jueves, enero 31, 2008

Antauro y Ollanta

Cuando Antauro Humala se rinde en Andahuaylas, ante una situación en la que ya no sabía qué hacer con la Comisaría tomada y los rehenes que mantenía retenidos, no tenía seguramente suficiente conciencia que estaba pasando, el mismo, a convertirse en rehén del Estado al que tanto odia.

Sin organización fuera (la gran mayoría de reservistas activos quedaron prisioneros), aislado de otras fuerzas políticas y sociales, convertido en “asesino” y “violentista” por la prensa amarilla, no le quedaba en la mano otra carta que no fuera Ollanta, para enfrentar la larga condena que le preparaban y, lo que en su caso era mucho peor, el cerco del silencio que supone la cárcel.

En realidad el mayor etnocacerista estaba frente a dos opciones irreductibles: (a) o lograba que su hermano, que regresaba al país, pusiese en el centro de su campaña la reivindicación del andahuaylazo y la libertad de sus prisioneros, con lo que seguramente no hubiera despegado como candidato, ni se hubiera convertido en un factor político nacional (cosa que a Antauro parece importarle poco); (b) o se convertía en el “enemigo de Ollanta”, que podía volver a ser escuchado en la prensa más reaccionaria y desplegar buena parte de su discurso, a condición de golpear al más exitoso de su familia.

Hay un proceso que va desde el momento en que Ollanta llega al Perú, tres meses después de los hechos de Andahuaylas y cuando el proyecto de los Humala empieza a decantarse entre su ala nacionalista y la que subraya el aspecto étnico de los conflictos, en el que Antauro trata de influir desde la cárcel al ollantismo y donde algunos de los temas eran la posición sobre la toma de la Comisaría en el año nuevo del 2005 y una eventual candidatura del prisionero de Piedras Gordas.

Los desacuerdos que se producen en este intento de entendimiento son los que han ido convirtiéndose en la “traición” de Ollanta, de la misma manera en que otros lo han convertido en un “falso nacionalista” o “vendido al sistema”, porque no lograron un lugar en la lista parlamentaria, y que bien merecería ir preso por haberlos dejado de lado. Hay quienes, como el congresista tránsfuga Espinoza, han logrado cubrir su propia traición y su pase al APRA, haciendo del amigo de Antauro que denuncia la “cobardía” del comandante que no quiere ir preso quince años por lo de Andahuaylas.

Pero la tragedia de Antauro es mucho mayor que los resentimientos de algunos. Para convertir en su peor enemigo a su hermano y compañero tuvo que inventarse una “traicionaza” que muy pocos le creen. Tiene que afirmar que el líder de Locumba es el felón de Andahuaylas y contradictoriamente reclamar que también vaya preso. Es un rehén. Y lo es por causa de sus propios actos. Porque lo de la comisaría pudo hacerse sin Ollanta hablando desde Corea, pero nunca sin Antauro reuniendo y dirigiendo a sus reservistas.

Ante la posibilidad de un titular de “Correo” echando tierra sobre la tumba de su hermano o de indignarse dentro de su celda por todos los atropellos que se están cometiendo contra los implicados en el proceso al andahuaylazo, incluido Ollanta, sin mayor eco de prensa, el etnocacerista ha hecho su elección. El radicalismo sin salida puede ser, como se sabe, una pieza muy funcional a los intereses de sus enemigos. Pero lo triste de este caso es que además involucre otros valores más importantes, como la lealtad entre hermanos.

30.01.08
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lunes, enero 28, 2008

Pobrecitos los especuladores

Tranquilizadoramente, Alan García ha dicho que los únicos que deben sentirse afectados por la crisis de las bolsas y el dólar son los especuladores.

El problema es que el actual sistema capitalista global está cimentado en una inmensa masa especulativa. La proporción entre los montos transados sobre valores reales y los que se mueven por pura especulación es abrumadora. Y mucho más si se mira desde la producción y la economía que sólo mueve dinero.

Las grandes corporaciones mismas han trasladado el grueso de sus inversiones a las bolsas y a movimientos especulativos alejados de su actividad principal. Nadie espera obviamente que los accionistas no aplaudan a sus directorios cuando adquieren bonos de alto rendimiento, compran una empresa para revenderla a mayor precio o copan a futuro el mercado de determinados productos.

