lunes, junio 29, 2009

El golpe en Honduras

He leído las cosas más increíbles en relación al golpe de Estado en Honduras. La mejor, de que es un “golpe raro”. No ven que Zelaya fue elegido como moderado y luego se convirtió en amigo de Chávez. Así, ¿no? A mí eso me hace pensar en que García se hizo elegir también como moderado (cambio responsable), pero el día del discurso inaugural se transfiguró en extremista neoliberal. O sea García se puso a la derecha de Lourdes Flores y se convirtió en una reedición de Fujimori. Pero no por eso el jefe de las Fuerzas Armadas decidió desacatarlo y sacarlo de madrugada en pijama con destino incierto.

Otro argumento es que si Zelaya quería consultar sobre si debía haber una consulta en noviembre acerca de la posibilidad de una Asamblea Constituyente, es que quería reelegirse y ser el Chávez de Honduras. Esta es una presunción, pero que parece justificada para que se organice un complot de los partidos, las instituciones estatales y el comando de las Fuerzas Armadas, para derrocarlo. Y obviamente lo que se quiere decir es que esta América Latina, donde han predominado las oligarquías y los golpistas, imponiendo sus reglas constitucionales, es pecado mortal invocar al pueblo para que de manera democrática decida una nueva Constitución.

Una tesis más es que el presidente no puede destituir al jefe de las Fuerzas Armadas, a pesar de que haya actuado en abierto desacato. Y que la Corte hostil a la presidencia puede restituirlo, obviamente, para que se termine de cumplir el plan golpista. O sea que ahora los comandantes están por encima de la presidencia y eso del “comandante supremo” queda como papel mojado. ¿Sería posible esto en Estados Unidos, o para el caso aquí en el Perú?, ¿con quién estarían los políticos peruanos?, ¿con el presidente o el general?, ¿o preguntarían primero quién es el chavista?

Igualmente hay quién se asombra que no haya una junta militar de gobierno, sino un político impuesto con el poder de las bayonetas. ¿Es esto tan novedoso? ¿No fue lo que pasó con Fujimori, con la diferencia que el presidente se puso al frente de la asonada, para golpear al resto? ¿Cuántas veces los golpistas se han cubierto con disfraces institucionalizadores y se han proclamado defensores de la Constitución que acaban de asesinar? Claro, nadie dice que le gusta la escena del domingo en la mañana con el secuestro del presidente, pero casi como si fuera un detalle técnico, ya que en la tarde se anunciaba una sucesión supuestamente ordenada. Aquí lo importante es que Chávez ha amenazado con intervenir en la crisis, y de lo que hay que preocuparse es por donde desembarcarán las tropas venezolanas.

En resumen un golpe bien raro, que se parece en demasiadas cosas a los que siempre han ocurrido sobre territorio latinoamericano.

29.06.09
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domingo, junio 28, 2009

Pinochet en Centroamérica

¿Era Zelaya un antisistema?

¿Son los golpistas hondureños los que expresan el sistema?

¿Está el golpe de Estado dentro de la baraja de opciones de Alan García, Lourdes Flores, Keiko Fujimori y otros que hablan de “complot” para referirse a las luchas sociales?

Hoy existe una enorme oportunidad para definir los campos.

Pero ya ocurrió en el 2002 que el golpe militar contra Chávez, desató el entusiasmo de muchos políticos peruanos que se dicen demócratas prístinos. Y luego hicieron el ridículo cuando la movilización popular y la fractura del Ejército, hizo fracasar la intentona.

¿Se expondrán otra vez a este resultado?

Mandar una banda armada y con capucha a secuestrar al presidente mientras dormía y expulsarlo de su país, detener a la canciller y a los embajadores que le expresaban su solidaridad, es para algunos un procedimiento para “corregir” el error de Zelaya de querer realizar una consulta social sobre si en las siguientes elecciones debía preguntarse por la conveniencia de convocar una Asamblea Constituyente.

Y la CNN y otros se toman en serio estas explicaciones.

Pero en el Perú, tenemos un presidente descubierto en arreglos con grandes empresas para beneficiarlos con los contratos del Estado y él mismo se ha encargado de manipular las investigaciones para que el caso de los petroaudios quede en el limbo absoluto; que utiliza la oficina tributaria para someter un canal de televisión y amenaza a través de su allegado más cercano a nuestro diario con mandarle también a la Sunat para silenciarnos; que ordena desalojar 5000 indígenas de una carretera bloqueada con un brutal saldo de civiles y policías muertos, y se niega a cambiar a los ministros responsables; y mencionar la palabra vacancia o renuncia de la presidencia equivale al fin del mundo.

Estos son los dilemas del sistema y antisistema.

Si usted se ajusta al status quo, entrega su país a la explotación extranjera, mantiene las desigualdades sociales y reprime las luchas sociales, entonces está en la modernidad y la democracia. Y los conflictos que deberá soportar serán siempre un complot de los antisistemas del país y el extranjero.

En cambio si propone cambios, si quiere regular las inversiones, si busca hacer reformas sociales, si se atreve a preguntar si se debe modificar la Constitución que protege el orden injusto, se habrá corrido peligrosamente fuera del sistema. Ahí lo democrático será el golpe de Estado.

29.06.09
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Pacificador ensangrentado

O sea, para entender a los dos ministros, quiere decir que el día 3 de junio la sesión del Consejo de Ministros discute la operación de desalojo de lo indígenas awajún y huambisas que bloqueaban la vía en la llamada curva del diablo, y al día siguiente la ministra Cabanillas, que estuvo presente en el Congreso en la maniobra de votación antes de las 9.30 de la mañana cuando las delegaciones opositoras no estaban completas, para no resolver sobre la derogatoria del DL 1090, se comunica con el director de la policía que había sido nombrado pocos días antes en el cargo y le pide que implemente el acuerdo del gobierno.

O sea el general Sánchez Farfán se creía demasiado bueno o era un perfecto opa como para embarcarse en unas cuantas horas en la decisión de enfrentar a alrededor de 4 mil nativos con una tropa que recién iba a reunir, para una operación que se cumplirá al otro lado del país a partir de las 5 de la mañana del día siguiente, sin estudiar los riesgos que estaba asumiendo, y sin informar a su superior que era la ministra Cabanillas. Eso es lo que debemos creer. Pero Cabanillas lo ha mantenido en el puesto y no sólo eso sino que ha ascendido a los oficiales participantes por “acción distinguida”, una distinción de la que ella no quiere hacerse responsable, porque se perdió la vida de 25 policías.

Tampoco Simon tiene responsabilidad alguna. Y con la misma caradura con la que dice que el gobierno no tuvo nada que ver con la entrada de la Sunat en Panamericana, tratando de interponerse a la acción judicial, mientras Del Castillo pretende que la misma fórmula debiera usarse con LA PRIMERA, se resiste a hacer la relación entre su respuesta a la pregunta clave de la interpelación: fue el gobierno el que decidió el desalojo, y la matanza que se derivó de este acuerdo tomado con su participación y por iniciativa del presidente. Que hable de ingenuos levantados porque alguien les contó una mentira, de proyectos políticos antidemocráticos, de promotores de la violencia, no cambia nada, así tuviera un gramo de verdad, que no lo tiene, al dato crucial de que si lo que después hizo en Chanchamayo se hubiera hecho antes del 5 junio, muchos peruanos hoy estarían vivos y numerosas familias no habrían quedado rotas.

Esa es la responsabilidad que Vildoso le reclamó a Simon asumir antes de renunciar individualmente quedando como la única persona decente del actual gobierno. A lo que el otro le contestó que todavía tenía una oportunidad asociándose con una mesa de más ancha base (Iglesia, Defensoría y otros) y buscando el diálogo con otros dirigentes. Pero de lo que hablaba era de una oportunidad para él, para jugar las del pacificador tardío, que no pudo detener la masacre cuando podía hacerlo. El que quiere salvar como sea una carrera política que otra vez se ha manchado de sangre.

28.06.09
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jueves, junio 25, 2009

La tempestad en versión Valenzuela

Otra vez Cecilia Valenzuela. La amiga de todos los puntas de la Dircote, que le alcanzan los partes de infiltración de agentes en las reuniones políticas, gremiales y culturales de la izquierda, lo que ella llama “investigación”, y que le sirven para armar historias truculentas, vuelve a la carga.

Cuando el bueno de Althaus no tenía más argumentos para sostener la teoría mulderista de la conspiración nacional e internacional contra el gobierno de Alan García, aparece la ex ventana indiscreta y fallida conductora de un programa de Panamericana versión Sunat, para destapar la gran coordinación de fuerzas de los “organizadores del baguazo y de la última protesta en Andahuaylas” producida el último 20 de junio bajo la máscara de un conversatorio de arte y cultura.

