011

Lo que se está jugando en el caso Soberón

"Las políticas prohibicionistas basadas en la erradicación, la prohibición y la criminalización del consumo no han funcionado”
Declaración de los expresidentes Brasil Fernando Henrique Cardoso; México, Vicente Fox; y Colombia, Ernesto Samper.

Lo increíble del caso Soberón es que todo el mundo sabe que la llamada “política antidrogas” promovida por los Estados Unidos y adaptada por los gobiernos de América Latina y que se basa en la erradicación forzosa, destrucción de cocales e ilegalización del consumo es un completo fracaso. Cada año aumentan las hectáreas sembradas de coca con destino al narcotráfico., la producción y exportación de cocaína, el poder de las mafias y la violencia generada a partir de este vil negocio. Pero nuestros gobiernos siguen buscando afanosamente cumplir metas anuales de erradicación para no recibir una nota desaprobatoria de Washington mientras la clase política tradicional y los medios de comunicación se encargan de demonizar cualquier intento de modificar esta orientación claramente suicida (nos encamina a una situación tipo México) y profundamente servil a los intereses de la gran potencia.

Estados Unidos no está dispuesto a aceptar que los gobiernos dispongan soberanamente de su política hacia la producción de narcóticos, porque se consideran como “afectados” por el ilegal negocio y con “derecho” a decidir y participar en lo que sería un “interés propio”. En los hechos, lo que están haciendo es sostener la idea ilusa de que el alto consumo de drogas entre su población y el inmenso movimiento de dinero que corre tras ello sólo podría detenerse si en Perú, Bolivia, Colombia y cualquier otro país se pudiera eliminar hasta el último árbol de la coca. Como eso no puede ocurrir se contentan con una cuenta anual de hectáreas erradicadas, ignorando el dato de que otras zonas se incorporan paralelamente a la producción haciendo inútil el esfuerzo.

Hace mucho tiempo que las áreas de erradicación son las mismas (Huallaga), y los distritos, caseríos y familias escogidas para las operaciones del CORAH (policía militarizada encargada de la erradicación) responden a un mismo patrón: cocaleros pobres, de baja productividad y con fuertes deudas con los acopiadores. A esta gente se le ataca como si se tratara de los verdaderos narcos y se les destruye todo lo que tienen de valor, sometiéndolos a condiciones de violencia. Cada chacra representa alrededor de una hectárea erradicada que va al registro. Anualmente la meta está en 12 mil hectáreas erradicadas, lo que más o menos que se cumple al costo social que estamos señalando, mientras que en otros lugares: VRAE, Puno, Cusco, etc., ingresan alrededor de 20 mil nuevas hectáreas llamadas ilegales.

Obviamente se trata de un círculo vicioso que sólo sirve para ocultar que Estados Unidos no hace nada para controlar la droga y las mafias en su territorio, y que los gobiernos de esta parte del mundo pagan su cuota de campesinos zarandeados y despojados para aparentar un combate al narcotráfico que no existe. La captura de dirigentes cocaleros como los de la operación “Eclipse” y el afán de relacionarlos con el terrorismo y el narcotráfico, apunta a desorganizar a los productores en sus intentos de negociar con el Estado y evitar políticas concertadas, y a generar una imagen de “enemigo de varias cabezas” al que hay que tratarlos con una lógica de guerra.

Ricardo Soberón ha venido denunciando esta realidad de la política antidrogras durante muchos años y entendiendo que los cocaleros son personas con las que hay que conversar y entenderse. Precisamente por esta trayectoria profesional y política es que el presidente Ollanta lo escogió para DEVIDA. Pero ahora lo quieren destruir agitando lo que él dijo una y mil veces, que la erradicación no funciona (que es lo que afirman también varios ex presidentes), que los cocaleros son personas de trabajo con los que hay que contar para el desarrollo alternativo y que la coca (léase bien, la coca) no es una planta maligna, ni un estupefaciente, sino un producto vegetal al que se le extraen componentes para fabricar una de las drogas más famosas.

Los que quieren tumbar al actual jefe de DEVIDA, pretenden además que nos traguemos el sapo de que la política de persecución a los cocaleros, alentada por Estados Unidos, es una “política de Estado”, algo así como inmodificable. De ahí el escándalo que ahora se ve en el Congreso en el que varias bancadas quieren linchar a Soberón. Y todos vuelven a decir: cierto que ha fracasado, pero n o podemos dejar de erradicar; cierto que Soberón recién empieza su gestión y no ha hecho nada que merezca la ametralladora de ataques que recibe todos los días, pero así es la erradicación, incluye erradicar a los funcionarios que no gustan a Estados Unidos, como le sucedió al ministro aprista chiquitín Salazar al comenzar el segundo gobierno de Alan García.


Las actas de Tocache y Quillabamba

Cuando el ministro Juan José Salazar, renunció en mayo del año 2007 no tenía ni de lejos una trayectoria que pudiera aproximarlo al trabajo profesional de Ricardo Soberón o alguna claridad de ideas sobre lo que debería hacerse con la producción de coca ilegal y el narcotráfico. Su pecado fue firmar un acta llamada de Tocache con la que suspendía la erradicación forzosa para iniciar conversaciones con los dirigentes cocaleros que desató una escándalo de los demonios y obligó al gobierno de Alan García a declarar que era una medida “temporal” y restituir en pocos días la destrucción de sembríos en el Huallaga. En plan de explicarse el ministro dijo que había cometido un “error”.

Poco después cometió un segundo “error” que esta vez le costó la cabeza. Fue cuando firmó otra acta denominada de Quillabamba, con los cocaleros legales, que venden su hoja a Enaco, con los que se comprometía a denunciar la Convención de Viena que incluye a la hija de coca en la lista de drogas junto con la cocaína, la heroína y otras. Por supuesto que esto fue inaceptable para el establishment y Salazar fue enviado de vuelta a su chacra en Lambayeque. Se probó que no se puede tocar las reglas internacionales impuestas por Estados Unidos y que la guerra es contra la coca y no contra la cocaína, es decir contra los cocaleros y no contra las mafias de la droga.