El sobreendeudamiento especulativo que está en el centro de la crisis afecta a todo el mundo: bancos, empresas, consumidores, y de alguna manera hace pensar que la globalización ha hecho que todos los que está en el sistema traten de especular.

El precio del petróleo y los alimentos que hoy empujan hacia la inflación global, son intensamente especulativos, a pesar de que sea cierto que ha habido un aumento de la demanda. Los temas de “guerra de Irán”, “no solución en Irak”, “conflicto en Nigeria”, “intervención en Venezuela” funcionan perfectamente para llevar al crudo al cielo. Y hay grandes ganadores de eso. Como el de los biocombustibles, que ha tirado al cielo al trigo, maíz y otros. .

En cierto sentido García y los políticos de su estirpe son también parte de la economía de la especulación. Su victoria electoral y su permanencia en el poder se sustenta en el supuesto que un presidente proinversión es un activo del que redundarán ganancias en el largo plazo.

Por eso mismo, su reacción al igual que la de los gerentes de los bancos, AFP y bolsas de valores, tiene que ser la de restar ansiedad a las noticias sobre las violentas caídas de los últimos días. El mensaje de cada uno de estos es: sigan creyendo en nosotros, no retiren su plata porque sino la cosa puede ser mucho peor.

¿Cómo podría seguir nuestro presidente ofreciendo el Perú a la venta, como acaba de hacerlo en España, si tuviera que admitir que el clima económico-financiero que existía al comienzo de su gobierno, ha empezado a modificarse? ¿Y cómo explicar que en tantos años de correr con la corriente del ascenso de la economía internacional, se deba reconocer que no se preparó nada para el cambio de ciclo?

Como la cigarra del cuento, seguimos creyendo que nunca llegaría el invierno.

28.01.08
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Te estamos vigilando

El alcalde de Jesús María no ha encontrado mejor idea que colgar unos cartelones en la calle cuyo tenor en letras grandes es el siguiente:

“Cuidado, te estamos vigilando”

La imagen que acompaña al texto muestra unas cámaras de video que, se supone, son los mil ojos y mil oídos que la autoridad municipal ha puesto sobre sus vecinos.

Hace tiempo que en los distritos más acomodados de Lima se advierte de la existencia de cámaras y filmaciones que se supone desalientan al crimen. Pero como es imposible filmar ladrones y vendedores de droga sin hacerlo con los demás, se concluye en lo que con toda sinceridad expresa Jesús María.

Todos tenemos que cuidarnos, porque a todos nos vigila una cámara. Como en las peores alucinaciones de Orwell, el gran hermano es omnipresente y su mayor ideal es logra vigilar también nuestros pensamientos.

Podemos preguntarnos si este es un caso de paranoia municipal sin trascendencia. Si lo fuera habría que preocuparse del vecindario, que no se ofende ante tamaña impertinencia. Pero creo que hay mucho más. No olvidemos que hace un año, García prometía la pena de muerte para acabar con la delincuencia y hasta alentó una marcha hacia Palacio con este motivo.

Y ha jugado además con iniciativas y declaraciones a favor del regreso de los jueces sin rostro, de la listas de excarcelados, de la impunidad de militares y policías que reprimen desórdenes públicos, etc. El autoritarismo todavía vende en el Perú. La gente tiende a creer que las violencias, política o social, no son contenidas porque el Estado vacila en usar al máximo su capacidad de violencia. El demagogo promete cada tanto la mano dura aunque sepa que es ineficiente y teniendo en cuenta que lo que está haciendo aplaudir a la gente es la propia reducción de sus libertades y derechos.

El ideal de la sociedad de los 90 era vigilarnos a todos, día y noche, y que todos creyésemos que eso era necesario, no vaya a ser que alguno de nosotros se esté saliendo de los límites de lo permitido. Eso es lo que se suele llamar un buen servicio de inteligencia, que como se está viendo en el juicio a Fujimori, se convierte por su propia lógica de maquinaria de espiar, en maquinaria de matar fuera de cualquier control.

Supongo que Ocrospoma Pella no quiere tener vigilados más que a aquellos que representan un problema potencial. Pero no es fácil establecer los límites, sobre todo cuando se emplea la generalización. Y cuando una autoridad se jacta de tener chequeado a todo el mundo lo que está haciendo es convocar a la ciudadanía a que respalde su tarea de fisgón. En el Perú, al contrario, deberíamos reclamar que dejen de vigilarnos, chuponearnos y presuponernos culpables, por pura comodidad de la autoridad.