Sorprendámonos. Los organizadores del baguazo, es decir el ataque a los indígenas en el bloqueo de la curva del diablo, que arrastró las graves consecuencias que conocemos, no fueron García, Cabanillas y Simon, que tomaron las decisiones, sino los ciudadanos que estaban e un local sindical en la Av. La Colmena en Lima, el día 20. Y esos mismos manejaron Andahuaylas, y porqué no Sicuani y La Oroya. Cuando escribe la Chichi es peor que cuando hace televisión, porque aquí ni siquiera nos trata de atarantar con imágenes trucadas, como me hizo alguna vez con la reunión por la libertad de Roque Gonzáles. Aquí miente nomás.

“Extremistas disfrazados de artistas”, los califica la cazafantasmas más delirante de la prensa peruana. Pero, ¿en que se basa para acusarlos? (a) Que en el local de Colmena se suele reunir el grupo Venceremos (¡) que ella asocia al MRTA y las FACR. No dice que alguien de esta supuesta organización estuviera presente. (b) Que en la reunión habían miembros del partido nacionalista que no son artistas. (c) Que uno de los presentes fue miembro de la guerrilla de 1965 (también fue concejal con Alfonso Barrantes en Lima en los 80), (d) Que habían dirigentes indígenas; (e) Que había un militante etnocacerista.

Y todo eso prueba que están asociados para dirigir las movilizaciones que ocurren en el país y que los medios están haciendo muy mal en no poner sus reflectores sobre la alianza del PNP, Patria Roja y Venceremos. La clave está en la reunión donde se dijo desafiantemente que “el gobierno ha retrocedido”. Como si no lo hubiera hecho. A lo que Valenzuela apunta con filosofía sacada de Walt Disney: “Y como lo advertimos, ocurrió, el brazo garfio de Patria Roja… enganchó con las FARC…” Ahora falta saber si la Chichi se cree la versión femenina de Peter Pan o Campanita.

25.06.09www.rwiener.blogspot.com

miércoles, junio 24, 2009

Cuatro décadas de la reforma agraria

A 40 años de la más importante reforma del siglo XX, la reforma del agro dictada el 24 de junio de 2009, las élites limeñas se siguen preguntando acerca de los movimientos campesinos como los de Andahuaylas, Sicuani, Amazonía y otros, ¿pero quién los manipula?, ¿quién los financia?. Mulder ha vuelto sobre que esto es una conspiración y Giampietri que a él le huele que hay injerencia extranjera.

Esta es, por supuesto, una vieja historia. A comienzos de los 60, en La Convención, en Cusco, estalló un amplio movimiento de sindicalización campesina que se enfrentó a la dominación de los gamonales de horca y cuchillo. En Lima se habló de guerrilla y conspiración, y cuando los principales líderes fueron detenidos, entre ellos Hugo Blanco, se pidió pena de muerte para ellos. Pero en paralelo, el gobierno militar de 1962, decretó una reforma agraria adelantada exclusiva para esa provincia, con lo que reconocía la justicia de la demanda campesina.

Algo parecido ocurrió con la ola de ocupaciones de tierras en el departamento de Pasco, impulsada por las comunidades del departamento que se enfrentaron a la política de la división agrícola de la Cerro Corporation que había venido expandiendo su cerco ganadero apropiándose de las tierras ancestrales de los campesinos. En esta lucha, como cuenta Scorza, se fundaron varios cementerios campesinos por parte de la guardia de asalto enviada desde Lima, y se detuvo al alcalde Pasco, el Dr. Genaro Ledesma, culpándolo de la lucha.

También en la costa los azucareros chocan contra los barones de las haciendas y nuevamente el gobierno de la capital reprime a sangre y fuego a los trabajadores de Paramonga, mientras los medios buscan agitadores comunistas y a los políticos les sigue oliendo la presencia de de extranjeros, porque los peruanos, que va, nunca peleamos por nuestros derechos.

Entre todos los significados que tiene la reforma agraria de Velasco, hay uno que muchos pierden de vista: la instauración de una ciudadanía campesina, basada en el reconocimiento de derechos de propiedad de la tierra, que diez años después terminaría consolidándose con la aprobación del voto universal, sin exclusión de analfabetos. La fuerza que vemos actualmente en las luchas del campo frente a la expansión agresiva de la minería; en la defensa del agua, los bosques y el conjunto del entorno natural que permite la reproducción de la vida; así como el rechazo a la intervención del Estado en la autonomía de las comunidades y las organizaciones campesinas; es una prolongación de luchas antiguas y de la gran victoria de 1969.

La reforma pudo tener muchos defectos, entre ellos tratar de mantener la unidad de los latifundios a través de cooperativas o Sais, pero ahí nomás empezó el poder campesino corrigiendo directamente lo que estuvo errado. El Perú dejó de ser Lima con la reforma agraria.
24.06.09
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lunes, junio 22, 2009

Las mentiras del TLC y la sangre en la Amazonía

Ahora se ha empezado a decir que entre los culpables de la severa derrota del gobierno en el asunto de la selva se encuentra la sobrevalorada ministra de Comercio Exterior, Mercedes Araoz, que exageró las eventuales consecuencias de la derogatoria de los decretos para el TLC, poniendo al régimen en un disparadero: o echaba a perder lo que las encuestas todavía dicen que es su mayor logro, o se mantenía intransigente hasta el final ante el reclamo de los pueblos amazónicos.

Algo por el estilo fue lo que pasó con Kuczynski durante la revuelta arequipeña contra la privatizaciones en el 2002, que el polaco afirmó que podía ser el fin del mundo, la quiebra del presupuesto y el final de las inversiones. Pero que cuando se dio marcha atrás, suelto de huesos declaró que por supuesto había otras alternativas, y se quedó de ministro. No es la primera vez tampoco que se descubre a Araoz en mentiras. Por ejemplo, aquella de que si no firmábamos el TLC a tontas y a locas, aceptando las condiciones de la otra parte, nos quedábamos sin APTDEA porque este era un beneficio que no iba a prorrogarse. Y se ha prorrogado hasta el día de hoy.

Y, la peor de todas, haber metido en el paquete de TLC todas las medidas reclamadas por la gran empresa y redactadas por ellas mismas a través de sus estudios de abogados, con el cuento de que la privatización de puertos, las cuotas pesqueras, el destino de los bosques, las votaciones en las comunidades, las penas de cárcel para los piratas de software, la reforma de instituciones públicas, tenían que ver con el comercio con los Estados Unidos. Visto este balance, además, uno podría hasta preguntarse: ¿quiénes han sido los desinformadores de esta historia; los que hicieron creer una cosa que era otra? ¿Fue el rudo Chávez, el chato Morales o la ministra de Comercio Exterior de inocente sonrisa?

Si alguien revisa las cuentas del Perú con Estados Unidos en este año de vigencia del TLC se encontrará obviamente con que estamos atravesando la mayor caída en veinte años, contra todo pronóstico. Se dirá que es la crisis. Pero ese era precisamente uno de los temas del debate antes de la firma, porque los fanáticos del acuerdo anotaban: ¿qué va a haber crisis en la primera potencia del mundo? O sea apostaban sobre seguro. Pero la pregunta clave es: ¿y si no estamos vendiendo más, sino mucho menos a yanquilandia, y la perspectiva es que esto no mejorará por un buen tiempo, que es lo que ha estado defendiendo Araoz con sus mentiras, Simon con su mecedora y Cabanillas con su policía?

Es obvio, no lo hacían por “todos los peruanos”, el empleo, el crecimiento o siquiera por los intereses de los exportadores nacionales, como se ha dicho a cada paso. Eran mentiras. Son intereses mucho más concretos, puntuales y de gran billete los que han marcado la pauta de la tragedia. Y junto con García, hay una lista de ministros que se han prestado a este juego que resultó siendo macabro.

20.06.09
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viernes, junio 19, 2009

Ingenuos

Aquí creemos que todos los demás son los ingenuos y manipulables. Lo son los indígenas que creen que les van a quitar sus tierras y les van a privatizar el agua, porque se lo dijeron algunos chavistas que nadie sabe como llegaron hasta la Amazonía sin ser vistos, y unos congresistas humalistas que se reunieron con 30 personas, cuando los decretos dicen lo contrario, y García nunca afirmó que las comunidades eran improductivas y que eso del medio ambiente y espíritu verde no era sino el nuevo discurso de los comunistas de toda la vida. Ingenuos también los ciudadanos de países mucho más desarrollados y educados que el Perú que también se creen que el gobierno está contra los amazónicos y que lo que hubo el 5 de junio fue una masacre decidida por el gobierno, tan mal ejecutada que costó la vida de muchos policías, y que le prestan credibilidad a las versiones de algunas ONG tramposas que inventan sucesos en el Perú y luego pasan por financiamiento.