Hay paralelos entre lo que pasó al comienzo del segundo gobierno de García y lo que está empezando a pasar con el recién inaugurado gobierno de Ollanta Humala. Sólo que en el APRA nunca hubo ideas claras sobre el problema de la coca, mientras que nacionalismo hizo una alianza sólida con este sector de la población. Por eso ahora la puntería no está sólo dirigida contra Soberón y los conceptos que ha defendido desde hace muchos años, sino contra la posibilidad de incluir a los cocaleros en la política de cambios y en la nueva economía del Perú. En última instancia es evidente que hay quienes quieren mantener una guerra perpetúa en la ceja de selva, que es una guerra contra los pobres y un germen de violencia e injusticia que se puede volver mucho más grave si sigue como está.

11.09.11
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Antauro condenado

El confesado desconcierto de don Isacc Humala que tiene un hijo en la cima del poder y otro en la sima de una prisión política, dice mucho del proceso seguido por los dos hermanos en un espacio de poco más de diez años, en los que se convirtieron en un símbolo de la inconformidad de una parte importante del país ante lo que fue la transición postfujimorista cuyas esperanzas de democratización y transformación fueron traicionadas por sucesivos gobiernos. Antauro encarna el intento de canalizar ese descontento por la vía de la rebelión, que fracasó en el intento; mientras Ollanta se enrumbó en la vía electoral y tuvo la paciencia y la habilidad de hacerse del gobierno.

Uno y otro buscaban originalmente lo mismo, como que participaron juntos en el levantamiento de Locumba, lo que explica además porqué el comandante que estaba en Corea apoyó inicialmente los objetivos del Andahuaylazo aunque después discrepó con los métodos y reclamó el repliegue del movimiento. Evidentemente los métodos de hacer política se han ido separando, pero esto no ha impedido que la derecha amalgame el acto fallido del hermano menor, que dejó un costo de sangre, con el ascenso del otro convertido en el único capaz de arrebatarle el gobierno a los sectores dominantes después de veinte años de hegemonía neoliberal. Un dato elocuente es la manera como se bancó un programa semanal para culpar a Ollanta por las muertes de Andahuaylas en el intento por sembrar el miedo y detener su campaña política.

El hecho es que la necesidad política de golpear a Ollanta, ha impedido un juicio justo para Antauro, que ha llegado a ser comparado con Fujimori, Montesinos o Abimael Guzmán, como si hubiera formado algo parecido al grupo Colina para eliminar personas u ordenado arrasar poblaciones para castigarlas por su alineamiento político, y sobre todo ha perjudicado el derecho de más de cien reservistas comprendidos en el juicio, de los cuales medio centenar permanece preso. El Poder Judicial sometido a presiones ha sido sordo al elemental reclamo de que se hiciera la reconstrucción de los hechos, ahí donde se sucedieron y se despejen una serie de hechos que han quedado en la nebulosa: (a) que el grupo que capturó la comisaría estaba originalmente desarmado y si a pesar de ello pudo reducir a los policías y quitarles sus armas, fue porque estos estaban desprevenidos, durmiendo o alcoholizados por las celebraciones de fin de año; (b) que parte de los policías rendidos no abandonaron para no ser acusados de desertores, lo que diluye la tesis del secuestro; (c) que el enfrentamiento armado se produjo entre un grupo llegado de Lima que inició el ataque y las líneas de defensa armadas a dos cuadras de la comisaría de la que participaban otras personas fuera del grupo original de los reservistas; (c) que los estudios de balística sobre los cuerpos de los policías muertos indican que sus heridas principales tenían una trayectoria de atrás para adelante, lo que hace presumir que recibieron fuego cruzado, por la acción de francotiradores del Ejército apostados en los cerros; (d) que Antauro negoció la rendición de sus fuerzas cuando había un riesgo de mayor enfrentamiento, a pesar de tener el control de la Comisaría y el apoyo de la ciudad.

Los jueces no han querido tomar en cuenta nada de esto. Y así como hubo uno que dijo que debía tomarse en cuenta que se trataba del hermano del presidente como si esto justificara un menor rigor, parece que para otros esto ha sido un estímulo para entregar una sentencia que satisfaga a la derecha.

11.09.11
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miércoles, setiembre 07, 2011

Tráiganme la cabeza de Soberón

También Alan García ofreció una nueva política antidrogas porque la que había venido desarrollando Toledo siguiendo la pauta de los Estados Unidos no había tenido resultado. El ministro Salazar que se creyó que esto era serio firmó un acta con los cocaleros del Huallaga que implicaba un alto al fuego en la guerra que se lleva casi exclusivamente contra ellos en la dirección de buscar un acuerdo con el Estado para la reducción de cocales y el aislamiento del narcotráfico.

Pero inmediatamente se desató la batahola. El acta del “chiquitín” Salazar fue calificada de “capitulación” y la prensa que hoy ladra contra Ricardo Soberón lanzó titulares sobre el ministro de agricultura hasta que finalmente lograron echarlo. Mientras tanto García viajaba a Estados Unidos y se reunía con Bush para proponerle su “nueva política”, luego de lo cual dijo que había llegado a acuerdos para continuar las políticas de erradicación, cultivos alternativos, no empadronamiento de productores y no incorporación a ninguna mesa de diálogo que era lo que se había esbozado en Lima, y para la eventual extradición de narcotraficantes.