No sólo juzgar a Fujimori, sino desfujimorizarnos nosotros mismos.

23.01.08
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domingo, enero 27, 2008

La noticia me llegó como una bomba

- Han matado a Mendívil y Retto está herido, tiene que venir al periódico.

Era el chofer de “El Observador” que había aprovechado la puerta abierta de mi casa para aparecer directamente en la sala. Cerré mis notas al medio día y al retirarme Víctor Tirado me dijo que el Fiscal de la Nación había declarado que había unos periodistas desaparecidos en Ayacucho.

Pregunté por Jorge Luis y Willy de los que no se tenía noticias desde hacía tres días. Tirado contestó que quizás estaban detrás de una primicia y por eso no se sabía de ellos. Partí.

Pero horas después en medio de mi confusión inicial empecé a recordar la última conversación del martes 25: “tenemos algo importante y vamos a estar incomunicados unos días”. Era el día en que deberían haber vuelto, pero tenían una misión pactada para la siguiente mañana. Y siguieron su destino.

En la redacción nadie tenía una idea clara de lo que había pasado. Se decía que en una comunidad de altura, cuyo nombre escuchaba por primera vez, se habría producido un ataque sorpresivo a los periodistas creyéndolos subversivos. Y que esto había sido relatado a un oficial del ejército al que le habrían mostrado las tumbas, donde se suponía estaban los hombres de prensa.

Eran cuatro puntos de tierra negra donde se había escarbado recientemente. Los teletipos lanzaban al mundo la información: “ocho periodistas sufren emboscada de campesinos enardecidos en Ayacucho, la mayoría habría muerto”.

Oscar Retto, fotógrafo, padre de Willy, llegó al periódico todavía con esperanzas. Entonces vi entrar a Alfonso Grados Bertorini, ministro de Belaúnde y antiguo hombre de prensa. Venía a título personal, como colega, a dar el pésame.

- Todos están muertos. Nos informaron en el Consejo.

Y se abrazó con Oscar. Víctor y los que estábamos al lado.

En la mañana siguiente partía en un avión fletado por el diario “La República”, con toda la plana principal de la prensa de la época hacia la famosa conferencia de prensa del general Noel en Los Cabitos, para de ahí dirigirnos a Uchuraccay para el desentierro.

La confusión no había acabado. Aparentemente íbamos a comprobar si las tumbas negras contenían a nuestros compañeros. Pero el general ya sabía toda la historia de los campesinos que creyeron que las cámaras fotográficas eran armas de fuego y de la bandera roja que supuestamente serviría para el contacto con los senderistas.

A cuatro mil metros sobre el nivel del mar, refrescado por un aire frío que me hizo olvidar por un momento el insoportable Fenómeno del Niño de esos días, me dediqué a observar a esos campesinos que no me parecían capaces de tanta violencia.

En un momento me di cuenta que corrían, hombres y mujeres, en una sola dirección hacia el lugar donde uno de los vigías hacia sonar su silbato. Los sinchis (policía antisubversiva) también se movieron hacia ese punto. No sé si eso era parte del clima de histeria que relatan la Comisión Vargas Llosa y la CVR, o si era una escenificación para los periodistas que participábamos de la ceremonia del desentierro.

Lo que sí es indudable es que después de enero de 1983 no hubo periodista que llegara al campo ayacuchano. Seguiríamos una guerra cada vez más sangrienta y sin prisioneros, a través de los partes del ejército.

27.01.08

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lunes, enero 21, 2008

Narcoterrorismo

Si el Estado declara que lo que tiene al frente es una banda de narcoterroristas, cuya finalidad es producir y vender estupefacientes, hacer secuestros para obtener rescates y echar bombas para aterrorizar a la gente, lo lógico será que concluya que no hay interlocutor político con el cual discutir una solución de paz o algo por el estilo, y encargará a la policía ocuparse del problema.

Sin embargo debemos saber que el Estado de Colombia ha negociado ha negociado numerosas veces con las organizaciones armadas de ese país para tratar de encontrar caminos de paz y ha tenido que hacerlo tragándose sus palabras previas. Lo hizo con el M-19 (que asaltó alguna vez el Palacio de Justicia) y con otras guerrillas de izquierda a las que había condenado muchísimas veces, que se reincorporaron a la vida política y han contado con parlamentarios y candidatos presidenciales, y con las FARC y el ELN, aunque en estos casos sin llegar a acuerdos.