Los únicos que no son ingenuos son los peruanos que votaron por segunda vez por Alan García, después del gobierno más desastroso de nuestra historia, y que lo hicieron porque se creyeron que al otro lado estaba el lobo antisistema dispuesto a comerse la libertad de prensa. Y que son casi los mismos que han venido respondiendo a las encuestas con eso de que García ha cambiado, por cierto antes de la intervención fallida en Panamericana y la catástrofe organizada desde la presidencia en el asunto de la selva. Son los no ingenuos que imaginaban que las ventajas del TLC, justificaban que nos metieran 92 decretos legislativos, sin consulta y debate de cara al país y sin considerar los intereses afectados, y que no iba a pasar nada después de todo ello. Y los que creyeron que García desató la muerte en Bagua, porque se jugaba algo decisivo, es decir nunca pensaron que a los pocos días retrocedería vergonzosamente.

Así que para establecer los grados de ingenuidad hay que tener mucho cuidado. Sobre todo ahora que se quiere investigar los hechos de la Selva y algunos que promueven esta iniciativa fueron los que votaron por el informe de las Casas del Alba.

18.06.09
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miércoles, junio 17, 2009

Derrota y derrotas

Derrota es lanzar la tropa contra el bloqueo indígena, provocando numerosas muertes y no poder quebrar la huelga amazónica en Yurimaguas y otros puntos. Y es también inventar la fórmula de la “suspensión de los decretos”, para evadir la derogatoria, y terminar ampliando el conflicto hacia la selva central, Andahuaylas y Sicuani. Esas son indudables derrotas, en las que se busca una cosa y se logra otra. Pero lo que hubo el lunes en Chanchamayo entre Simon y la dirigencia nativa es mucho más que eso. Es una rendición del gobierno que ya no resistía más la presión que había concentrado en su contra. Ahí el gobierno buscaba una tregua y fue a preguntar cuál era el costo para obtenerla.

Es el típico caso del general que se quedó sin estrategia, y entrega la plaza a cambio de un tiempo para volver a pensar lo que debe hacer para adelante. Muchos dicen que si iba a derogar para qué se demoró tanto, si hubiera podido evitar la sangre. Pero con la misma lógica se podría sostener que no debieron dictarse estos decretos que han provocado una ruptura histórica del APRA con la selva, ni escribirse los artículos del Perro del Hortelano que ahora suenan como el comienzo de todas las desgracias, y por ahí se llega al García que gana las elecciones y traiciona promesas, pasando a convertirse en el más neoliberal de los neoliberales. Paso a paso, García ha preparado el escenario de junio del 2009, en el que ha debido capitular ante las comunidades a las que despreció tantas veces.

Cuando uno ve que el PPC y los fujimoristas saltan hasta el techo por la manera como el gobierno abandonó en pocos días el frágil acuerdo de la “suspensión”, no puede menos que sonreír. ¿Es que no sabían de lo que puede ser capaz de hacer Alan García para salvarse? Pero los miembros de la bancada aprista en ominoso silencio hace 24 horas, sí saben de qué se trata. Por eso es que no hablan. Demasiadas mañosería y prepotencia se ha desplegado en estos días para que al final alguien como Simon les quite súbitamente el piso, y lo haga con la autorización de Alan García.
De todos los daños que el gobierno tendrá que empezar a controlar después de la difícil votación del jueves donde debe confirmarse la derogatoria, y que va a ser observada, paso a paso, por las comunidades en huelga en la selva y en la sierra, se encuentran el sistema de manejo de conflictos, las alianzas parlamentarias y la unidad del partido que se encamina hacia su Congreso.

Cada uno de estos elementos estratégicos, ha sido sacrificado a la cuenta de Alan García. Los que sentían que no podían ser gobierno sino colgados a saco de un fenómeno como García (incluye a Simon), tienen la oportunidad de aprender ahora que colgarse de García no permite tampoco la posibilidad de un gobierno serio por mucho tiempo.

17.06.09
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lunes, junio 15, 2009

Punto de quiebre

Parecía que no podía haber peor fracaso que el que consiguió Alan García con la fallida intervención de la SUNAT en Panamericana Televisión, que reeditaba la desastrosa historia de la privatización de la banca, pero el personaje ha demostrado que siempre puede superarse. Y es que nadie, salvo nuestro actual presidente, puede ser capaz de desatar un baño de sangre el 5 de junio para no derogar los decretos de la selva; suspenderlos siete días después; y terminar derogándolos al comienzo de la siguiente semana.

En esta insólita trayectoria el oficialismo del Congreso recurrió primero al no voto de la propuesta de derogatoria hasta el día de la matanza; a la reconstrucción de la triple alianza en reunión en la casa de Lourdes Flores para impulsar la “suspensión”, donde el PPC no quería derogar, los fujimoristas decían que sí querían hacerlo, y el APRA trataba de evitar que se notara su derrota; y terminó en medio de un perfecto desorden cuando Simon dijo en Chanchamayo que proponía la derogatoria después de dos meses de afirmar que este era tema del Congreso.

El resultado de todo esto es que tenemos un gobierno en el más dramático grado del desprestigio, y a una representación parlamentaria arrastrada por la caída del gobierno. La bancada aprista y sus dos aliados han salido tremendamente chamuscados de su intento por seguirle el paso a Alan García. El balance es que el presidente cuya soberbia puede impulsarlo a exigir el desalojo de una carretera en 24 horas luego de 55 días de bloqueos, con un brutal saldo de vidas que todavía no hemos terminado de contabilizar, y que se ha tomado otros diez para defender esa operación e insistir en la patraña que los nativos fueron los atacantes, puede de un momento a otro cambiar de ánimo y dejar a su primer ministro para que explique que sí se podía derogar, sin que se acabe el mundo. Aunque lo que sí parece estar acabándose es una forma de gobierno.

1606.09
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sábado, junio 13, 2009

La huelga amazónica en el Perú y el gobierno de Alan García

¿Qué pasó en la selva peruana? ¿Cómo actuó el gobierno de Alan García?, ¿Por qué murieron tantas personas? ¿Qué ocurrió a la Policía? ¿Cómo queda el país después de la matanza? El artículo que presentamos intenta responder a estas y otras peguntas que se hace el mundo entero, anonadado por las trágicas noticias que llegan desde el Perú.

……

El miércoles 3 de junio en la noche, en el Consejo de Ministros, el presidente Alan García expresó entre adjetivos su malestar por la prolongación de los bloqueos en las carreteras de la selva y por la indecisión del ministerio del Interior y la policía de usar la fuerza para controlar la situación. La ministra Mercedes Cabanillas soportó la descarga y cuando pudo hablar indicó que dispondría el desalojo de los indígenas que bloqueaban la curva del diablo en la carretera Fernando Belaúnde, en el departamento de Amazonas, en las siguientes 48 horas.

Los jefes de la Policía fueron convocados a Palacio en ese mismo momento y notificados del acuerdo. Había que trasladar una fuerza especial a la ciudad de Bagua para iniciar el ataque en la madrugada del viernes. García retomó la conducción del Consejo y resumió los pasos que debían seguirse. La sesión se levantó sobre la media noche. El jueves 4 los congresistas del APRA iniciaron la fase política de lo que al día siguiente sería la batalla decisiva. Entre las 9 y las 9.15 am, aprovechando la demora de los congresistas nacionalistas que seguían coordinando su estrategia, el bloque de APRA, Unidad Nacional y el fujimorismo, impuso una votación sin debate que se derive la propuesta de derogatoria del DL 1090, a la mesa de diálogo del Primer Ministro que ya no funcionaba desde hacia varias semanas.

A las 10 de mañana del jueves ya se sabía que el oficialismo había vuelto a burlar a los amazónicos. Mientras tanto tres aviones Antonov de la Fuerza Aérea embarcaban 600 políticas de la dirección de operaciones especiales de la Policía. Llevaban fusiles Akm, cacerinas, granadas, bombas lacrimógenas, perdigoneras, etc. Esa tarde el batallón llegaría a una tierra que la enorme mayoría desconocía, para enfrentar a personas que tampoco comprendían. Pero la decisión era evidente: no usar los efectivos que ya estaban en la zona y que habían tenido contacto con los indígenas. En esta selección estaría la explicación de una parte importante de la tragedia.