Es decir la “nueva política” era igual a la vieja, que a su vez es idéntica a la que se define en Washington. Algo más, para ser coherente, el presidente peruano designó como jefe de DEVIDA, al exministro del Interior del Toledo, Rómulo Pizarro, el que había venido dirigiendo los operativos de erradicación con la policía militarizada y la DEA. De Pizarro se sabe que ha hecho una gran fortuna personal con su paso por el poder y que en estos días viene impulsando la campaña contra su sucesor en los medios de comunicación al lado de otros personajes que responden a la planilla de la Embajada estadounidense.

El hecho es que García y Pizarro consiguieron recuperar para el país el puesto de primer exportador de cocaína; lograron aumentar el número de hectáreas sembradas por cocales a pesar de las políticas erradicadoras; incrementaron la violencia en el VRAE, pero se dedicaron a perseguir y encarcelar dirigentes de otras cuencas acusándolos de terrorismo para quebrar el diálogo con el Estado. No lograron la captura de ningún capo importante de la droga, ni descubrieron ninguna de las fuentes de lavado de dinero y tampoco contaron ninguna de las rutas principales de salida de la cocaína.

Pero sí les salpicaron acusaciones de relaciones con acusados e investigados por este delito, García con los Sánchez Paredes, o Pizarro con Zevallos, por mencionar algunos de los asuntos más obvios. Pero los medios nunca se escandalizan demasiado por estas evidencias, aunque una carta de Soberón con dirigentes gremiales sí les merece una grita tremenda y numerosos titulares pidiendo la cabeza del nuevo jefe de DEVIDA. Obviamente que todo lo que vemos es una explosión desaforada de hipocresía. Nadie puede enfrentar el narcotráfico persiguiendo a cocaleros pobres en algunos distritos de la selva, cuando los cocales crecen en todo el país y el narcotráfico mueve insumos, dinero, empresas e influencia política casi a la luz pública.

El ataque a Soberón busca quebrar el vínculo del gobierno de Ollanta con uno de los sectores que le dio el voto y que ha creído nuevamente en el discurso de la nueva política en el tema de la coca y en la inclusión social. Por eso es tan importante defender al presidente de DEVIDA que es una persona honesta con ideas para construir un país mejor.

07.09.11
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domingo, setiembre 04, 2011

La amada y el maestro

César Lévano acaba de volver a enseñarme que lo nuestro es escribir.

Cuando pensaba encontrarlo arrasado por el dolor de perder a la compañera de todas sus vidas, lo hallé sereno, capaz de escribir los versos más tristes y profundos, pero de mantener una dignidad que por fuerte nos hace sentir débiles al resto.

Me hacía recordar una frase suya de hace muchos años: nunca tuve tiempo para deprimirme.

¿Se puede escribir ante la noticia que nos anuncia que nuestra existencia ya nunca más será la misma? César Lévano La Rosa nos ha dado la respuesta: lo nuestro es escribir, y en la pena como en la alegría escribimos. Porque es lo nuestro.

Se dan cuenta de la potencia de poner sobre el papel del diario en el que lo leemos cada día: ahora soy más huérfano que nunca.

Esa es la vida: hacernos cada vez más capaces de hacernos huérfanos de todos los que queremos, hasta que un día hagamos nosotros huérfanos a los que queremos.

Claro que en el camino crecemos, amamos, nos reproducimos.

Vamos dejando algo, como ese inmenso magisterio que día a día nos brinda el director de LA PRIMERA en sus columnas, y que ahora se ha enriquecido en la manera en que nos ha mostrado, sin proponérselo, cómo se puede despedir a la amada de la que nunca quisiéramos separarnos.

De Lévano siempre he oído relevar su condición de maestro.

José Sotomayor Pérez que también dejó esta vida en esta semana me dijo alguna vez que su mayor mérito era enseñar habiendo sido un autodidacta.

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Hace unos meses una corona de flores con intención siniestra pretendió amedrentar a este diario y a su director asociándonos con la muerte por nuestra campaña contra los sectores más retrógrados que se resisten al cambio.

Entonces el director reaccionó sereno y casi risueño, indicando que desde ese momento era un periodista coronado por sus enemigos.

Poco después alguien llamó y le dijo que iba a morir y Lévano le contestó que eso ya lo sabía porque era viejo.

Pensé en todo eso ahora que las coronas homenajeaban respetuosamente el reposo de su compañera y resaltaban el extenso cariño que rodea al director de LA PRIMERA.

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Hoy, como siempre, iba a ocuparme de temas políticos como la siniestra campaña para tumbar a Ricardo Soberón y herir de muerte la política de inclusión social del gobierno. Si no se puede incluir a los cocaleros dejando de considerarlos parte del enemigo, tampoco se podrá hacer con los informales de muchos otros sectores económico y entonces se diluirá el reclamo de transformación que se escuchó en la elecciones.

Pero para profundizar este tema y el papel de Estados Unidos utilizaré la columna del próximo martes.

Por hoy preferí abordar el tranvía de César Lévano, donde viaja dando vueltas y vueltas, al lado de su amada Natalia.

Y los demás guardamos un minuto de silencio.

04.09.11
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El presidente que ordenó la muerte de 191 personas

Un análisis de la política de tratamiento de los conflictos sociales durante el segundo gobierno de Alan García.

Emulando a Jorge Trelles, el García del 2011 podría consolarse diciendo que mató menos que al terminó de su mandato de 1990 y que en eso también mejoró, como en economía. Es decir que los 191 que se le están recordando en estos días, sumando Bagua, Tía María, Chala y otros sangrientos episodios de lucha contra el “perro del hortelano”, son efectivamente superados por un solo hecho del período 1985-1990 como la matanza de los penales que se llevó la vida de casi 300 personas en menos de 48 horas.