El propio Uribe inició una negociación con los jefes de las estructuras paramilitares, claramente vinculadas al narcotráfico, lo secuestros, el crimen y el terror, y les está ofreciendo opciones para entrar a la vida política legal. Cierto que el gobierno pudo decir que no se negocia con narcoterroristas y que lo único que les queda éstos es rendirse o morir.

Pero eso equivaldría a saltarse la historia colombiana enterita. Entre otras muchas cosas, los 20 mil dirigentes políticos, sindicales y populares asesinados en la ola de violencia de los 80 y 90, cuando más se hablaba de paz y las fuerzas políticas no comprometidas con el poder económico tradicional intentaban hacerse un lugar en el sistema político.

En El Salvador, Irlanda y otros países, las negociaciones de paz se ha hecho a pesar de que los adjetivos brutales que recayeron en el FMLN, en el IRA, los rebeldes sudafricanos, Al Fatah y otros. El Estado, que se considera asimismo expresión de la sociedad, tiene que reconocer que en ciertas circunstancias debe producir alguna forma de apertura para incluir a los que no se sienten parte. Las guerras civiles suelen ser la evidencia de que esa apertura no se dio por las vías pacíficas.

Por eso resulta de una estrechez mental superlativa reducir el tema de si se reconoce estatus beligerante a las FARC para iniciar negociaciones de paz, a la cuestión de si esto es una ganancia de propaganda para los insurgentes. El punto es si la liberación de dos secuestradas importantes a través de una intervención humanitaria de varios países e instituciones se toma como un posible punto de partida no sólo para rescatar a los demás rehenes sino para discutir el fin de la guerra.

El Perú estamos muy desprovistos para comprender ese proceso. Hasta hay quién escribe que el asunto se arregla mandándoles a Fujimori y Montesinos para que hagan lo que saben hacer y que dicen que no hicieron cuando están en juicio. Aquí todavía hay un presidente que gana aplausos hablando de pena de muerte, jueces sin rostro, listas de liberados por la justicia, etc. Y somos el único lugar de la América que oficialmente no se ha congratulado por la liberación de Rojas y Gonzáles. Hasta Bush, lo hizo.

20.01.08
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martes, enero 15, 2008

Despolitización empresarial

La CONFIEP ha dicho, en tono de decir cosas importantes, que no se debe politizar la controversia de límites con Chile y el proceso que se abre en la Corte de La Haya, lo que en su lenguaje quiere decir que pueden seguir vendiendo empresas peruanas a capitales del sur y produciendo “asociaciones estratégicas”, como las de Romero para quedarse con los puertos y seguir de lo más bien.

Anteriormente la CONFIEP dijo que no debía politizarse la reconstrucción del sur chico después del terremoto y gracias a ello se constituyó el FORSUR, encabezado por notorios “empresarios exitosos”, que venían de tener éxito en la época de Fujimori, y que han logrado un récord imbatible de pasar cinco meses revisando planes sin que ninguna reconstrucción haya comenzado todavía.

También había que despolitizar el TLC, pero una vez aprobado los más entusiastas de la CONFIEP afirman que lo mejor de este tratado es que impide que cualquier loco, o caballo loco, venga a experimentar modificando la política económica. O sea que hay que despolitizar para que se quede la misma política.

A la ley del trabajo también hay que despolitizarla, de acuerdo a CONFIEP, como si el régimen laboral actual dependiera de un criterio ajeno a las intenciones políticas y no estuviéramos sometidos a la política de la parte ancha para la inversión y la estrecha para los trabajadores.

Debe ser que la CONFIEP cree que cuando su ex presidente Jorge Camet ejerce la cartera de economía se despolitiza la política. Y cuando otro ex presidente, el pollero Luis Favre, se convierte en zar de la reconstrucción, por nombramiento del político García, se logra superar los riegos de la politización. Vega Llona debe haber pensado lo mismo antes de su fracaso en Proinversión y Devida, que eran el antecedente de gestión de organismos descentralizados por líderes de los gremios empresariales, que no se tomó en cuenta para el terremoto.