Varias veces durante los días de la huelga, la Policía había conversado con los piquetes el retiro pacífico de áreas críticas como el puente Corral Quemado y otros, lo que se consiguió en todos los casos. En la altura, en la estación 6 de bombeo de petróleo, la patrulla de protección compuesta por 38 policías llevaba varios días intervenida por un gran número de nativos ante los cuales se rindieron para evitar enfrentamientos. Los Apus (jefes de comunidad) ordenaron retenerlos porque intuían un empeoramiento de las cosas. Tal vez creían que evitarían un eventual ataque mientras hubiera policías en poder de los indígenas.

A las 5 de madrugada del viernes sonaron los primeros disparos y bombas. Cientos de policías se dirigían hacia la curva del diablo donde los esperaban más de mil indígenas con lanzas, cuchillos y algunas escopetas. Por el aire llegaban dos helicópteros que descargaron una lluvia de bombas lacrimógenas orientadas a crear la confusión y dispersar al grupo principal. Las balas llegaban de varios francotiradores apostados en áreas elevadas que disparaban directamente al cuerpo. La confusión en el bloqueo fue inmediata y desató una atroz estampida de indígenas por la carretera. Pero mientras corrían cargando a sus heridos y sus muertos, las balas y las bombas los perseguían provocando un mayor número de bajas.

La prensa llegó al lugar de los hechos antes de las seis de la mañana y logró excepcionales tomas sobre el enfrentamiento, el ataque desde el aire, la multitud replegándose, los heridos y los muertos. Las radios, tanto las locales como las nacionales, transmitieron en directo lo que iba pasando y en poco tiempo ya había imágenes al aire sobre la violencia desatada. Ahí también reventaron las ciudades cercanas: Bagua, Bagua Grande y Jaén, donde muchos civiles salieron a las calles y provocaron graves disturbios, apedreando e incendiando diversos edificios oficiales y el local partidario del APRA. Igualmente quemaron diversos vehículos del Estado. La policía, por su parte, respondió a la turba con armas de fuego incrementando de esa forma el balance de muertos de la jornada. La reacción en las ciudades estaba cargada de espontaneidad e indignación. Es imposible ver ahí un mínimo plan de acción o alguna previsión de mecanismos de defensa para los manifestantes. Pero a esas alturas la policía ya no estaba para sutilezas.

En la mañana del 5 de junio, todo el Perú estaba convencido de una cosa: el gobierno quiso desalojar sin aviso y con suma violencia el bloqueo de la carretera y produjo reacciones entre nativos y policías. Las noticias que llegaban hablaban de más de veinte muertos indígenas y de alrededor de cinco policías abatidos. De pronto el presidente García apareció en el Proyecto Olmos en Lambayeque, donde había viajado más temprano el premier Yehude Simon, y como se suele decir en el Perú, le robó el micro y salió declarando que había habido un operativo necesario para restablecer el orden, con un bajo costo social. Pocas horas después el costo seguiría subiendo, las llamadas de autoridades, médicos, periodistas de la zona advertían de un escenario dramático. El gobierno empezaba a reconocer la gravedad de la situación y Simon hacía su primera conferencia de prensa informando que el saldo de la trifulca ascendía a nueve policías y tres indígenas muertos.

Esa noche los números fueron reajustados: doce policías y nueve civiles fallecidos, entre indígenas y pobladores urbanos. En el terminal aéreo de la aviación empezó un desfile de ataúdes que duraría hasta la noche del día siguiente y daba la sensación de aún mayor cantidad de policías caídos que los que realmente se produjeron. Ya estaba claro entonces que el gobierno había decidido una línea de información y confrontación política, en la que sorprendentemente la policía era la atacada y la que había sufrido las bajas por su excesivo afán dialogante, lo que por lo grave del resultado no podía tener otra explicación que una conspiración internacional. Pero aún las cosas iban a empeorar:
en la estación 6, en Imacita, la versión de la matanza de indígenas produjo una conmoción y un desesperado deseo de venganza en el grupo que mantenía retenidos a los 38 policías. Según se conoce los captores decidieron ejecutar a nueve policías en ese lugar, incluido el comandante de puesto y nadie sabe cómo fue que finalmente lograron huir los otros.

Esta matanza horrible es muy difícil de entender, sino se apela a la mirada que las comunidades de selva tienen de los agentes estatales que para ellas son invasores de sus tierras y en este caso, asesinos de sus hermanos. El gobierno tenía una responsabilidad respecto a la vida de estos efectivos, cuando lanzó la operación en la curva del diablo sabiendo que había un contingente de sus hombres en poder de los indígenas. Es verdad también que en este caso el choque cultural se transformó en una tragedia. Pero justamente porque pasó esto es que se puede decir que nadie podía influenciar las determinaciones de los indígenas, ya que nada podía ser más negativo para sus objetivos que esta carnicería sin sentido. Por cierto que esta es una valoración de opinión pública y efectos políticos que significa poco traducido a la lengua de los amazónicos.

El hecho es que el sábado 6 ya sumaban más de veinte los policías muertos y todos los medios, incluidos los que habían trasmitido los incidentes de forma directa a través de la versión de sus corresponsales, se cerraron en la historia oficial. No había ocurrido enfrentamiento alguno, la policía no había querido usar sus armas, los indígenas los habían matado cuando conversaban, la matanza había sido de uniformados, etc. A esto se salpicaba el mayor o menor autocontrol de los editores frente a los anatemas racistas que subsisten soterrados en el país y afloran en circunstancias como estas (el antecedente que me viene a la memoria es la matanza de periodistas en Uchuraccay en 1983, que llevó a titulares que hablaban de “salvajes”, como ahora). El clima político empezó a hacerse aplastante con el bombardeo mediático que eludía toda responsabilidad del gobierno en lo acontecido.

Esta resaca duró dos días, pero el lunes 8 se resquebrajó. El diario más influyente de Lima, el decano de la prensa, “El Comercio” editorializó reclamándole al gobierno reconocer sus propios errores y pidiendo la renuncia del Consejo de Ministros. A su lado otros diarios y algunos programas políticos de la televisión y la radio empezaron a recepcionar puntos de vista críticos, y a poner en duda aspectos del discurso oficial. A la disonancia de algunos contados medios de oposición (diario “La Primera” y estaciones radiales de provincias), le seguía ahora un distanciamiento de la llamada “prensa seria” que veía peligroso seguir operando como resonancia del gobierno aprista. Ese mismo día además se produjo la primera, y hasta ahora, única renuncia al gabinete de ministros. La ministra de la Mujer, Carmen Vildoso anunció su salida informando que se trataba de discrepancias en torno al manejo de la crisis de la selva y de su decisión de asumir su parte de responsabilidad por lo sucedido.

Tras este quiebre empezaba a surgir un intento postrero de diálogo después de 55 días de huelga en los que el gobierno ignoró el problema hasta el día 40, y generó una mecedora de reuniones infructuosas con el primer ministro los días siguientes, hasta que se impuso la lógica de la muerte. Entre el director de “El Comercio”, el Episcopado de la Iglesia, la Defensoría del Pueblo, estaba germinando un salvavidas político, que consistía en dar un medio paso atrás poniendo en “suspenso” algunos decretos (la figura no existe legalmente) y construyendo una mesa de diálogo de mayor amplitud, con nuevos actores. El premier Simon dio su apoyo a la propuesta y con ella quiso detener la renuncia de Vildoso, sin conseguirlo. A su vez el fujimorismo le entró al tema y detrás de ellos lo hizo Lourdes Flores. Pero llegaban tarde a un escenario crispado y polarizado. El presidente y los líderes del APRA acentuaban el ataque, las comunidades declaraban que era derogatoria o nada y los sectores políticos que habían apoyado a los indígenas se sentían obligados a seguirlos ante el riesgo de terminar rechazados.

La idea de que todos tenían que ceder algo en sus posiciones no encajaba en los acontecimientos. En las zonas donde continuaba la huelga, el sentimiento era de haber sufrido una larga burla que concluyó a balazos. Por otra parte, aún cuando la “suspensión” debería entenderse como una derrota política no explicitada del gobierno y como el fin de dos de los decretos más controversiales, los apristas insistían en decir que volverían a restituirlos, dando a entender que lo que menos les interesaba era un entendimiento. El miércoles 10 al votarse la suspensión la sensación que flotaba era que estábamos enfrentando posiciones extremas, cundo técnicamente hubiera podido decirse que la suspensión era nada más que otra forma de la derogatoria ya que regresaba a la situación anterior a la elaboración de dicha norma. Pero como serán las cosas que la votación no quiso hacerse sobre las posiciones que estaban en juego, sino a favor o en contra de la posición de la mayoría y esto desbordó el vaso para convertirse en una protesta activa de la bancada nacionalista que se negó a abandonar el hemiciclo hasta el día siguiente, para terminar con un tercio de sus miembros sancionados (escogidos arbitrariamente).