Pero en los 80, hay que decirlo, había una guerra y un Estado acosado por la violencia y el terror, que quería recuperar el monopolio de la fuerza y la intimidación lo que lo condujo muchas ve ces por el camino de la barbarie. El joven y deslenguado presidente que ordenó en junio de 1986 la recuperación de las cárceles amotinadas, de manera inmediata, con todos los medios al alcance de las Fuerzas Armadas, con la salvedad de hacerlo cuidando “en lo posible” la vida y la integridad física de los rehenes, como si los presos no valieran nada, tiene sin embargo una conexión profunda con ese mismo personaje en junio del 2009, más viejo y más gordo que 23 años antes, exigía a sus ministros y jefes policiales desalojar la “curva del diablo” con toda la capacidad represiva de la policía para recuperar la autoridad del Estado mellada por las comunidades nativas que habían bloqueado la carretera durante varios meses.

Una y otra decisión no se deben evaluar únicamente por el número de víctimas que causaron a partir del exabrupto del hombre con la banda presidencial, o porque en Bagua la mayoría de los muertos resultaron siendo de la Policía que inició el ataque, sino por el hecho de que el gobernante teóricamente limitado por la necesidad del refrendo de los ministros y la autoridad de los jefes operativos en el terreno, pasó por encima de todos ellos y dispuso la opción más violenta sin asegurarse el éxito de la misma y sin medir las consecuencias. Claro que los subordinados ni renunciaron al ser arrasados, ni asumieron responsabilidad por lo que pasó. En el 86 García quiso justificarse con el argumento de que los presos amotinados eran parte de una oleada subversiva y un peligro para el Estado. Cuando eso se cayó, acusó a los oficiales de campo, y al final se escabulló de la justicia nacional e internacional, porque todas las evidencias mostraban que quiso provocar una matanza para escarmentar a los senderistas, imaginando que la sociedad lo miraría como un vencedor.

En el 2009, se escudó nuevamente en que los nativos habían actuado como unos “asesinos salvajes”, como lo demostraba el alto número de policías muertos. Pero nadie hubiera sido siquiera herido si no hubiera existido la orden que la ministra Cabanillas y los generales dijeron que vino de más arriba. Es evidente que si no hubiera habido bancada nacionalista para darle la contra al gobierno o un diario como LA PRIMERA para enfrentar la versión del gobierno, los medios oficialistas hubieran impuesto la versión de García sobre el salvajismo amazónico, cómo han hecho en otros casos en que se cuenta la historia desde el interés del poder. El hecho es que en los penales y Bagua funcionó el mismo botón que dispone sobre la vida y la muerte de las personas en situaciones de tensión y de conflicto abierto en los que se requiere la máxima cabeza fría para evitar la tragedia.

La idea de García, repetida en múltiples ocasiones, es que un policía no tiene las armas por gusto y que debe usarlas para repeler amenazas. Pero no dice que precisamente la idea de las organizaciones de orden público es que no deben tratar a la población que protesta como un enemigo militar a destruir y aniquilar. La policía debe controlar el desborde, evitar los daños personales y a la propiedad y generar el clima para la solución negociada de los conflictos. Pero García entendía que tenía un garrote en la mano para imponer políticas colonizadoras que arrasaban los derechos históricos del nativo, que él por supuesto estima retrógrados y contrarios a la inversión. En una situación así se le ocurrían respuestas como una pasividad de meses esperando que los huelguistas se aburran, para de un momento a otro girar a la violencia como en el baguazo; o aplicar una política de tiros al cuerpo el primer día de la protesta, como en Chala, durante la huelga de los mineros artesanales, a ver si la gente se asusta.

García mato 191 personas pero tuvo que derogar cuatro decretos de la selva; negociar con los mineros artesanales; aceptar la suspensión del proyecto Tía María en Arequipa; transar con las masas en Moquegua, luego que un general digno rechazó disparar contra los civiles desarmados concentrados en un puente; etc. Es decir no sólo acribilló personas sin armas y con justas razones para la protesta, sino que no pudo lograr lo que se proponía. No pudo con el perro del hortelano que se inventó para marcar su desprecio sobre el punto de vista de los que no aceptaban su política depredadora.

Ahora con la ley de consulta aprobada y el nuevo discurso del poder abierto al diálogo, se puede ver hasta que grado de gratuita fue la sangre derramada por García por la que deberá responder ante los tribunales.

04.09.11
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jueves, setiembre 01, 2011

Hay que ir pensando en la Constitución del Siglo XXI



Entrevista a Salomón Lerner




El primer ministro, Salomón Lerner recibió en su despacho al diario La Primera y conversó ampliamente sobre los temas de su discurso y sus esperanzas e inquietudes al primer mes del gobierno de Ollanta Humala. En un diálogo franco abordó diversos temas desde la visión que se hace del Perú para el año 2016 cuando elijamos a sus sucesores; sobre el extraño consenso que viene acompañando las primeras semanas del nuevo régimen en el que todo el mundo parece estar contento luego de una durísima campaña electoral; sobre el espíritu de la Constitución de 1979 y la necesidad planteada por nuestro entrevistado de empezar a discutir lo que debería ser una Constitución peruana para el siglo XXI.

También se aborda el tema de la negociación con los mineros y las características del nuevo gravamen acordado con los representantes de estas empresas, que se diferencia claramente no sólo en el monto sino en su calidad de tributo, cuya utilización la decidirá el gobierno, respecto a lo que fue el “óbolo minero” de Alan García; también habla del proceso para reducir el precio del GLP y las duras negociaciones que se desarrollan en relación a la recuperación del lote 88, luego que se hiciera explícita la voluntad del gobierno de no permitir que las reservas de este lote sean usadas para la exportación. Se refiere en otra parte a los incrementos en los presupuestos de Salud y Educación, y la revisión inevitable de la ley de carrera magisterial. También reconoce que estar en déficit en el tema de la igualdad de género, siendo una de las evidencias la propia composición de su gabinete, en el que las mujeres representan apenas un 20% del total de carteras.