Yo me imagino que en esos almuerzos del actual gobernante con Roque Benavides, Jaime Cáceres Sayán, Chlimper y otros, cada semana, debe regir una norma para hacer que las conversaciones no se desvían al oscuro campo de la política que tanto desagrada a la empresa. Y lo mismo en las tertulias con Dionisio, con el hijo, como dice Alan, porque el viejo ya inició el retiro.

¿Quién despolitiza a la CONFIEP y a los gremios empresariales?

15.01.08

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lunes, enero 14, 2008

Abogado de transnacionales

La explicación que Jorge del Castillo ofrece a su intervención en el proceso abierto contra Doe Run Resources Corporation ante el tribunal de San Luis, Missouri, por contaminación en perjuicio de la población de La Oroya, es que el caso ponía en riesgo el TLC y que el Perú ya había resuelto alrededor de 20 procesos a favor de empresas estadounidenses a pedido de Washington, para que a última hora una demanda de unos religiosos despistados ante tribunales gringos echara todo a perder. En otras palabras que el TLC no sólo supone la inexistencia de la justicia peruana frente al inversionista con bandera de Estados Unidos, aun de los estafadores que vendieron un radar malogrado o de los que incumplieron los contratos, sino que nos convierte en abogados de las empresas que causan daños en el Perú frente a los tribunales federales, para que no se interprete que les tenemos alguna hostilidad por el hecho de envenenar con plomo los pulmones de los niños.

"Si estos niños tienen un derecho, lo deben ejercer en el Perú. Aceptar la jurisdicción de otro país afectaría el principio de soberanía nacional", es lo que ha dicho el premier del régimen de extrema derecha presidido por Alan García, lo que implica que duda que lo tengan. Pero lo más curioso es que habla de "soberanía nacional" en aspectos jurídicos, cuando está completamente al tanto que los jueces y fiscales peruanos fueron presionados a resolver a favor de las empresas yanquis en nombre del TLC, y que este documento finalmente establece, para el futuro, arbitrajes internacionales para controversias entre el Estado y los inversionistas del país socio, con renuncia explícita a la justicia nacional y soberana. Evidentemente lo que está en la balanza es la vida y la salud de muchas personas, mayormente menores de edad, versus la presencia de la empresa contaminadora y los acuerdos comerciales que favorecen la exportación y a los exportadores. El Premier ha establecido claramente su campo. Claro que lo ha hecho con su estilo de hacerse el idiota, como si no supiera que la demanda de una orden religiosa de Estados Unidos contra Doe Run en Estados Unidos, se debe esencialmente a que en el Perú hay un cerro de informes de la PCM, Salud, DIGESA, CONAM, OSINERGMIN, etc., que señalan la responsabilidad mortal de la empresa, sin que nadie haga nada.

Hace algunos años pensaba que Del Castillo había recibido un papel en el juego del APRA de varias bandas, o diversos cañones, como decía la gente, y que le tocaba hacer las del amigo de los gremios empresariales y las transnacionales, por encargo de García, así como Mulder actuaba como el perro callejero. Ahora que el gobierno de García apunta en una clara y única dirección, "Coquito" sigue empeñado en mantener el papel de principal hombre de confianza del capital que es lo que lo conserva en el premierato. Como no es PPK, Boloña, Silva Ruete u otros, que vienen de los directorios de las grandes empresas y los bancos internacionales, su intervención tiene que ser aún más gruesa. Es decir lo suyo ha tenido que ser probado día a día, hasta que se acostumbró a ese rol de ujier de los intereses extranjeros.

Por eso lo vemos haciendo este increíble papelón a favor de una empresa fuera de la ley e influyendo en García para que el futuro ministerio del Ambiente, no toque el tema minero, o sea se abstenga ante la mayor amenaza ambiental existente. Con eso tiene garantizado seguir en el cargo hasta el 2011.
13.01.08
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miércoles, enero 09, 2008

Demasiados moralizadores, poca moralidad

El presidente del Congreso es un gran componedor. Por eso llamó al contralor y a la jefa de la Oficina Anticorrupción para que fumen la pipa de la paz y definan los límites entre la institución que debería estar investigando la corrupción y la que ha formado Alan García exactamente para los mismo, pero con menor autonomía. En el Perú parece que sobran los moralizadores, pero lo que sigue faltando es moralidad.

Explíquenme ¿cómo es que Richard Díaz, el viceministro de transporte de Toledo que dirigió las concesiones carreteras que se hicieron sin cumplir los requisitos de control contra los que reniega García, es ahora el jefe de responsabilidad social de la brasilera Odebrecht, la firma que más se benefició con esas obras?