No había acuerdo, ni lugar para las salidas intermedias. Por eso el día 11 la protesta nacional convocada días antes no celebraba la suspensión, sino se enfocaba en denunciar la masacre contra los amazónicos y la necesidad de un cambio político, que para algunos todavía pasa por un cambio de gabinete, y para otros llega hasta la vacancia presidencial. Que ese día hubieran nativos selváticos desfilando en Yurimaguas, la selva central y otras localidades; campesinos serranos invadiendo el aeropuerto en Andahuaylas y pobladores de Puno, Moquegua, Huancayo, protestando a favor de los amazónicos; y chicos limeños negando a dispersarse en el centro de la ciudad a pesar de las nubes de las más apestosas e irritantes bombas; advierte de una conjunción que hasta hace poco se hubiera tomado por insólita. Nadie imaginaba a los universitarios sacando la cara por los indígenas, o a las poblaciones serranas tan cerca del sentimiento de la selva, o a campesinos quechuas y aymaras sentirse parte del mismo mundo que el de las comunidades nativas.

De algún modo era como si la parte que le faltaba a las protestas sociales se hubiera integrado y no sólo eso, sino que todos se sintieran indígenas y amazónicos, frente a un gobierno que había tratado de fomentar un racismo subterráneo y un desprecio profundo por el anacronismo y las creencias de los pueblos más olvidados de la historia nacional. El 11 de junio (en algunos lugares hasta el día 12), la protesta nacional nos remontó en la memoria nueve años hacia atrás. No había ocurrido efectivamente desde la marcha de los Cuatro Suyos el 28 de julio del 2000, que l ciudad de Lima fuera dominada por horas por manifestantes que no reclamaban nada específico para ellos, sino que se enfrentaban al gobierno de turno, porque entendían que no había otra manera de evitar un agravamiento de la situación.

El 11 de junio estaba a la vista que en el Perú se había abierto una nueva situación política, que la determinación del presidente de atacar a los nativos tenía mucho más que ver con la noción de autoridad del Estado que está en las entrañas de Alan García, que con la necesidad de pase de los camiones por las carreteras. La democracia post fujimorista había sido demasiado pusilánime, tal vez por deberle a las propias masas su existencia. Por eso Toledo retrocedió en tantas ocasiones, y el propio gobierno actual tuvo que firmar interminables actas con diversos gremios, para nunca cumplirlas. La mano dura le picaba a García desde hace tiempo.

Pero no ha ganado. Como se ve por todos lados. Peor aún, no han podido explicar porque una policía al ataque, con armas de tiro a distancia, tuvo tantas bajas frente a indígenas con lanzas y machetes. Tampoco han convencido a nadie sobre los muertos que se esfumaron después de las primeras vistas y despachos del conflicto, y por qué hay tantas familias que reclaman a sus hijos que no regresan. Todo está como una enorme espada de Damocles sobre la cabeza de un gobierno que se empeña en fugar hacia adelante.

No es una crisis, es la crisis, dirían los historiadores. Y lo más irónico es que García llego a ella empezando por una sistematización de su nueva filosofía en la que calificaba a las comunidades y muchos otros sectores como perro del hortelano, que no podía comer por la debilidad de sus medios productivos, pero no dejaban comer a la gran inversión que nos tocaba la puerta. Esta teoría ha sido destrozada por la vida, aunque su autor no quiera reconocerlo. Pero lo peor no él mismo, que ya no tiene remedio, sino a los que arrastra en su caída y no pueden contenerlo. Ese es quizás el mayor drama del Perú actual, la elección por miedo que se dio en el 2006: miedo a Humala, al chavismo, a cualquier cambio del modelo económico, le otorgo un excesivo poder a García para que salvase a los asustados. Ahora a quién hay que temer es al propio Alan García.

12.06.09
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El principio del fin

El sorprendente balance de Alan García sobre los acontecimientos de la selva es que se dialogó demasiado. A poco de que se cumplan dos meses de huelga amazónica que hasta el día 40 el gobierno aprista no quiso ver ni tratar, y luego de haber sido testigos de que el “diálogo” del premier sólo produjo un acta de intenciones que ha servido como arma de denuncia de la supuesta intransigencia de Pizango, mientras el presidente y sus secuaces insistían en declarar que no aceptarían el reclamo de los indígenas quitándole todo sentido a las conversaciones, uno puede concluir que para García el diálogo siempre fue demasiado.

Más parece que su posición de fondo era que a estos perros del hortelano, extremistas, comunistas internacionales, que bloqueaban carreteras y agitaban sus lanzas habría que haberlos echado con la Policía mucho antes del 5 de junio. De su molestia por el retraso en el uso de la fuerza hay ahora bastantes versiones que indican que dos días antes del ataque en la curva del diablo, García zarandeó a Cabanillas para que le liberara la carretera a cualquier costo, en el mismo tono en que ordenó alguna vez a Mantilla recuperar en el más corto tiempo el control de los penales. Y ha sido el presidente en persona el que ha liderado la operación “aquí sólo han muerto los policías”, que ha negado a los pueblos indígenas sus propias víctimas y ha pretendido imponerle al país la visión de que el agresor que tenía todo el poder de las armas, era realmente el agredido.

“Demasiado diálogo”, es además una orientación para lo que está ocurriendo después del baño de sangre, cuando la huelga sigue vive y hay puntos claros de bloqueo en varios lugares del país, principalmente Yurimaguas. Significa que el nuevo intento de Simon de buscar a la iglesia y a la defensora del pueblo para integrar una mesa, y la “suspensión” de los DL 1090 y 1084, están realmente en el aire porque un loco autoritario continúa suelto en plaza. En la peor crisis y cuando todos se dan cuenta que el gobierno tiene que retroceder para evitar que haya un empeoramiento dramático, García no sólo insiste en meter su bocota sino en presionar para que Aidesep quede fuera de la negociación (¿y con quién van a tratar finalmente?) y promueve y saluda la sanción de los congresistas nacionalistas.

Pura leña al fuego, que en el actual contexto puede entenderse como que García ve todavía una crisis aún más grave por delante y que le interesa ser visto como el ala dura que siempre dijo que para que dialogar y conceder, si nosotros tenemos los AKM. Nunca se ha escuchado al presidente reconocer que existen razones válidas en los pueblos indígenas o errores en el gobierno (más allá de la supuesta blandura dialogadora). Y todos sabemos que no va a haber decisiones finales al margen de su persona. Por eso es que cada vez son más los que concluyen que el problema es García. Pero García es todo el gobierno y en cierta forma es casi todo el Estado. Por tanto si la necesidad de hallar una salida tiene que ver con que el personaje no imponga una nueva decisión desquiciada, y no hay forma legal para colocarle una camisa de fuerza, lo que cae de su peso es que hemos entrado a una crisis terminal del segundo gobierno del APRA. Cuando en las calles se reclama la vacancia ya no suena a simple radicalismo, sino a sentido de sobrevivencia.

14.06.09
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Una nueva situación

Las calles de Lima en la tarde del último jueves parecían las del 28 de julio de hace nueve años. No sólo porque el aire se había hecho otra vez irrespirable por la cantidad de bombas: lacrimógenas, vomitivas, picantes y otras, lanzadas por nuestra siempre cordial policía, sino por la beligerancia con la que los manifestantes volvían a reagruparse e insistir en su protesta. Como en los cuatro suyos, los actores principales eran jóvenes universitarios, muchos de ellos de centros educativos privados, acompañados por intelectuales y artistas, y comités partidarios de los distritos.

No era, como otras veces, una conjunción de gremios que protestan cada uno por lo suyo y que quieren trasladar algún pliego hasta las oficinas del Congreso. Ni mucho menos una simbólica vuelta por la ciudad para que después no pase nada. El 11 de junio, ninguno de los movilizados estaba peleando por sí mismo. Todos estaban ahí por solidaridad con los amazónicos, pero sobre todo para ponerle un freno a Alan García antes que termine por desquiciar al país. Es decir era una movilización enteramente política, que ocurría en la Lima conservadora, o la que empezamos a apreciar así en el período del auge económico y del miedo al populismo redistribuidor.

Muchas veces se ha recordado que Lima definió la votación del 2006 a favor de Alan García, luego de votar por Lourdes Flores, que esta ciudad es la que más responde en las encuestas a favor del gobierno y la que mantiene encumbrado a Castañeda Lossio. Pero aquí es donde se decidió el fin del gobierno de Fujimori y donde acabamos de ver, más allá de las palabras, como se ha empezado a tambalear el de Alan García. Habría que estar ciego para no apreciar la jornada de lucha como un síntoma de nueva situación. Algo está claro: los sectores que han querido jugar de mediadores y apaciguadores esta semana, han llegado demasiado tarde; hay una brecha de sangre muy grande que no facilita la conciliación y hay una increíble soberbia autoritaria en el gobierno que sigue intentando aplastar y atropellar, eliminando cualquier credibilidad que pudiera ofrecerse a la política del nuevo diálogo.