Sobre la lucha contra la corrupción subraya el énfasis que el gobierno está poniendo en la nueva procuraduría anticorrupción y demanda del Congreso las normas necesarias para endurecer las penas y procedimientos para combatir este flagelo. En referencia a la pomposa Comisión Anticorrupción impulsada por el ex primer ministro Velásquez Quesquén al lado del ex contralor Matute, afirmó que se trató de un mero saludo a la bandera que no logró resultados. Sobre los problemas de la transición de un gobierno a otro y la conformación de un equipo de gobierno sólido y confiable, admitió que era un proceso muy difícil y cargado de problemas, por las resistencias de sectores de la antigua burocracia a ser reemplazados . Finalmente nos comentó sus propios dilemas personales al pasar del sector privado a la administración pública, donde cada decisión debe consultarla con un abogado o un asesor.




LA PRIMERA: Señor primer ministro, si le pidiera proyectarse en cinco años e imaginar al Perú después del gobierno de Ollanta Humala, ¿cuál sería su visión?

Salomón Lerner: Es una pregunta muy interesante e importante. Lo que nosotros estamos pensando es en Perú en el que no haya discriminación, no haya racismo como ha habido en el Perú. Quisiéramos dejar un país con seguridad, una seguridad interna que significa que los ciudadanos podamos transitar libremente y tener nuestros bienes a buen recaudo. Quisiéramos dejar en cinco años un país con estabilidad social, lo que significa que esta ley de consulta se pueda aplicar en la mayor parte del territorio nacional, para que las inversiones en hidrocarburos, minería, agricultura, se lleven en conciliación con las comunidades y con todos los ciudadanos que viven en este tipo de regiones. Creo que la última meta y que es la más importante, es que la extrema pobreza haya sido erradicada, y reducir notoriamente la pobreza en el país. Creo que esas serían las metas generales a las que deberíamos dirigirnos en estos cinco años.

LA PRIMERA: Después de su discurso ante el Congreso se ha establecido algo que parece un “consenso tranquilo”, en el que los más enconados enemigos de la candidatura de Gana Perú y Ollanta Humala, dicen ahora que no era tan fuero el león que ellos mismos pintaban, y los partidarios que parecían embalados, dan la idea de que aceptan un cambio más lento y por etapas. ¿Cómo cree que podrá mantenerse este ambiente que nadie había anticipado?

Salomón Lerner: Es un equilibrio digamos complicado, porque efectivamente hay muchas expectativas. Y creo que va a estar en manos del gobierno desarrollar un tipo de política económica que busque estrechar las brechas sociales, económicas, culturales, y comenzar a dar los indicios suficientes de que vamos en un camino de poder incluir a todos los peruanos en los beneficios del crecimiento, mejorando la calidad de vida a través del poder adquisitivo, reducir la brecha de infraestructura en lo que respecta a luz, agua, salud, educación para las clases más necesitadas. Y que el crecimiento siga en los niveles que ahora estamos, mejorándolo incluso, pero que la redistribución se de para que muchísimos más peruanos puedan obtener sus beneficios.

LA PRIMERA: ¿De qué cree que dependerá la “paz social” los siguientes años?

Salomón Lerner: Creo que del diálogo, del respeto a los actores productivos del país. Creo también importante el respeto a los trabajadores en cuanto a sus beneficios. Que haya un tipo de remuneración competitiva, que vaya acorde con el crecimiento económico. Y creo, también, que mucho va a depender de que los desarrollos en los sectores en los que ahora hay más conflictos: minero, agrícola, puedan darse las compensaciones en relación a los impactos que tiene ese desarrollo.

Para ello, lo que nosotros estamos tratando de buscar una demarcación territorial y económica del país que tenga en consideración estas variables, y que haga que las diferentes regiones del país puedan reunir la capacidad de autonomía económica y social, y no sigamos con la perversidad de tener regiones ricas y regiones pobres.

LA PRIMERA: ¿Podría decirse, señor ministro, que el discurso en el Congreso se inspiró en el espíritu de la Constitución de 1979 y fue tan lejos como podía en las normas de la de 1993?

Salomón Lerner: (risas) No había puesto en la cabeza una figura así, pero podría ser que quiénes ambicionamos más, un sistema democrático amplio y de más justicia social, tuviéramos más el espíritu del 79 que del 93, definitivamente. Pero yo te diría que ya deberíamos ir pensando que debemos plantearnos una Constitución para el siglo XXI., y creo que esa sería una de las tareas importantes que debe comenzar por el legislativo, pero que debería ser acompañada por una discusión muy amplia de todos los ciudadanos peruanos.

LA PRIMERA: ¿Le parece apropiada la expresión: vamos a una economía d e mercado con un Estado de bienestar social?

Salomón Lerner: La definición constitucional de la economía peruana, tanto la del 79 como la del 93, es economía social de mercado. Y el concepto “estado de bienestar”, es lo que las sociedades avanzadas de Europa instauraron, que funcionó por muchos años, y que actualmente está afectado por la crisis. En el mundo desarrollado se está reduciendo el Estado de bienestar. Yo diría que en un país que va del subdesarrollo al desarrollo, como el nuestro, no deberíamos únicamente pensar en el bienestar, sino en eliminar paulatinamente la desigualdad, ese es uno de los puntos más complicados, más difíciles de poder explicar.

Parte de lo que fue nuestra propuesta de economía nacional de mercado es mirar hacia adentro, lo que algunos dicen el TLC hacia adentro, mercado nacional, es mirar el desarrollo sobre todo a partir de la conectividad, la infraestructura, de la parte agrícola e industrial del país, creo que eso es lo fundamental. Si nosotros vemos que vamos hacia esto, llamarle Estado de bienestar yo te diría que es más bien alcanzar objetivos que ya han logrado los países desarrollados. De repente sí los podemos alcanzar, no en cinco años, pero sí ponernos en ese camino.