O, ¿cómo se explica que Leoni Roca sea la gerente general de Aeropuertos del Perú, concesionaria de los terminales aéreos de provincias entregados por el gobierno de García, luego de haber ocupado el papel de jefe de la OSITRAN, organismo regulador del transporte que manejó el proceso de elaboración de las bases y selección de postores?

Podríamos seguir con la Aljovín y sus relaciones con la Telefónica –las suyas y las de su marido-, las de la Blume y Telmex, las de María Jesús Hume con el Banco de Crédito, ING, Integra, Patricia Teullet en COMEX, etc. ¿Cómo hacen para pasar con tanta facilidad de los puestos públicos a la gestión privada en los mismos sectores en los que estaban representando al Estado, y para mantenerse como eternos candidatos a algún cargo ministerial?

La pregunta es si el señor Matute ha investigado, aunque sea por rutina, alguno de estos casos para ver si no hay aprovechamiento de las posiciones de poder para favorecer a empresas privadas con las que después se termina relacionado. ¿Qué importancia puede tener la duplicación o triplicación de funciones anticorrupción, si ninguno de los anticorruptores es capaz de detectar si en el Perú –como algunos suponemos-, está funcionando una mafia de gente relacionada que se mueve cómodamente entre el poder y la gran empresa, y entre megacontratos de decenas y cientos de millones de dólares?

He leído en estos días un texto que plantea el tema crucial: ¿por qué en los procesos sobre corrupción que se llevan adelante, entre ellos los que recaen en la mafia de Fujimori, nadie se atreve a plantear preguntas sobre Newmont, Doe Run, Antamina, Telefónica, Graña y Montero, JJ Camet, Odebrecht, Tractebel y otras empresas que fueron favorecidas por los corruptos? ¿Es que a nadie se le ocurre que este es un tema de interés crucial para el Perú? ¿O es que hay una prohibición para referirse a estos temas?

09.01.08

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sábado, enero 05, 2008

Estado sin derecho

Así que era un abuso extender el período de inicio del proceso judicial bajo carcelería, de 18 a 36 meses, contra la corrupción fujimorista, a través de una apresurada modificación de la ley durante el gobierno de Toledo, pero es razonable duplicarlo a 72 meses (seis años) en el caso de los etnocaceristas de Antauro Humala, sin contar para ello ninguna norma existente y sirviéndose de una jueza trasladada al caso el día anterior.

La ley supuestamente es para cumplirla. Pero en el Perú se aplaude hasta el paroxismo que el Tribunal Constitucional guillotine a los jubilados de la 20530 y se dice aquí acabó el problema, se salvó el sistema; pero ahora se quiere colgar al mismo Tribunal, desconocerlo, disolverlo, si fuera posible, por darle la razón a los fonavistas. Y se utiliza la maniobra de encargarle al JNE desacatar lo resuelto por el máximo tribunal y permitir que el gobierno diga que no sabe como enfrentar la “controversia”.

El presidente se abstiene de opinar sobre la demanda que el propio Estado lleva adelante contra Alberto Fujimori por delitos de lesa humanidad y corrupción agravada, pero se inmiscuye declarando inocente a Morales Bermúdez, antes de tener una idea del caso planteado por una jueza italiana, argumentando que él conversó con el dictador en compañía de Haya de la Torre en 1977 y que ahí supo que se trataba de un sincero demócrata, que después desapareció a Jesús Paéz y abaleó a ciudadanos indefensos durante el toque de queda; despidió miles de trabajadores por hacer huelga; deportó políticos, sindicalistas y periodistas; y entregó a los montoneros a sus asesinos. Y para demostrar cuánto se respetan los fallos de la justicia, a Mónica Feria la detienen en Alemania por pedido del gobierno peruano, cuando su caso ya fue objeto de sentencia en última instancia.

En el Perú se pretende manejar el gobierno y la justicia a punta de titulares y de miedos arraigados en la opinión pública. Es lo que se hizo en las elecciones del 2006. Por eso casi 200 reservistas, varios de ellos ex combatientes del Cénepa, otros que enfrentaron a la subversión en las zonas de emergencia, son ahora mucho más peligrosos que los creadores del grupo Colina y que los compradores de armas inservibles y sobrevaluadas en plena tensión bélica con el Ecuador, y deben ser confinados sin juicio todos los años que decida una jueza digitada. Son los mismos que dicen que quienes remueven los hechos de finales de los 70, no perdonan el derrocamiento de Velasco, ¿y no será que los histéricos de estos días, capaces de inventar la estupidez de los cursos de “coca y fusil” en el Huallaga, no perdonan la caída de Fujimori?