Lo que se viene es una ola creciente por forzar cambios políticos que nos saquen de este entrampamiento. En este terreno es que se van reduciendo las opciones en tanto García evidencia que la sinrazón de su gobierno es su propia vocación autodestructiva. Si hasta lo que parecía imposible como es aquello de que un presidente tome en serio los consejos de Aldo M, ya muchos creen que está ocurriendo: haces un círculo y echas napalm, descargas la cacerina sobre los manifestantes antes que te ataquen, roqueteas, y después nos tomamos un trago. Necesitaba que alguien como tú lo dijera para sentir más autoconfianza.

14.06.09
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miércoles, junio 10, 2009

Se quebró el frente de la patraña

El paso de Vildoso por el segundo gabinete de Alan García y la cartera de la Mujer, es casi irrelevante, sobre todo porque se sometió a las presiones del Apra para no mover a sus cuadros de los puestos estratégicos del Foncodes y el Pronaa. Pero su renuncia es precisamente lo contrario de lo que la acusa Jorge del Castillo, que ha dicho que se trata de una “cobardía”. Porque el paso dado es fundamental para terminar de desmontar el frente de la patraña que armó el gobierno como respuesta a la dramática posición en que quedó metido después del desastroso resultado de la operación de desalojo de la carretera en Bagua.

Decía García este domingo durante la ceremonia de jura de la bandera que así como en la duda se favorece al reo, en la actual duda debía creerse al Estado y no a los terroristas y los organizadores de tumultos. Estaba señalando por cierto que respecto a la crisis de la selva y la masacre del viernes, el gobierno había conseguido meter la confusión, gracias a una gigantesca maniobra de desinformación y apoyándose decididamente en los medios, a los que Cabanillas pidió su ayuda directamente. La versión de la policía dialogante y los indígenas degolladores, de “una posible” ingerencia externa en la crisis y de los congresistas azuzadores, ha sido repetida de todas las formas. Pero lo que no terminaba de entenderse era qué era fue lo que desató el enfrentamiento y qué fue lo que hizo reaccionar a los nativos bajo la idea de que los estaban exterminando.

El lunes, un editorial del diario “El Comercio” reclamando la renuncia del gabinete y el reinicio del diálogo, acompañándolo de medidas de flexibilización respecto a los decretos de la selva, indicaba sin embargo que la dirección del viejo diario había decidido tomar distancia de la versión oficial y del intento de García de que el bloque de fuerzas que funcionó para su elección, volviera a operar esta vez para salvar al gobierno. Al decano, además, se le sumaron otros diarios y conductores de programas de televisión y radio. La duda empezaba a inclinarse para el otro lado, porque la posición de que el gobierno no tiene ninguna responsabilidad, que los muertos indígenas son una bicoca y que todas las versiones que vienen del lugar de los hechos son rumores sin fundamentos, se iba convirtiendo en insostenible.

Vildoso les ha dado la estocada. Con sólo decir que su renuncia responde a hechos políticos y dejar entender que discrepa con el manejo del gobierno, la ex ministra ha herido profundamente al gobierno. Ella que conoce como se fraguó el manejo de la crisis, ha dicho hasta acá nomás los acompaño. ¿Habrá otros renunciantes? Cada hora y cada minuto cuenta en contra de los que siguen dentro. En realidad ya no es sólo la credibilidad de un gobierno ensangrentado la que está en la mesa. Son los tres responsables de esta crisis los que están cada vez más cerca de la picota: García, Cabanillas, Simon. ¿Qué otros ministros estarán dispuesto a acompañarlos?

10.06.09
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martes, junio 09, 2009

El DL 1090 y sus graves consecuencias para la selva

“Hay millones de hectáreas para madera que están ociosas, otros millones de hectáreas que las comunidades y asociaciones no han cultivado ni cultivarán…”

“Pero la demagogia y el engaño dicen que esas tierras no pueden tocarse porque son objetos sagrados y que esa organización comunal es la organización original del Perú…”.

“Este es un caso que se encuentra en todo el Perú, tierras ociosas porque el dueño no tiene formación ni recursos económicos, por tanto su propiedad es aparente. Esa misma tierra vendida en grandes lotes traería tecnología de la que se beneficiaría también el comunero….”

Alan García
El Perro del Hortelano
28 de octubre de 2007

Dicen que los críticos de los decretos legislativos, en particular del DL 1090, no han hecho sino pedir la derogatoria, sin fundamentar ni explicar sus objeciones. No ha sido así, pero para ayudar a entender lo que está en debate entregamos aquí un recuento de las críticas a este dispositivo.

Antecedentes

El antecedente general del DL 1090, es la ley fujimorista 27308, orientada a abrir la selva a las inversiones en explotaciones hasta de 5 mil hectáreas, dictada a finales de ese gobierno y que el gobierno de Toledo no empujó en su aplicación. En el 2007, García lanzó sus famosos artículos del “Perro del Hortelano”, donde uno de los principales perros eran los pueblos indígenas de la selva que conservaban tierras, ríos y madera sin explotar, basados en principios distintos a los del mercado.

El tercer antecedente es el Proyecto de Ley 840, llamado la “Ley de la Selva”, con el que se buscaba “poner en valor” los recursos selváticos a través de grandes concesiones (hasta de 40 mil hectáreas), que fue fuertemente criticado y se entrampó en el Congreso.

El problema de constitucionalidad

El DL 1090 es un regreso por la ventana de las medidas de implementación del TLC, de la cuestionada “Ley de la Selva”, pero esta vez aparece articulada con un conjunto de otras normas que agrava la tendencia a la concentración de tierras y a la alteración profunda de las condiciones de vida de la población selvática, en particular de las comunidades nativas.

Sobre las violaciones constitucionales del decreto se pueden mencionar específicamente tres: (a) desborda ampliamente el marco de facultades otorgadas, legislando sobre asuntos no vinculados al TLC con Estados Unidos; (b) por su naturaleza abarca temas propios de una ley orgánica de recursos naturales, que sólo pueden ser aprobados directamente por el Congreso; (c) incumple el principio constitucional de respeto a los Convenios Internacionales, en este caso incumple el Convenio 169, OIT, que obliga a consultar toda decisión que afecte los territorios de pueblos indígenas. Un dato interesante al respecto es que la ley forestal colombiana fue derogada precisamente por no haber cumplido con este requisito.

Críticas al contenido

Pueden resumirse en tres puntos: (a) el DL 1090, recorta la definición de Patrimonio Forestal dejando fuera de protección a unas 45 millones has de tierras con capacidad forestal, es decir, el 60% de los bosques. (b) los recursos forestales se otorgarán por concesión privada, hasta por 40 años, en extensiones de hasta "40 mil hectáreas“. (c) finalmente se autoriza el cambio de uso original de las tierras, que podrán pasar a condición agrícola para formar plantaciones de cultivos especializados.

Estos problemas se relacionan además con los alcances de otros decretos como el 1064, que amplia el concepto de tierras eriazas y la capacidad del Estado de disponer de ellas en procesos de concesión, y el 1089 que fuerza un tipo de titularización de predios rurales que apunta a reducir los espacios comunales. El gobierno responde a las críticas insistiendo en que la selva es grande y que 55 millones de hectáreas quedaría protegidas como tierras comunales, reservas, parques y zonas de protección, y que “sólo” se busca afectar unos 8 millones de hectáreas. Esconde además el proceso de reducción sistemática de las reservas que se viene llevando a cabo para facilitar proyectos mineros y de hidrocarburos.

Otro tema de discusión es el de los recursos del subsuelo, que el gobierno arguye que por constitución le pertenecen al Estado, para entregarlos en concesión, y que las comunidades interpretan como una invasión de sus derechos. Es obvio que sólo en teoría se puede separar lo que está arriba de lo que se encuentra abajo, pero este intríngulis constitucional está sirviendo para desalojar pueblos de sus espacios ancestrales.

El DL 1090, implicaría un daño al 15% a los bosques de selva y un nuevo golpe al hábitat del mundo indígena. Basta ver las imágenes desoladoras de las plantaciones que varios grupos económicos, entre ellos la familia Romero, vienen haciendo sobre territorios de la selva baja. La esencia del problema es acentuar la ruptura de los equilibrios ecológicos y la relación hombre naturaleza, con consecuencias no sólo locales, sino nacionales y hasta mundiales. Puede verse al respecto los efectos de deforestación en el Brasil que abarcan superficies del tamaño de nuestro país.