El gravamen minero

LA PRIMERA: Se cuentan ahora historias sobre la negociación con los mineros, ¿fue realmente muy dura?

Salomón Lerner: yo diría que sí. Comenzó con algunas parábolas futbolísticas, de que nos estaban goleando los chilenos. Y terminó yo creo en un entendimiento, en el que todos fuimos conscientes que si no llegábamos a un acuerdo eran malos signos para el país y malos signos para los mineros. Porque precisamente los esfuerzos de la propuesta del presidente Humala, era la de asegurar la estabilidad económica pero iniciando una mejor distribución de la riqueza generada por el crecimiento. En eso se jugaba la inclusión social, y creo que de los agentes económicos que más riqueza están obteniendo en estos últimos años, es el sector minero y el que debe solidarizarse y participar de la nueva política que está reclamando el presidente Humala. Por ello creo que fue una negociación dura, dura en el sentido de hacer entender este aspecto importante de la inclusión social.

LA PRIMERA: ¿Es cierto que primero se estableció el monto total del gravamen y que ahora están buscando establecer la tasa y lo que le corresponde a cada empresa?

Salomón Lerner: No, ya prácticamente la tasa ya fue definida, se están haciendo ciertos ajustes porque es una tasa técnica, técnica y legal, técnica ya que define una cifra de la que participan los estabilizados y no estabilizados, y legal para que esto sirva de un gravamen con el cual no se rompan los derechos establecidos en los contratos. Por ello ha sido. Pero este es un tema que se va a dilucidar en los próximos días, cuando el Consejo de Ministros apruebe ya la fórmula necesaria y se envíe a su aprobación por el Congreso.

LA PRIMERA: ¿Eso toma forma de una ley?

Salomón Lerner: Entendemos que debería ser una ley. Todo tipo de gravamen requiere una ley. Los abogados justamente están revisando el aspecto jurídico de este asunto.

LA PRIMERA: ¿Cómo se harán los desembolsos del gravamen si es que este no figura en el presupuesto y cómo se supervisarán estos fondos?

Salomón Lerner: No, no, no. No está en el presupuesto aprobado hace 48 horas, pero va a ingresar seguramente en cuotas mensuales a través de los impuestos que se van pagando de renta, como un gravamen más. Aquí no es que va a haber un fondo especial. No, esto va a entrar como un ingreso más, por lo tanto vamos a ir considerándolo en la medida que se hacen los ingresos, para el gasto del próximo año.

LA PRIMERA: ¿Puede decirse que la supervisión es idéntica que el resto de tributos?

Salomón Lerner: Exactamente.

LA PRIMERA: ¿Por qué cambió el criterio de que gravamen financiaría los programas sociales?

Salomón Lerner: Es que los programas sociales no pueden depender de fondos que son variables, por la variabilidad de los precios y las utilidades de las empresas. Los programas sociales deben mantenerse en el tiempo y por tanto estar garantizados por el Tesoro Público y no sujetos a ingresos que pueden tener subidas o bajadas de acuerdo a los cambios del mercado internacional. No queremos condicionar ningún programa social. La inclusión va de todas formas,

LA PRIMERA: ¿Quiere decir que el gravamen no está amarrado a algún tipo de gasto u obra?

Salomón Lerner: Los programas sociales ya están en el presupuesto, lo que significa que si tengo Cunamás, Beca 18, ampliación de Juntos, Pensión 65, eso no va a tener ningún aumento o disminución de acuerdo a l evolución de las utilidades extraordinarias. Respecto al gravamen, nosotros queremos que cundo empiece a ingresar y nos de ese superávit, lo podamos dedicar sobre todo a obras de inversión pública, en lo que se refiere a la brecha de infraestructura y servicios.

LA PRIMERA: Pero no en la zona dónde está la mina, ¿no es cierto?

Salomón Lerner: No, no necesariamente. Esto es renta y es el gobierno el que dispone su uso. Esto no es canon, ni es como el óbolo donde la mina definía el destino de su aporte, y lo hacía alrededor de lo que le interesaba. Para tener tranquila a la población alrededor de la explotación minera. Es un ingreso que va a aumentar la renta nacional, lo que va a dar una posibilidad de hacer más inversión pública, que es lo que se necesita para paliar las necesidades de mucha gente en el país.

Asuntos de gas: GLP y Camisea

LA PRIMERA: ¿Cómo va la negociación sobre el precio del GLP?

Salomón Lerner: Lo primero que hemos logrado es que habiendo casi una restricción de venta de GLP a Petroperú, esta empresa va a tomar ahora una participación importante en el mercado interno del GLP, y lo que ahora Petroperú está negociando, estudiando y evaluando, hasta que punto se puede pasar a vender a menor precio en el mercado local. En un cierto tiempo se podrán anunciar los resultados de esta gestión.

LA PRIMERA: ¿Van a cuestionar la referencia internacional a partir de la cual se determina el precio del gas, que es una de las más importantes causas del encarecimiento?

Salomón Lerner: Sí, se está tratando de convencer que esta no es la forma más adecuada de fijar los precios. En esto hay contratos firmados, ciertas costumbres establecidas, que hacen difícil la negociación. Pero si ha mencionado en las negociaciones y se está en ese sentido viendo cómo poder llegar a precios que sean razonables para poder mejorar el precio de los combustibles para los consumidores. Lo que puede esperase es que haya un cierta reducción de precios dentro de un plazo razonable y una estabilidad en el precio de los derivados producidos en el país para el mediano y largo plazo. También esperamos que hay una mayor disminución más significativa cuando Petroperú comience a actuar como un regulador más en la competencia en el mercado local.