Pero supuestamente la ley y los jueces deben estar por encima de las consideraciones ideológicas. Entonces si hay debido proceso para Fujimori, Montesinos y Hermoza, porque de otra manera las resoluciones no serían creíbles, ¿por qué no es así para el resto?, ¿o es que la estabilidad jurídica que se reclama para las inversiones no es la de la igualdad de trato y el debido proceso, sino la de la seguridad de que los fallos serán siempre selectivos?

05.01.08
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miércoles, enero 02, 2008

Seis meses de LA PRIMERA

Con el cambio de año, se cumplen también seis meses de la nueva etapa del diario LA PRIMERA. El periódico de los césares, Lévano y Hildebrandt, que uno ve en las manos de muchas personas cuando circula en las calles de Lima. El periódico que surgió para romper la unanimidad de manejo de informaciones políticas claves, como se vio en las elecciones del 2006 y se repite ante cada asunto importante. Como nuestros lectores saben, no ser parte del coro de García Pérez no ha costado una adjetivación sistemática, aderezada con insultos inaceptables, y una campaña constante para tratar de alejar a cualquier anunciador con la obvia intención de crearnos dificultades económicas.

En este medio año he tenido a mi cargo la Unidad de Investigación del diario y creo que es pertinente traer a la memoria algunos de los temas trabajados por nuestro equipo, varios de los cuales mantienen punzante actualidad:

  • El caso Ismael Benavides, con el que inauguramos nuestras denuncias, que en condición de banquero prestó dinero y embargó una propiedad de su vecino y amigo en Ica, y en la de agroexportador la adquirió en una barata con único postor, convirtiéndose en el rey del tangüelo, y ahora como ministro dicta las normas agrarias y controla su aplicación. La investigación probó que Benavides y su familia eran los dueños del 100% de la empresa que se quedó con los terrenos y que el ministro mintió cuando dijo que era un socio minoritario que no se había enterado de la operación bancaria (cuando era gerente de INTERBANK). Algunos medios han retomado la denuncia cinco meses después.
  • El caso Wong, donde probamos con mucha anterioridad a la venta de la firma a inversionista chilenos, que en el éxito de los hermanos almaceneros, habían intervenido poderosos aliados del poder de los 90, incluido Vladimiro Montesinos, y que varias de las tiendas más emblemáticas del grupo se obtuvieron con malas artes y manipulaciones judiciales. Recientemente demostramos que los Wong hicieron tratos con personajes vinculados al narcotráfico y gracias a ellos se apropiaron de nuevas propiedades. Finalmente hemos sido quizás los únicos en salir al frente a la versión según la cual los Wong vendieron porque no podían competir con CENCOSUD.
  • El caso Favre. A este diario se debe haber advertido hasta la sociedad la clase de personaje al que fue confiando el FORSUR y la conducción de las tareas de reconstrucción del sur chico. Empresario con sombras de corrupción en su trayectoria, involucrado en la organización de acciones paramilitares en el norte chico a inicios de los 90, fujimorista acérrimo y autoritario hasta el tuétano, sigue en el puesto por capricho de García, mientras los damnificados claman por que la reconstrucción se inicie.
  • El caso Rey, que es el del ministro que quiere pasar de santón y permite manejos irregulares de las planillas en su ministerio y que dice combatir la sobrepesca, mientras hace la vista gorda y saca normas con nombre propio para favorecer a los grupos pesqueros más poderosos.

Hay ciertamente muchos otros temas: la corrupción en SEDAPAL, los alimentos descompuestos del PRONAA, las ambulancias camión del ministerio de Salud, Garrido Lecca y el grupo Gildemeister, las irregularidades de la Revisión Técnica de vehículos, el lobby de periodistas en viaje pagado por la Suez, los cobros indebidos de Telefónica, los sobregastos del alcalde de San Borja, etc. Hemos abierto la línea para que el pueblo sepa que a nosotros no nos calla ni el poder político, ni el del dinero.

01.01.08
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