La lucha contra el DL 1090 es enteramente principista y nada tiene de caprichosa. Y es evidente que no se resolverá sino con su derogatoria.

08.06.09
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sábado, junio 06, 2009

Especialista en matanzas

Cuando Alan García ordenó la matanza de los penales, toda la prensa peruana dijo que se había realizado en “defensa de la democracia”. El presidente felicitó a todos los participantes y empezó un esfuerzo por atenuar la cifra de los muertos, mientras los soldados dispersaban los cadáveres en entierros clandestinos en cementerios informales en los alrededores de la ciudad. Pero unos días después se cayó la mentira y el presidente tuvo que retroceder y admitir que hubo asesinato de rendidos en Lurigancho y "excesos" de distinto grado. Ahí fue que lanzó su famosa declaración: se van ellos (los asesinos) o me voy yo. Y nadie se fue.

Después de la matanza de la selva, estamos viendo nuevamente a los operadores de García tratando de cambiar la realidad de lo ocurrido. La orden de Lima ha sido la de esconder los cadáveres y negárselos a sus familiares, mientras se informa de una cifra de nativos muertos que nada tiene que ver con los informes llegados de la zona de conflicto por los corresponsales de prensa, médicos y autoridades, ni con las fotos de los enfrentamientos. El propósito es decir que los masacrados fueron los policías, atacados suicidamente por los indígenas que con lanzas y flechas, se lanzaron contra 600 efectivos de la Dinoes armados con fusiles y granadas, respaldados desde el aire con helicópteros. Que la tropa hubiera llegado recién un día antes, en coincidencia con la maniobra de votación en el Congreso, seguro que era pura casualidad.

La mentira, como en el 86, tiene los pies cortos. Nadie, ni siquiera el PPC y los fujimoristas, parte de esta versión victimista. El gobierno ha vuelto a conseguir el aislamiento perfecto, y eso ha sido así porque los indígenas resistieron y la población de la selva se rebeló a la masacre. El incendio de los locales del Estado y del partido de gobierno simboliza este entierro del aprismo en el oriente peruano, cuyos parlamentarios de selva: Pastor, Zumaeta y otros, combaten ahora a sus adversarios atrincherados en Lima de donde difícilmente podrán salir. Ningún otro partido quiere pasar por esta suerte y algunos de ellos más bien tratan de sacudirse de su corresponsabilidad en haber obstaculizado el debate sobre los decretos legislativos cuya derogatoria reclamaban los indígenas.

Van a pasar los días y el gobierno va a terminar pagando sus culpas por la matanza de la selva. Entonces quedarán claras las órdenes de desalojar lo más pronto posible y con uso de los medios de guerra disponibles, lo que los generales interpretaron, como el 86, como una orden de matanza. Sólo que ahora el gobierno es mucho más débil del que había hace 23 años. El especialista en masacres que se escapan de las manos, debe estar sintiendo que en una semana (caso Panamericana, caso Bagua) echó a perder todo el trabajo de reconstrucción de su imagen y la de su gobierno desde su famosa maniobra de octubre de nombrar a Simon para tapar el caso de los petroaudios. Lo piensa, pero no tiene el margen para reconocerlo. Las mentiras de estos días son un salvavidas de un gobierno que naufraga. ¿Y ahora quién es el que se va?

07.05.09
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viernes, junio 05, 2009

Gobierno y Congreso manchados de sangre

¿Qué tiene que suceder para que la bancada del APRA reaccione si casi 60 días de huelga amazónica apenas los llevaron a votar una postergación de las decisiones el día jueves, y si más de treinta muertos sólo les lleva a concluir que es “antirreglamentario” pedir una convocatoria de urgencia del pleno para resolver sobre la derogatoria del DL 1090?

Los intereses que el gobierno está defendiendo en los decretos de la selva deben ser sumamente poderosos como para que el presidente y el partido aprista hayan estado dispuestos a pagar un costo atroz para mantenerlos. No hay ninguna duda que García ha tenido en este caso (como en el de Panamericana) la voz cantante. Esto se puede probar en todas las idas y venidas del primer ministro y el presidente del Congreso con el asunto del diálogo, cuando la posición oficial seguía siendo que no había nada que derogar o modificar. Y en la actitud de la ministra del Interior a la que parece que le doblaron finalmente el brazo y la obligaron a reprimir.

Aquí nadie ha sido capaz de detener al autor del “Perro del Hortelano”, y cuando la selva ya estaba cubierta de sangre, lo que hizo el presidente es viajar súbitamente a Olmos, donde se encontraba Yehude Simon, para declarar a su lado soplando la responsabilidad por la violencia a los dirigentes de Aidesep. ¿Qué quiso hacer?, ¿impedir que el ministro hablara por su cuenta? En todo caso este ha sido el capítulo postrero de la penosa participación de Simon en el gobierno aprista. En el plano político hay también una gran cantidad de muertos por contabilizar.

La farsa del diálogo

Antes de la votación del jueves en el Congreso se sabía que formalmente había dos posiciones: los que declaraban la inconstitucionalidad del DL 1090, que eran los nacionalistas, Bloque Popular, UPP, Alianza Parlamentaria y el fujimorismo, y los que ratificaban los decretos (APRA y Unidad Nacional). Aparentemente había una mayoría para derogar y abrir una válvula de escape al alargamiento del conflicto amazónico. Pero lo que estaba en camino era una nueva e irresponsable maniobra oficialista. Ya una semana antes los fujimoristas habían evidenciado que su verdadera intención era no votar, ni a favor ni en contra. Para eso fue la maniobra de levantar la sesión por los “insultos” de Werner Cabrera y la otra que concluyó el día de ayer de postergar la decisión hasta el informe de la mesa de diálogo, ambas apoyadas por la bancada naranja que debe haber recibido alguna ganancia por este compromiso.

La hipocresía del diálogo llegó así a sus extremos. Porque mientras se negaban a resolver el punto planteado por las comunidades, en nombre de que el diálogo llegue a su fin, el gobierno estaba preparando los destacamentos de Dinoes que irían a sembrar la muerte en Bagua y otras localidades, es decir iban a “resolver” el problema a sangre y fuego, de manera de salvar los decretos legislativos. Apristas, fujimoristas y lourdistas son corresponsables de haber llevado a la situación hacia un desenlace sangriento, esto a pesar de que con el peso de los muertos los aliados del gobierno hayan empezado a tomar sus distancias.

Represión

Mientras se masacraba a los nativos y se desataba el caos en la selva, en Lima, el secretario general del APRA, Mauricio Mulder pedía la captura del presidente de Aidesep Alberto Pizango, y Aurelio Pastor comparaba los hechos de Bagua con la toma de la Comisaría de Andahuaylas en el año nuevo del 2005, lo que no era sino una manera provocadora de alentar la persecución contra los dirigentes. Más aún, atrincherados en Lima, los líderes apristas echan dedo contra los nacionalistas y la izquierda.

Pero el que dictó los decretos legislativos que son repudiados por las comunidades, los que han impedido su derogatoria, los que han enviado policía, ejército, helicópteros contra nativos, es el gobierno del APRA encabezado por Alan García. Esto lo sabe toda la selva y los entiende la abrumadora mayoría del país. El gobierno ha querido ahogar en sangre la huelga amazónica. Pero los indígenas no se han rendido. Pobre y triste gobierno con las manos ensangrentadas.


HISTORIA

El 5 de Febrero de Alan García

En 1975, una huelga de policías desató saqueos en Lima, que el gobierno de Velasco reprimió con el ejército provocando más de cien muerto en Lima. Dos lecciones quedaron a la vista: (1) que el APRA aprovechó el escenario de desorden para enfrentar al gobierno y provocar la desestabilización política; (2) que la represión brutal genera un espiral de violencia que no se puede detener simplemente a balazos. Ayer la selva fue testigo de lo que se había dicho muchas veces: que los nativos iban a resistir hasta la muerte antes de ceder al gobierno. Pero no los tomaron en serio. El APRA ahora convertida en Estado quiso imponerse a sangre y fuego y lo que consiguió fue desatar el odio y la desesperación de los que se sentían atropellados, que hicieron realidad la insurgencia y el levantamiento del que tanto se había hablado. Y ahora hay muchos que se sorprenden por lo duro del enfrentamiento. Velasco no sobrevivió 6 meses a los efectos del 5 de febrero. ¿Cuánto tiempo le quedará a Alan García?