LA PRIMERA: ¿Y cómo va la negociación sobre el lote 88 de Camisea?

Salomón Lerner: Ha avanzado muy lentamente. Tenemos que ser muy claros en decirlo, que es una negociación complicada, pero lo que nosotros estamos tratando de lograr es que se abran esos candados con los que se trató de blindar que el lote 88 se convierta en parte de las garantías de la exportación del gas. Esto estamos avanzando lentamente, pero la decisión política es que ese gas no salga al mercado externo, y por lo tanto va a obligar seguramente a las empresas involucradas en el Consorcio de Camisea, LNG y el comprador Repsol, a que comiencen a invertir mayor cantidad de dinero en el Perú y encuentren más gas para liberar esos dos punto dos TCFdel Lote 88, que se encuentran amarrados a la exportación. Los que definitivamente de acuerdo a la decisión política no van a salir al exterior.

Presupuesto de sectores sociales

LA PRIMERA: ¿Cuánto va a ser el aumento en los presupuestos de educación y salud en el presupuesto del 2012?

Salomón Lerner: Estamos estimando subir en Educación algo así como 0.25% del PBI, aumentando desde más o menos 3.85 % en que estamos actualmente a poco más de 4%, acercándonos más a la meta de 6% del Acuerdo Nacional. Y en el caso de Salud el aumento es aproximadamente 0.17% a 0.2% del PBI, y esto ayudaría naturalmente a mejorar la situación del gasto en salud.

LA PRIMERA: ¿Cómo se avanzará a tener un hospital en cada provincia del Perú?

Salomón Lerner: Es una de las metas que se ha trazado Gana Perú y Ollanta en la campaña, Nosotros estamos tratando de visualizar qué sería lo mejor: armar un paquete para una licitación de estos 56 hospitales, que estamos estudiando porqué no se han construido estos hospitales, para saber si hay algún contratiempo específico que ha postergado estas obras y una vez que tengamos clara la situación empezaremos las obras para que cumplir esta obligación que nos hemos dado para que cada provincia tenga un hospital, con una categoría de atención importante.

LA PRIMERA: En su discurso Ud. dijo que la prometida revolución educativa se hará con los maestros y no en contra de ellos ¿Cómo se puede entender este concepto?

Salomón Lerner: Con los maestros, con los que hay que realizar un trabajo de capacitación, tomarlos en cuenta en la conformación de una alianza con los padres de familia y el ministerio de Educación. También es importante que la revolución educativa vaya acompañada de una verdadera nutrición escolar, sobre todo en la primaria del niño. Los desayunos y almuerzos escolares deben ser una obligación. Todo esto va a acompañado también de una revisión de la carrera magisterial, seguimos pensando que debe haber ahí una revisión de la meritorcracia. Y en cuanto a los planes piloto de municipalización de la Educación lo que pensamos es que han derivado en un fracaso, por lo tanto no vamos a insistir en continuar con este tema

LA PRIMERA: ¿Tendremos una política de Estado a favor de la igualdad de oportunidad entre hombres y mujeres?, ¿cómo se atenderá el tema de la equiparidad en la representación?

Salomón Lerner: Debo confesar que estamos un poco atrasados en lograr una mayor igualdad con las mujeres. Inclusive en la conformación del gabinete ustedes podrán apreciar que sólo hay tres mujeres sobre 17 integrantes, un 20%. Y no hemos llegado a la meta, quizás idea, de lograr cincuenta/ cincuenta. Vamos a tratar de mejorar esa relación. E insistir sobre todo en la equidad de género en todos los niveles.

Vamos también a enfatizar la lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, recogiendo sugerencias de otras bancadas para apoyar las casas de refugio para mujeres maltratadas. Vamos a trabajar mucho con todo lo que es discriminación, en lo que refiere a salarios, para que no haya diferencias salariales entre personas de distinto sexo que tienen las mismas calificaciones. En este punto le damos muchaimportancia a Aída García Naranjo en el ministerio de la Mujer.

Corruptos y anticorrupción

LA PRIMERA: ¿Cuál es el significado de la creación de la procuraduría anticorrupción?, ¿se refiere a los delitos del anterior gobierno o es más amplia?

Salomón Lerner: En genérica. Es una procuraduría que buscará que todos los actos de corrupción que se den en los diversos sectores de la administración se investiguen y que los autores puedan ser castigados, de acuerdo a la ley y los códigos procesales. Esta procuraduría podría ser adscrita al ministerio de Justicia. Estamos definiéndolo. Y esto debe estar seguido de una lucha frontal, siguiendo la ruta trazada por el presidente Ollanta que tuvo en este tema una de las banderas principales de su campaña.

También hemos pedido señales del Congreso, con el cambio de leyes, para que las sanciones sean mucho más fuertes para los corruptos, donde está también lo de la imprescriptibilidad de estos delitos, los juicios de residencia y otras propuestas.

LA PRIMERA: ¿Y qué pasará con la Comisión Anticorrupción que creó el gobierno aprista con mucha aparatosidad?

Salomón Lerner: creo que no ha dado sus frutos y ha sido un saludo a la bandera. Nosotros seguiremos por este camino que nos hemos planteado.

LA PRIMERA: Están apareciendo nuevas evidencias de lo que fueron los actos de corrupción del anterior gobierno, salen audios y se escuchan nuevas declaraciones del os implicados. ¿Cómo ven eso?

Salomón Lerner: Todas las investigaciones que está haciendo el periodismo son bienvenidas. Justamente, el periodismo tiene que ayudarnos a quiénes hoy día estamos dirigiendo el país, para que los actos de corrupción se conozcan y sean castigados drásticamente.

LA PRIMERA: ¿Cuán difícil es estructurar un sistema de funcionarios del Estado para una gran transformación del país?, ¿qué hacer con el peso del pasado en la gestión pública?