El fin de una etapa

El 5 de junio de 2009 quedará en la historia como el día del fin de las ilusiones democráticas que se forjaron con la caída del régimen de Fujimori. Ilusiones que ya estaban muy debilitadas, es cierto, pero que existían bajo la forma de un cierto pacto implícito por el cual los gobiernos reconocían que el origen del régimen era la movilización popular y que los gobiernos no podían intentar aplastar a los movimientos regionales y sociales. Cuando García decidió que los decretos eran más importantes que la conservación de este relativo consenso social, cambió la naturaleza del poder. Ya no puede subsistir a partir de ahora más que con la fuerza. Una fuerza que realmente no tiene. Esa es la grave encrucijada que se vive en el Perú.

jueves, junio 04, 2009

El estatizador fallido

Dicen que el señor Cabello no podía orientarse entre los salones vacíos, los documentos incompletos y el caos de trabajadores que circulaban dentro del local de la esquina de la televisión. Eso lo obligaba a depender del personal de confianza de gestión de Delgado Parker que eran los únicos que podían ayudar a tomar decisiones con un mínimo de realidad.

Este papel de fantoche es el mismo que cumplían los miembros de los directorios que Alan García nombró para los bancos luego de decretar la estatización de 1987. Aquella vez los interventores ingresaron también con apoyo de la fuerza pública y se apropiaron como no podía ser de otra manera del salón del directorio. Y de allí no pasaron.

Cuentan los que estuvieron allí que hasta para servirles un café los conserjes pedían autorización a los gerentes de los banqueros y las secretarias sacaban copias de todas sus comunicaciones para entregarlas a sus patrones. La estatización murió, sin pena ni gloria, en medio de estériles debates parlamentarios y maniobras con las acciones, al punto que nadie se dio cuenta cuando los interventores abandonaron su puesto.

Ahora el intento estatizador ha sido muchísimo más breve. Y el desinfle del señor Cabello ha batido numerosos récords. De veras no sé cuál podrá ser el futuro de este gentleman de la televisión criolla, del señor Velarde y de los invisibles integrantes del Consejo Consultivo que ahora andan diciendo que los pusieron ahí sin preguntarles. Lo que sí puede anticiparse es que esta ha sido el equivalente a una caída desde el piso treinta para Alan García.

Anteanoche, Fernán Altuve explicaba todo este enredo con una frase “Alan García no podía quedarse sin estatizar”. Yo agregaré que en este aspecto también el segundo gobierno supera al del primero, porque el papelón es mucho mayor.

04.06.09
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Estatización a lo García

Cuando oigo a García hablar del derecho de todos los peruanos, me pongo la mano al bolsillo porque siento que se viene un asalto. Lo último ha sido enterarnos que Panamericana Televisión no es de la familia Schütz, que mal que bien con todos sus pecados a cuestas tiene la mayoría de las acciones, y tampoco de Genaro Delgado Parker, que no es dueño de nada pero se maneja una pechuga inmensa, sino también del Estado por la deuda tributaria que mantiene, o lo que es lo mismo, de “todos los peruanos”, que somos los que pagamos impuestos.

Si esto fuera verdad, sería casi una versión criolla del socialismo del Siglo XXI. Si aplicásemos inmediatamente el mismo derecho a todas las empresas que en el Perú le deben impuestos al Estado, ¿cuántas requerirían un administrador como el señor Cabello? Y si nos refiriéramos solamente a los medios de comunicación donde muy pocos tienen su situación saneada, ¿qué pasaría con “Correo”, “Frecuencia Latina”, “ATV” y otras empresas insolventes por el estilo? Pero aquí nadie está alarmado por este brote estatista, e ilustres liberales, incluido un ex presidente de la Confiep, un abogado y un publicista de grandes empresas, están de lo más cómodos como consultores y garantes de la “libertad de prensa” en el medio intervenido, como si lo que pasara fuera de lo más normal.

Dice el señor Velarde que preside la Sunat, que la razón de su intervención se debe a que había un riesgo de que no pudiera recuperarse la inmensa deuda que Genaro había pateado sistemáticamente para adelante en los seis años de su administración judicial. Pero no explica porqué no quiso cobrarle antes, cuando hubiera afectado su gestión y seguramente hubiera tenido mayores esperanzas de recuperación. En otras palabras, ¿por qué lo hace cuando estaba en camino la instalación de una nueva administración a partir de la solución judicial y tenía la opción de empezar a negociar con ella? Más aún, ¿cómo es esto que Genaro sabía el domingo que Sunat pediría la insolvencia y que ya no pasaría por la vergüenza de tener que entregar la televisora a sus enemigos, lo que era presentado como un éxito postrero de sus maniobras; y al mismo tiempo desmantelaba las instalaciones y se llevaba todo lo que pudiera tener algún valor?, ¿no es evidente que todo estaba arreglado no para recuperar, sino para ayudar al ex broadcaster en su retirada?

Pero si algo desborda la paciencia es que encima de haber inaugurado el rol de una Sunat administradora a partir de sus deudas (que se impone a las funciones de Indecopi, a los derechos de otros acreedores, a la estructura empresarial y a los mandatos judiciales), el señor Velarde diga en medio de balbuceos que aquí no hay amenaza a la libertad de prensa, porque su institución ha nombrado para encargarse de eso, un comité consultivo integrado por destacadas personalidades. Acabáramos. Con razón el rumor que más se oye en estos días es que estos consultores libertarios dispondrían como primer jale del canal intervenido, el regreso de la Chichi a la televisión.

03.06.09
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martes, junio 02, 2009

Triple alianza contra la selva

El fujimorismo ha querido hacer oficial esta semana que no sólo es capaz de danzar en el elemental ritmo del baile del chino, sino que sus parlamentarios se mueven según las circunstancias. Para muestra, está Rolando Souza, uno de los pocos que no tuvo que aplicar ante Keiko Fujimori, pero que si lo ha hecho en la sesión del pleno del último jueves. Fue el único orador que el partido de la mafia había dispuesto para el tema de los amazónicos, y el vocero de una aparente posición pro derogatoria del DL 1090. Pero fue también uno de los primeros en dar su acuerdo a la moción-maniobra de Mulder, para que el debate se postergara para después que Simon concluya los trabajos de su mesa de diálogo y subcomisiones con la que se quiere huevear hasta el infinito a los pueblos indígenas. La verdad, como dice Pastor, es que mientras nacionalistas y apristas llevaban el peso del debate, los seguidores del condenado negociaban una “solución” a lo que formalmente su vocero ha condenado como inconstitucional y el Apra defiende como de plena constitucionalidad, y el momento de converger vino cuando Werner Cabrera pisó el palito de Del Castillo y les dio el pretexto extra reglamentario para suspender la sesión.

Es claro que si no había base para que la triple alianza APRA-UN-Fujimorismo, funcionara para un voto contra la derogatoria que incendiaría aún más la selva y sería un golpe muy duro a la candidatura de Keiko en las provincias, si podía haberlo para una postergación, que el gobierno imagina que debilitará la presión de la lucha, y Souza y compañía aprecian como el terreno para una mejor negociación. De Unidad Nacional (que a estas alturas no es más que PPC), hay que decir que ellos siguen creyendo que son los que dictan el programa y la ideología que está gobernando, por eso Bedoya de Vivanco suele cumplir el papel de abogado elegante (para decir sandeces como en la elección del Contralor) al servicio del APRA, cuya manera verdadera de debatir es la que mostraron Cribillero y Del Castillo. En este caso también, la derecha política encomendó a uno sólo de sus ponentes a decir en público que ellos votaban contra los indígenas y que la violación de la Resolución 169 de la OIT, era un asunto de legalidad y no de constitucionalidad, como si la Constitución del 93 y la del 79, no obligaran a cumplir tales convenios que no pueden ser alterados por ninguna ley.

El PPC tiene ya una historia de jugar el papel de segundón del poder: Constituyente 78-79, segundo gobierno de Belaúnde, Fujimori, Toledo, y ahora también con García. En realidad lo que ellos creen es que siempre se adelantaron a lo que después harían los gobiernos. Pero lo cierto es que fue al revés: ellos perdieron las elecciones porque su programa jamás ha sido votado por la mayoría de la población peruana y su amiste posterior con el poder se debe a que uno tras otro los gobernantes han traicionado lo que ofrecieron. Como diría Lourdes Flores, había que decir que las promesas no se podían cumplir, y a otra cosa. De esa manera el partido lourdista es el de los acompañantes de la traición política. Como el último jueves, cuando parecía que eran los únicos para los cuales el factor de la insurgencia selvática virtualmente no existía. Si sus votos son enteramente de Lima y de peruanos en el exterior, no tienen ningún interés en problemas indígenas y de regiones remotas. Y ya saben que nunca van a ser elegidos con su base social, pero que siempre serán el aliado del llamado realismo de gobierno.

31.05.09
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