Salomón Lerner: Mira, es bien complicado. La capacidad cuantitativa y cualitativa de tener todos los cuadros para asumir la administración del Estado y cambiar de la noche a la mañana todo lo que existe en limitada. Por lo tanto hay una inercia de continuidad en muchos espacios de la administración. Muchos cuadros políticos y técnicos siguen usufructuando la administración del Estado proviniendo del régimen anterior. No es que nosotros quisiéramos hacer una limpieza de los ministerios e instituciones por cuestión política, pero si quisiéramos que quienes no están calificados y tienen cuestionamiento éticos, así como los que responden a la confianza de otro gobierno, despejen el camino. En muchos casos tenemos resistencias de personas que no quieren salir de los lugares que ocupan. En algunos casos se ha pedido amablemente la renuncia, y en la mayoría de los casos hay que decirlo las han otorgado, en otros ha habido que revocar y en otros todavía tenemos problemas.

El primer ministro Lerner

LA PRIMERA: Señor ministro, tengo la impresión que este cargo nunca estuvo entre sus planes de vida. ¿Cómo ha cambiado el mundo para usted desde el 28 de julio del 2011?

Salomón Lerner: Cambiar del sector privado a la administración pública es tremendo. En el sector privado uno tiene la capacidad de decidir con pocas cortapisas, reglamentos o procedimientos. Aquí no, hay que consultara los abogados y los asesores para saber lo que dice la ley y ajustarse a cierto orden de cosas. Es bien complicado. Sin embargo, bueno, estamos trabajando con un equipo acá que ha entrado a la PCM con el que nos vamos asentando poco a poco. Esto va a demandar mucho esfuerzo porque lo que nosotros buscamos no es administrar las cosas sino transformarlas, llevar adelante nuestro plan de gobierno y ser eficientes en los resultados. Lo importante es que estamos consiguiendo mística de equipo y eso es muy importante.

En otras épocas decíamos que no se debe apagar la luz del Estado porque seguimos trabajando. Pero luego vino un tiempo en que se quería ahorrar luz, pero dejando de trabajar. Se paraba el Estado, cuando lo que el país quiere es que aumente su presencia y su capacidad de trabajo.

01.09.11
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La verdad que desapareció en el Colca

Si lo del Colca fue un plan premeditado para victimar y desaparecer a Ciro Castillo, protagonizado por la joven Rosario Ponce, como parecen creer las personas que le gritan asesina y los medios que alimentan el linchamiento, entonces debe haber sido algo muy cercano al crimen perfecto. Sin móviles, cadáver, signos de violencia, proporción física entre presunta víctima y victimario, terceros implicados, etc. Y con, la ahora acusada, apareciendo herida y debilitada en una zona en la que pudo morir si no recibía ayuda a tiempo. Armar un escenario así para cumplir una designio mortal, requiere de una inteligencia superior y de muchos recursos que nadie ha visto ni de lejos.

Pero hay algo en lo que todo el mundo está de acuerdo: la chica Ponce ha hecho todo lo posible para levantar sospechas sobre sí o por lo menos para caerle antipática a la gente y construirse una opinión pública en contra. Todos hablan de sus contradicciones e incoherencias, que no apuntan a inteligencia maquinadora sino a inmadurez y falta de sentido de realidad que le impide entender lo que la perjudica. La última fue decir que ya no quiere a Ciro por culpa de su familia, porque todos venimos con nuestra propia familia. Justo lo que quería cierta prensa para hacer nuevos titulares. Insensible, canalla, le han respondido los medios que venden con este caso. Y puede ser que hasta esos adjetivos tengan sentido, pero esa conducta no acredita la sospecha criminal que pesa sobre ella.

No lo hace justamente porque lo obvio en la historia del Colca es que los enamorados se perdieron y uno de ellos no pudo seguir la marcha y el otro siguió la ruta tratando de encontrar ayuda. Así es como se entendía el drama los dos primeros meses. Que la chica fuera encontrada viva era un milagro, que probaba que mejor era esperar que seguir andando sin destino. Para que esta clara imagen se dañara, hubo que esperar que Rosario Ponce empezara a negarse a declarar y regresar a la zona, y que el padre del desaparecido pasara a quejarse por la indiferencia e indolencia de su compañera. Pero si debajo de un caso que no ofrecía dudas había un crimen oculto, planeado al detalle para no dejar huellas, ¿cómo se explica que la asesina cerebral termine autoincriminándose con actitudes infantiles, sonrisas inoportunas, declaraciones casi idiotas?

Que Rosario parece culpable porque no parece sufrir por su expareja y no es solidaria con los padecimientos de su familia, es casi lo mismo que anotar que la chica Bracamonte es soberbia y fría lo que hace sospechar que no hubiera tenido escrúpulos para ordenar matar a su madre; o que Abencia es arrebatada y seguro que acabó con Alicia Delgado. Y así sucesivamente. Lo trágico de todo esto es que se trata de personas que tienen el derecho de presunción de inocencia y sobre las cuales no existen pruebas sólidas, salvo indicios fragmentados, pero sobre todo hay un test sicológico que parece indicar cómo le corresponde a actuar a una mujer y que cada una de estas “culpables” violó en su momento. Y por eso algunas de ellas han sufrido carcelería sin juicio por largos períodos.

No sé, por cierto, qué haría en la posición del papá de Ciro, cuya voluntad es admirable y encaja en muchas otras epopeyas de deudos familiares que se crecen en la desgracia que he conocido de cerca. Y no sé que haría en el lugar de los padres de Rosario. Lo que sí entiendo es que a los demás nos toca tratar de entender respetuosamente los profundos abismos del dolor humano y ayudar a que la herida cierre. Me temo que algunos colegas están apostando a que siga abierta.

31.08.11
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